Sentencia 32252 de noviembre 9 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso: 32252

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Aprobado Acta 349

Bogotá, D.C., noviembre nueve de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

A tenor de lo establecido en el artículo 183 de la Ley 906 de 2004, el recurso de casación debe interponerse “dentro de un término común de sesenta (60) días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos”.

En este caso se observa que la sentencia de segunda instancia fue proferida por el Tribunal de Bogotá el 10 de marzo del año en curso, fecha en la cual fue notificada en estrados durante la audiencia en que se le dio lectura, con presencia de la defensora del procesado Rodrigo Parra Vargas.

Dicha situación implica que la última notificación del fallo se surtió esa misma fecha, luego el término para interponer la casación, acorde con la previsión normativa aludida, empezó a correr el día hábil siguiente, esto es, el 11 de marzo ulterior, a partir del cual transcurrieron los sesenta (60) días dispuestos para el efecto, cuyo vencimiento sobrevino el 12 de junio del cursante año, último día con el que se contaba para el allegamiento de la demanda de casación.

No obstante esa situación, la defensora del sindicado Rodrigo Parra Vargas interpuso el recurso el 13 de julio siguiente, fecha en que presentó la respectiva demanda de casación.

Al parecer la defensora procedió de conformidad con la constancia secretarial del 14 de abril anterior, conforme a la cual el término de sesenta (60) días para el allegamiento de la demanda de casación comenzó a correr a partir de esa fecha, con vencimiento el 13 de julio, en consideración a la orden impartida por el tribunal de notificar personalmente al procesado privado de la libertad la sentencia de segunda instancia.

Sobre el particular, la Sala ha señalado que las constancias secretariales cumplen un fin meramente informativo porque los funcionarios que las suscriben no están facultados para modificar o sustituir las disposiciones legales que regulan su iniciación o duración, sino para ejercer control, de manera que no revisten carácter vinculante para las partes y mucho menos para el administrador de justicia.

A lo anterior se suma que la constancia en este caso ni siquiera era necesaria, porque el término previsto para interponer el recurso de casación, mediante la presentación de la demanda, está previsto taxativamente en la ley, conforme al artículo 183 de la Ley 906 de 2004, de modo que quien está interesado en promover dicho medio de impugnación extraordinario deberá efectuar el cómputo con sujeción a lo allí previsto, independientemente del contenido de las constancias secretariales, e incluso, de órdenes desafortunadas como la aquí dada por el tribunal durante la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia, en el sentido de “notificar” al procesado privado de la libertad esa decisión, cuando la ley claramente habla de comunicarle tales determinaciones, como así lo prevé el artículo 4º del artículo 169 del estatuto procesal penal, según el cual:

“Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia” (resaltado fuera de texto).

Ese mismo entendimiento ha guiado el criterio uniforme de la Sala, como así lo plasmó en la siguiente decisión:

“La disposición en comento [CPP, art. 169] deja en claro que el acto de notificación se cumple dentro de la audiencia respectiva. De tal forma que si a renglón seguido señala la comunicación que debe hacerse al detenido, deriva incuestionable que lo último hace referencia solamente a que se lo entere, en tanto el acto judicial de notificación se ha cumplido en la vista.

Nótese que el legislador dispone que lo que se comunica al detenido es la providencia que ya ha sido notificada en la audiencia. La inteligencia de la disposición apunta a que el acto judicial de notificación se debe cumplir con el defensor, que por sus condiciones técnicas está capacitado para el cuestionamiento legal de la determinación, circunstancia que torna razonable que al sindicado privado de su libertad que no asiste a esa audiencia simplemente se lo entere de lo resuelto” (Negrillas tomadas del texto original).

Bastan las precedentes consideraciones para deducir que el recurso de casación promovido por la defensora del acusado Rodrigo Parra Vargas es extemporáneo, en tanto fue interpuesto luego de cumplido el término de sesenta (60) días previsto para tal efecto y, ante esa situación, no le queda más remedio a la Sala que inadmitir el libelo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

RECHAZAR, por extemporánea,la demanda de casación interpuesta por la defensa del procesado Rodrigo Parra Vargas, por las razones expuestas en la anterior motivación.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».