Sentencia 32407 de abril 28 de 2010

 

Sentencia 32407 de abril 28 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32407

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Aprobado Acta 128.

Bogotá, D.C., abril veintiocho de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La viabilidad de la práctica de pruebas, como lo tiene suficientemente sentado la Sala, está determinada por su procedencia en punto de la causal invocada en la demanda(1).

En el asunto objeto de estudio se advierte que la fiscalía invocó la causal tercera de revisión establecida en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y precisó que su alcance fue ampliado mediante sentencia de constitucionalidad C-004 de 2003 referida a aquellos casos en los cuales, tratándose de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, se advierte el incumplimiento ostensible de las obligaciones del Estado en punto de investigar en condiciones de seriedad e imparcialidad tales comportamientos.

Por tanto, es claro que las pruebas deprecadas deben tener relación con el thema probandum inherente a este trámite especial, no establecido por el legislador para prolongar debates ya superados en el curso de las instancias.

Así, el análisis acerca de la conducencia, pertinencia y no superfluidad de las pruebas solicitadas se adelantará teniendo en cuenta el objeto de acreditación, esto es, su utilidad en cuanto atañe a la estructuración o no de la causal alegada por la fiscalía.

En efecto, el artículo 235 de la Ley 600 de 2000 dispone que deben ser inadmitidas las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

En suma, es claro que de acuerdo con la normatividad adjetiva en cita, para conseguir la admisión de las pruebas solicitadas, estas deben ser conducentes, pertinentes y no superfluas o inútiles. La conducencia supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo en relación con la causal de revisión invocada. La pertinencia apunta a que el medio probatorio se refiera directa o indirectamente a los hechos y circunstancias relativas al objeto cuya demostración se pretende, es decir, que resulte apto y apropiado para acreditar un tópico de interés al trámite, y la no superfluidad se orienta a que la prueba sea útil, en cuanto acredite un aspecto aún no comprobado en la actuación.

Una vez efectuadas las anteriores observaciones, sin dificultad constata la colegiatura, que la petición de pruebas presentada por el defensor del entonces agente Benedicto Lara, es tan imprecisa, vaga e indefinida, que no brinda de manera alguna elementos para que la Sala pueda verificar si es consonante o no con el thema probandum propio de esta acción, situación que permite evidenciar su impertinencia.

En efecto, el peticionario no dice, ni la Sala encuentra, de qué forma las pruebas deprecadas tienen la virtud de articularse de alguna manera con los medios probatorios que aduciendo su carácter novedoso ha incorporado la fiscalía en su calidad de demandante dentro de este trámite.

Tampoco el defensor señala con precisión a dónde debe solicitarse la información, cuál es la época de la misma, por qué alude a las placas de ciertos vehículos, y lo más importante, se reitera, que relación guarda ello con el asunto.

Igualmente omite señalar si cuanto pueda exponer su asistido en este diligenciamiento es desconocido, o por el contrario, ya fue dicho en el trámite cuya revisión se propone.

Las razones anteriores son suficientes para considerar que las pruebas solicitadas resultan impertinentes en punto del objeto de acreditación propio de esta acción especial.

De manera oficiosa la Sala ordenará:

1. A través de la dirección de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indique si ha rendido informe relativo al caso de las desapariciones forzosas de Orlando y Edgar Helmut García Villamizar, Pedro Pablo Silva Bejarano, Rafael Guillermo Prado Useche, Rodolfo Espitia Rodríguez, Alfredo Rafael y Samuel Humberto Sanjuan Arévalo, Gustavo Campos Guevara, Edilbrando Joya Gómez, Hernando Ospina Rincón, Francisco Antonio Medina, Bernardo Elí y Manuel Darío Acosta ocurridas durante 1982, en razón de que al parecer intervinieron en el secuestro de los niños Zuleika Adied Álvarez Rojas, Yadid Yijan y Xioux Hader Álvarez Murillo, hijos de José Hader Álvarez, ocurrido en Bogotá el 6 de octubre de 1981 y su posterior homicidio acaecido probablemente en Gachalá entre los meses de mayo y julio de 1982.

En caso afirmativo, se solicitará a la comisión copia del mencionado informe, y que adicionalmente señale si se surtió traslado del asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de ser afirmativa la respuesta, remitir a esta colegiatura copia formal de las decisiones adoptadas sobre el particular.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de práctica de pruebas elevada por el defensor del sobreseído Benedicto Lara, de conformidad con las razones plasmadas.

2. PRACTICAR las pruebas dispuestas de manera oficiosa por la Sala.

Solo procede recurso de reposición contra lo decidido en el numeral 1º de este auto.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Auto de 23 de abril de 2003. Radicación 18453.