Sentencia 32363 de mayo 26 de 2010

 

Sentencia 32363 de mayo 26 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 32363

Aprobado acta 168

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «La corte considera

Es competente la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de apelación propuesto por el opugnador contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla (L. 600/2000, art. 75-3).

1. Respuesta a los argumentos del defensor.

1.1. Dentro de márgenes razonables en la interpretación de la ley sustantiva en relación con la labor del juez de “decir el derecho”, lo que el ordenamiento jurídico espera de los jueces de la República es que acierten en la contemplación material y jurídica de las pruebas del proceso y en la aplicación del derecho vigente al caso específico. Así, cuatro son los referentes de exigibilidad:

Acierto en la contemplación material de las pruebas.

Acierto en la contemplación jurídica de las pruebas.

Acierto en la legalidad de los procedimientos.

Acierto en la aplicación de las normas sustantivas.

Ello es lo que se conoce como el amparo presuntivo de acierto y legalidad del que gozan las decisiones judiciales; el delito de prevaricato por acción se realiza cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones profiere dictamen, resolución, acto administrativo o providencia judicial que de manera manifiesta se aparte del sentido de la norma jurídica llamada a regular el caso, con lo cual afecta la credibilidad, la integridad de la administración pública, tanto como el funcionamiento del sistema jurídico(1).

1.2. Al revisar con detenimiento la decisión que fundamentó la condena por prevaricato contra la Juez Novena Civil del Circuito de Barranquilla, encuentra la Sala que tal providencia de ninguna manera es manifiestamente contraria a la ley, y que es razonable el fundamento de la decisión que procuró actualizar los avalúos comerciales de los bienes inmuebles sujetos a remate. En efecto:

Es sabido que la economía del Estado sufre permanentemente variaciones y que los bienes raíces (aunque en relativas mayores proporciones por razón de su mejor ubicación) fluctúan de manera constante; desde esa perspectiva, no es igual el precio de un inmueble cotizado al año de 1998 que cotizado al año 2003, y ese fue precisamente el punto de vista que tuvo en cuenta la funcionaria para procurar realizar el remate de bienes (en el año 2003) con referencias de valor actualizadas, en clara aplicación de un juicio idóneo de proporcionalidad, de razonabilidad(2), de validez vs. el legalismo puro.

El auto que se cuestiona se fundamentó de la siguiente manera:

“Referencia: 1997-12913 E -2688

Proceso ejecutivo

Demandante: G.B. Construcciones Ltda.

Demandado: Roberto A. Avila Velandia y otros

Juzgado Noveno Civil del Circuito, Barranquilla, octubre siete (7) del año dos mil cuatro (2004).

Mediante la presente providencia procede este juzgado a resolver los memoriales presentados por la parte demandante y que hacen relación a las medidas cautelares que se encuentran decretadas dentro del presente proceso. Para el efecto se tienen en cuenta las siguientes:

Consideraciones:

(...).

Inmueble ubicado en la Carrera 53 Nº 82 - 148 ap. 10 Edificio Porlamar, al cual corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 040-254109, y con constancia de inscripción de la medida cautelar de embargo desde el 27-08-97, en el cual aparece que el demandado Alberto Lora Pedroza es propietario de un 50%. La diligencia de secuestro de este inmueble se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1997. Se encuentra avaluado en el proceso el 19 de mayo de 1998 en la suma de $ 325 800 000, pero que de acuerdo con el certificado del avalúo catastral vigente expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el mismo asciende a la suma de $ 239 759 000, el que incrementado en un 50% nos arroja la suma de $ 359 638 500, por esta razón se procederá a dar traslado a las partes de este avalúo.

Inmueble ubicado en la Calle 78 Nº 55 - 117 ap. 204 Edificio Flamingo, al cual corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 040 - 183949, y en el cual consta que se inscribió la medida cautelar de embargo desde el 29-08-97 y la diligencia de secuestro se llevó a cabo el día 10 de diciembre de 1997, este bien aparece de propiedad del demandado Roberto Ariel Ávila Velandia y se encuentra avaluado desde el 19 de mayo de 1998, en la suma de $ 73 685 600.

En relación con este bien se ordenó citar al acreedor hipotecario Colpatria, quien por medio de oficio allegado al expediente el 14 de enero de 2003, expresó que el demandando Roberto Ariel Ávila Velandia canceló totalmente la obligación y por lo tanto el banco no se hará parte en este proceso ni en otro distinto.

De conformidad con el Certificado de avalúo catastral expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el avalúo es por la suma de $ 61 472 000, que incrementado en el 50% nos arroja un valor de $ 92 208 000 razón por la cual como el avalúo vigente de acuerdo con el certificado catastral supera el allegado al proceso hace 6 años, se ordenará dar traslado a las partes del expedido por el IGAC.

(...).

Por lo expuesto, el Juzgado Noveno civil del Circuito de Barranquilla,

RESUELVE

(...).

3. Determínese el avalúo del Inmueble ubicado en la carrera 53 Nº 82 - 148 ap. 10 Edificio Porlamar, al cual corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 040-254109, el cual se encuentra embargado y secuestrado en este proceso, en la suma de $ 359 638 500, en consecuencia de este avalúo córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días.

4. Determínese el avalúo del Inmueble ubicado en la Calle 78 Nº 55 - 117 ap. 204 Edificio Flamingo, al cual corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 040 - 183949, en la suma de $ 92 208 000, en consecuencia de este avalúo córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días...”.

1.3. En materia de avalúos rige un uso de naturaleza económica, tributaria, que es la actualización de precios y que consiste en revisar permanentemente los avalúos catastrales (se hace generalmente año por año), con el fin de conservar un margen razonable de recaudo tributario (impuesto predial unificado), tema ampliamente tratado por la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1251 de 2001, en consideración a que la revisión de los avalúos catastrales... “produce consecuencias de orden impositivo que pueden llegar a afectar a los interesados”.

En una economía fluctuante el tema de los avalúos no tiene –y no puede tener- una referencia de valor estática. Desde esa perspectiva, resultaba apenas razonable la decisión de actualizarlos en consideración a que los allegados al proceso lo fueron seis años atrás como se advierte en la providencia del juzgado que así lo dispuso –a la fecha del remate- con base en la ley vigente para ese momento.

Por manera que la decisión no se puede calificar como una afrenta manifiesta al ordenamiento jurídico o como un capricho del juez(3), sino como una forma razonable de interpretar la ley(4), independientemente de que la decisión fuere o no— revocada por el superior funcional en el proceso civil (el tribunal de distrito), escenario natural en el que se ventilan las pretensiones de parte.

Ahora bien, no puede ser entendido el proceso penal como apéndice del proceso ejecutivo (civil), y deviene claramente reprochable —por atentar contra el deber de lealtad(5)—, que una de las partes del proceso civil formule denuncia penal contra el juez en los casos en que las decisiones al interior del proceso ejecutivo no satisfagan las aspiraciones que defiende.

Lo cierto es que la decisión judicial objeto de estudio no se ofrece como una afrenta manifiesta a la ley civil - penal, luego de ninguna manera puede reputarse prevaricadora la conducta del juez que ordenó la actualización de los avalúos del inmueble a rematar de conformidad con las disposiciones civiles vigentes al momento de la diligencia judicial.

Asunto de igual connotación debatió la Corte Constitucional en la Sentencia T-016 de 2009 (bien referida por el defensor apelante), que da pie a sostener que... “el deudor ejecutado no tiene por qué soportar ningún detrimento patrimonial en virtud de avalúos desuetos por el transcurso del tiempo, y que le asiste el derecho de que el bien trabado en la litis, como garantía de pago, sea rematado por su justo valor o por uno que guarde concordancia para con su valor real”.

Advierte la Sala, además, que el auto del juzgado fue cuidadoso en garantizar el derecho de contradicción cuando de él se corrió el traslado a la contraparte con la finalidad de que presentara las objeciones a que hubiera lugar.

Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia condenatoria.

2. Respuesta a la impugnación del representante de la parte civil. (La Sala incluye aquí la respuesta a los argumentos del ciudadano Miguel Gonzalo Baquero Ramírez, representante legal de la firma GB Construcciones, reconocido como parte civil en el proceso penal).

2.1. La exclusión de la cláusula penal de la liquidación del crédito.

Por auto del 2 de mayo de 2003 la juez excluyó de la liquidación del crédito la cláusula penal (o cláusula sancionatoria por incumplimiento referida en el contrato), que era de treinta millones ($ 30.000.000) de pesos y que estaba incluida como uno de los factores de liquidación tanto en el mandamiento de pago como en la sentencia.

Tal determinación fue impugnada y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia la revocó el 28 de septiembre de 2005; la segunda instancia estimó que se deben liquidar dentro de un proceso ejecutivo y después de estar ejecutoriado el fallo los valores establecidos... “dentro de la propia sentencia como capital e intereses”, pues es allí en esa providencia donde se deben señalar los parámetros a seguir para la liquidación del crédito, y que no puede ser la fase posterior (de ejecución de la sentencia condenatoria) el momento para determinar cuáles son los factores que conforman los conceptos de capital e intereses, ni en aquel momento se puede establecer la exclusión o inclusión de valores no discutidos ni controvertido al interior del proceso ejecutivo.

Sin embargo, el mero hecho de que la segunda instancia del proceso civil (ejecutivo) hubiere revocado la determinación de la primera instancia, no es elemento que determine la comisión del delito de prevaricato por parte de la juez acusada; la Sala Penal la absolvió de responsabilidad con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Pues bien (...) se considera que la decisión de la juez acusada no deviene en manifiestamente contraria a la ley, ya que es posible que el funcionario judicial al que le corresponde hacer el estudio de fondo, pueda desestimar lo que se ha considerado en el título de recaudo y anotado en el mandamiento de pago, apartándose de lo que se contempló previamente, ya sea incluyendo o excluyendo alguno de sus conceptos en la liquidación del crédito.

En el caso de la doctora Ana Esther Sulbarán Martínez se observa que optó por excluir de la liquidación del crédito el concepto de la cláusula penal, y, por ende, sacó del pago de la obligación la suma de dinero que ella representaba, a pesar de que en el mandamiento de pago de 14 de abril de 1997 se había incluido, todo lo cual no puede ser visto como contrario a la ley, puesto que en realidad es algo permitido por una interpretación razonable de la ley.

En efecto, se ha dicho por la jurisprudencia que “el mandamiento de pago no ata al juzgador”, y en ese sentido se ha explicado... “la naturaleza interlocutoria del auto de mandamiento de pago, no ata al juez, quien al hacer el estudio de fondo puede desestimar el título por defectos sustanciales como el que ofrece el contrato que sirve de abrevadero a las obligaciones reclamadas en este juicio.

De lo anterior se concluye que la circunstancia de haberse excluido por la procesada el concepto de cláusula penal de la liquidación del crédito y la suma de dinero que ella representaba de la liquidación del crédito, no es una decisión judicial que pueda señalarse como prevaricadora de por sí, ya que judicialmente es posible y así lo ha contemplado la jurisprudencia, que el juez se aparte del auto de mandamiento de pago al estudiar de fondo la obligación, y opte por determinarse en ese sentido.

Ahora bien, el argumento judicial con base en el cual la procesada ha explicado la razón por la que no incluyó en la liquidación del crédito la cláusula penal encuentra respaldo legal en el Código Civil, para ser más precisos en el artículo 1594, que establece cómo se debe ejecutar la obligación principal y la pena, ya que esa norma establece que el deudor se debe constituir en mora y de ello no había prueba en el proceso...” (sent. de primera instancia, págs. 50 a 54).

En coherencia, advierte la Corte que se trata de dos perspectivas de interpretación del derecho diferentes (la que promueve la parte ejecutante en el proceso civil y la que adoptó el juez de primera instancia), situación que de por sí excluye la tipificación del prevaricato activo en cabeza de la funcionaria por cuanto su perspectiva, lejos de ser de estilo caprichoso(6), se ofrece... “como un juicio acorde con las facultades que consagra y le otorga la ley” (pág. 52 de la sent.), sin perjuicio de que la decisión haya sido objeto de revocación o de modificación por la segunda instancia en el proceso ejecutivo.

En este sentido, la Sala confirmará la absolución del cargo, proferida a favor de la procesada Ana Esther Sulbarán Martínez.

2.2. En relación con la determinación del juez de primera instancia (Sala Penal del Tribunal de Barranquilla) de abstenerse de condenar a la procesada por conceptos de perjuicios de orden material a favor del denunciante, en cuantía que estimó en “mil millones”, y de orden moral en cuantía que estimó en “mil gramos oro”, baste con recordar al impugnante que en materia de delitos contra la Administración Pública el bien jurídicamente protegido es precisamente “la administración pública” y no el interés privado; se trata de un interés institucional, funcional, no de orden particular en el que no es procedente el reconocimiento de perjuicios de acuerdo con el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al no haberse probado que se causaran.

El denunciante reconocido como parte civil en el proceso penal, tiene la carga procesal de demostrar que con la decisión que reputa prevaricadora se le causó un perjuicio de orden material y - o moral, y si ello no es así, no habrá lugar a reconocimiento de perjuicios por el mero hecho de autoproclamarse “víctima”.

En el entretanto, el prevaricato es un tipo penal de orden funcional, de sujeto activo cualificado (servidor público), susceptible de contemplación jurídica, que no lleva implícita la idea de beneficio específico alguno como elemento del tipo.

La idea de antijuridicidad material o de reprochabilidad del comportamiento prevaricador se relaciona con el compromiso del acusado (servidor público) por garantizar con su comportamiento oficial la buena marcha de la función pública (C.P., título V, capítulo II) en desarrollo coherente con los fines del Estado previstos en el artículo segundo de la Carta Política.

El argumento del recurrente orientado a que la Corte condene a la procesada a pagar a favor de la parte civil reconocida en el proceso penal determinado monto económico por concepto de “perjuicios de orden material” en cuantía de mil millones, y de orden “moral” en cuantía que de mil gramos oro, lo que devela es un propósito exclusivamente monetario, usurero y voraz del denunciante por satisfacer expectativas económicas incumplidas en el proceso civil que promovió, y ello dista muchísimo de la comisión del delito de prevaricato por parte de la funcionaria denunciada.

En razón a ello, la Sala confirmará la decisión de abstenerse de condenar a la doctora Ana Esther Sulbarán por perjuicios materiales y morales, máxime cuando al resultar absuelta de los cargos imputados la condena en perjuicios en el trámite penal se ofrece abiertamente improcedente.

En mérito de lo dicho la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal y administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2009) emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en cuanto condenó a la doctora Ana Esther Sulbarán Martínez a las penas de treinta y seis (36) meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por igual término, multa en cuantía de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes y le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por hallarla penalmente responsable del delito de prevaricato por acción (L. 599/2000, art. 413).

2. ABSOLVER a la procesada de los cargos formulados por prevaricato por acción.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 18 de junio de 2008, Radicado 23051.

(2) La jurisprudencia ha enfatizado en los conceptos de “movilidad salarial”, “aumento en el costo de la vida”, “mantenimiento del poder adquisitivo del dinero”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-276 de 1997; C-1064 de 2001; C-1017 de 2003, entre otras.

(3) “3. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el referido a las simples diferencias de criterios respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, situaciones en las que no se puede considerar la decisión judicial como propia del prevaricato, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución”. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 17 de junio de 2009, Radicado 30748.

(4) Decretos 1400 y 2019 de 1970 (ago. 6 y oct. 26) por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil. Artículo 516. Avalúo y pago con productos. Artículo modificado por el artículo 522736 de la Ley 794 de 2003.

(5) “ART. 71.—Deberes de las partes y sus apoderados. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 27 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Son deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos...”.

(6) Con relación a la estructura del prevaricato activo y cómo se establece la contrariedad manifiesta de una decisión con la ley, la Corte ha sostenido que:

“... la resolución, dictamen o concepto que es contraria a la ley de manera manifiesta, es aquella que de su contenido se infiere sin dificultad alguna la falta de sindéresis y de todo fundamento para juzgar los supuestos fácticos y jurídicos de un asunto sometido a su conocimiento, no por la incapacidad del servidor público y si por la evidente, ostensible y notoria actitud suya por apartarse de la norma jurídica que lo regula.

La conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación entonces a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ellas ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de criterios respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución.

Como tampoco la disparidad o controversia en la apreciación de los medios de convicción puede ser erigida en motivo de contrariedad, mientras su valoración no desconozca de manera grave y manifiesta las reglas que nutren la sana crítica, pues no debe olvidarse que la persuasión racional elemento esencial de ella permite al juzgador una libertad relativa en esa labor, contraria e inexistente en un sistema de tarifa legal.

Sin embargo, riñen con la libertad relativa la apreciación torcida y parcializada de los medios probatorios, su falta de valoración o la omisión de los oportuna y legalmente incorporados a una actuación, en consideración a que por su importancia probatoria justificarían o acreditarían la decisión en uno u otro sentido a partir del mérito suasorio que se les diera o que hubiera podido otorgárseles.

Así las cosas, la manifiesta contrariedad con la ley de la decisión judicial puede provenir de alguno de los supuestos mencionados que hacen arbitraria o aparente la apreciación probatoria, los cuales –según lo dicho- tienen origen en la voluntad y conciencia del funcionario que decide actuar de ese modo y no en un error propio de valoración en el cual pudiera haber incurrido al apreciar un medio de prueba”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de febrero de 2006, Radicado 23.901; ib. sentencia del 18 de junio de 2008, Radicado 29382; ib. sentencia del 30 de mayo de 2008, Radicado 22435, entre otras.