Sentencia 32210 de octubre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 326

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De la demanda.

1.1. El inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000, Código Penal vigente en la actualidad, prevé que, en cualquier caso, “la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede”. Sin embargo, la disposición en comento también establece que dicho monto no puede “exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”.

Esta última norma, que regula en su integridad la duración de las penas privativas de otros derechos, señala que la aludida inhabilitación tendrá “una duración de cinco (5) a veinte (20) años”.

Interpretadas de manera armónica, la Sala ha entendido que, en ningún evento, la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas superará en la aludida codificación los veinte años, pese a que la sanción privativa de la libertad corresponda a un guarismo mayor(1).

En vigencia del anterior estatuto sustantivo (D.L. 100/80) la situación era diferente, en tanto su artículo 44, modificado por el artículo 3º de la Ley 365 de 1997, señalaba que la duración máxima de la pena de inhabilitación era “hasta diez (10) años”. De ahí que el límite punitivo de la accesoria de ley no ascendía a los veinte años como lo establece hoy en día el Código Penal, sino tan solo a la mitad.

1.2. En el presente caso, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia le impuso como sanción accesoria de ley a Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante una “por un período igual al de la pena principal”(2), es decir, una de 192 meses de prisión o, lo que es lo mismo, dieciséis años.

Dicha imposición, por lo acabado de ver, desconoce el límite máximo de diez años previsto por el artículo 44 del Decreto-Ley 100 de 1980 para la dosificación de la pena de interdicción que debe acompañar a la privativa de la libertad.

Como el tribunal, en el fallo impugnado, no reparó en dicha anomalía que tal como lo adujo la representante del Ministerio Público en su concepto viola los principios de ley penal más favorable y legalidad de la pena, la Sala, en atención del cargo único formulado por el recurrente, lo casará de manera parcial, en el sentido de reducir la sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de dieciséis a diez años.

Igualmente, la Corte precisará que la sentencia objeto del extraordinario recurso permanecerá incólume en todos los demás aspectos que no fueron materia de modificación.

2. Otra determinación.

2.1. Encontrándose el proceso pendiente de fallo, allegó el abogado de Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante por Secretaría un escrito en el cual solicitó “que se decrete la extinción de la acción penal por prescripción”(3).

Adujo al respecto que los hechos tuvieron lugar el 21 de febrero de 1989 y, como el artículo 80 del Decreto-Ley 100 señala que el tiempo máximo para calcular la prescripción no podrá ser superior a veinte años, al día de hoy la acción penal se encuentra extinta.

2.2. La Sala no accederá a la pretensión del asistente letrado, toda vez que tanto el artículo 84 del Código Penal anterior como el artículo 86 del actual (antes de la modificación del artículo 6º de la Ley 890 de 2004) prevén que este fenómeno extintivo de la acción penal “se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada”, de modo que “producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado”, sin que pueda “ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10)”.

Lo anterior significa que, en este asunto, el término máximo de 20 años de prescripción de la acción penal por el delito de homicidio agravado se vio interrumpido por la resolución de acusación de segunda instancia proferida el 26 de marzo de 2008(4). Por consiguiente, el comportamiento de Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante tan solo se agotaría diez (10) años después de la aludida interrupción, es decir, el 26 de marzo de 2018.

En consecuencia, no se decretará la prescripción de la acción penal solicitada por el profesional del derecho.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

2. Como consecuencia de lo anterior, DISMINUIR la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al máximo de diez años establecido en el artículo 44 del Decreto-Ley 100 de 1980.

3. PRECISAR que el fallo permanecerá incólume en todos los demás aspectos que no fueron materia de modificación.

4. NEGAR la solicitud de prescripción de la acción penal presentada por el abogado defensor de Albeiro de Jesús Jaramillo Escalante.

Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al juzgado de origen».

(1) Cfr., entre otras muchas, sentencia de 10 de febrero de 2010, Radicación 32616.

(2) Reverso del folio 920 de la actuación principal.

(3) Folio 31 del cuaderno de la Corte.

(4) Folio 729 de la actuación principal.