Sentencia 32310 de abril 28 de 2009

 

Sentencia 32310 de abril 28 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALARIO INTEGRAL PROPORCIONAL

Para jornadas inferiores a la máxima legal.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por María Edna Castro Nieto, en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 15 de septiembre de 2006, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la recurrente en contra de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Antecedentes

En lo que concierne al recurso extraordinario, la actora recurrente, quien laboró para la demandada como docente de media jornada en el consultorio jurídico, como docente del área penal, bajo la modalidad de contratos a término fijo desde el segundo semestre de 2001 hasta el primer semestre de 2003, bajo modalidad de salario integral, reclamó en la demanda inicial que se condenara a la enjuiciada a cancelarle saldos insolutos del salario pactado más indemnización moratoria y costas.

La esencia de su petición radicó en considerar que no se le pagó el salario integral que debía cancelársele, debido a que se había transgredido la prohibición del artículo 132-3 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone que en ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez salarios mínimos legales mensuales más treinta por ciento de factor prestacional, postura de la que discrepó la accionada, mediante oposición, bajo el argumento de haber la actora trabajado media jornada, lo cual se le había solucionado proporcionalmente.

Tribunal y a quo desestimaron las pretensiones de la accionante, a la que condenaron en costas.

La sentencia del tribunal

El colegiado halló probado que el valor estipulado en los respectivos contratos como salario integral por las partes, equivalía exactamente a la mitad del salario mínimo integral correspondiente a la respectiva anualidad, en concordancia con la media jornada laboral pactada por aquellas.

Señaló el principio de libertad para pactar el salario, permitido a las partes por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el marco de respeto por el salario mínimo legal, o el derivado de pactos, convenciones colectivas o laudos arbitrales. Citó el contenido de la norma, en lo referente a la consagración del salario integral, y lo relacionó con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 50 de 1990 modificatorio del 147 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo relacionado con el pago proporcional en tratándose de jornadas inferiores a la ordinaria, y expresó que no había razones para sostener que, cuando la pactada fuera inferior a la máxima legal, no pudiera señalarse un salario integral proporcional, al no haber norma que prohibiera expresamente tal acuerdo bajo dicha circunstancia.

Estimó que en el país es permitido pactar salarios en proporción al número de horas laboradas, siempre que se respete el mínimo legal.

Manifestó que en los contratos con la actora se había pactado el salario integral y que la universidad había pagado la remuneración y la proporcionalidad correspondiente a la media jornada laborada por la actora, lo cual resultaba acorde con los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y equidad de una remuneración acorde con el tiempo laborado.

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El recurso de casación

Fue ejercitado por la demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte y replicado.

Alcance de la impugnación

Persigue la casación total de la sentencia gravada. Aspira a que una vez casada la sentencia anteriormente mencionada, se constituya la Corte en tribunal de instancia y revoque la sentencia de primer grado, condenando en su lugar a la demandada de conformidad con las peticiones del escrito de demanda, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera, que fueron replicados y se resuelven conjuntamente, dada la finalidad común.

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Consideraciones de la Corte

Se le imputa al ad quem la interpretación errónea de los artículos 132 y 147 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, la mera lectura, desapercibida inclusive, de la argumentación del colegiado, evidencia que ninguna exégesis hizo de dichos preceptos, ya que, simplemente, aludió al contenido del primero de ellos, en tácita transcripción, para conectarlo de inmediato con el segundo al manifestar que estaba acorde con este. Lo que en realidad llevó a cabo el sentenciador fue la aplicación del principio de proporcionalidad inmerso en el numeral 3º del artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo (3) , al salario integral proporcional; de manera que el ataque, en el primer cargo, debió haberse encauzado bajo la figura de la aplicación indebida y no de la interpretación errónea, lo que sí se hizo en el segundo.

Ahora bien, en cuanto a la argumentación desplegada por la recurrente, esencialmente similar en ambas acusaciones, la Sala se distancia de las mismas:

El salario mínimo legal y el salario integral no configuran conceptos diametralmente diferentes; la simple enunciación del objeto de cada uno, como lo hace la censura, no respalda tal criterio. Tal como lo señala la réplica, ambos se encuentran íntimamente imbricados, a tal punto que con el primero se diseña la medida mínima del segundo y, los dos, obedecen al desarrollo o implementación del objeto del Código Sustantivo del Trabajo, plasmado en el artículo 1º del mismo, es decir, la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social; es así como, en el caso del salario integral, si bien el legislador permite que exista una remuneración de una actividad laboral sin el correspondiente y ordinario pago de prestaciones sociales y de tiempos complementarios, activa, sin embargo, el principio tuitivo propio de la legislación del trabajo y, de un lado, determina la existencia de un salario integral mínimo, equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales y, de otro, establece la obligatoriedad del pago adicional de un 30% del mismo destinado a compensar lo relativo a las prestaciones, recargos y beneficios, todo en búsqueda de la equidad y armonía necesarias entre los intereses del empleador y los del trabajador de un rango superior al que devenga el mínimo legal que, no por ello, deviene en susceptible de desprotección pues, en últimas, la dignidad correlativa a la persona humana de ambos es la misma.

Cuando el legislador, en el artículo 147-3 del Código Sustantivo del Trabajo, ordena que en caso de laborarse jornadas inferiores a las máximas legales, y se devengue el salario mínimo, este regirá en proporción al número de horas efectivamente laboradas, lo que se establece es un control garantista mediante el desarrollo del principio de la proporcionalidad: al trabajador se le asegura que no se le esquilmará su estipendio con un ingreso inferior no correspondiente a la cantidad de tiempo respecto del salario mínimo legal total a percibir si laborara la jornada completa.

Por manera que, cuando el ad quem aplica dicho principio a un trabajador que pacta salario integral pero con una jornada de medio tiempo, la Sala estima que en ningún dislate jurídico incurre, ya que, con ello, asegura que dicha especial remuneración estará en adecuada correlación con el tiempo efectivo de trabajo, y no se le podrá remunerar con una cantidad inferior a la que proporcionalmente corresponde. Es palmario, además, que dicho numeral no consagra dicho principio únicamente para el salario mínimo legal sino también para el salario convencional, lo que denota el carácter no exclusivo de la disposición.

Salario mínimo y salario integral, entonces, obviamente que no son sinónimos, más ello no implica que un principio tuitivo como el de proporcionalidad no pueda ser aplicado a ambos como garantía, conforme al artículo 1º antecitado, de la armonía social y equidad entre las partes intervinientes en la relación de trabajo, célula fundamental del tejido social.

De otro lado, es de recordar y precisar que los particulares pueden pactar y acordar todo lo que la ley, expresamente, no prohíba, lo que plasma el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo (4) , y que, cuando el artículo 132-3 ibídem dispone que en ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez salarios mínimos legales mensuales más un 30% de factor prestacional, esta expresión, eje de la litis, no tiene el alcance particular, exegético y absoluto que la censura le apareja, ya que la misma, dado el carácter genérico de la norma que la contiene, es claro que alude a una vinculación normal u ordinaria en la que, de pactarse la modalidad salarial en comento, el monto de la retribución debe corresponder al mínimo señalado en dicho precepto. El caso ya particular de la actora, bajo un supuesto de hecho diferente, implica una solución jurídica distinta, como fue la adoptada por el ad quem.

Y es que, como lo acota la réplica, la aceptación de la óptica de la recurrente conllevaría a situaciones de evidentes e inaceptables desequilibrio e inequidad, ya que, como se evidenciaría en su propio caso, quien trabajase media jornada solamente o, inclusive, menor tiempo, bajo la modalidad de salario integral, so pretexto de la prohibición de marras, habría de recibir el mismo estipendio integral total de aquel que hubo de laborar la jornada completa, lo que palmariamente contrariaría la noción trascendente de justicia.

No sobra anotar, además, que la argumentación en la que se invocan decisiones constitucionales relativas a la exequibilidad de las disposiciones contentivas de los topes mínimos sobre salario integral carecen de relevancia en el caso porque no se relacionan, en realidad, con el específico asunto acá discutido, en el que ningún precedente constitucional ha sido objeto de vulneración. En igual sentido, la alusión a un fallo de esta Sala, del cual se citan apartes, no relativos a la concreta materia controvertida en esta litis.

Los cargos, por lo expuesto, no prosperan.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el 15 de septiembre de 2006, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Edna Castro Nieto en contra de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario».

(Sentencia de 28 de abril de 2009. Radicación 32310. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez).

(3) Para quienes laboren jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario mínimo legal o convencional, este regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas, ...”.

(4) “El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades ... pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales”.

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