Sentencia 3227 de junio 12 de 1990

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 3227

Acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Doctor Ramón Zúñiga Valverde

Bogotá, D. E., doce de junio de mil novecientos noventa.

Otoniel de J. Cano Rojas, promovió demanda contra la Empresa Industrial Hullera S. A., con domicilio en Medellín para que mediante los trámites de un juicio ordinario laboral de mayor cuantía, el Juez competente se pronunciara sobre las declaraciones y condenas siguientes:

“a) Su Despacho declarará que existió culpa patronal en el accidente que produjo las lesiones y la invalidez permanente total del señor Otoniel de J. Cano, ocurrido el día 19 de noviembre de 1984;

“b) Que como consecuencia de la declaración anterior, la empresa Industrial Hullera S. A., está en la obligación de indemnizar al demandante por los perjuicios morales y materiales objetivados en el daño emergente y el lucro cesante, estos últimos, los cuales serán tasados teniendo en cuenta los índices de devaluación de la moneda. En cuanto a los perjuicios morales, se observarán y aplicarán los recientes criterios del honorable Consejo de Estado;

“c) Costas del proceso”.

Las anteriores pretensiones se fundaron en los siguientes hechos:

“1 Mediante contrato escrito de trabajo de duración indefinida, el señor Otoniel de J. Cano prestó sus servicios a la empresa Industrial Hullera S. A., por el lapso comprendido entre el mes de enero de 1978 y el 19 de noviembre de 1984.

“2. Desempeñaba el oficio de entibador, con una asignación salarial de $ 850.00 diarios.

“3. El día 19 de noviembre de 1984, el señor Otoniel de J. Cano Rojas, siendo las 6 a.m. se encontraba laborando en el tajo manto 2 de la mina ‘El Silencio’ de propiedad de la demandada; el señor Guillermo Gómez, capataz de la empresa, ordenó al demandante y a otros compañeros que realizaran unos trabajos en un sitio que ofrecía graves riesgos de inseguridad, por cuanto, una peña estaba para derrumbarse. Los trabajadores advirtieron a su capataz de los peligros que representaba la realización de esas labores sin antes dinamitar la peña; no obstante la seria y fundada advertencia de los inminentes riesgos para su seguridad e integridad personal, el capataz Gómez les replicó: ‘Ese es el trabajo, ustedes lo que pasa es que están borrachos, tienen miedo’. Luego de ser amenazados por el citado señor, los trabajadores le sugirieron que le colocaran un taco de dinamita a la peña para derrumbarla y no correr riesgos y recibieron como respuesta que ‘tenían que laborar ahí porque él era el que mandaba'. Efectivamente, como lo habían presagiado los trabajadores, la peña se derrumbó y lesionó varios trabajadores, entre ellos al demandante, quien como consecuencia de las heridas recibidas en el accidente culposo presenta una invalidez permanente total.

“4. El Instituto de los Seguros Sociales, por medio de la Resolución 1108, de abril 16 del año próximo pasado le reconoció la correspondiente· pensión de invalidez por los riesgos ordinarios, por cuanto, estaba afiliado a la institución.

“5. Por los ritos de la religión católica, el señor Otoniel de Cano, el día 14 de enero de 1984, contrajo matrimonio con la señora Sonia Margarita Usma Tangarife, en cuya unión han procreado a su hijo Gustavo Alonso Cano Usma. Con anterioridad estuvo casado con la señora Flora Inés Castrillón, fallecida; en el primer matrimonio tuvo a sus hijas Eliana Marcela y Paula Andrea Cano Castrillón.

“6. Con su trabajo, el señor Otoniel de Jesús Cano atendía los gastos de manutención de sus hijos y de su segunda esposa.

“7. Como se desprende de las precedentes formulaciones el accidente y sus secuelas son imputables a la imprudencia del capataz de la empresa demandada, señor Guillermo Gómez, quien a pesar de la advertencia de los trabajadores, les impuso la realización de las labores sin antes tomar las correspondientes medidas de seguridad.

“8. Con la conducta imprudente del señor Guillermo Gómez, capataz de la mina, al servicio de la empresa, ésta violó una de las obligaciones principales que dimanan del contrato de trabajo y del Código Sustantivo del Trabajo, en favor de la comunidad trabajadora, cual es la de previsión, en cuya virtud todo patrono está en el deber legal de velar por la seguridad y bienestar de sus asalariados, en las diversas objetivaciones que éste conlleva.

“9. La empresa es responsable del accidente de trabajo que dejó como secuela la invalidez permanente total·del señor Otoniel de J. Cano”.

El juicio correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín que en sentencia del 12 de septiembre de 1988 resolvió:

“1º Se condena a la empersa (sic) Industrial Hullera S. A., representada como quedó anotado, a pagar al señor Otoniel de J. Cano, las siguientes cantidades de dinero:

“a) Seiscientos cuarenta y un mil quinientos noventa pesos ($ 641.590) moneda legal, por concepto de indemnización consolidada;

“b) Cinco mil ciento treinta y dos millones trescientos Cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos ($5.132.357.244) moneda legal, por concepto de indemnización futura; y

“c) Quinientos mil pesos ($500.000) moneda legal, por concepto de perjuicios morales.

“2º Del valor de las condenas impuestas, se ordena descontar la suma de $ 2.169.187.689.30 moneda legal, de acuerdo con lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

“3º Costas a cargo de la demandada”.

Posteriormente el a quo por medio de providencia del 14 de septiembre de 1988 dispuso lo siguiente:

“1º Se corrige el error aritmético en que incurrió el despacho en la sentencia dictada el 12 de los corrientes en este juicio de Otoniel de J. Cano Rojas contra Industrial Hullera S. A., en el sentido siguiente: La indemnización futura a pagar es de cinco millones ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta y siete pesos con veinte centavos ($5.132.357.20) moneda legal y no la de $ 5.132.357.244 como se anotó; y la suma a descontar es de $ 21.756.158 y no la de $2.169.187.689.30 como quedó dicho en el numeral 2? del fallo”.

Contra el fallo de primera instancia interpusieron el recurso de apelación el actor y la demandada. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, por medio de sentencia del 25 de octubre de 1988 confirmó el fallo de primera instancia, “menos en lo que se refiere al descuento de la suma de $ 21.756.158.00, punto en el cual se revoca conforme a lo expuesto en la parte motiva” y condenó en costas de la segunda instancia a la parte demandada.

Recurrió en casación la parte demandada. Concedido el recurso por el Tribunal y admitido por la Corte, se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria y la réplica de la opositora.

El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:

“Se persigue con el presente recurso la casación total de la sentencia impugnada para que al actuar esa honorable Sala en sede de instancia, se sirva revocar la decisión de primer grado y disponer en su lugar la absolución total para la demandada condenando en costas al actor.

“En forma subsidiaria solicito comedidamente la casación parcial de la decisión que se acusa en cuanto revocó el descuento autorizado por el a quo para que en sede de instancia se confirme en su totalidad el fallo de primer grado”.

Con base en la causal primera de casación laboral, la parte recurrente formula y sustenta dos cargos así:

“Primer cargo:

“La sentencia acusada viola por vía indirecta y por aplicación indebida los artículos 56, 57 (1, 2, 3), 199, 216, 348 (modificado por el art. 10 del Decreto 13 de 1967) y 352 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 63, 1604 y 1757 del Código Civil; artículo 84 de la Ley 9 de 1979; artículo 1º? del Decreto 2351 de 1965 (art. 3º de la Ley 48 de 1968).

“Errores evidentes de hecho:

“1. Tener por demostrado sin estarlo, que el accidente ocurrió por acción u omisión de la demandada.

“2. Tener por demostrado, sin estarlo, que la lesión que sufrió el actor fue ocasionada por el desprendimiento de una peña.

“3. No tener por demostrado estándolo, que la lesión sufrida por el actor se originó en la intervención de sus compañeros de trabajo cuando lo ‘tiraron de atrás’ para sacarlo.

“4. No tener por demostrado estándolo, que la demandada tiene adoptadas políticas y programas de seguridad adecuados para el trabajo que adelanta.

“5. No tener por demostrado estándolo, que la empresa mantiene personal experimentado para la atención de sus actividades en las minas.

“Prueba mal apreciada:

“Interrogatorio de parte absuelto por el demandante (fls. 65 y 66). “Una vez analizada la prueba anterior y demostrado por medio de la adecuada apreciación de ella los errores evidentes denunciados, solicito con base en la autorización jurisprudencial al respecto, el estudio de los siguientes medios probatorios no calificados que en igual forma fueron mal apreciados por el ad quem:

“Declaraciones de los señores Miguel Gallego (fl. 45), Juan Manuel Vanegas (fl. 46), Guillermo Gómez (fl. 56), José F. Posada (fl. 67), Jairo de J. Ossa (fl. 68) que corresponde en realidad a la declaración de Rubén Daría Castro.

“Dictamen pericial (fls. 75 a 93).

“Demostración del cargo:

“Dice el Tribunal al examinar el interrogatorio de parte absuelto por el actor:

‘Como primera medida, es cierto que el mismo demandante dice que tuvieron que halarlo y que en la sacada por haber quedado debajo de la peña y los maderos lo pudieron haber lesionado’.

“La anterior es la única alusión en lo tocante con el accidente y la lesión que le merece al ad quem la declaración del actor, pero la verdad es que lo expresado en el interrogatorio en cuestión es diferente a lo dicho por el Tribunal.

“En lo referente al rescate mismo dice el demandante:

“’...pero me acuerdo de Raúl Velásquez que quebró la peña para poderme sacar, entonces me tiraron de atrás para sacarme...’

“De aquí se desprenden varias circunstancias:

“Que no fue ningún representante de la empresa quien intervino imprudentemente en el rescate sino un compañero del accidentado.

“Que en realidad no fue que ‘tuvieron que halarlo’ sino que lo 'tiraron de atrás' para sacarlo, pero sin que ello fuera obligatorio ni oportuno para el compañero de trabajo que lo hizo en un acto bien intencionado pero imprudente y sin contar con instrucciones de sus superiores.

“Que en todo caso se procuró el auxilio al accidentado. ‘En lo tocante con la lesión dijo el actor:

‘...entonces me tiraron de atrás para sacarme y fue donde que (sic) quebraron, me dañaron…’

“Esto significa que la lesión se produjo en el momento en que lo halaron pues así lo dice claramente el absolvente quien no habla hipotéticamente como lo dice el Tribunal y en realidad de este hecho sí puede dar fe el lesionado quien es el que puede manifestar lo que sintió en el momento en que se produjo la acción de su compañero, bien intencionada seguramente pero generante a la postre del daño físico, tal como lo dice claramente y no como una suposición, el absolvente.

“Dice más adelante y para ratificar lo anterior:

“’...donde a mí no me hubieran jalado (sic) no me había quedado inválido y es que ahí fue donde me salieron dañando a mí’.

“Naturalmente, aunque lo dice claramente, la parte de las secuelas de la acción que se viene comentando no pueden tenerse como una verdad absoluta pues ello sólo lo puede determinar un médico, pero sí es claro que el actor sintió que en el momento en que lo halaron fue cuando se produjo la lesión o daño que lo ha perjudicado.

“En otro aparte acepta el demandante en lo tocante con las medidas de seguridad en la mina que sí existen (pregunta 18), lo mismo que un comité encargado de tales aspectos (pregunta 19), así como el hecho de haber sido dotado de los elementos de seguridad (pregunta 17), respuestas claras que contrastan con lo que dice el ad quem al respecto en el siguiente aparte:

“No sobra agregar que ciertamente de la prueba se desprende que la empresa Industrial Hullera S. A., presta buena atención a la seguridad de los trabajadores, pero de nada sirve si no instruye y no sitúa personas responsables que dirijan adecuadamente las obras y a sus subordinados; y si no se mantienen los elementos al alcance inmediato de los trabajadores, sobre todo en labor tan delicada como lo es la de la explotación minera”.

“Acepta pues el Tribunal que la labor de minería es riesgosa y hace lo propio con el cumplimiento por la demandada de las medidas de seguridad pero en forma antagónica a lo dicho por el demandante, afirma que no se mantienen al alcance los elementos necesarios para tales efectos.

“La confrontación que se ha hecho entre lo expresado por el demandante en la absolución del interrogatorio de parte en aspectos que son susceptibles de confesión con lo dicho por el Tribunal demuestra claramente que este último llegó a conclusiones no sólo diferentes sino también opuestas a las que ha debido tener por resultantes de lo demostrado en el proceso.

“Naturalmente ello condujo la decisión a un resultado totalmente contrario al que debió desprenderse de la realidad de los hechos pues si se tiene en cuenta que la lesión no se originó directamente en el supuesto desprendimiento de una peña sino por la acción de un compañero de trabajo y además se acepta que la demandada mantiene adecuadas medidas de seguridad, no puede deducirse la culpa de ésta como equivocadamente lo hizo el Tribunal y por tanto se hubiera llegado a una decisión absolutoria.

“Estos errores de hecho que se han denunciado y se encuentran demostrados con la sola confrontación de la prueba calificada a la cual se ha aludido, se ven más evidentes a la luz de la prueba no calificada cuyo estudio es pertinente de acuerdo con lo previsto por la jurisprudencia para situaciones como la presente en la cual se ha demostrado el yerro fáctico evidente pero se requiere destruir todos los soportes probatorios que adoptó el ad quem.

“Sobre las medidas de seguridad implantadas por la empresa y de las cuales se deduce su prudencia y diligencia para evitar accidentes, dicen los declarantes que el Tribunal analizó:

“Miguel A. Gallego: ‘...según mi conocimiento y experiencia, las seguridad (sic) en este momento en la empresa está bien, la empresa sí nos suministra elementos de seguridad, y sí se nos exige el uso de las lámparas, la finalidad de asegurar el techo de la mina es para seguir avanzando el tajo, es para poder seguir hacia adelante trabajando que se asegura el pedazo que está malo, en la empresa sí yay (sic) comité de seguridad, cuando el accidente no me acuerdo si lo había o no’.

“Juan Manuel Vanegas: ‘...la seguridad en la misma hasta aquí me ha parecido bien en muchas ocasiones, nosotros sí recibimos elementos de seguridad como cascos, etc., en la empresa sí ha funcionado un comité de seguridad, no me acuerdo si cuando el accidente había comité de seguridad’.

“Guillermo de Jesús Gómez: ‘pues la mina de Industrial Hullera, es la única en la región que ofrece garantías y seguridad, si yo, en estos momentos, que me considero minero, y se me cancelara el contrato de trabajo en Industrial Hullera, no trabajaría en ninguna otra mina de la región, por los serios peligros y el mal asegurado que en ellas hacen’. 'Si en la empresa sí ha existido comité de seguridad, han dictado cursos en materia de seguridad, de los cuales yo he recibido varios y el personal de trabajadores también, ese comité se reúne cada ocho días y con el sindicato se reúne mensualmente, en la época del occidente sí funcionaba dicho comité’. ‘La empresa suministra elementos de seguridad, no ha faltado nada, en cuanto a elementos de seguridad y los medios’.

“José F. Posada: ‘...a este comité tienen acceso jefes de departamento y tres integrantes del sindicato, en la época· del accidente sí operaba, de acuerdo con mi experiencia, ya como Ingeniero de Acerías Paz del Río y como Ingeniero de Industrial Hullera, califico a la mina de Industrial Hullera como la segunda mina del país, después de Acerías Paz del Río tanto en la parte de seguridad como en la parte técnica’.

“Lo anterior demuestra claramente una conducta previsiva de la demandada, un adecuado cuidado de los aspectos de seguridad en una actividad como la que le es propia y ello es de gran importancia pese a que el Tribunal dice que tales medios de seguridad ‘de nada sirven si no instruye y no sitúa personas responsables que dirijan adecuadamente las obras, y sus subordinados’.

“Tal afirmación, que por lo demás es muy ligera pues se basa en la ocurrencia de un accidente sin tener en cuenta los que se han evitado con las medidas de seguridad que ha adoptado la, empresa, es de gran gravedad pues de ella va a tomar buena parte del apoyo para concluir equivocadamente la culpa patronal en el accidente.

“Pero además la afirmación del ad quem contradice lo que afirman los testigos y concretamente lo expresado por Guillermo Gómez quien acepta que se le han dado cursos tanto a él como a todos los trabajadores en materia relacionadas con la seguridad.

“La verdad es que la naturaleza misma del accidente radica en que supera las posibilidades de control que se establecen respecto del riesgo y ello es lo que ha sucedido en el presente caso en el cual se produjo un infortunio a pesar de la conducta precavida, diligente, prudente y acuciosa de la demandada. Es decir, el accidente no fue producido ni facilitado por una actitud descuidada o imprudente de la empresa.

“En cuanto a las circunstancias del accidente no hay unanimidad entre los testigos, pues mientras uno habla del desprendimiento de una peña (Gallego) otro (Vanegas) es muy confuso pues primero menciona el desprendimiento de la peña para más adelante afirmar que ‘al que le cayó la canasta fue a Otoniel’, es decir, que al demandante le cayó madera y no la peña.

“Por su parte Guillermo Gómez es contundente al afirmar que ‘al demandante le cayó las vigas (sic), las palancas de acero con las que estábamos asegurando las vigas y la madera de canastas’, mientras que los dos testigos restantes no estuvieron presentes en el accidente y por tanto no pueden dar detalles de lo ocurrido, si bien es importante su afirmación sobre la improcedencia de utilizar dinamita para tumbar una peña porque tanto los dos primeros testigos como el demandante dicen que le solicitaron tal procedimiento al capataz y éste lo negó, lo cual significa que el capataz o caporal, lejos de actuar con la impertinencia que le atribuye el ad quem, lo hizo con el cuidado requerido y sin cometer imprudencias como la que estaban sugiriendo los testigos y el mismo accidentado.

“Luego no existe medio probatorio idóneo para determinar con exactitud la clase de accidente que se presentó y por ello afirmar que algo que no está definido es atribuible a una determinada persona, constituye no sólo un error fáctico ostensible sino también una aseveración temeraria, particularmente cuando está demostrado claramente en el expediente que la conducta de la empresa fue la de cumplir siempre con las medidas adecuadas de seguridad.

“Pero una cosa es el accidente en sí mismo y otra la causa de la lesión pues lo que se deduce del contenido del expediente y de lo aceptado por el ad quem, es que en las consecuencias físicas del insuceso para el demandante, incidió una circunstancia adicional, con carácter de determinante, como lo fue la acción del trabajador Raúl Velásquez. Ello significa que el accidente en sí mismo, aún en el supuesto que pudiera ser atribuido en alguna medida a la demandada, no fue generante de la incapacidad sufrida por el actor y por tanto no hay lugar a imponer a la accionada las consecuencias de una culpa ajena.

“Tanto el fallo como el esfuerzo probatorio de la parte demandante se orientan a afirmar que hubo una orden imprudente de un representante de la empresa.

“Pero sobre ello hay que observar:

“No está demostrado en el organigrama de la empresa pero los declarantes dejan saber que por encima del señor Gómez hay otras personas, ellas sí con el carácter de representantes del patrono.

“El señor Gómez entró con los demás trabajadores, lo cual muestra su convicción de no existir riesgo en el trabajo que estaba orientando.

“Rubén Daría Castro (El Tribunal cita equivocadamente a Jairo de J. Ossa a quien no se le recibió declaración) informa que 'había estado el sábado anterior al accidente en el tajo y éste quedó normal', lo cual coincide con lo afirmado por Gómez en cuanto a que no parecía que existiera la inminencia de peligro que afirman un testigo y el demandante y acoge el Tribunal para concluir la culpa de la empresa por conducto de la acción de un supuesto representante suyo.

“El testigo Posada desconoce la existencia de las fisuras que según el demandante hacían peligroso el trabajo en el día en que se produjo el accidente.

“El testigo Gallego, en forma contraria a lo que afirma la parte actora y acepta el Tribunal, dice claramente que ‘el capataz Guillermo Gómez no amenazó a los trabajadores, para obtener que entraran a la mina.

“Todas estas son circunstancias que sumadas a las que se han analizado antes demuestran que la vía por la cual el Tribunal llegó a concluir la culpa de la demandada es totalmente forzada, es contraria a la evidencia pues de las pruebas sólo queda clara la conducta cuidadosa de la empresa en cuanto a las medidas de seguridad, sin que se le pueda atribuir negligencia en la ocurrencia del accidente, sobre cuyos orígenes, circunstancias y consecuencias no existe prueba homogénea, lo que equivale a decir que no se ha probado la acción u omisión imputable a la demandada en la cual pudiera reposar el concepto de culpa del cual se derivan todas las condenas que se le han impuesto.

“Ello es contrario al principio según el cual quien afirma la culpa debe probarla mientras no esté en circunstancias en que aquella se presuma y el presente caso no se encuadra dentro de esta hipótesis (arts. 1757 y 1604 del C. C.).

“Se encuentran entonces demostrados los errores fácticos denunciados pero si aún existiera alguna duda es útil recurrir al dictamen pericial en lo tocante con las medidas de seguridad a las cuales recurre la empresa (fl. 82), la calidad del personal directivo (fl. 82), la improcedencia del uso de la dinamita en casos como el ventilado en el proceso (fl. 92) y otros aspectos que muestran una conducta prudente y diligente de la demandada, muy distinta de la culpable que encontró demostrada el Tribunal en forma errada.

“Ruego en consecuencia aceptar la prosperidad del cargo y acceder a lo solicitado en el alcance de la impugnación”.

Se considera:

De las pruebas que el cargo estima mal apreciadas y así causantes de los errores de hecho que denuncia, resulta lo siguiente:

1. Declaración de parte del actor Otoniel de J. Cano Rojas: “De la contestación a la pregunta novena que se le formuló al demandante (fl. 65, cuaderno 1) aparece que el accidente ocurrió porque el caporal de la empresa acosó a los trabajadores de la mina a asegurar una peña, a pesar de que estos le advirtieron sobre el peligro de que se cayera la misma peña al hacer ese trabajo con el procedimiento en ‘canasta’, y que estando en ejecución de ese trabajo por orden del caporal, se derrumbó dicha peña encima del actor, pues éste dice que la misma nos tapó”. De esta declaración se desprende que el caporal de la empresa demandada es una persona imprudente y que no está preparada para ejercer dicho cargo, y como de acuerdo al artículo 1º del Decreto 2351 de 1965, el caporal por ejercer funciones de dirección es representante del patrono, tiénese que dicho accidente se causó por culpa de la empresa demandada.

Al responder a la décima pregunta del interrogatorio que provocó la mencionada declaración de parte dice el actor:

“...me acuerdo de Raúl Velásquez que quebró la peña para poderme sacar, entonces me tiraron de atrás para sacarme y fue donde me quebraron, me dañaron, es que ahí faltó práctica de rescate y todo eso, donde a mí no me hubieran jalado (sic) no me había quedado inválido y sé que ahí fue donde me salieron dañando a mí, el personal que había ahí no sabía nada de rescate”.

De la transcrita declaración del actor se deduce que la empresa demandada no tenía el personal de rescate preparado y experimentado para tal labor, pero no se puede deducir como lo hace el recurrente, que la lesión sufrida por el demandante “se produjo en el momento en que lo halaron, ya que el mismo casacionista reconoce que ello sólo lo puede determinar un médico”.

Al formulársele en la pregunta dieciocho del interrogatorio cómo consideraba la seguridad de la empresa, el actor contestó: “Seguridad en la mina sí, pero es que hay gente muy bruta para trabajar, por ese señor ganarse un peso más, que se puso a trabajar, nos hizo tapar de esa peña ahí”.

No aparece que en la apreciación de la mencionada declaración del demandante hubiera incurrido el Tribunal en manifiestos errores de hecho al llegar a la conclusión citada en el desarrollo del cargo y que dice:

“No sobra agregar que ciertamente de la prueba se desprende que la empresa Industrial Hullera S. A. presta buena atención a la seguridad de los trabajadores, pero de nada sirven si no instruye y no sitúa personas responsables que dirijan adecuadamente las obras y a sus subordinados; y si no se mantienen los elementos al alcance inmediato de los trabajadores, sobre todo en labor tan delicada como lo es la de la explotación minera”.

Como con la estimación de dicha declaración del actor no se consolida la evidencia de un error fáctico, no procede el estudio de las pruebas no calificadas como son los testimonios y el dictamen pericial que señala el cargo.

Por lo anterior y al no estar demostrada la existencia de los errores de hecho que el censor denuncia como base de su cargo, éste no prospera.

Segundo cargo:

“Para el presente caso, cuyo estudio sólo es pertinente en el evento en que esa honorable Sala no acepte la prosperidad del primero por la naturaleza misma de planteamiento que contiene, no se hacen cuestionamientos de orden fáctico o probatorio, en consecuencia se aceptan las conclusiones a las cuales llegó el ad quem en tales aspectos:

“Por tanto la violación que se denuncia con este cargo, operó por la vía directa, por interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Instituto de Seguros Sociales aprobado mediante el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887; artículos 63, 1604 del Código Civil; artículos 56, 57 (1º. 2º 3º), 193, 199, 348, 352 del Código Sustantivo

del Trabajo; artículo 10 del Decreto 13 de 1967; artículo 84 de la honorable Corte Suprema de Justicia en la cual se debaten situaciones fácticas como es la prueba de la suma pagada por el Instituto de Seguros Sociales, aspectos que por su naturaleza no son compatibles con una función interpretativa.

“De ello se deduce que el entendimiento que el ad quem dio a las normas en cuestión es el que se encuentra equivocado, pues traslada a la solución del presente litigio una situación de naturaleza diferente a la que ahora se debate.

“En el presente caso, y ello no se discute, el a quo impuso una condena por indemnización futura (subrayo) por la suma de $5.132.357.20, la cual fue acogida plenamente por el fallador de segunda instancia tanto en cuanto al monto (aunque sus cuentas arrojaron una cantidad mayor) como en lo relativo al concepto y a la condición de cubrimiento futuro del pago, por lo cual resulta perfectamente admisible que frente a tal rubro se aplique también el cálculo de lo que habrá de pagar el Instituto de Seguros Sociales en el futuro, pues es está partiendo exactamente del mismo principio y de la misma situación.

“En el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se ·autoriza al patrono descontar el valor de las sumas atendidas al trabajador sea por el mismo patrono o sea por el Instituto de Seguros Sociales en virtud de la subrogación de obligaciones prestaciones derivadas del artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 90 de 1946. Se trata de imputar a la obligación patronal lo que reciba el trabajador para cubrir su perjuicio y siempre que tenga la misma causa como sucede en el presente caso en el cual la .condena y la pensión del Instituto de Seguros Sociales se originan ambas en la situación accidental que para los efectos de este cargo no se discute.

Es claro que la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales tiene un carácter puramente indemnizatoria y por tanto su significado es imputable a la obligación de resarcimiento que le corresponde al patrono. De modo que si aquella satisface totalmente el resarcimiento debido al accidentado, no debe quedar cargo alguno para el empleador pues si en forma adicional se le impone otro pago a éste, se producirá un doble pago por una misma causa y cubriendo un mismo concepto lo cual conduciría a un enriquecimiento indebido según lo ha enseñado la doctrina en desarrollo de los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887.

“Como en el presente caso para determinar la indemnización a cargo del demandado se tomó la proyección futura y el cálculo de vida probable del accidentado, o sea se tuvo en cuenta la incidencia futura del perjuicio, es perfectamente admisible que se impute el cubrimiento también futuro que a dicho perjuicio se le va a brindar por medio de la pensión que reconoce el Instituto de Seguros Sociales, pues lo que ha dicho el ad quem es que el mayor perjuicio se deriva de la imposibilidad futura de bridarse un sustento para lo cual es pertinente admitir también un medio que periódicamente va a ir cubriendo en el mañana esa deficiencia.

“Es decir, si para determinar la condena se tuvo en cuenta el impedimento en el futuro, lo natural es aceptar como imputable al resarcimiento correspondiente, los pagos que habrán de hacerse por ese mismo tiempo que se encuentra por venir, particularmente si para ello, como sucedió en el caso presente por el a qua, se tomaron los mismos parámetros de medición.

“Es cierto que el patrono no puede lucrarse del cubrimiento del Instituto de Seguros Sociales al asegurado, pero en tal caso, si hay una diferencia que deba resultar en favor del Seguro por un pago excesivo hecho en cumplimiento de una obligación que debía estar a cargo del patrono, es al dicho Instituto al que corresponde reclamar su devolución como claramente lo determina el artículo 83 del acuerdo 155 de .1963 y lo aclara la jurisprudencia citada por el ad quem.

“Esto último es a lo que debe conducir el recto entendimiento de las normas en cuestión y la sentencia transcrita en el fallo impugnado y por tanto la eliminación o revocatoria que el Tribunal dispuso respecto de la posibilidad de descuento para el patrono de las sumas que asuma, ahora o en el futuro el Instituto de Seguros Sociales, es consecuencia de su errónea exégesis de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, a través de lo cual se produjo la indebida aplicación de las restantes normas indicadas en la proposición jurídica, pues con ello se mantuvo una condena excesiva para resarcir el perjuicio nacido de un accidente de trabajo cuyas secuelas se encuentran laboral y extralaboralmente satisfechas con la subrogación que operó en virtud de lo dispuesto por la Ley 90 de 1946 y el artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo facultad del Seguro Social reclamar directamente al empleador el pago excesivo en que llegue a incurrir.

“Es claro entonces que se produjo la violación denunciada y por tanto reitero mi solicitud para que se case la sentencia en cuanto a la revocatoria de la decisión de primer grado por la cual se autorizó el descuento indicado en el numeral segundo de la misma.

“7. Consideraciones de instancia:

“En el presente caso la argumentación recogida dentro de cada uno de los ataques es aplicable al análisis que debe hacer esa honorable Sala en el momento de actuar en instancia y por ello pido respetuosa­ mente que se haga remisión a tales planteamientos para definir lo pertinente.

“De acogerse el primer cargo, según el cual la prueba de la prudencia y diligencia de la demandada es tan clara y por el contrario está ausente la claridad en la prueba del origen del accidente y de la lesión del actor, debe llegarse a la conclusión de no haberse probado el elemento fundamental de aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que es la culpa y por tanto debe impartirse la absolución total para la accionada.

“Pero si ello no se acoge, con base en la misma norma citada y el artículo 83 del acuerdo 155 de 1963, lo procedente es aceptar que a la obligación a cargo de la demandada resulta imputable lo que en nombre de ella ha atendido el Instituto de Seguros Sociales”.

SE CONSIDERA:

Luego de transcribir las partes pertinentes del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 83 del acuerdo 155 de 1963 expedido por el Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, el Tribunal al referirse a estas normas funda­ mentó su decisión así:

“La verdad es que de acuerdo a las preceptivas de los citados cánones, deben descontarse las prestaciones pagadas en dinero al trabajador a consecuencia del accidente o enfermedad profesional sufridos. Pero en el caso a estudio no es posible realizar tal descuento, porque no se sabe cuánto ha recibido el demandante por concepto de pensión de invalidez, reconocida según Resolución 01108 de abril 16 de 1986 (fl. 50)”.

Estima la Sala que la anterior conclusión del ad quem se ajusta a la exégesis correcta de los citados artículos 216 y 83, ya que estas dos normas disponen, de manera similar, que del monto de la indemnización total y ordinaria por perjuicios ocasionados en accidente de trabajo o enfermedad profesional debe descontarse el valor de las correspondientes prestaciones en dinero “pagadas” por el mismo concepto, pues no se refieren dichas normas a las que se habrán de pagar en el futuro, como lo sostiene el recurrente en el desarrollo del cargo.

Por consiguiente, para que se efectúe el descuento de que tratan las citadas disposiciones, se necesita que se haya realizado previamente el pago efectivo del dinero que corresponde a tales prestaciones y no a un posible pago que sería hipotético y no real por no haberse cumplido en el momento de hacerse el respectivo descuento y que constituiría solamente una simple expectativa, por lo cual no ·sería jurídico ni lógico que se le descontara a un trabajador una suma de dinero que aún no ha recibido. Por eso, dichos artículos 216 y 83 se refieren a las prestaciones “pagadas”, que se relacionan con el complimiento de la respectiva obligación.

Como el ad quem interpretó las disposiciones en referencia en el sentido de considerar que las prestaciones en dinero que se deben descontar son las “pagadas” en dinero al trabajador por causa del accidente de trabajo, dedúcese que no las interpretó erróneamente y, en consecuencia no incurrió en las demás violaciones de la ley que el ataque predica. Por consiguiente, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia impugnada.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Ramón Zúñiga Valverde—Francisco Escobar Henríquez—Jorge Iván Palacio Palacio.

Secretaria: Consuelo Garbiras Fernández.