Sentencia 3229 de agosto 26 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

INSPECCION TRIBUTARIA

NOTIFICACION DEL AUTO QUE LA ORDENA

EXTRACTOS: «Sabido es que la actuación de los funcionarios públicos está subordinada a la ley y cuando los procedimientos están prescritos en ella, no hay disculpa válida para desobedecerlos, sin que sea dable establecer diferenciaciones o categorías, para concluir que con relación a unos se cumple y a otros no. El principio del debido proceso según nuestro ordenamiento constitucional, cobija también a los llamados procedimientos administrativos.

En el derecho tributario en ocasiones el legislador se ha ocupado de detalles al parecer de menor importancia, sin embargo ellos corresponden a principios básicos. Así por ejemplo en materia de notificaciones ha dictado reglamentos minuciosos como en ninguna otra especialidad, pero es porque en este campo la información de los actos adquiere singular importancia y el cumplimiento de su rito está en favor tanto del contribuyente como de la propia administración.

El artículo 77 del Decreto 2503 de 1987 determina cuáles actuaciones de la administración de impuestos deben notificarse, y entre ellas se encuentran “los autos que ordenan inspecciones tributarias''''. Es obvio que esta notificación en el caso de sociedades debe hacerse a alguno de sus representantes legales por ser las únicas personas facultadas para vincularla al procedimiento de determinación o de discusión de los tributos (art. 556, E.T.).

El Auto No 12 de enero 19 de 1988 que ordenó la inspección contable a los libros de comercio de la sociedad, entonces, obligatoriamente debió notificarse personalmente o por correo a quien en la época tenía la representación legal de la firma.

Como dentro de los antecedentes administrativos allegados al proceso se encuentra acreditado que aquél se notificó al iniciarse la diligencia de inspección al señor Milton Mosquera V., contador de la empresa y que ni el gerente, ni ningún otro representante legal intervino en ella, resulta que la diligencia no se surtió en debida forma, y por ende no produce efectos legales, vale decir es ineficaz.

La falta de notificación en debida forma del auto comisorio implica la invalidez de la diligencia y por ende ésta no adquiere calidad de prueba que permita sustentar válidamente la actuación sancionatoria de la administración».

(Sentencia de agosto 26 de 1991. Expediente 3229. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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