Sentencia 32339 de mayo 12 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32339

Aprobado Acta 152

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil diez.

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora del procesado Róbinson Sarabia Rincón, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga que confirmó la del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Descongestión de esa ciudad mediante la cual se le condenó como autor del delito de hurto calificado y agravado.

Hechos y actuación procesal

1. Los primeros se consignaron en el fallo impugnado de la siguiente manera:

Como se desprende del acervo probatorio, se tiene que el día 7 de mayo de 2004, Samuel Gómez García en calidad de huésped del hotel Sevilla Plaza, solicitó el servicio de cajillas de seguridad al administrador de dicho establecimiento Róbinson Sarabia Rincón, con el fin de guardar la suma de catorce millones de pesos ($ 14.000.000) producto de la venta de unos semovientes, recibiendo la llave de la caja número 12, y conservando el administrador la llave maestra. De la misma forma se tiene que el 8 de mayo de 2004, Gómez García acudió ante Gloria Esperanza Aguilar Ortiz, recepcionista de turno en el hotel, quien tenía en su poder la llave maestra y lo acompañó hasta la habitación donde se encuentran los casilleros con el fin de abrir la cajilla de seguridad, la cual encontraron vacía y sin rastros de haber sido violentada.

2. Vinculado mediante indagatoria Róbinson Sarabia Rincón y cerrada la investigación, el 13 de julio de 2005 la Fiscalía 15 Delegada profirió resolución de acusación en su contra como autor de la conducta punible de hurto calificado agravado, providencia que logró ejecutoria el 5 de agosto siguiente.

3. Correspondió al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Descongestión de esa ciudad adelantar el juicio y el 29 de noviembre de 2006 se le condenó a las penas de cuarenta y dos (42) meses de prisión, pago de catorce millones ($ 14.000.000) de pesos a favor de Samuel Gómez García, inhabilitación de derechos y funciones públicas por tiempo igual, y se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como autor responsable del delito materia de acusación.

4. Esa providencia fue apelada por la defensa del procesado, y el 16 de febrero de 2009 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga la confirmó. Contra esta decisión, aquelinterpuso el recurso de casación.

La demanda

Al interponer el recurso de casación excepcional la defensora de Sarabia Rincónplanteó que en la sentencia de segundo grado se afectó la garantía fundamental del debido proceso y derecho de defensa pues se profirió de acuerdo con hechos no probados, comoquiera que unos medios de prueba fueron supuestos y otros cercenados.

Adujo que la agravante por la confianza tan solo se atribuyó al momento del fallo más no en la resolución de acusación.

De otra parte, afirmó que el ad quem fundó la responsabilidad del procesado en indicios, partiendo de falsos hechos indicadores. Argumentó que no existe dentro del expediente prueba del objeto material, esto es, que dentro de la cajilla de seguridad se hubiese depositado dinero en la suma referida.

Afirmó que “en todo momento” se atentó contra la presunción de inocencia de Sarabia Rincón, como quiera que se le impuso la “obligación” de probar que no era culpable, razones por las que consideró se hace necesario que la Corte se pronuncie de fondo para garantizar la justicia material.

1. En el cargo primero manifestó que el ad quem incurrió en error de hecho derivado de falso juicio de existencia sobre “la prueba que demuestra la confianza que le tenía Samuel Gómez García a Róbinson Sarabia Rincón”.

Adujo que en los fallos de instancia no existe ningún medio de convicción con el cual se pueda demostrar que entre los citados existía esa relación, pues en el expediente se tiene claro que Gómez García no le sabía el nombre al procesado.

Hizo trascripción de apartes de un fallo de la Corte en el cual se hizo referencia a las circunstancias interpersonales que se deben dar entre la víctima y el “hurtador” a efectos de la consolidación de esa circunstancia de mayor punibilidad.

Afirmó que si la sentencia se hubiese dictado de acuerdo con el artículo 232 ejusdem la conducta derivada tan solo habría sido la de hurto calificado y la pena a imponer sería menor.

2. En el cargo segundo expresó que el juez penal del circuito consumó error derivado de falso juicio de identidad el cual recayó en los testimonios de Luis Felipe Suarez, Raúl Blanco Guerrero y Pedro José Garrido Mantilla en lo que corresponde a la preexistencia del dinero en la cajilla de seguridad, pues ninguno de ellos acompañaron a Gómez García a guardar esa suma en el sitio de referencia.

Argumentó que si bien existen soportes acerca de la tenencia de esos valores por parte de la víctima, de otra no hay evidencia de la guarda en la cajilla, toda vez que Gloria Esperanza Aguilar y Mary Luz Ballesteros León testificaron que aquel pidió la llave para el cofre y se quedó solo, pero que no vieron cuando efectuó el deposito, como quiera que después de entregarle la llave y enseñarle a manejarla, ellas se retiraron para que el cliente “introdujera lo que tenía que guardar”.

Adujo que lo declarado por ellas no se tuvo en cuenta, y en cambio sí se le otorgó valor probatorio a lo manifestado por Rafael Cubides quien escuchó decir a Sarabia Rincón que observó cuando Gómez García depositó un paquete en ese lugar pero sin saber si era dinero.

Expresó que aquel es un testigo de oídas que no es de recibo, quien faltó a la verdad razón por la que lo despidieron del empleo porque tenía interés directo en perjudicar al procesado.

Afirmó que si los jueces hubiesen tenido en cuenta el conjunto de medios de prueba habrían arribado a la conclusión de que no existía claridad acerca del objeto material del delito y los fallos serían absolutorios.

3. En el cargo tercero acusó al ad quem de incurrir en error en la apreciación del hecho indicador del indicio de oportunidad para delinquir.

Adujo que ese hecho indicador no fue probado en contra del procesado pues igual oportunidad y disposición sobre las cajillas de seguridad tuvieron Gloria Esperanza Aguilar, Rafael Cubides y Henry Peláez Meneses.Planteó que de los testimonios “arrimados al proceso” se determinó que todos ellos tenían pleno y libre acceso a las llaves de las cajillas de seguridad, y solo se investigó a Sarabia Rincón, de donde infiere que hubo menoscabo del principio de investigación integral.

De otra parte, afirmó que para el caso, Henry Peláez y Rafael Cubides pudieron ser los autores del hurto, toda vez que ingresaron al maletero donde se encontraban las cajillas, y además porque este último llevaba como empleado mes y medio en el hotel y fue quien rindió testimonio mentiroso en contra de Sarabia Rincón.

4. En el cargo cuarto acusó la sentencia de estar viciada por no estar en consonancia con las imputaciones atribuidas en la resolución de acusación, toda vez que en ninguna parte de esta providencia se hizo referencia a los fundamentos fácticos que sirvieran de soporte para atribuir la agravante por la confianza.

Expresó que en la diligencia de indagatoria no se indicó a Sarabia Rincón que se le imputaba el hurto agravado, tan solo el calificado, y en la parte motiva de la providencia calificatoria cuando se señaló el artículo 241 numeral 2º se habló fue de la utilización de una llave sustraída o falsa para la apertura de la cajilla de seguridad, pero no se habló nada de la confianza como circunstancia agravante.

Debe anotarse que la casacionista no hizo ninguna petición.

5. En el cargo quinto censuró que la sentencia de segundo grado adolece de motivación pues el ad quem se limitó a “hacer disertaciones filosóficas” pero no ofreció razones para concluir que la conducta atribuida al procesado estaba agravada por la confianza.

Por lo anterior solicitó a la Sala casar el fallo y en su reemplazo proferir uno de carácter absolutorio a favor de Robinson Sarabia Rincón.

Intervención del no recurrente:

El apoderado de la parte civil solicitó a la Sala inadmitir la demanda por presentar “fallas de técnica en su redacción, presentación y formulación”.

De otra parte peticionó agilizar el trámite para evitar que el delito consumado por Sarabia Rincón quede en la impunidad.

Consideraciones de la Corte:

1. Para impugnar la sentencia referida era necesario acudir como en efecto se hizo a la casación excepcional que consagra el inciso tercero del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, pues el delito que se le imputó en la resolución de acusación fue objeto de decisión en segundo grado por un juzgado penal del circuito, sin que para el caso tenga incidencia el máximo de pena fijado en la ley para el delito de hurto calificado y agravado.

2. Cuando se acude a la casación excepcional, el demandante debe cumplir dos exigencias: (i) demostrar que la intervención de la Corte es necesaria para la protección de las garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia, y (ii) presentar una demanda que cumpla las condiciones mínimas de forma y contenido requeridas por la ley y la lógica casacional para su estudio.

3. En el primer evento, la jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo que se hace necesario que el recurrente exponga así sea de manera sucinta pero clara qué es lo que pretende con la impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esta corporación.

En relación con la casación discrecional compete al libelista expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial.

Y, si lo pretendido por quien demanda es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido, circunstancias, que como ya lo ha reiterado la Sala, deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la sustentación.

4. Además, las razones que aduce el demandante para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra la sentencia. Lo anterior porque no podría entenderse cumplido el requisito de sustentación, de manera que si se reclama el pronunciamiento de la Sala sobre la protección de los derechos fundamentales o un específico tema, es apenas elemental que la censura le permita a esta corporación examinar en concreto uno o los dos puntos que la habilitan. En otras palabras, debe haber perfecta conformidad entre el fundamento de la casación excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de garantías fundamentales), el cargo o los cargos que se formulen contra el fallo y, por consiguiente, el desarrollo de los mismos.

5. Es pertinente recordar que, en lo relacionado con el desarrollo jurisprudencial, la Sala ha sostenido que es deber del casacionista indicar si lo pretendido es fijar el alcance interpretativo de alguna disposición, o la unificación deposiciones disímiles de la Corte, o el pronunciamiento sobre un punto concreto que en la jurisprudencia no ha sido suficientemente desarrollado, o la actualización de la doctrina, al tenor de las nuevas realidades fácticas y jurídicas; y, además, la incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la actividad judicial, por trazar derroteros de interpretación con criterios de autoridad(1).

6. La segunda condición presupone cumplir con los requerimientos mínimos de forma y contenido señalados en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, a saber: (i) identificación de los sujetos procesales y de la sentencia impugnada, (ii) resumen de los hechos y de la actuación procesal, y (iii) demostración del cargo, exigencia que implica señalar la causal invocada, las normas procesales y sustanciales transgredidas, y las razones del reparo, todo dentro del marco de los principios que rigen la casación y la lógica de la causal planteada.

7. La recurrente asumió de manera previa la enunciación de que existía uno de los motivos que hacen procedente la impugnación discrecional. En efecto, planteó que el fallo de segundo grado se halla viciado por falta de motivación, afectó el derecho de defensa, es incongruente con la resolución de acusación en lo relativo a la agravante de confianza, y se profirió de acuerdo con hechos indicadores falsos, de donde se infiere que la demanda se orientó a la protección de garantías fundamentales, ejercicio que resultó fallido pues los medios de convicción allegados a la actuación demuestran lo contrario a lo así argumentado.

8. El recurso extraordinario de casación se entiende como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias que se efectúa sobre los fallos proferidos en segundo grado. Si bien es cierto, el instituto no obedece a fórmulas rígidas de debida técnica, las impugnaciones deben presentarse como argumentos lógicos y sustanciales desde luego sólidos a fin de socavar de forma total o parcial las decisiones de instancia.

Debe resaltarse que la ausencia de formalidades no significa que la casación penal pueda convertirse en una instancia adicional para alargar los debates en libre discurso como aquí ha ocurrido, ni que la demanda pueda ser utilizada para acusar de manera enunciativa que el fallo de segundo grado se encuentra afectado por falta de motivación, menoscabo al derecho de defensa e incongruencia, aspectos que se plantearon en la misma sin que se advierta vicio constitucional ni legal como para casar la sentencia y proferir una absolutoria de reemplazo, como fue la solicitud elevada por la impugnante.

En esta sede extraordinaria a efecto de la prosperidad de los cargos se demandan argumentos sólidos que a su vez sean lógicos, jurídicos y contundentes en la finalidad de demostrar con efectiva trascendencia sustancial que la declaración de justicia objeto de impugnación, la cual llega a esta sede extraordinaria amparada por el principio de la doble unidad jurídica de decisión, se fundó en errores de hecho o de derecho manifiestos o se profirió al interior de un juicio viciado por irregularidades que afectaron la estructura o la garantía del debido proceso o del derecho de defensa, equívocos claramente diferenciados en sus alcances que reclaman el correspondiente control legal o constitucional y los necesarios correctivos.

Por tanto: cuando en la demanda de casación se desatienden los requerimientos lógicos y de trascendencia orientados a derruir lo decretado en las instancias, o cuando se yerra en señalar los objetos de lo demandado, o cuando lo acusado no se ha consolidado como aquí ha pasado, la consecuencia procesal no puede ser otra que su inadmisión.

10. La Sala dará respuesta a la demanda atendiendo al postulado de prioridad. Mediante este principio se regula que en el evento de ser varias las censuras, estas se deben formular y demostrar atendiendo en orden a su mayor trascendencia procesal. En efecto, los cargos quinto y cuarto referidos a la causal tercera y segunda esto es, por falta de motivación de la sentencia e incongruencia de la misma con la resolución, se debieron plantear en primer lugar respecto de las censuras por violación indirecta de la ley sustancial.

Las siguientes son las falencias que se advierten en la impugnación presentada por la defensora de Róbinson Sarabia Rincón:

10.1. En el cargo quinto desacierta la casacionista cuando de manera abreviada y sin desarrollos pretende atribuir vicios de nulidad parcial al fallo de segundo grado, los que radicó en una ausencia de motivación respecto de la agravación de la conducta por la confianza que se atribuyó a Sarabia Rincón.

Distantes se hallan los enunciados plasmados en la demanda de lo que debe entenderse por ausencia de motivación con proyecciones de nulidad en la sentencia, así:

La atribución de los comportamientos delictivos dados a través de la imputación fáctica y jurídica, objetiva y subjetiva en los fallos en general y para el caso de la Ley 600 de 2000 debe efectuarse de manera clara, precisa y determinada, aspectos que se constituyen en extremos de congruencia y en los objetos materiales y jurídicos para los ejercicios de defensa técnica.

En esa medida, se puede afirmar que cuando una sentencia se hubiese construido con ausencia de fundamentos o estos sean confusos, ambiguos, contradictorios o excluyentes entre sí de manera total o parcial que imposibiliten la seguridad jurídica de lo realmente imputado, es claro que dichas falencias internas se constituyen en motivo de invalidez de ese acto procesal.

El artículo 170 de la Ley 600 de 2000, el cual regula los requisitos de redacción de la sentencia, establece que la misma debe contener:

(i) Un resumen de los hechos investigados, (ii) La identidad o individualización del procesado, (iii) Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales, (iv) El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión, (v) La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado, (vi) Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios, en los eventos que proceda, (vii) La condena en concreto al pago de perjuicios, si a ello hubiere lugar, (viii) La condena en concreto al pago de perjuicios si a ello hubiere lugar, (ix) Si fueron procedentes los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, (x) Los recursos que proceden contra ella.

Estos requisitos están orientados a que en la sentencia los comportamientos punibles derivados se atribuyan de manera motivada, esto es, fundada en medios de convicción de acuerdo con el postulado de necesidad de la prueba del artículo 232(2)ejusdem, todo ello frente a los juicios de tipicidad, dispositivos amplificadores del tipo, antijuridicidad y culpabilidad, sobre los que el procesado tendrá conocimiento para desplegar su defensa.

Si bien es cierto en la citada norma se establece en el numeral 5º “la calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado”, se tiene que el acto de derivación y condena de unas conductas punibles contrae no solo requerimientos de carácter formal sino que además en su construcción se implican condiciones de naturaleza sustancial y que justamente uno de ellos dice relación con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, entre las que se incluyen las agravantes genéricas y específicas que de igual deben pasar el presupuesto de la motivación fáctica y jurídica no etérea sino soportada de acuerdo con el principio de necesidad de la prueba.

10.2. Se exige que la conducta punible objeto de imputación y pena deben estar especificadas de manera clara y no se cumplirá con este requisito cuando se atribuye en forma genérica el delito máxime en los eventos en los que este tenga variables de adecuación en tipos básicos, alternativos o especiales.

Con lo anterior se significa que las derivaciones universales que se hacen de las conductas punibles no imprimen seguridad jurídica como extremo de defensa, pues impiden determinar de cuál tipo penal en singular es por el que se impone condena al procesado y de cuál delito en especial es del que debe defenderse.

En igual sentido, constituye vicio que afecta esa garantía cuando se efectúan motivaciones anfibológicas, esto es, cuando en la sentencia se incurre en indeterminaciones respecto de los elementos subjetivos puesto que la conducta punible no se agota solo en los aspectos típicos objetivos sino que además, en ella de manera inescindible se implican los aspectos de la imputación subjetiva referidos a las formas de culpabilidad como comportamiento doloso, culposo o preterintencional. En efecto:

En el artículo 12 de la Ley 599 de 2000 se estatuye que solo se “podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad”, entendiéndose que las modalidades subjetivas de la conducta punible de acuerdo con el artículo 21 ejusdem, son las de dolo, culpa o preterintención, de lo cual se deriva de manera complementaria que en nuestro sistema penal (y aun cuando no es el caso presente ello también importa para los procesos adelantados conforme a la L. 906/2004), “está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”.

En esa medida, si la sentencia como expresión de verdad formal y material constituye el ejercicio probatorio, procesal y sustantivo de mayor trascendencia al interior del debido proceso y en el referente de los ejercicios de defensa, se comprende que cuando se trata de la responsabilidad del sindicado, esta se debe determinar de manera clara y precisa la modalidad de imputación subjetiva que se atribuye, plasmando de manera determinada si se hace respecto de una conducta dolosa, culposa o preterintencional y máxime cuando estas dos últimas modalidades solo son imputables en los casos expresamente señalados en la ley de acuerdo con el artículo 21 del Código Penal.

Por tanto, si en el acto de condena se omite la imputación subjetiva, es decir, cuando dentro de la atribución jurídica que se realice al procesado no se especifica la forma de culpabilidad y se deja dicho aspecto esencial de la conducta punible en la indeterminación, es claro que se constituye en una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso y que por ende genera nulidad, pues el procesado por virtud del principio constitucional de publicidad del artículo 29 tiene derecho a saber de cuál conducta se lo acusa, entendiéndose esta no solo en cuanto a los aspectos de la imputación objetiva sino también de la imputación subjetiva.

A su vez, se constituye en motivación ambigua y por consiguiente anfibológica, cuando en el acto de condena se incurre en indeterminación respecto de la forma de intervención en el delito referida a una circunstancia agravante genérica o específica.

En la teoría del delito recogida en nuestro Código Penal en sus artículos 29 y 30, se tiene que todo comportamiento criminal implica una determinada forma de intervención humana en la misma, entendiéndose entre aquellas la acción del hombre a título de autoría (intelectual, material, mediata), coautoría (propia o por cadena de mando), o de partícipe como cómplice, interviniente o determinador, especies que poseen aspectos esenciales que los identifican y diferencian, y que merecen atención para evitar los resultados de indeterminación a los que se ha hecho referencia.

Por tanto, existirá irregularidad sustancial con afectación del debido proceso en los eventos en que en la sentencia de primero o segundo grado los juzgadores no precisan cuál de las formas de intervención es la que atribuyen constituyendo motivación ambigua o anfibológica cuando al efectuar las imputaciones de autoría o de participación las confunda o haga entremezclas de los elementos esenciales que las identifican y diferencian.

La Corte ha dicho(3):

El principio de motivación de las decisiones judiciales desempeña una doble función: (i) endoprocesal: en cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y (ii) función general o extraprocesal: como condición indispensable de todas las garantías atinentes a las formas propias del juicio, y desde el punto de vista político para garantizar el principio de participación en la administración de justicia, al permitir el control social difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional(4).

El derecho de motivación de la sentencia se constituye en un principio de justicia que existe como garantía fundamental derivada de los postulados del Estado de derecho, en tanto que el ejercicio jurisdiccional debe ser racional y controlable (principio de transparencia), asegura la imparcialidad del juez y resguarda el principio de legalidad.

Para el cabal ejercicio del derecho de contradicción, se demanda del funcionario judicial la motivación de sus decisiones para conocer debidamente sus argumentos que le sirven de sustento y así poder con mejor facilidad emprender la tarea de su contradicción bien sea controvirtiendo la prueba que le sirvió de soporte, allegando nuevos elementos de juicio que le desvirtúen o en últimas impugnando la providencia correspondiente.

Las decisiones que tome el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro del proceso —v.gr. una sentencia—, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, en efecto, si hay alguna justificación en la base de las garantías que reconocen la defensa técnica, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia, el principio de contradicción o el de impugnación —todos reconocidos por el C.P., art. 29—, ha de ser precisamente la necesidad de exponer los fundamentos que respaldan cada determinación, la obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial(5).

Esta garantía fue prevista en una norma positiva expresa en nuestro ordenamiento constitucional anterior(6), ahora el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, impone al juez el deber de hacer referencia a los hechos y asuntos esgrimidos por los sujetos procesales, al igual que lo hacen los artículos 3º de la Ley 600 de 2000 que en cuanto a sus normas rectoras establece que el funcionario judicial “deberá motivar” las medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales, y 170 y 171, pues la providencia judicial no puede ser una simple sumatoria arbitraria de motivos y argumentos, sino que requiere una arquitectura de construcción argumentativa excelsa, principal muestra de lealtad del juez hacia la comunidad y hacia los sujetos procesales.

Configura uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y social de derecho, al garantizar que una persona investida de autoridad pública y con el poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones, resuelva, de manera responsable, imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que surjan entre las personas en general, en virtud de los cuales se discute la titularidad y la manera de ejercer un específico derecho, consagrado por el ordenamiento jurídico vigente(7).

De manera que puede que sea concebida desde este enfoque como la contrapartida del derecho constitucional del libre acceso a la jurisdicción efectiva en virtud del cual todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial material que concluya con una decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes (C.N., art. 230), presentando desde luego pretensiones legítimas pues no resulta suficiente la posibilidad formal de llegar ante los jueces con la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, porque su esencia reside en la certeza que en los estrados judiciales se surtirán los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión(8).

Una sana argumentación es la explicación de las razones que conducen a adoptar una determinación y permite el control de la legalidad de la principal manifestación del poder judicial propio de todo Estado democrático. Así se somete la providencia al escrutinio de los sujetos procesales y de la sociedad pues si bien el pronunciamiento jurisdiccional tiene un efecto inter-partes, también concita el interés general, amén del fin pedagógico que demuestra y persuade que se trata esa de la mejor solución posible, no la expresión cruda del ejercicio de una competencia sino el caro fruto de la lógica y la razón. Desde otra perspectiva, la respuesta judicial genera un elemento de estudio y doctrina para casos similares, creando jurisprudencia y una fuente de derecho.

La sentencia judicial es un acto de comunicación del Estado con la sociedad, en ella se da cuenta de cómo se ejerce la autoridad en su nombre, no se trata de sojuzgar o subordinar al ciudadano por la sola investidura que la sociedad ha prestado a órganos accidentales de una misión trascendental para la sociedad. La majestad de la justicia supone un ejercicio magisterial que demanda una preocupación permanente por comunicarse con el individuo, por mostrarse racional y coherente en la decisión, cuando esta no es comprendida por el destinatario, el epílogo del proceso arroja un saldo de agresión y no el plus pedagógico necesario para legitimar la función ejercida(9).

Es decir, como lo afirma Osvaldo Alfredo Gozaíni,

El contenido de la motivación no es otro que resolver con razones que se justifiquen sin esfuerzo dialéctico. Debe existir una ponderación jurídica que acompañe el proceso lógico de aplicación normativa, con el sentimiento implícito de hacer justicia que esta sea perceptible a quien se dirige y, en dimensión, a toda la sociedad.

Dicho en otros términos, como lo hace Farell: la circunstancia de que los jueces deban juzgar de acuerdo con razones excluye también la posibilidad de que ellos decidan con base en la simple expresión de sus preferencias. Los jueces emiten juicios basados en razones, y tratan de alcanzar una “verdad”, entendida en este caso como una buena interpretación del derecho vigente”.

En torno a la ponderación del aspecto fáctico y su incidencia en la aplicación del derecho como factores trascendentes de la motivación de la sentencia, debe recordarse que a la fijación del aspecto fáctico se llega a través de la elaboración de juicios de validez y de apreciación de los medios de convicción, orientados estos últimos por las normas de la experiencia, de la ciencia o de la lógica, o de las reglas que les asignan o niegan un determinado valor. El mandato constitucional impone que la fundamentación de la sentencia debe comprender el correspondiente juicio sobre los elementos probatorios y que el mismo sea expreso y asertivo y no hipotético, toda vez que si el fallo no es explícito o determinante sino que se manifiesta de manera imprecisa, remisa o contradictoria, o se limita a enunciar las pruebas, omitiendo su debida evaluación y discusión y, por ende, el debido mérito persuasivo o conclusivo, necesariamente el acto jurisdiccional es defectuoso en cuanto no es posible su contradicción por parte de los sujetos procesales.

Precisados los hechos prosiguen las consecuencias jurídicas, escenario en el que igualmente la fundamentación se constituye en una exigencia de orden constitucional, pues al juez se le impone el deber de expresar sin ambigüedad tanto los argumentos jurídicos de sus conclusiones como la obligación de responder de manera clara, expresa y suficiente los planteamientos presentados por los sujetos procesales.

Por consiguiente, una propuesta de nulidad en casación por falta de motivación de la sentencia debe encontrarse vinculada a la insuficiente o nula fundamentación del supuesto fáctico que concluyó probado el juez o de su encuadramiento jurídico, que son los aspectos que estructuran la sustancialidad de la sentencia”(10)-(11).

La Sala al ocuparse de las situaciones que pueden conducir a la anulación de la sentencia por falta de motivación, ha identificado cuatro (4), distinguiendo entre (i) ausencia absoluta de motivación, (ii) motivación incompleta o deficiente, (iii) motivación ambivalente o dilógica y (iv) motivación falsa; las tres primeras como errores in procedendo enjuiciables a través de la causal tercera y la última como vicio de juicio atacable por vía de la causal primera cuerpo segundo.

En la primera el fallador no expone las razones de orden probatorio ni los fundamentos jurídicos en los cuales sustenta su decisión; en la segunda, omite analizar uno de los dos aspectos señalados o los motivos aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que ella se sustenta; en la tercera las contradicciones que contiene la motivación impiden desentrañar su verdadero sentido o las razones expuestas en ella son contrarias a la determinación finalmente adoptada en la resolutiva; y, en la cuarta la motivación del fallo se aparta abiertamente de la verdad probada(12).

10.3. No es cierto que en el fallo de segundo grado se omitieron motivaciones acerca de la agravante de la confianza atribuida al aquí procesado en lo que respecta al delito de hurto calificado. Por el contrario, en la misma, entre otras consideraciones, se dijo:

El contenido de los anteriores cinco numerales nos permiten concluir que son hechos ciertos y probados que: (i) el comerciante Samuel Gómez García se hospedó en el Hotel Sevilla Plaza de esta ciudad y su ingreso fue registrado por el administrador Róbinson Sarabia Rincón, quien se enteró por el propio huésped que iba a requerir al siguiente día de los servicios de las cajillas de seguridad para guardar un encargo bastante grande, (ii) el comerciante en ganado Samuel Gómez García el 7 de mayo de 2004 luego de cumplir con su cometido de la venta de ganado, volvió al hotel llevando consigo una bolsa contentiva de dinero en efectivo producto de la transacción, (iii) depositó la suma de catorce millones de pesos en una de las cajillas de seguridad del hotel, habiéndole prestado el servicio el administrador Róbinson Sarabia Rincón, personaje que eligió la casilla a abrir y estuvo todo el tiempo atento a las labores desarrolladas por el huésped a fin de introducir la bolsa con el dinero que incluso le colaboró oprimiendo la bolsa para que la tapa de la cajilla pudiera cerrarse, (iv) una vez asegurada la millonaria suma de dinero salió con destino a la población de San Alberto a continuar con las labores propias de la ganadería, regresó al hotel al siguiente día y de inmediato reclamó el servicio de apertura de cajilla a la recepcionista de turno, quien fue la encargada de esta segunda fase de la operación con la sorpresa que ya no hallaron el dinero dentro de la cajilla, (v) el inculpado en su indagatoria mintió en aspectos puntuales como el relativo al procedimiento de introducción del paquete por el cliente en la cajilla de seguridad, enlodó la figura del denunciante con miras a tender un manto de duda sobre la real ocurrencia del delito y así acusar al huésped de estar realizando acusaciones sin fundamento.

En orden al autor o autores del hurto, el proceso comenzó a mostrar desde la denuncia la figura del administrador Róbinson Sarabia Rincón, como el más probable ejecutor de la misma, dado que fue a este ciudadano por su calidad de administrador a quien el denunciante le confió desde su ingreso que iba a requerir de los servicios de cajilla de seguridad, posteriormente (al día siguiente) atendió de manera personal y directa al huésped en el proceso de introducción del paquete con los fajos de billetes dentro de la cajilla número doce, elegida directamente por el administrador, hechos que indican que dentro del conglomerado de empleados del hotel, el administrador tenía un conocimiento privilegiado sobre los servicios a demandar y efectivamente solicitados por el huésped y por ende la oportunidad para realizar el ilícito se hacía fuerte y grande respecto de este, no así sobre los demás que estaban totalmente ajenos a lo que estaba sucediendo alrededor del cliente (resalta la Sala).

Por lo anterior, se concluye que el cargo de nulidad parcial por falta de motivación en lo que corresponde a la referida agravante, se inadmite, pues de los textos de las consideraciones efectuadas por el ad quem se advierte que se plasmaron supuestos de hecho y derecho y desde luego fundamentos serios con los que se cumplió a cabalidad con el postulado referido.

10.4. En el cargo cuarto desacierta la impugnante al plantear que la sentencia de segundo grado no es congruente con los formulados en la resolución de acusación en lo que corresponde a la agravante derivada.

Sobre el instituto de referencia, la Corte(13) ha dicho:

En vigor de esta normatividad se ha dicho por la Sala que a los jueces les está vedado cargar circunstancias de mayor punibilidad en la sentencia cuando ellas no aparecen en la acusación(14), pues el principio de congruencia se predica entre la resolución acusatoria ( o su equivalente) y la sentencia en sus aspectos personal (sujetos), fáctico (hechos y circunstancias) y jurídico (modalidad delictiva), a riesgo de que si alguno de ellos no guarda la debida identidad, se quebrantan las bases fundamentales del proceso y se vulnera el derecho a la defensa, en cuanto el procesado no puede ser sorprendido con imputaciones que no fueron incluidas en la acusación ni se le pueden desconocer aquellas circunstancias favorables que redunden en la determinación de la pena(15).

También ha dicho la Corte que las irregularidades que afecten el principio de congruencia repercuten en la estructura del proceso, de donde si en la resolución de acusación y en la acusación en general, no se le imputó expresamente al procesado la circunstancia de agravación..., tampoco se tendrá en cuenta en la sentencia, en respeto de la aludida congruencia, que es estructural en el debido proceso(16).

En otra decisión sostuvo que:

La concordancia entre sentencia y acusación, cualquiera sea el acto en el cual se halle contenida esta (resolución, formulación de cargos para sentencia anticipada, o variación de la calificación provisional durante el juzgamiento), constituye, de un lado, base esencial del debido proceso, en cuanto se erige en el marco conceptual, fáctico y jurídico, de la pretensión punitiva del estado y, de otro, garantía del derecho a la defensa del procesado, en cuanto que a partir de ella puede desplegar los mecanismos de oposición que considere pertinentes y porque, además, sabe de antemano que, en el peor de los casos, no sufrirá una condena por aspectos que no hayan sido contemplados allí(17), tesis que: evolucionaría hasta postular que la acusación no podía dejar de considerar fáctica y jurídicamente las circunstancias de agravación que definen la conducta, sean objetivas o subjetivas, genéricas o específicas, valorativas o no valorativas, de manera que no quede duda alguna de su atribución, como garantía de un adecuado derecho de defensa(18).

En la resolución de acusación en el acápite titulado “adecuación típica de la conducta” se escribió como imputación jurídica: “el comportamiento descrito se acomoda a lo establecido en el libro II, título VII, artículo 239, 240 numeral 4º y 241 numeral 2º del Código Penal, como hurto calificado, atendiendo a la utilización de la llave sustraída o falsa para la apertura de la cajilla de seguridad.

En lo que corresponde a la atribución fáctica soporte material de la que viene de citarse, si bien es cierto, no se utilizó de manera específica el término aludido por la impugnante, ello no constituye falencia alguna, pues de los textos se entiende la relación en comento, valga decir, que Samuel Gómez García, solicitó a Róbinson Sarabia Rincón el servicio de cajilla de seguridad para depositar una suma elevada de dinero, debido a su condición de administrador del Hotel Sevilla lo que constituía una relación de confianza, sin que pueda afirmarse que ese entorno no fue materia de tratamiento fáctico. En efecto en esa providencia, entre otras consideraciones se dijo:

Se parte de una denuncia coherente y seria formulada por el afectado, quien hace una narración ponderada de los hechos, describiendo, sustentando y acreditando en debida forma las circunstancias no solo en las que adquirió el dinero sino la forma en que hizo la entrega del mismo, recibiendo simultáneamente la llave correspondiente, haciendo la salvedad de que no era esta la primera vez que se hospedaba en ese hotel, entregando en otras oportunidades dinero que coincidencialmente era depositado en el casillero identificado con el número doce y entrado (sic) al mismo administrador hoy sindicado.

Obra así mismo la indagatoria del sindicado, quien acepta la presencia del denunciante en otras oportunidades, así como la solicitud que aquel le hiciera sobre la utilización del casillero, admitiendo haber acompañado al usuario hasta el mismo, pretendiendo hacer notar que no detectó el momento en que el denunciante depositó el dinero en razón de haber recibido una llamada precisamente en ese momento.

Nos parece poco coherente que se solicite una caja de seguridad, que no se corrobore lo que allí realmente se guarda y pese a ello se le entrega al usuario la llave de la misma que desde luego lo legitima para efectuar cualquier reclamación frente al establecimiento de comercio (...).

Además debe tenerse presente la declaración del señor Enrique Javier Cañas Ríos, al parecer usuario del hotel, quien dice haber utilizado en muchas oportunidades el cajero de seguridad del hotel Sevilla Plaza, el mismo que al ser consultado sobre el procedimiento reconoce que cuando deposita dinero le informa dicha circunstancia al administrador Róbinson Sarabia Rincón el cual observa cuando se deposita el dinero (...).

Gloria Esperanza Aguilar Ortiz, recepcionista del hotel, ratifica el servicio prestado al señor Gómez García, aclarando que efectivamente los empleados Henry Peláez, José Luis, Mary Luz, Róbinson Sarabia Rincón, ella y algunas veces el botón de turno son los encargados de manejar las llaves de las cajillas, pero que quien conoce sobre los bienes guardados dentro de las cajillas, solo es quien esté de turno en la recepción, el mismo que tiene a cargo las cajillas, concluyendo que la única persona del hotel que conocía sobre los bienes guardados por el señor Gómez García lo era el señor Róbinson Sarabia Rincón ya que el recepcionista solo se entera cuando le va a abrir la cajilla a la persona que está atendiendo. Reconoce ser ella la persona que abrió la cajilla aquel día por solicitud del señor Gómez García con la sorpresa de que allí nada había (...).

De otra parte, obra la declaración del señor Enrique Javier Cañas Ríos, usuario del servicio de cajillas del hotel, el cual narra sobre el procedimiento para el uso de estas, indicando que el señor Róbinson Sarabia Rincón lo acompaña a depositar la plata en el casillero, aclarando que por seguridad le informa a él sobre ese hecho, que lo único es que no se cuenta la plata, pero que él observa el momento en que se deposita.

De acuerdo con los textos anteriores, se observa que la relación subjetiva y objetiva que condujo a García Gómez a solicitar el servicio de cajilla de seguridad a Sarabia Rincón para depositar una suma de dinero en la cuantía referida, fue precisamente la confianza, palabra o elemento que como se dijera no aparece expresa en la resolución de acusación, pero se halla ínsita en las consideraciones que sirvieron de soporte fáctico para imputarle la agravante, razones más que suficientes para concluir que este cargo se inadmite.

10.5. El cargo primero mediante el cual acusó al ad quem de incurrir en error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición de medios de convicción con los que se probó la agravante referida, no tiene ninguna vocación de éxito. En efecto:

El error de hecho en la modalidad cuya incursión anunció la demandante, en aras de proyectarse como un juicio lógico-jurídico contundente con la potencialidad de romper en forma total o parcial lo sustancialmente decidido, comporta una singular metodología:

(i) Exige que el censor señale la existencia material del medio de prueba de que se trate, sean estos individuales o plurales.

(ii) Implica que el casacionista en el libelo se detenga en objetivar los contenidos sin existencia material, es decir, en identificar de manera puntual las expresiones contraídas en los mismos, referidas a los aspectos sustanciales objeto de discusión que fueron de suposición por los juzgadores.

(iii) Además se hace necesario que el impugnante a partir de los referentes probatorios, materia de invención por virtud de las conjeturas, demuestre la trascendencia del yerro, esto es que sin su influjo y apartados de la valoración probatoria de conjunto se constate que el fallo se habría producido de manera diferente. Y,

(iv) La impugnación no puede elevarse de manera solitaria y apenas enunciativa como en efecto se hizo en la demanda, sino que además corresponde relacionarla con los otros medios de convicción para el caso en concreto sí valorados, incluidos los juicios de inferencia indiciarios realizados, demostrando en vía de la concreción que aislados los contenidos fácticos supuestos, con la prueba restante la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como para el caso determinado podría ser la exclusión de la agravante, aspectos de los que no se ocupó el demandante.

En acápites anteriores se hizo trascripción de las motivaciones efectuadas en la sentencia de segundo grado referidas a la agravante. En esa medida, a ellas se debe remitir, para verificar que los fundamentos así elaborados no se efectuaron de manera conjetural ni a través de invenciones probáticas, todo lo contrario, con fundamento en facticidades que ponen de presente que el motivo que conllevó a Gómez García a solicitar el servicio referido, fue la confianza que le transmitía el administrador del Hotel Sevilla Plaza, valga decir, el ánimo de tranquilidad de estar guardando su dinero en un sitio seguro sin riesgos de extravío, pues por efectos contrarios, por principio no es dable, aunque ello no es un absoluto, que alguien disponga a utilizar una cajilla de seguridad para poner a salvo pertenencias valiosas, si los encargados del lugar o si el recepcionista que lo acompaña a efectuar el depósito en el sitio reservado, le inspiran recelo, inseguridad o desconfianza, circunstancias subjetivas que no son del caso concreto.

Por lo anterior, el cargo se inadmite.

10.6. El cargo segundo en el cual acusó al ad quem de incurrir en error de hecho derivado de falso juicio de identidad sobre los testimonios de Luis Felipe Suárez, Raúl Blanco Guerrero y Pedro José Garrido Mantilla en lo que corresponde a la preexistencia del dinero en la cajilla de seguridad, pues ninguno de ellos acompañaron a Gómez García a guardar esa suma en el sitio referenciado, de igual se inadmite.

El error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad, cuya incursión de manera escasa enunció la demandante, en aras de proyectarse como un juicio lógico-jurídico contundente con la potencialidad de socavar en forma total o parcial lo sustancialmente decidido, comporta unas pautas de forma y contenido a saber:

(i) Exige que el censor señale la existencia material del medio de prueba de que se trate, sean estos individuales o plurales.

(ii) Implica que el casacionista en el libelo se detenga en objetivar los contenidos, es decir, en identificar de manera puntual las expresiones referidas a los aspectos sustanciales objeto de discusión mediante los cuales los juzgadores desfiguraron o distorsionaron el cuerpo o identidad íntegra de la prueba, haciéndole decir lo que expresaba por agregados o impidiéndole expresar lo que aquel en forma real revela por cercenamientos.

(iii) Además, se hace necesario que el impugnante a partir de esos referentes probatorios, demuestre la trascendencia de los agregados o de las mutaciones fácticas, de modo que sin su influjo se constate que el fallo se habría producido de manera sustancial diferente.

(iv) La impugnación no puede elevarse de manera escasa o incompleta como en efecto se hizo en la demanda, sino que además corresponde relacionarla con los otros medios de convicción para el caso en concreto sí valorados, incluidos los juicios valorativos o de inferencia realizados, demostrando en vía de la concreción que con la prueba vista en su identidad corpórea sin afectaciones de extensiones ni restricciones al haberse integrado a los restantes medios de prueba, la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como para el caso podrían ser el de absolución del hurto por ausencia de objeto material, aspectos de los que no se ocupó la demandante.

Ahora bien, revisado el expediente y el fallo de segundo grado, no se advierte que el ad quem hubiese efectuado agregados fácticos a los testimonios en cita, por el contrario, Raúl Blanco Guerrero y Pedro José Guerrero Mantillaexpresaron que el 7 de mayo de 2004 le compraron ganado a Samuel Gómez García en suma equivalente a siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil pesos ($ 7.463.000) el primero y siete millones cuatrocientos mil pesos ($ 7.400.000) el segundo, dinero que llevó al Hotel Sevilla según lo constató Luis Felipe Suárez Uribe quien lo condujo en su vehículo y lo acompañó hasta la puerta del establecimiento. En esa medida no puede afirmarse de manera ligera como lo hizo la demandante que sobre aquellos el juez de segundo grado incurrió en errores de hecho derivados de falso juicio de identidad que para nada se observan.

De otra parte, no deja de ser inocuo lo planteado por la impugnante cuando intenta construir dudas acerca del real depósito de dinero en la cajilla por parte de Samuel Gómez García, a partir de lo declarado por Gloria Esperanza Aguilar y Mary Luz Ballesteros León quienes relataron de manera genérica cuál es el procedimiento que se hace cuando un cliente solicita el servicio de cajilla de seguridad en el hotel.

De manera concreta dígase que ellas de ninguna manera negaron que Gómez García hubiese guardado esos valores pues para el caso quien de manera directa lo atendió el día de los hechos fue Róbinson Sarabia Rincón. En esa medida pretender construir vacíos probatorios relativos a la posibilidad de la inexistencia de esas pertenencias constituye un ejercicio inútil y superficial y máxime cuando se elabora en libre discurso al estilo de alegato de instancia, sin ninguna trascendencia.

10.7. El cargo tercero mediante el cual censuró al ad quem de incurrir en error de apreciación respecto del indicio de oportunidad para delinquir, debido a la ausencia de prueba del hecho indicador, de igual, no tiene vocación de éxito.

En este punto olvidó la recurrente la metodología que gobierna el ataque en casación a la prueba indiciaria, de acuerdo con pronunciamientos de la Sala(19), es dable afrontarla de la siguiente manera:

(i) Cuando se ataca la prueba del hecho indicador cabe la posibilidad de formular errores de hecho derivados de falsos juicios de existencia cuando el juzgador hubiese supuesto la prueba que lo soporta.

Por esta modalidad también es dable plantear cuestionamientos cuando los jueces hubiesen omitido o ignorado considerar los medios de prueba en los que tuviesen asiento hechos indicadores de circunstancias excluyentes de la forma de participación atribuida o indicadores de una conducta ausente o incluyente de responsabilidad penal.

Además, puede ser objeto de censura por el sendero del error de hecho derivado de falsos juicios de identidad, cuando el fallador hubiese efectuado tergiversaciones o distorsiones fácticas a los elementos materiales probatorios o a las evidencias físicas, al hacerle decir a estos lo que no dicen o por impedirles expresar lo que aquellos muestran, resultado que se produce por agregados o cercenamientos.

En esa medida, el juzgador da por existentes hechos indicadores que no tienen soporte y como tales no podían ser utilizados para efectuar inferencias lógicas, o por la vía de aquellas supresiones o aumentos desecha hechos indicadores que habrían sido de utilidad para la construcción de procesos deductivo-inductivos.

A su vez, la prueba de aquel es susceptible de ser impugnada por la modalidad del error de derecho por falso juicio de legalidad, en el evento en que los medios de convicción autónomos —personales o reales— de los que se deriva o soporta el hecho indicador se hubiesen incorporado en forma ilícita o ilegal o por irregularidades cometidas en la cadena de custodia(20).

En esa proyección, demostrada la inexistencia jurídica de los medios de prueba, elementos materiales probatorios y evidencia física conforme a los dictados del artículo 29 de la Carta Política en donde se ordena tener por nulos de pleno derecho, es decir, inexistentes, los que se hubiesen aducido, producido o incorporado con violación del debido proceso, por efectos de correspondencia se comprenderá que también lo serán los hechos indicadores que de aquellos se deriven.

(ii) Los indicios también pueden ser objeto de impugnación en lo que dice relación con el proceso de inferencia lógica en cuyo caso, partiendo de la aceptación de la existencia material y jurídica del medio de convicción, corresponde demostrar que de aquel o aquellos hechos indicadores no se podía deducir o derivar el hecho indicado o lo concluido, sino a través del menoscabo o atropello de las máximas de experiencia, las leyes de la lógica o de la ciencia.

En el anterior evento se debe utilizar la metodología sustancial cuando de la censura de errores derivados de falso raciocinio se trata, desde luego teniendo como referente inicial el fenómeno o fenómenos indicantes con los que se ha construido la singular inferencia que se acusa de ilógica y se pretende derruir.

(iii) Y, desde luego que otro de los extremos objeto de acusación en tratándose de indicios es el relativo a la articulación individual o plural de los mismos entre sí o de aquellos con los otros medios de prueba autónomos en lo relativo a la fuerza demostrativa o poder de persuasión.

En este evento corresponde demostrar que la convergencia efectuada en la sentencia por los juzgadores a los diferentes indicios o de estos con los restantes medios de convicción, se realizó con trasgresión de los postulados de la sana crítica pues no se puede elaborar una censura de manera libre como alegato de instancia, y que en esa medida no tenían la fuerza ni la capacidad de construir entre ellos el grado de verificación de la certeza.

Esta modalidad de impugnación respecto del poder de persuasión, puede formularse, objetivarse y demostrarse de manera independiente, pero desde luego, también puede ser complementaria de las otras maneras de impugnar el indicio vistas.

Además, debe precisarse que en los casos en que se elaboran censuras por las modalidades antes vistas, corresponde al censor detenerse en la trascendencia de los errores cometidos y ocuparse de demostrar por vía de la posibilidad argumentativa que de no haberse incurrido en esas falencias, los sentidos sustanciales de lo fallado habrían podido ser otros, aspectos que deberán de señalarse y que para nada se ocupó el casacionista.

Debe afirmarse que la impugnación de la existencia del hecho indicador del valorado indicio de oportunidad para delinquir se hizo de manera solitaria y sin ninguna fuerza de incidencia en los resultados del fallo, pues en efecto, esa no fue la única inferencia lógica que realizó el ad quem en orden a demostrar la autoría del delito de hurto calificado agravado atribuido a Sarabia Rincón. Las motivaciones y fundamentos de manera integral fueron objeto de reseña y a ellas se remite, para verificar que el cargo así formulado se proyecta en demasía fragmentado y además inane.

De otra parte, dígase que la casacionista al interior de esta censura arribó al enunciado de que la actuación se encuentra viciada por menoscabo del postulado de investigación integral, pero para nada se detuvo a plantear cuál o cuáles fueron los aspectos que se dejaron de investigar, ni la trascendencia de los mismos en los resultados mutantes de los fallos de instancia. Por tanto, afirmar a manera de enunciado que Henry Peláez y Rafael Cubides pudieron ser los autores del hurto, toda vez que ingresaron al maletero donde se encontraban las cajillas y además porque este último llevaba como empleado mes y medio en el hotel, no deja de ser una ligereza con la cual no se demuestra en absoluto el menoscabo del postulado apenas referido.

Por lo anterior, el cargo se inadmite.

11. Con fundamento en las consideraciones dadas, se inadmitirá la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del estatuto procesal penal, sin que la Sala advierta trasgresión de derechos o garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal que permitan superar los defectos de lo demandado y suscitar un pronunciamiento sustitutivo en los términos solicitados por la casacionista.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda de casación presentada por la defensora de Róbinson Sarabia Rincón.

2. Advertir que contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Maria Del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez,secretaria.

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 26 de febrero de 2000, radicación 18447, entre otros.

(2) Ley 600 de 200(sic). Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 28 de septiembre de 2006. Radicado 22.041.

(4) Al respecto, Michele Taruffo, citado por Gladis E. de Midón en su libro sobre la casación, dice lo siguiente: “La obligación constitucional de motivación nace efectiva del Estado persona, autocrático y extraño respecto a la sociedad civil, y de la consiguiente afirmación de los principios por los cuales la soberanía pertenece al pueblo”. Esta transformación del modo de concebir la soberanía significa, en el plano jurisdiccional, “que la providencia del juez no se legitima como ejercicio de autoridad absoluta, sino como el juez rinda cuenta del modo en que se ejercita el poder que le ha sido delegado por el pueblo, que es el primer y verdadero titular de la soberanía”. “A través del control (social difuso), y antes por efecto de su misma posibilidad (con el deber de justificar las decisiones judiciales), el pueblo se reapropia de la soberanía y la ejercita directamente, evitando que el mecanismo de la delegación se transporte en una expropiación definitiva de la soberanía por parte de los órganos que tal poder ejercitan en nombre del pueblo”.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 2001. También, sentencias. T-175 de 1997, T-123 de 1998 y T-267 de 2000.

(6) Constitución Política de 1886, artículo 161. “Toda sentencia deberá ser motivada”.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997.

(9) Edgardo Villamil Portilla, Las falencias en la argumentación judicial, XXI Congreso colombiano de derecho procesal, 2000, página 63.

(10) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ver, entre otras, casación 14647 del 25 de octubre de 2001, casación 21044 de 19 de enero de 2005, casación 23186 de 11 de mayo de 2005.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de junio 1º de 2006, Radicado. 25382.

(12) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia diciembre 12 de 2005, Radicado. 24011.

(13) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de abril de 2007, Radicado 26.309.

(14) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencias del 1º de febrero de 2007, radicado 23541 y del 24 de enero de 2007, radicado 23479.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de febrero de 2004, radicado 14343.

(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 23 de septiembre de 2003, radicado 16320, reiterada en la Sentencia de 1º de febrero de 2007, radicado 23586.

(17) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de junio de 2004, radicado 20134.

(18) Así se resume la sentencia de la radicación 20.134 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia del 20 de octubre de 2005, radicación 24026.

(19) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de julio 22 de 2009, radicado 31.338.

(20) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de abril 23 de 2008. Radicado 29.416.