Sentencia 32212 de diciembre 16 de 2009

 

Sentencia 32212 de diciembre 16 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Expediente 32212

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso Eduardo Alfonso Lanzziano Molano contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dictada el 29 de septiembre de 2006 en el proceso ordinario laboral que el recurrente promovió al BBVA Banco Ganadero S.A. y a la Fiduciaria Ganadera S.A.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

El eje central de la controversia en el caso bajo examen, consiste en determinar si entre las dos sociedades demandadas se presenta el fenómeno jurídico de la unidad de empresa regulado por el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, pues así lo estima la parte recurrente y por esa razón le atribuye al Tribunal la comisión de varios desaciertos de hecho.

Importa precisar, en primer término, y para mejor comprensión de la decisión que se adoptará, que la unidad de empresa, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, consiste en el "reconocimiento administrativo o judicial que tiene por objeto impedir el desmejoramiento de la situación del trabajador provocado por la fragmentación del capital o del tiempo necesario para obtener algunas prestaciones establecidas en la ley o en las convenciones colectivas. La sentencia que declare la unidad de empresa vincula no solo a la sociedad que el demandante considere como matriz, sino que también a las que aparezcan como filiales de aquella para la procedencia de declaratoria de unidad de empresa y poder predicarla respecto de varias personas jurídicas, es menester establecer la interrelación económica que se presenta entre las implicadas para los efectos vinculantes conforme a la ley" (sent. abr. 21/94, rad. 6047).

Está consagrada la unidad de empresa en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990, en los siguientes términos:

"1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.

2. En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, conexas o complementarias; pero los salarios y prestaciones extralegales que rijan en la principal al momento de declararse la unidad de empresa solamente se aplicarán en las filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando la filial y la subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a las de la principal, a juicio del ministerio o del juez del trabajo...".

Como en el presente caso se trata de dos personas jurídicas, el estudio de la Sala se detendrá a examinar si, a partir de lo que surge de las pruebas del proceso, se dan los presupuestos consignados en el numeral segundo, esto es, si existe un predominio económico de una sociedad principal sobre otra filial o subsidiaria y, además, si desarrollan ellas actividades similares, conexas o complementarias.

En el asunto bajo examen no ofrece mayor dificultad determinar cuál es la sociedad principal y cuál la subsidiaria, pues, de conformidad con la certificación que corre a folio 78, que en el cargo se cita como equivocadamente valorada, para el 13 de junio de 2001, el BBVA Banco Ganadero era dueño del 94.50% de las acciones de la Fiduciaria Ganadera S.A., lo cual, en conformidad con el artículo 260 y el numeral 1º del artículo 261 del Código de Comercio, convierte a la segunda de las mencionadas sociedades en filial del banco, pues este es propietario de más del 50% del capital de la fiduciaria, circunstancia que también le otorga el carácter de sociedad principal o matriz y a la referida fiduciaria la condición de filial, por estar controlada directamente por la matriz o principal.

Lo anterior se verifica, sin lugar a dudas, con la confesión de la parte demandada al contestar la demanda, cuando admitió que la fiduciaria es filial del banco por existir predominio económico de este sobre la primera (fl. 39 del cdno. ppal.). En efecto, en el tercero de los hechos en que fundó su oposición, se asentó con claridad por parte de la apoderada de las demandadas:

"Si bien BBVA Fiduciaria S.A. es filial del BBVA Banco Ganadero comercialmente hablando por existir predominio económico de la segunda con relación a la primera…".

Y esa situación es perfectamente comprobable con el certificado de existencia y representación legal del banco demandado, obrante a folios 27 a 30, en el cual se certifica que mediante documento privado del 19 de julio de 1996, inscrito el 22 de agosto del mismo año bajo el número 00551479 del libro IX, se comunicó que respecto de las sociedades subordinadas a las que allí se alude, se ha configurado una situación de control y dentro de esas sociedades se incluye a "La Fiduciaria Ganadera S.A. pudiendo utilizar para todos los efectos a que haya lugar la sigla Fidugan" (fl. 29 vuelto).

Pese a lo que con nitidez se desprende de las anteriores probanzas, el Tribunal en forma totalmente equivocada concluyó que "En el caso sub judice, el Banco Ganadero S.A. no es ni actúa como la sociedad principal, y la sociedad BBVA Fuduciaria S.A. no es filial ni subsidiaria de la primera…". Al discurrir de esa manera incurrió entonces en los errores tercero, cuarto y décimo que la censura le endilga.

Pero ese fallador también concluyó que "… las dos sociedades no cumplen actividades similares, conexas o complementarias…", por manera que, debe escudriñar la Corte si ese soporte de la sentencia es o no equivocado, pues determinar si las aludidas sociedades desarrollan actividades similares, conexas o complementarias constituye otro de los requisitos del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo para que pueda considerarse válidamente la existencia de una unidad de empresa.

Conforme al objeto social de ambas sociedades, estimó el juez de la alzada que

"… el banco se dedica a otorgar créditos para el fomento de la producción agropecuaria nacional y a efectuar todas las operaciones y negocios propios de la industria bancaria, la fiduciaria tiene como objeto principal la celebración de contratos de fiducia mercantil, en los términos previstos en el título XI del libro IV del Código de Comercio, celebración de los negocios fiduciarios de que trata la Ley 45 de 1923 en el capítulo IV, la celebración de contratos estatales de fiducia según lo previsto en la Ley 80 de 1993. De manera que no se dan las precisas exigencias del artículo 32 de la Ley 50 de 1990 para declarar la unidad de empresa".

De conformidad con los certificados de existencia y representación legal que obran a folios 21 a 23 y 27 a 30 el objeto social de BBVA Fiduciaria Ganadera S.A., antes Fiduciaria Ganadera S.A. Fidugan, de manera principal, es el siguiente:

"Celebración de contratos de fiducia mercantil, en los términos previstos en el título IX del libro IV del Código de Comercio, celebración de los negocios fiduciarios de que trata la Ley 45 de 1923 en el capítulo IV, la celebración de contratos estatales de fiducia según lo previsto en la Ley 80 de 1993 y, en general, la celebración de todos aquellos negocios que impliquen una gestión fiduciaria, y que sean autorizados a las sociedades fiduciarias por disposiciones legales".

Entre tanto, el objeto social principal del banco consiste en:

"1. Otorgar créditos para: a) El fomento de la producción agropecuaria nacional. b) La constitución y desarrollo de empresas afines con dicha actividad, preferencialmente, aquellas dedicadas a la agroindustria. c) La realización de obras de infraestructura estrechamente vinculadas al fomento de la actividad y explotación agropecuaria, como también para el ensanche de las áreas geográficas ganaderas. d) El mercado de productos agropecuarios para estimular las inversiones en esta actividad, y 2. Efectuar todas las operaciones y negocios propios de la industria bancaria, de acuerdo con lo establecido en el estatuto orgánico del sistema financiero y demás disposiciones legales sobre la materia. En desarrollo de su objeto, podrá realizar todos los actos y contratos que tengan con las actividades principales una relación de medio a fin".

Es preciso reiterar que el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 32 de la Ley 50 de 1990, exige que las empresas objeto de declaratoria de unidad de empresa deban realizar actividades "similares, conexas o complementarias". Nótese que estos adjetivos están separados por una "o", claramente disyuntiva, lo que significa que no es menester que las sociedades tengan una actividad económica similar, conexa y complementaria, sino que es suficiente que se presente cualquiera de esas condiciones.

Conforme al certificado que registra el objeto social de cada una de las demandadas, para la Sala es claro que no realizan ellas las mismas actividades, pues la principal del banco es el otorgamiento de créditos para el estímulo de un renglón de la economía como lo es el agrícola y el ganadero y, además, llevar a cabo operaciones propias de la industria bancaria; mientras que el objeto social de la fiduciaria consiste en la celebración de contratos de fiducia mercantil, es decir, la administración de bienes ajenos, sin consideración a qué renglón de la economía estén destinados sus servicios.

De lo anterior se infiere que la similitud que exige el artículo 194 ibídem, en el presente caso no se da, pues conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española esa palabra significa "semejanza, parecido", acepciones que, estrictamente y según surge de los documentos arriba reseñados, no se presentan con claridad en el objeto social de las mencionadas sociedades, muy a pesar, eso sí, de que ambas estén constituidas como instituciones financieras y, asimismo, pertenezcan al sistema financiero.

Ahora bien, en relación con las otras dos características, la conexidad y la complementariedad, se tiene que lo conexo, según el mismo diccionario se predica respecto de "… la cosa que está enlazada o relacionada con otra" y, cuanto a lo complementario, según la misma obra, es aquello que "… sirve para completar o perfeccionar una cosa".

Para el caso concreto, lo anterior significa que, de cara a determinar si las actividades de las demandadas son conexas o complementarias deben estar ellas enlazadas o relacionadas entre sí o las de la una deben completar o perfeccionar las de la otra.

En este sentido, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con las respuestas que dieron los representantes legales de las demandadas al interrogatorio de parte (fls. 265 a 275 y 285 a 288), en particular a las preguntas 4, 6 y 10 por parte de la representante de la fiduciaria y, 6 y 8 del representante del banco, ambas sociedades hacían parte del Conglomerado Ganadero y, hasta el mes de abril de 2001, la fiduciaria utilizó la red bancaria del Banco Ganadero para el recaudo y captación de los dineros que luego eran invertidos por aquella.

Uso de la red bancaria que autorizaba a la fiduciaria para utilizar, entre otras cosas, las oficinas empleados y sistemas de información del Banco Ganadero, con el objeto de realizar, por conducto de dicha red, las operaciones propias del negocio fiduciario, afines con el recaudo, recepción, pago, transferencias, y entrega de dinero, documentos, informes, extractos, boletines, certificados, reportes y, en general, toda aquella información relacionada directamente con los negocios cuya promoción y gestión se realizara bajo la modalidad de uso de red.

Eso es lo que también se concluye de la valoración de la prueba documental que corre a folios 212 a 257, en las que consta la oferta y aceptación para utilizar dicha red, al igual que los contratos que formalizaban su utilización.

La apreciación de las anteriores probanzas permite colegir que el uso de la red bancaria del Banco Ganadero por parte de la Fiduciaria Ganadera, en los términos vistos, comportaba unas necesarias conexidad y complementariedad de las actividades de una y otra entidades, pues no cabe duda de que la actividad estrictamente bancaria que adelantaba el banco resultaba estrechamente vinculada con la propia de la fiduciaria y servía de eficaz complemento de las actividades comerciales de esta.

En efecto, es claro para la Corte que si el banco demandado recaudaba recursos que después administraba la fiduciaria, así esta lo hiciera de manera independiente, esas dos funciones tenían cercana vinculación y resultaban ser complementarias, pues sin el recaudo de los recursos, desde luego, no podía darse su administración; es decir, el recaudo de los dineros se veía complementado con su administración. Igual conclusión debe obtenerse de la utilización por parte de la fiduciaria de la red bancaria del banco, en la medida en que todos los servicios que ofrecía esa red, que involucraba oficinas, empleados y sistemas de información (servicios que no eran prestados por la fiduciaria), servían para que esta entidad adelantara el cumplimiento de su actividad económica principal, esto es, le servían de soporte para cumplir sus funciones, lo que, sin duda, indica que eran actividades no solo conexas con su actividad económica principal, cuanto que complementarias.

Todo lo anterior demuestra una estrecha comunidad de intereses económicos entre las demandadas, que se tradujo, finalmente, en una unidad de designio empresarial, pese a tratarse de dos sociedades jurídicamente independientes.

El Tribunal se limitó a reseñar el objeto social de las demandadas pero no reparó en los contratos que ellas celebraron ni en la estrecha vinculación de sus respectivas actividades económicas que surgió a partir de la celebración de esos contratos, todo lo cual demuestra un yerro valorativo cuando concluyó que los requisitos de la conexidad o de la complementariedad en las actividades, que exige el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990, para la unidad de empresa, no estaba satisfecho. […].

Corolario de lo anterior, es que se halla demostrada la unidad de empresa entre las dos personas jurídicas accionadas, toda vez que existía una principal, el BBVA Banco Ganadero S.A., con predominio económico sobre la otra, su filial Fiduciaria Ganadera S.A., y además de ese predominio económico también se presentó la conexidad y complementariedad en las actividades de esas dos empresas del sector financiero. Por ende, en tratándose de dos personas jurídicas, se dan los supuestos del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo.

De otro lado, es necesario agregar que, como razón adicional para despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, consideró el Tribunal que el actor, después de más de 9 años de haber renunciado al cargo, solicitó una indemnización con el último salario, que no solo le fue pagada oportunamente sino que, además, se encuentra prescrita. Pero ese razonamiento parte de un equivocado entendimiento de la demanda, pues allí nunca se reclamó la indemnización correspondiente a la terminación del vínculo laboral con el banco, sino que se pidió que el tiempo trabajado para las dos demandadas se considerara servido a una sola empresa y se computara en su integridad para liquidar la indemnización por despido sin justa causa que pagó la fiduciaria, lo que es distinto.

Así surge de las dos primeras pretensiones, en las que se pidió la declaratoria de unidad de empresa entre las demandadas y de los hechos 9, 10, 11, 12 y 14. En este último se dijo:

"Para la liquidación de la indemnización por despido de mi representado la sociedad Fiduciaria Ganadera S.A. tomó inferior al realmente trabajado por el demandante en la empresa (sic), por lo cual le quedó adeudando el reajuste que por dicho concepto se solicita en esta demanda".

Así las cosas, como no se estaba demandando la indemnización que pudiera surgir de la relación laboral que tuvo el actor con el banco enjuiciado, se equivocó el Tribunal cuando consideró que ese eventual derecho se hallaba prescrito.

Surge de todo lo anteriormente expuesto, la demostración de los errores de hecho que la censura le enrostra al Tribunal. Consecuencia de ello, es que el cargo prospera y se casará la sentencia impugnada en los términos solicitados en el alcance de la impugnación.

V. Consideraciones de instancia

Para negar la existencia de unidad de empresa, las demandadas han argumentado que las instituciones de crédito como el banco tienen prohibición legal de prestar servicios fiduciarios, de suerte que no puede afirmarse que sus actividades sean conexas, similares o complementarias.

No comparte la Corte ese razonamiento porque la circunstancia de que el banco legalmente no pudiera desarrollar actividades fiduciarias no significa en modo alguno que las adelantadas a través de su red de servicios no resultaran conexas y complementarias con las que ejecutaba la fiduciaria, como se concluyó en sede de casación.

En este sentido, es preciso tener en cuenta que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 45 de 1990, en armonía con el 118 del Decreto 663 de 1993 o estatuto orgánico del sistema financiero, si bien el banco no puede prestar servicios fiduciarios, sí le es permitido llevar a cabo operaciones de recaudo y transferencia de fondos que sean complementarias o vinculadas a sus actividades.

Disposición estrechamente relacionada con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo de la Ley 45 mencionada, el cual establece:

"Las sociedades fiduciarias podrán celebrar con los establecimientos de crédito contratos para la utilización de su red de oficinas, con el objeto de realizar por conducto de estas las operaciones de recaudo, recepción, pago, enajenación y entrega de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarias para el desarrollo de los negocios propios de su actividad, en los casos y bajo las condiciones que fije el reglamento y siempre que a través de estas operaciones no puedan realizarse, directa o indirectamente, las actividades fiduciarias no autorizadas a los establecimientos de crédito y que los medios empleados para el efecto permitan revelar con claridad la persona del fiduciario y la responsabilidad de las instituciones financieras que intervienen en su celebración".

Es claro, entonces, que es la propia ley la que permite la complementariedad en los negocios de bancos y fiduciarias.

Es cierto que en el proceso no se probó que el banco cumpliera actividades fiduciarias, pero lo que sí se estableció fue que algunas de sus actividades bancarias eran soporte de las propias de la fiduciaria y le servían de complemento, lo que, reitera la Corte, permite concluir que sus recíprocas actividades eran, sin duda, conexas y complementarias.

De lo expuesto en sede de casación se concluye, entonces, la existencia de unidad de empresa entre las demandadas, de tal suerte que, para todos los efectos laborales, debe concluirse que la prestación del servicio que se dio inicialmente con el BBVA Banco Ganadero S.A. y la Fiduciaria Ganadera S.A., entre el 30 de agosto de 1979 y el 9 de abril de 2001, cuando fue despedido el actor sin justa causa, devengando como último salario la suma mensual de $ 4'273.000,oo, debe considerase efectuada a una sola empresa. Esos extremos temporales surgen de la valoración de las liquidaciones de prestaciones sociales vistas a folios 82 y 91 y de la documental de folios 79 y 90.

En la comunicación de renuncia vista a folio 80, dirigida por el actor a la directora de la división de tesorería Fiduciaria del Banco Ganadero, manifestó que con "la oportunidad que me están brindando las directivas de la institución de vincularme laboralmente en la Sociedad Fiduciaria Ganadera Fidugan y con el ánimo de seguir colaborando con el Conglomerado Ganadero, me permito presentar renuncia a mi cargo como analista I del departamento de gestión fiduciaria a partir del 2 de junio de 1992". De esta comunicación y de la consecuente liquidación de las prestaciones causadas, colige la parte demandada que fueron jurídicamente independientes las dos relaciones laborales que tuvo el actor con la empresa conformada por las demandadas: la que existió con el banco hasta el 1º de junio de 1992 y la que surgió con la fiduciaria el día siguiente, en la medida en que medió la voluntad del trabajador para extinguir el primer vínculo, de suerte que el segundo, para todos los efectos legales, es distinto.

Sin embargo, en este evento específico y dadas las particularidades que lo rodean, no puede la Corte compartir la conclusión propuesta por las accionadas, porque si bien el actor renunció voluntariamente al cargo que desempeñó en el banco, lo hizo para continuar trabajando para una entidad que formaba parte de la misma empresa y que era del mismo conglomerado económico, como surge del aparte del texto de la misiva de folio 91, arriba transcrito. Quiere ello decir que, en realidad, no quería desvincularse de la empresa a la que realmente le prestaba sus servicios, de suerte que la manifestación de su renuncia carecía de sentido, pues existiendo el deseo de continuar laborando para esa empresa, no se veía ninguna razón para que la dimisión se produjera.

Lo anterior implica la forzosa acumulación de tiempos de servicios para el banco y la fiduciaria, toda vez que la desvinculación del banco y su inmediata vinculación a la fiduciaria implicaba la continuidad en el servicio, aun cuando en apariencia se exhibiera la forma escrita de una supuesta renuncia, destinada sencillamente al movimiento del trabajador de una sociedad a la otra, pero dentro de la misma empresa. Significa lo anterior que, en estricto sentido, debe considerarse que la relación de trabajo del actor fue una sola y por ello la renuncia que presentó al banco no puede producir los efectos jurídicos alegados por las sociedades accionadas, si aquel continuó, sin solución de continuidad, trabajando para la mima empresa.

Y ello debe ser así, porque como lo ha explicado esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un asunto de contornos fácticos similares al presente, en el que también se declaró la existencia de unidad de empresa entre un banco y una sociedad fiduciaria, "… lo que protege el legislador con la declaración de la unidad de empresa es que al trabajador no se le desconozcan derechos, so pretexto del cambio de empleador, cuando ello solamente es una apariencia, como en este caso, en el que según quedó dicho, la supuesta renuncia de la actora únicamente constituyó una formalidad, pues la realidad es que se le trasladó de empresa. No obstante existe la aludida unidad que conlleva la salvaguardia de esos derechos" (sent. ago. 26/2003, rad. 20277).

En conformidad con la liquidación de acreencias laborales que milita a folio 91, al actor le fue pagada la suma de $ 28'787.200 equivalente a 202,11 días de salarios, por concepto de indemnización debido a la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, para lo cual la fiduciaria ciertamente le tomó como tiempo trabajado el existente entre el 2 de junio de 1992 y el 9 de abril de 2001, no obstante de que, en virtud de la unidad de empresa existente con el Banco Ganadero, debió tomar el lapso laborado para esa entidad bancaria y que corrió entre el 30 de agosto de 1979 al 1º de junio de 1992, lo que indefectiblemente conduce a su reliquidación.

Ahora bien, y como la fecha de retiro se produjo el 9 de abril de 2001, ello quiere decir que la tabla indemnizatoria aplicable es la prevista en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, que modificó el 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por razón de lo anterior y por cuanto el actor trabajó entre el 30 de agosto de 1979 y el 9 de abril de 2001, esto es, 21 años, 7 meses y 9 días, tiene derecho a 869.31 días a título de indemnización por despido sin justa causa. Realizadas las operaciones matemáticas de rigor, se obtiene un total de $ 123.819.022 por el mencionado concepto, monto al que una vez se le descuente lo pagado por la fiduciaria esto es $ 28'787.200, se obtiene un total de $ 95.031.822,00, suma por la que se condenará a las demandadas. No encuentra la Corte razón para compensar con la anterior suma la que por concepto de bonificación se entregó al actor al terminar su contrato de trabajo con la entidad bancaria, dado que se trata de un beneficio que no tiene naturaleza resarcitoria y su pago no se imputó a ningún otro derecho laboral; y aunque se pagó bajo el concepto de indemnización, es claro que no tiene esa naturaleza porque la aparente terminación del primer contrato celebrado con el banco obedeció al supuesto retiro voluntario del actor, hecho que no genera ninguna indemnización.

No se pronuncia la Corte sobre las prestaciones sociales causadas por los servicios prestados a la empresa conformada por las demandadas, porque no fueron materia de las pretensiones, dado su diferente naturaleza jurídica.

Por cuanto en la demanda inicial se solicitó la indexación de las condenas, la actualización de la suma anterior, tomando como punto de referencia el índice de precios al consumidor generado por el DANE, acumulado entre abril de 2001 (65.51), que corresponde a la fecha de retiro del acto, y la del mes de agosto de 2009 (101.92), se obtiene por este concepto un monto de $ 24´480.522,68, por el que también se fulminará condena.

Toda vez que el juzgado había absuelto de estas pretensiones, la Corte, en sede de instancia, revoca la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, proferida el 26 de abril de 2006 y, en su lugar, se condena a las demandadas a pagar las sumas antes indicadas.

Sin costas en casación. Las de instancias estarán a cargo de las demandadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, dictada el 29 de septiembre de 2006 en el proceso ordinario laboral que promovió Eduardo Alfonso Lanzziano Molano contra BBVA Banco Ganadero S.A. y Fiduciaria Ganadera S.A.

En sede de instancia se revoca la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., proferida el 26 de abril de 2006 y, en su lugar, se condena a las demandadas a pagar al actor las siguientes sumas de dinero:

1. $ 95´031.822 por concepto del mayor valor de la indemnización por despido sin justa causa dejado de pagar.

2. $ 52´818.022,41, a título de indexación de la suma anterior, actualizada entre el mes de abril de 2001 y el de noviembre del año en curso.

Sin costas en el recurso de casación. Las de ambas instancias corren por cuenta de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».