Sentencia 3227 de febrero 28 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CADUCIDAD DEL CERTIFICADO DE CAMBIO

SE RIGE POR NORMAS ESPECIALES

EXTRACTOS: «1. Dejando de lado la defectuosa configuración lógica de la que sin duda adolece el cargo si se le mira en su integridad, deficiencia puesta de manifiesto al afirmarse de modo dubitativo que el inciso final del artículo 23 del Decreto Ley 444 de 1967 se encontraba derogado al tiempo de proferirse el fallo impugnado y señalar a la vez que el mismo precepto pudo resultar quebrantado por errónea interpretación, encuentra la Corte bases suficientemente claras en la demanda de casación para entender que el fundamento cardinal de la tesis aquí examinada consiste en sostener que la sentencia en cuestión aplicó esa norma, en cuanto es ella la que consagra la caducidad de los certificados de cambio pasados dos años después de su expedición, y dejó de aplicar, no obstante que correspondía hacerlos actuar en función decisoria por mandato de los artículos 2º de la Ley 153 de 1887 y 2033 del Código de Comercio, los textos legales que en la legislación general derogatoria quedaron regulando la extinción por el transcurso del tiempo de derechos de cobro emergentes de los títulos valores, en concreto los artículos 1494 y 1625 del Código Civil en concordancia con los artículos 822 y 789 del Código de Comercio, luego siendo así las cosas, para despachar el cargo forzoso es principiar por determinar si el mencionado inciso del artículo 23 del Decreto 444 de 1967 —estatuto éste hoy en proceso de paulatina derogación de conformidad con el artículo 35 de la Ley 9ª de 1991—estaba o no vigente cuando la providencia recurrida se produjo.

2. Con apoyo en los artículos 71 y 72 del Código Civil leídos en armonía con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887 bien puede decirse que en el sistema jurídico imperante en el país acerca de la cesación definitiva de los efectos de la ley por virtud de la vigencia de otra dotada del rango necesario, esa cesación puede ser expresa o directa y tácita o indirecta, siendo posible que a su vez ésta segunda modalidad revista el carácter de derogación tácita en sentido estricto o tenga expresión en la llamada “derogación orgánica” que, como tuvo ocasión de volverlo a puntualizar no hace muchos años la doctrina jurisprudencial (G.J. T. CLXXVI, pág. 116), sucede “... cuando una ley nueva regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería...”, se funda en que “...si el legislador ha disciplinado toda la materia regulada por una norma precedente, forzoso es suponer que ha partido de otros principios directrices ...” y por consiguiente no resulta tarea sencilla establecerla con la indispensable exactitud, habida cuenta que “...el determinar si una materia está o no enteramente regulada por la ley posterior, depende, no tanto del mayor o menor número de disposiciones que contenga en relación con la antigua, sino de la intención revelada por el legislador de abarcar con la nueva disposición o disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya específica incompatibilidad entre éstas y las de la ley anterior...”. Dicho en otras palabras, la derogación orgánica deriva de una incompatibilidad sistemática para cuya verificación, en cada caso particular, lo cierto es que no bastan prosaicas declaraciones del estilo de la que en su encabezamiento contiene el artículo 2033 del Código de Comercio y que en la especie sub lite ha traído a cuento el censor en beneficio de su tesis. Necesario es que en verdad de la ley posterior pueda predicarse que disciplina la materia entera que la ley precedente regulaba y, por obvia consecuencia, que pueda presumirse así mismo, en tanto exista y sea evidentísima esa identidad de materia, que el legislador pretendió liquidar el pasado estableciendo en lo que al punto concierne, un sistema nuevo y autónomo de principios directivos que no tolera desviaciones o injerencias de preceptos anteriores, toda vez que de no concurrir este exigente requisito, si no queda caracterizada en forma rotunda la discordancia resultante del sistema entre las dos leyes, lo acertado no es figurarse una “voluntas abrogandi'''' de suyo inexistente, sino tenerlas a ambas como subsistentes, desde luego cada una en el ámbito que le es propio; con razón se ha señalado, pues, que el postulado universal de la prevalencia de la ley posterior consagrado entre nosotros por el artículo 2º de la Ley 153 de 1887, no tiene valor absoluto ni siquiera tratándose de estatutos expedidos con sentido de integralidad normativa, porque si las materias reguladas son diferentes y si ese nuevo estatuto no reglamenta, de manera específica, los puntos concretos de que se ocupan las anteriores disposiciones, subsisten estas últimas, conclusión lógica que en buena medida tiene profundas raíces en antiguas reglas de interpretación jurídica, particularmente en aquella que los comentaristas y anotadores del pasado siglo acostumbraban a formular utilizando el aforismo “legi speciali per generalem non derogatur'''' o sea que, en cuanto a las leyes que reglan materias especiales, la derogación tácita no puede deducirse como axioma de la promulgación de una ley general posterior, a menos que la intención contraria del legislador se deduzca inequívocamente del objeto o del espíritu de esa nueva ley, esto por cuanto de ordinario “... no hay oposición entre normas anteriores que se expiden en consideración a las modalidades singulares de una materia específica, y las que se dicten posteriormente en razón de condiciones generales que no corresponden a las características peculiares y requerimientos del asunto regulado en aquellas...”. (C.E. Anales. T. LXXIV, pág. 91).

Puestas así las cosas y en punto de responder al interrogante planteado al comenzar estas consideraciones, si algo no puede pasarse por alto ante el criterio expuesto por el casacionista acerca de la derogación indirecta de la que dice fue objeto el inciso final del artículo 23 del Decreto 444 de 1967 como efecto de la promulgación del Código de Comercio, es precisamente la naturaleza singular de aquel estatuto y de las disposiciones que del mismo son parte integrante, todas ellas a no dudarlo manifestaciones elocuentes del que hoy en día se llama derecho administrativo de la economía, uno de cuyos capítulos otrora de mayor trascendencia lo constituyó el régimen de control de cambios que en su fisonomía general, cual lo indicó recientemente la Corte acudiendo al concepto de renombrados especialistas (Casación Civil. Sentencia Nº 337 de 17 de octubre de 1989 no publicada), no es cosa distinta a:

”... un conjunto de reglas de derecho público que tiende a someter al control de las autoridades administrativas todos los movimientos —cualquiera que sea su origen— de bienes o valores, sea cual fuere su naturaleza, (...) susceptibles de afectar los recursos del Estado en medios de pago internacionales, de tal suerte que corresponde atribuirle a dichas reglas el sentido estricto que su propia naturaleza impone, que en sus rangos fundamentales (...) viene dada por la circunstancia de que son normas que restringen la libertad de acción de los individuos en el ámbito del movimiento de los medios de pago (...); someten al control de órganos instituidos por el Estado tanto el movimiento internacional de los pagos como las transacciones en medios de pago extranjeros en el mercado nacional, ello además de permitirle al Estado —agrega la providencia en cita— administrar según un plan el fondo de divisas de la economía nacional, lo cual consiste básicamente en la creación de un centro de disposición de esos fondos y en la aprobación tan sólo de los pagos internacionales considerados útiles desde el punto de vista de los intereses generales de la comunidad, así como también en la satisfacción por vía de concesión de divisas, únicamente de aquellas necesidades que se consideren urgentes o indispensables...”.

Entendido, entonces, que si por virtud del régimen de control aludido, cada acto que pueda entrañar un pago al exterior o un cambio de moneda nacional por moneda extranjera ha de ser ejecutado según normas jurídicas de estricto carácter público y normalmente con la intervención de un organismo estatal, al rompe se advierte que la implantación de un régimen restrictivo de tal estirpe tiene serias repercusiones en el terreno del derecho privado, repercusiones que desde un punto de vista teórico se suelen distinguir diciendo que en tanto se trata de normas de economía dirigida, por contera llamadas a influir en las posiciones jurídico-privadas de los particulares, se traducen por lo común en medidas de dirección que pueden producir consecuencias indirectas —v. gr., la nulidad radical por ilicitud de operaciones realizadas en abierta contravención o en fraude del estatuto— o bien directas como ocurre con un buen número de imperativos de conducta en él previstos, siempre desde luego en aras de lograr el curso ordenado de la economía en este del racional y equilibrado aprovechamiento de divisas que es uno de sus más importantes renglones.

En apretada síntesis, es el que queda descrito en sus lineamientos básicos, vale decir el conjunto de reglas excepcionales de derecho público sobre negociación y posesión de divisas consignadas en el capítulo II del Decreto 444 de 1967, el contexto dentro del cual estuvo inmerso el instituto de la caducidad de los certificados de cambio al menos hasta la expedición y promulgación de la Ley 9ª de 1991, luego es ese contexto y no el que pudieran configurar las normas mercantiles que gobiernan los títulos valores, el único marco de referencia aceptable para dar con el genuino significado del inciso final del artículo 23 del decreto ley recién aludido. Y es éste precisamente el hito que despeja el camino por el que, sin necesidad de acudir a elaboradas especulaciones, se arriba a firmes conclusiones que obligan a descartar la teoría de la derogación aquí sugerida y, por consiguiente, a entender, con el Tribunal sentenciador, que al momento de proferirse el fallo impugnado era subsistente y se encontraba en plena vigencia, por no haberlo abolido tácitamente ni el artículo 789 del Código de Comercio ni todo este cuerpo legal considerado en su conjunto, el inciso tantas veces mencionado.

En efecto, si se atiende al espíritu que informa el Decreto 444 de 1967 y no se pierden de vista los objetivos económicos que un estatuto de tal índole se propuso alcanzar, es razonable pensar que el evento contemplado por su artículo 23 en el inciso final corresponde a un supuesto típico de extinción de derechos por caducidad, no así a una hipótesis de prescripción liberatoria como la que consagra el artículo 789 del Código de Comercio para la acción cambiaria directa emergente de los títulos valores, ni menos aún al caso de un término preclusivo para el cumplimiento de ciertas obligaciones o cargas, caso este último que a diferencia de aquél, lo que comporta es la no consolidación de un derecho por falta de algún requisito que se estima esencial y para cuya identificación en el campo de la cobranza regresiva de los títulos valores, por sabido se tiene, la legislación comercial (arts. 781 y 787) también usa la palabra “caducidad”.

La realidad es que al tenor del precepto de marras, paradigma por cierto de esas medidas de coerción pública instituidas para que aquellos propósitos de ordenación económica puedan obtenerse, nada cabe concluir distinto a que el derecho, instrumentado en un certificado de cambio e independientemente del contenido que pueda revestir la prestación a cargo del Banco de la República en que ese derecho se materializa, por motivos de conveniencia general nace con la vida limitada y fatalmente se extinguirá cuando haya transcurrido el plazo de dos años contados a partir de la expedición del título, plazo que ha sido fijado de antemano y de manera taxativa por la ley; es, pues, la del tenedor de un documento de esta clase una situación de potestad temporalmente delimitada por normas de estricta aplicación, respecto de ella el tiempo fija el principio y el fin del respectivo derecho —tanto tiempo, tanto derecho— que puede quedar extinguido entonces por el solo hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del tiempo prefijado por la ley, circunstancia que por lo demás debe ser tomada en cuenta por los juzgadores inclusive de oficio y prescindiendo de los motivos subjetivos que puedan concurrir, negligencia del titular o aun la mera imposibilidad de obrar.

En consecuencia, si nada concluyente hay en la codificación mercantil promulgada en 1971 que permita asignarle a ella el extraño propósito de inmiscuirse en regulaciones de derecho público sobre el mercado de divisas y los instrumentos para su control por parte del Estado; y si es dentro de este molde característico del derecho administrativo de la economía donde ha de operar el instituto de la caducidad de los certificados de cambio cuyo objeto, según queda visto, es preestablecer, atendiendo a consideraciones de interés público y no a una supuesta presunción de abandono o cosa parecida, el lapso en que un derecho puede ejercitarse útilmente, salta a la vista entonces que ni en relación con el ordenamiento general de los títulos valores que el Código de Comercio consagra, ni en concreto frente a su artículo 789, existe la identidad de materias que presupone el artículo 3º de la Ley 153 de 1887 para que tenga lugar la insubsistencia de normas anteriores por derogación orgánica, ello debido a que por su propia naturaleza no son preceptos de los que pueda aseverarse responden a requerimientos similares a aquellos que justifican una restricción como la contenida en el inciso final del artículo 23 del Decreto 444 de 1967.

No hubo, pues, aplicación de una norma legal insubsistente, así como tampoco se la hizo actuar por el Tribunal dándole una inteligencia equivocada, luego el cargo resulta infundado».

(Sentencia de febrero 28 de 1992. Expediente 3227. Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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