Sentencia 32452 de 28 de octubre de 2009

 

Sentencia 32452 de 28 de octubre de 2009  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32452

Aprobado Acta 339

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala casará parcialmente la sentencia recurrida. Las razones son las que siguen:

1. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece el derecho fundamental al debido proceso, no fue derogado (no podía serlo) por la Ley 906 del 2004, que instauró el que se ha denominado “sistema penal acusatorio”.

De la premisa contenida en el mandato superior respecto de que toda persona se presume inocente mientras no sea declarada judicialmente culpable, deriva que nadie puede ser condenado sin que previamente haya sido escuchado, permitiéndosele su defensa, la posibilidad de presentar pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra e impugnar los fallos adversos.

En contra de lo que pudiera pensarse a primera vista, esa garantía no radica única y exclusivamente en cabeza del procesado, sino que se hace extensiva a la integridad de los intervinientes dentro de “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, según deriva incontrastable del inciso primero de la norma constitucional.

2. Si ello es así y dentro de una actuación judicial-penal se incauta, con fines de comiso, un vehículo automotor (u otro bien) y esa pretensión se logra, esto es, el órgano judicial competente declara la extinción del dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, deriva incontrastable que tal decisión debió estar precedida de esas reglas que comportan un proceso como es debido, esto es, que en forma diligente los servidores públicos competentes debieron haber realizado las gestiones a su alcance a fin de notificar a todos los que pudieran tener algún derecho sobre la cosa para que, si a bien lo tenían, acudieran a hacer valer sus pretensiones dentro de un debate contradictorio, con igualdad de oportunidades.

En el caso analizado no se obró en esa forma. El resultado de esa omisión resulta a todas luces desatinado: se condenó a una persona a la que nunca se intentó siquiera notificarle ni, menos, escucharla. Y es que despojar, con carácter de cosa juzgada, a un ciudadano del dominio que ejerce sobre un bien, tiene carácter de condena, de sanción, por modo que tal consecuencia solamente puede derivar de un juicio justo en donde sea escuchado y vencido legalmente. Ello no sucedió.

3. En la actuación no obra siquiera un leve intento del órgano investigador-acusador para acudir a las oficinas de tránsito, en donde se inscribe de manera obligatoria la tradición de los automotores, para constatar quién aparecía registrado como propietario y proceder a su convocatoria para escucharlo y permitirle la defensa de sus derechos.

Los jueces tampoco se percataron de la irregularidad, sino que, sin más, despojaron al dueño de su vehículo, simplemente porque el bien fue utilizado (por persona diversa del dueño) en la comisión del delito, sin dedicar siquiera una línea para desvirtuar si el titular del derecho de dominio (esto es, un tercero) podía o no haber actuado de buena fe, la que ni siquiera averiguaron.

4. No solo no hubo la menor diligencia en ese sentido, sino que de la reseña realizada en el anterior aparte deriva incontrastable que hicieron “oídos sordos” a los múltiples reclamos que el tercero hizo ante los jueces. Estas peticiones han debido mover a fiscalía y jueces a implementar los mecanismos para que, previo al comiso pedido y decretado, fuera escuchado ese tercero. Pero hay más: ante la última súplica del tercero, el señor magistrado ponente prometió que habría pronunciamiento en la sentencia, pero nuevamente la lesión a los derechos del solicitante fue patente, pues la promesa no se cumplió, en tanto que sus requerimientos no merecieron ni una palabra.

5. Si el mandato constitucional no fuese suficiente, que lo es, múltiples disposiciones del Código de Procedimiento Penal obligaban a fiscales y jueces a buscar a aquellos terceros que pudiesen tener algún derecho sobre el vehículo para escucharlos y permitirles defenderse.

Los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 10, 15 y 20, normas rectoras, obligatorias, prevalentes sobre cualesquiera otras y que deben ser utilizadas como fundamento de interpretación (art. 26), imponen a los servidores la carga de respetar la dignidad de todos los intervinientes dentro del proceso, de hacer efectiva la igualdad con que deben ser tratados, de obrar imparcialmente orientándose por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.

Esas disposiciones también imponen el deber de no invertir la carga probatoria, de desarrollar la actuación con total respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella, teniendo como norte la eficacia del ejercicio de la justicia y la prevalencia del derecho sustancial, encontrándose obligados (los jueces) a corregir los actos irregulares tendiendo siempre al respeto de los derechos de lo intervinientes. Igual es carga de los funcionarios garantizar a todas las partes el derecho a conocer y a controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, y respetar la facultad de impugnación contra las decisiones que tengan efectos patrimoniales.

En el caso analizado todos esos mandatos rectores del sistema procesal acusatorio fueron obviados en perjuicio del dueño del vehículo, como que no fue buscado para ofrecerle un trato equitativo a las demás partes, esto es, escucharlo y permitirle la defensa, y cuando se enteró de lo sucedido e imploró se conociera su versión no se le prestó atención alguna, actitud judicial que, obviamente, no se interesó, al menos sobre este aspecto, por establecer la verdad de manera imparcial y objetiva.

No solo se invirtió la carga de la prueba en contra de ese tercero, sino que se le condenó sin siquiera esgrimir argumento alguno que indicase que por no haber obrado de buena fe debía ser despojado de su patrimonio, esto es, se lo expropió con irrespeto total de sus derechos a probar, contra-probar, a impugnar.

La fiscalía, no obstante su propia omisión, pretende que ella se cargue en contra de quien demanda en casación, como que a partir de que el tercero no fue escuchado y, por ese motivo, no pudo impugnar el fallo de primera instancia, la acusación esgrime un argumento en extremo formalista y que desconoce su poca diligencia.

En efecto, la fiscalía reclama se desestimen las pretensiones del propietario del bien, por ausencia de legitimidad, que paradójicamente hace consistir en que no fue reconocido como parte o interviniente y no interpuso apelación, cuando resulta incuestionable que ello obedeció, única y exclusivamente, a que el Estado (fiscalía, jueces) no solo no hicieron nada por notificarle que su derecho estaba en entredicho, sino que cuando aquel se enteró e imploró ser escuchado, se eludió el tema en todas las instancias.

No admite discusión que la sentencia del tribunal (en unidad inescindible con la del juzgado) causó un daño, un perjuicio real al peticionario, en tanto lo despojó, con pretensión de cosa juzgada, de su patrimonio, circunstancia que demuestra que tiene interés en la causa por la que aboga (legitimidad en la causa), o, lo que, es lo mismo, interés jurídico para recurrir. Y de esta situación deriva, de necesidad, que ha debido serle permitido su acceso al trámite procesal, esto es, la legitimación dentro del proceso, para que pudiese cuestionar ese acto de extinción.

El “sistema de partes” que, se dice, instauró la Ley 906 del 2004, no impide el que sujetos procesales diversos de acusador-acusado intervengan dentro del trámite para ejercer sus derechos, sin que ello desvirtúe el esquema. Así, el legislador faculta la participación dentro de la actuación judicial de la víctima, del tercero civilmente responsable y del Ministerio Público.

Además, si, con ese argumento, se impide el acceso al dueño de un bien incautado con fines de comiso, los jueces estarían impedidos para acceder a ese tipo de medidas reales, como que permitirlas comportaría la entronización de la arbitrariedad, en cuanto se aplicaría un decomiso, una extinción, una confiscación sin fórmula de juicio, sin pedir ni permitir explicación alguna al titular del derecho.

6. Los servidores judiciales desconocieron el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, que si bien desarrolla el mandato del estatuto penal sobre el comiso, supedita este al respeto de los derechos de los terceros de buena fe. Pero evidentemente para aplicar la disposición se exige un mínimo de diligencia para buscar a ese tercero a fin de escucharlo, o, cuando menos, que una vez este averigüe y se haga presente por sus propios medios, se busquen las alternativas para oírlo.

7. Es cierto que la Ley 906 del 2004 parece que no estableció con claridad un procedimiento a través del cual quienes se consideren terceros de buena fe puedan concurrir a hacer valer sus derechos. El supuesto vacío, no obstante, no puede servir de excusa para dejar de actuar, o, lo que es más grave, para hacerlo con irrespeto total de los derechos de esos posibles terceros de buena fe, en lo que constituye una perversión del debido proceso, pues en este caso, en últimas, el procedimiento porque se optó y decidió comportó una condena originada exclusivamente en una responsabilidad objetiva.

El artículo 25, que regula el principio de integración, dispone que cuando existan materias que no estén expresamente reguladas en el Código de Procedimiento Penal se debe acudir al de Procedimiento Civil. Y en los artículos 135 y siguientes del último estatuto se desarrolla todo lo relacionado con el trámite de incidentes procesales, previstos precisamente para resolver cuestiones accesorias.

Que el procedimiento civil, en cuanto a su forma, sea diferente del previsto en la Ley 906 del 2004, en modo alguno puede ser obstáculo para implementarlo en aquellos aspectos en que la última no haya reglado un asunto específico, tal como argumenta la procuraduría, pues cuando el legislador procesal penal permitió la integración, en norma rectora y prevalente, conocía con suficiencia las características del estatuto procesal civil, y con conciencia de ello, ordenó la remisión.

El artículo 85 del Código de Procedimiento Penal ofrece otra solución, pues determina que cuando quiera que se suspenda el poder dispositivo de un bien, con la pretensión de lograr su comiso, la medida se mantendrá hasta que se resuelva el asunto con carácter definitivo.

A renglón seguido, la norma agrega que si el fiscal verifica que el bien se encuentra dentro de una de las causales que haría viable la extinción del derecho de dominio, “dispondrá en forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva”. Y esta acción, que cumple el mismo cometido del comiso, establece el procedimiento para perseguir y lograr esa meta, pero con el respeto irrestricto del debido proceso y la garantía a la defensa de todos quienes consideren tener derecho sobre el bien.

Es cierto que la regla de que se trata parece estar dada para cuando el juez de control de garantías niega la medida provisional de suspensión del poder dispositivo del bien, pero es evidente que nada obsta para que tenga aplicación en todos los casos.

8. La conclusión resulta incontrastable: en el trámite revisado se faltó a las formas propias de un proceso como es debido y a las garantías del señor José Arcadio Parra Ruge, quien se anunció como tercero de buena fe, en su condición de propietario del vehículo de placas OIE-218.

Esa irregularidad sustancial está prevista como motivo de nulidad en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal y, por contera, estructura la segunda causal de casación prevista en el artículo 181 del mismo estatuto.

En este caso, como la lesión se presentó en desarrollo del proceso penal y se trata de un tercero que alega su buena fe, la vía más adecuada para escuchar y debatir las pretensiones de la fiscalía y para permitir que todos quienes se consideren con derechos sobre el bien puedan postular y defender su causa es el trámite incidental arriba reseñado. Por tanto, se dispondrá la nulidad parcial de las sentencias, exclusivamente en lo relacionado con el comiso dispuesto sobre el automotor.

En su lugar, inmediatamente el juez de primera instancia adelantará el trámite necesario para que a través de un incidente se resuelva el asunto señalado.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente la sentencia impugnada.

2. Declarar la nulidad parcial de las sentencias del 26 de marzo del 2008 y del 11 de mayo de 2009, proferidas, en su orden, por el Juzgado 11 Penal del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá, exclusivamente en cuanto ordenaron el comiso del vehículo de placas OIE-218.

En consecuencia, el juez de primera instancia dispondrá lo necesario para que a través de un incidente procesal se resuelva el reclamo de quien se anuncia como tercero de buena fe en su condición de propietario del vehículo descrito, con apego irrestricto al debido proceso y el respeto por las garantías de quienes aleguen derechos sobre el bien.

En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».