Sentencia 32514 de septiembre 27 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 110010326000 2006 00012 00

Expediente: 32.514

Referencia: Recurso de anulación de laudo arbitral

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Actor: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia

Demandado: Inversiones Zapata Lotero y Cía. Ltda.

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado es competente para conocer privativamente y en única instancia del “recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia”.

En el presente caso, los contratos 1750 y 1956 del 1º de septiembre y el 19 de noviembre de 1999, de los cuales se derivaron las controversias resueltas a través del laudo arbitral acusado, fueron celebrados entre la sociedad Zapata Lotero y Cía., Ltda. por un lado, y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, por el otro; esta clase de entidades estatales, de conformidad con la definición legal contenida en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, son “... entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente”.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 80 de 1993, el objeto de la misma es disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, categoría de la cual hacen parte, para los efectos de esta ley, no solo las enumeradas expresamente en su artículo 2º, sino todas aquellas personas jurídicas en las que exista participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que adopten, y los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos; conforme a esta disposición y a lo estipulado por el artículo 9º del Decreto 1768 de 1994, en materia de contratación las corporaciones autónomas regionales están sujetas a las normas de la Ley 80 de 1993; dice esta última disposición: “Las corporaciones sujetarán su régimen contractual a lo establecido en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y a las demás que las modifiquen o adicionen”; esto quiere decir, que el laudo arbitral acusado, versó sobre un contrato estatal.

En consecuencia, la Sala es competente para conocer del presente recurso extraordinario de anulación.

II. El arbitramento

El artículo 116 de la Constitución Política de 1991, contempló la posibilidad de que los particulares administren justicia de manera excepcional, como un mecanismo de solución de conflictos que viene a constituir así mismo, un medio de descongestión judicial; dicha norma superior, dispone que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

De acuerdo con lo anterior, las partes de un eventual litigio, podrán sustraer su conocimiento de la jurisdicción estatal y someterlo a la decisión de particulares, que son designados por los mismos interesados o por quienes éstos señalen para tal fin, conforme a los términos en que esta figura sea regulada por la ley, árbitros que fallarán a través de providencias denominadas laudos arbitrales, que tienen la misma categoría de las sentencias judiciales, hacen tránsito a cosa juzgada y no son susceptibles de recursos ordinarios.

Ya de tiempo atrás, nuestro régimen jurídico contemplaba este mecanismo de solución de conflictos, que se halla regulado por el Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, cuyo artículo 111, lo definió como “...un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”.

La Corte Constitucional se refirió a esta figura en los siguientes términos (1) :

“El arbitramento, consiste... en un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte. Adicionalmente, la doctrina constitucional lo ha definido: “... como aquel por medio del cual una persona o varias a nombre del Estado, en ejercicio de una competencia atribuida por este y consultando solo el interés superior del orden jurídico y la justicia, definen el derecho aplicable a un evento concreto, luego de haber comprobado los hechos y de inferir una consecuencia jurídica, cuyo rasgo esencial es el efecto del tránsito a cosa juzgada” (2) .

Así mismo, este mecanismo de administración de justicia en el cual los árbitros actúan por autorización de la ley y habilitación de las partes en conflicto, se halla enmarcado por ciertos límites de índole material y temporal: en cuanto a los primeros, porque solo pueden someterse a la solución de los árbitros, aquellos litigios que versen sobre asuntos que sean materia transigible, es decir, que recaigan sobre derechos y bienes patrimoniales respecto de los cuales sus titulares tienen capacidad legal de disposición; contrario sensu, están excluidos temas no transigibles, tales como el relativo al estado civil de las personas o el orden público; en cuanto a los límites de índole temporal, se observa que el tribunal de arbitramento solo existirá durante el tiempo acordado por las partes o estipulado en la ley y terminará sus funciones una vez expida el respectivo laudo arbitral.

Con relación a esta figura procesal, dijo la Sala en pasada ocasión:

“De otro lado, se observa que el instituto de la justicia arbitral acogido en nuestro sistema jurídico como un medio sanativo de solución de conflictos que además contribuye a la descongestión de la justicia, ha tenido gran auge por cuanto representa para los interesados varias ventajas, tales como la oportunidad de obtener la solución del litigio en forma más rápida, toda vez que al elegir a los árbitros, las partes se están asegurando un tribunal que juzgará exclusivamente esa controversia, dentro del plazo fijo señalado por la ley o por las partes en el pacto arbitral —cláusula compromisoria o compromiso— para adelantar y decidir el proceso; la posibilidad de designar las personas que actuarán como árbitros y que las partes consideran más idóneas para conocer del litigio, razón por la cual, su decisión brindará mayor confiabilidad a las partes; la informalidad relativa con la que se adelantan los procesos arbitrales; etc. etc.” (3) .

Es claro entonces, que en cierta clase de litigios que por su naturaleza lo permiten porque generalmente versan sobre asuntos transigibles, las partes están en libertad de escoger si los someten a la jurisdicción común, o si acuden a la justicia arbitral, en la cual podrán ellos, así mismo, escoger a sus propios jueces y la clase de proceso que regirá la solución de sus diferencias; esta libertad de elección implica así mismo, que, en principio, las partes deben conformarse con la decisión que se produzca, cualquiera que ella sea.

Ahora bien, en relación con el procedimiento de los procesos arbitrales, se observa que existe una regulación que contiene los requisitos que las partes deben observar respecto de la constitución y funcionamiento de los respectivos tribunales de arbitramento, contenida, como ya se dijo, en el Decreto 2279 de 1989, con las reformas introducidas por la Ley 446 de 1998 —normas que a su vez fueron compiladas en el Decreto 1818 de 1998—, el cual regula también lo atinente al trámite, culminación y decisión de esta clase de procesos, constituyéndose en el marco jurídico procesal de la actividad de los árbitros, cuyo exacto cumplimiento implica así mismo el respeto al principio constitucional de garantía del debido proceso.

III. El recurso de anulación de los laudos arbitrales

Como ya se dijo, el arbitramento es un medio de administración de justicia que las partes escogen, renunciando a acudir a la justicia estatal ordinaria; en él, se conforma un tribunal para decidir un litigio en particular suscitado entre las partes, mediante la tramitación de un proceso que es de única instancia y por ello, en contra de la decisión que le pone fin, no proceden recursos ordinarios como el de apelación.

En estos eventos, el Estado ejerce directamente su función de administrar justicia a través del trámite del recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, que fue creado por el legislador como un mecanismo de tutela de la justicia arbitral, puesto que su finalidad es la de permitir que el juez estatal verifique si en la tramitación de los procesos arbitrales se cumplieron las normas legales que los rigen; así mismo, la ley estipuló las causales por las cuales aquel procede, y que corresponden precisamente a vicios que se pueden presentar en la tramitación del proceso arbitral.

“Se trata entonces, de un mecanismo mediante el cual la jurisdicción estatal puede asumir el conocimiento de la decisión producida como culminación de dicho proceso arbitral, aunque exclusivamente con la finalidad de verificar que este se haya adelantado conforme a las estipulaciones que lo rigen y que en él se haya garantizado y respetado el derecho de contradicción y de defensa de las partes, verificando así mismo que la decisión se haya tomado dentro de los precisos límites impuestos por éstas y por la ley y resolviendo todas las cuestiones sometidas al conocimiento de los árbitros; es decir que el recurso extraordinario de anulación procede únicamente por errores in procedendo, o sea aquellos en los que formalmente hubiera podido incurrir el tribunal en el trámite del proceso y la decisión, sin que el juez del recurso pueda adentrarse en las cuestiones de fondo resueltas en el laudo” (4) .

Como culminación de ese estudio que adelanta la jurisdicción en virtud del recurso extraordinario, puede producirse la anulación total o parcial del laudo arbitral acusado, si se comprueba la existencia de alguna de las causales de anulación taxativamente consagradas por la ley; no obstante, existen algunas de ellas, que permiten al juzgador del recurso proceder a corregir el laudo, tal y como lo dispone el inciso 2º del artículo 40 del Decreto 2279 de 1989 —reformado por el artículo 129 de la Ley 446 de 1998—, en el sentido de que cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1º, 2º, 4º, 5º y 6º del artículo 38 del mismo decreto (5) , se declarará la nulidad del laudo y “... en los demás casos se corregirá o adicionará”.

IV. En los contratos estatales

También en materia de contratación estatal, podrán las partes pactar que las diferencias o conflictos presentes o futuros que surjan entre ellas con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato estatal, sean sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento, mediante la inclusión de una cláusula compromisoria en el contrato —para litigios futuros— o la suscripción de un compromiso, una vez se presenta la controversia; en estos casos, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, el arbitramento deberá ser en derecho.

En cuanto al recurso de anulación en contra de los laudos proferidos para dirimir controversias provenientes de contratos estatales, el mismo está regulado tanto en la Ley 80 de 1993, como en el Decreto 2279 de 1989 con las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, normas compiladas a su vez, por el Decreto 1818 de 1998; esto es así, en virtud de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley 80 en su último inciso, en el sentido de que “El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia”, es decir, las mencionadas.

Por otra parte, el mismo artículo 72 consagra taxativamente, las causales por las cuales procede el recurso extraordinario de anulación en contra de los laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias surgidas de los contratos estatales:

1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.

2. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento.

4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.

5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

Dichas causales, dan lugar a la anulación del laudo o, excepcionalmente, a su corrección, en los casos de contener el laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, haber recaído sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido, y no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento (causales enlistadas en L. 80/93, art. 72, nums. 3º, 4º y 5º), eventos que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989, como ya se vio , dan lugar a la corrección o adición del laudo.

Así mismo, se advierte que las causales deben ser expresamente alegadas y sustentadas por el recurrente, y no pueden ser aplicadas por analogía a otras circunstancias ni extendidas a situaciones que no correspondan a las dispuestas en forma concreta por el legislador, ni pueden ser modificadas por las partes.

Expuestas ya las generalidades del arbitramento, del recurso de anulación contra laudos arbitrales así como lo relativo a las causales de anulación, resulta pertinente efectuar el estudio de las causales invocadas en el presente caso.

V.Primera causal alegada

Como ya se vio, el recurrente expuso en primer término, la “Causal quinta”, que corresponde al numeral 5º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993: “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.

El fundamento fáctico de esta causal, según el recurrente, está constituido por la falta de pronunciamiento del tribunal de arbitramento sobre nulidades absolutas existentes en el contrato, y sobre la caducidad de la acción, debiéndolo hacer aun de oficio.

Esta causal, junto con la contenida en el numeral 4º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (6) , constituyen una manifestación del principio de congruencia de las sentencias, el cual puede verse afectado por los fallos denominados ultra petita (cuando el juez concede más allá de lo pedido), extra petita (cuando se concede algo que no fue pedido) y cifra o infra petita (cuando se concede menos de lo pedido), siendo esta última modalidad, la que corresponde a la causal aquí invocada, puesto que se alegó que el tribunal no resolvió todas las cuestiones sujetas al arbitramento, es decir, que el laudo arbitral acusado, no abarcó todos los asuntos que le correspondía decidir.

Se requiere, entonces, en aras de resolver este cargo, determinar cuáles son esas “cuestiones sujetas al arbitramento” sobre las cuales debe pronunciarse el juez arbitral; y al respecto, debo recordarse que el marco de la competencia de que goza el mismo, está dado en primer lugar por la ley; en segundo lugar, por las disposiciones de las partes en el pacto arbitral, respecto de los asuntos que serán sometidos a la decisión de los árbitros; y en tercer lugar, por las pretensiones incluidas en la demanda y las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

De tal manera que, el juez arbitral está en el deber de decidir, en primer lugar, las cuestiones que le han sido planteadas en el proceso por las partes, pero sus determinaciones no se limitan exclusivamente a estos extremos, puesto que en virtud del marco legal de su competencia, existen otros asuntos que por mandato de la ley está llamado a resolver, así no hayan sido materia de la demanda o de la contestación, es decir, así no sean cuestiones propuestas expresamente por las partes; se trata entonces, del ejercicio de facultades oficiosas que le han sido atribuidas directamente por el ordenamiento jurídico, en su calidad de juez, aunque la misma sea temporal.

Al respecto, se observa que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, hace referencia al principio de congruencia de los fallos judiciales, estipulando que “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley” (se resalta); esto quiere decir, que en principio, debe pronunciarse el juez sobre todas las excepciones que aparezcan probadas, salvo aquellas que, debiendo ser alegadas, no lo hayan sido; así lo corrobora el artículo 306 ibídem, al establecer que “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

Por su parte, en materia contencioso administrativa, el Código Contencioso Administrativo estipula en el artículo 164 la facultad del demandado de proponer excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, y dentro del término de fijación en lista, en los demás casos; y así mismo, el deber del juez de decidir en la sentencia definitiva “... sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada ...”, reiterando que son excepciones de fondo aquellas que se oponen a la prosperidad de la pretensión, y aclarando que “... el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus ” (las negrillas son de la Sala).

Es claro entonces, que no son solamente las cuestiones planteadas por las partes procesales las que dan lugar a decisiones y pronunciamientos del juez, sino que existen otros asuntos que éste debe resolver, de oficio; por ello, la causal de anulación en estudio, consistente en “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, puede configurarse no solo en el evento del fallo cifra o infra petita, es decir aquel que concede menos de lo pedido o cuando no se resuelven las excepciones planteadas por la parte demandada, sino también, cuando debiendo el juzgador resolver otras cuestiones que le competía decidir, no lo hace.

La Sala se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esta causal; en sentencia del 10 de marzo de 2005 (7) , por ejemplo, se hizo el recuento de algunos procesos (8) en los que se declaró la prosperidad del recurso extraordinario de anulación, por haber omitido los árbitros la resolución de asuntos que les competía decidir y que podían influir en las determinaciones que debían tomarse, como cuando no se pronunciaron sobre la objeción que por error grave se formuló en contra de un dictamen pericial; o cuando el tribunal no dispuso sobre las consecuencias que se derivaban para quien la propuso, del hecho de haberse resuelto negativamente una tacha de falsedad; y mencionó así mismo, otro fallo en el cual se declaró que no había vulneración del principio de congruencia a pesar de que lo decidido por los árbitros no había sido pedido por las partes, por cuanto se trataba de consecuencias obligadas de lo que si se pidió, aludiendo también, a aquellos eventos en los que los árbitros se pronunciaban sobre excepciones probadas, no propuestas por el demandado.

Volviendo al caso presente, se observa que, según el recurrente, de un lado, la acción estaba caducada respecto de algunas pretensiones cuando se presentó la demanda; de otro lado, a su juicio el contrato sobre el cual se adujeron pretensiones ante el tribunal de arbitramento, está viciado de nulidad absoluta y así debió ser declarado de oficio por los árbitros; además, no se pronunciaron sobre la reducción del monto de la indemnización por 10% de reserva para bosques, la inexistencia del daño antijurídico y la falta de nexo causal entre el presunto incumplimiento de Corantioquia y el presunto daño, y que, al no hacerlo, incurrieron entonces en la causal de anulación del laudo arbitral en estudio; al respecto, se observa:

5.1. La caducidad de la acción.

Con relación a este cargo, según el recurrente, teniendo en cuenta: 1. que el término legal de caducidad de la acción es de 2 años, contados a partir del hecho o de la omisión;

2. Que “... en este caso la responsabilidad imputada a Corantioquia se pretende deducir de la ocurrencia de unos incendios ...” sobre el lote objeto del contrato celebrado entre las partes;

3. Que “La solicitud de conciliación se presentó el 23 de enero de 2004, la audiencia se hizo el 4 de febrero de 2004 y la demanda se presentó e n octubre 20 de 2004”‘, y

4. Que “Los incendios a que se hace referencia en la demanda, y que se incluyen como causa petendi de la misma con sus respectivas fechas, son los siguientes: Incendio enero 23 de 2002, 43.5 hectáreas; incendio agosto de 2002, 105.8 hectáreas”, era evidente que se produjo la caducidad de la acción respecto de las pretensiones derivadas de la destrucción de plantaciones ocasionada por los incendios que se presentaron con anterioridad al 23 de enero de 2002 y por lo tanto no podían ser objeto de reconocimiento las hectáreas destruidas en esos incendios; en consecuencia, al no pronunciarse de oficio sobre la caducidad de la acción, el tribunal incurrió en la causal de anulación alegada.

La Sala advierte que, ciertamente, la caducidad de la acción es una de aquellas excepciones que le corresponde resolver oficiosamente al juez, es decir que debe declararla cuando la encuentre configurada, así la parte demandada no la haya alegado en su contestación.

En materia de arbitramento, que, como ya se vio, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos autorizado constitucionalmente y reglamentado por la ley, lo que esta defiere a las partes es la posibilidad de cambiar de jurisdicción, es decir, que se les permite escoger un juez distinto del natural para someter a su conocimiento y decisión las controversias o litigios suscitados entre ellas; pero esa facultad debe ejercerse dentro de los límites legales existentes, entre los cuales se halla el de la oportunidad para presentar la demanda, lo que significa que es indispensable que no se haya extinguido el derecho de reclamar judicialmente.

En el caso de los tribunales de arbitramento constituidos para dirimir controversias surgidas de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de contratos estatales, se observa que en principio estos litigios, son controlables a través de la acción contractual contemplada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, cuyo término de caducidad es de dos años (9) , según lo estipula el mismo código en su artículo 136; o sea que la parte de un contrato estatal que pretenda demandar en virtud d el mismo para elevar alguna de las pretensiones a las que hace referencia el mencionado artículo 87 —que se declare la existencia, incumplimiento o nulidad del contrato, que se ordene su revisión, y se condene a la indemnización de los perjuicios ocasionados, o que se hagan otras declaraciones y condenas—, deberá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, dentro del término legalmente estipulado para ello.

De la misma manera, en el evento en que las partes hayan acordado someter su controversia a la decisión de un tribunal de arbitramento, ellas podrán hacerlo; pero la demanda de convocatoria del respectivo tribunal, deberá presentarse necesariamente dentro del término que legalmente les ha sido otorgado a las partes del contrato estatal, para demandar con fundamento en él, puesto que el mecanismo alternativo de solución de conflictos no puede ser utilizado para obviar la aplicación de una norma procesal, de derecho público, imperativa, como es aquella que establece el término de caducidad de las acciones. Al respecto, ha dicho la Sala (10) :

“Lo primero que hay que aclarar es que es equívoca la apreciación del tribunal de arbitramento en cuanto consideró que el término de caducidad de la acción contractual que consagra el Código Contencioso Administrativo en el artículo 136, no se aplica en “el accionar contencioso arbitral”, ya que en este no se “puso término para que las partes pudieran acudir a este mecanismo alternativo”. Esta afirmación de los árbitros no hace otra cosa que contravenir y de paso desconocer que el arbitramento para dirimir las controversias contractuales será siempre en derecho (L. 80/93, art. 70), en el cual la decisión de los árbitros debe fundamentarse en las disposiciones legales vigentes (L. 446/98, art. 113) y por consiguiente, las reglas de procedimiento aplicables a la solución del conflicto no podrán ser otras que las señaladas en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo dispone el artículo 141 del Decreto 1818 de 1998, atendiendo claro está las excepciones y disposiciones particulares que la ley haya establecido para el procedimiento arbitral.

En este orden de ideas, el plazo perentorio y preclusivo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción contenciosa administrativa de controversias contractuales previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, es el mismo que debe tener en cuenta tanto quien convoca al arbitramento como el tribunal que transitoriamente se conforma para cumplir la potestad jurisdiccional de dirimir el conflicto.

Como quiera que la caducidad es un presupuesto procesal de la acción y puede ser propuesta por la parte demandada por la vía de las excepciones procesales, en el caso del procedimiento arbitral como una excepción de mérito, ya que en este no proceden las excepciones previas (D. 1818/98, art. 141), el tribunal de arbitramento tiene la obligación de resolverlas en su decisión final (...)”.

5.2. La nulidad absoluta del contrato.

Por otra parte, el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, estipula que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; esta facultad también fue otorgada por el legislador al juez contencioso administrativo en materia de contratos administrativos o estatales, al estipularla en el parágrafo del artículo 78 del Decreto-Ley 222 de 1983 y así mismo, en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, que dispone que aquel podrá declarar de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes; actualmente, la Ley 80 de 1993 contempla la misma facultad oficiosa en el artículo 45. En múltiples ocasiones, la Sala se ha pronunciado sobre este poder, reiterando que al momento de dictar el fallo en cualquiera de las instancias, si en el proceso intervienen las partes contratantes, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad del contrato cuando ella es evidente y está plenamente probada (11) .

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia también se ha referido al tema, como cuando afirmó (12) :

“Del adecuado enlace del citado artículo 306 del Código de Procedimiento Civil con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, se desprende una tercera hipótesis relacionada con la declaratoria de la nulidad absoluta cuando se reúnen los presupuestos señalados en la referida ley, pues, no obstante que el demandado no propone la excepción pertinente, debe el juez declararla de oficio, siempre y cuando, se reitera, se encuentren estructurados los requisitos allí previstos, entre ellos, que todas las partes involucradas en el negocio jurídico hubiesen acudido al proceso.

Y, finalmente, aun cuando no hubiesen comparecido al litigio todas las partes que intervinieron en la formación del negocio jurídico, si el demandado no propone las excepciones de nulidad o simulación, no obstante lo cual alguna de ellas aparece acreditada en el proceso, incumbe al juez declararla probada de oficio —a menos, claro está, que se refiera a una nulidad relativa, pues esta siempre debe ser alegada por el demandado—, pero absteniéndose de hacer pronunciamientos distintos a ese, salvo, obviamente, cuando se refiere a una nulidad absoluta que reúna los requisitos previstos en el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, hipótesis a la que ya se aludió. Se pretende entonces, evitar que el negocio nulo o fraudulento pueda producir efectos, o que alguno de los contratantes pueda sacar provecho de él”.

A su turno, la Sala también ya tuvo ocasión de analizar la facultad oficiosa de declarar la nulidad del contrato, frente a las atribuciones de los árbitros, concluyendo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 y en doctrina de la Corte Constitucional (13) , que también ellos están sometidos al principio de legalidad (14) , conforme al cual deben decidir de acuerdo con los términos fijados en la ley, por lo cual, “(...) es claro que a los árbitros resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil en cuanto estatuye que las normas procesales son de derecho público y de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y que en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley (...)” (15) , normas entre las cuales se halla el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que estipula en su inciso 1º, que “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

Queda claro entonces, según lo expuesto, que tanto la caducidad de la acción como la nulidad absoluta del contrato, son excepciones de fondo y asuntos sobre los cuales el juez está llamado a decidir, cuando las encuentre configuradas y se den los requisitos legales para declararlas.

5.3. Declaración oficiosa de excepciones.

No obstante lo anterior, respecto al pronunciamiento oficioso sobre excepciones probadas que no fueron propuestas por la parte demandada, la Sala, recurriendo a la doctrina y la jurisprudencia nacional de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo en la sentencia de marzo de 2005 ya mencionada (16) :

“Ahora bien, tratándose de la decisión sobre las excepciones no propuestas, y que, como se ha explicado, en materia contencioso administrativa —salvo en el caso de la nulidad relativa— pueden ser siempre declaradas probadas por el juez, es claro que, cuando aquella se adopta, no incurre el tallador en incongruencia. En ese sentido, en la sentencia del 4 de mayo de 2000, ya mencionada (Cfr. cita Nº 3), expresó esta Sala que la declaración de la nulidad absoluta del contrato, total o parcial, puede efectuarse oficiosamente, siempre que ella se encuentre plenamente demostrada en el proceso, cuando en él intervienen las partes contratantes o sus causahabientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Así lo reconoce, además, el profesor Devis Echandía, al precisar que, “[e]n nuestro sistema (refiriéndose al sistema previsto en el CPC), no existe extra petita por haberse declarado una excepción perentoria no alegada por el demandado, en vista de que el juez puede y debe considerarlas de oficio, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa del acto o contrato objeto del litigio (art. 306)” (17) [texto en primer paréntesis fuera de cita].

(...)”.

Más complejo resulta el problema pinteado en el recurso que ahora ocupa a la Sala, relativo a la incongruencia derivada de la omisión en que incurre el fallador cuando no resuelve una excepción que aparece probada en el proceso y no fue alegarla por el demandado.

Manifiesta el profesor Devis Echandía, aludiendo a la causal segunda de casación, que la misma se configura, entre otros casos, en aquellos en que la ley impone la obligación al juez de pronunciarse oficiosamente y este omite todo estudio sobre la cuestión y no la considera expresa, ni tácitamente, aun cuando no lo haya pedido la parte, si los hechos están probados (18) .

Resultan, sobre el punto, especialmente pertinentes las siguientes observaciones de la Corte Suprema de Justicia:

“2. En el caso sub lite lo que planteó la parte actora en su demanda fue la “resolución” del contrato de promesa de permuta de 11 de mayo de 1982. Empero, al hacer una rápida confrontación entre dicha pretensión y lo decidido en la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, en cuanto denegó totalmente las pretensiones de la demanda y absolvió de las mismas a la parte pasiva, no se avizora entre tales extremos ninguna señal de incongruencia.

En efecto, si en el contexto del libelo no se demandó la nulidad absoluta del contrato de promesa de permuta, es claro que desde el punto de vista formal la sentencia se encuentra en completa armonía entre lo pedido y lo decidido, pues el tribunal consideró que la “resolución” del contrato de promesa de permuta, es decir, lo que le fue planteado, no se abría paso por cuanto el hecho del incumplimiento endilgado no era atribuible exclusivamente a la parte demandada; y porque, de otro lado, quien se obligó a vender el inmueble “Las Camelias” estuvo dispuesto en todo tiempo a cumplir inmediatamente se percató del error, tal como se deduce de las actuaciones judiciales por él adelantadas.

Por último, para descartar definitivamente cualquier asomo de incongruencia, debe dejarse por averiguado que el tribunal definió que la precitada promesa era válida y que no era de aquellas que por mandato de la Ley 50 de 1936 debía ser declarada nula de manera oficiosa. Este pronunciamiento significó un juzgamiento sobre el punto de la nulidad no obstante no haberse formulado pretensión expresa al respecto. Acerca de este aspecto, es importante tener en cuenta que en las disposiciones que deben darse de oficio, así no se soliciten, puede darse la incongruencia negativa, si se omiten, pero en este caso no puede haber incongruencia porque hubo pronunciamiento, así sea implícito” (se resalta) (19) .

Sobre el carácter implícito del pronunciamiento, debe decirse, entonces, que puede estar dado por la alusión que en la parte motiva de la misma decisión se hace a la cuestión, a pesar de haberse guardado silencio en la parte resolutiva. Pero también puede derivarse del contenido mismo de esta última, en la medida en que suponga, necesariamente, la decisión previa, en sentido negativo, del asunto que podría ser objeto de pronunciamiento oficioso. Esto último resulta evidente si se tiene en cuenta que el juez no está obligado a consignar explícitamente sus consideraciones sobre la falta de prueba de todas las excepciones susceptibles de ser declaradas sin solicitud de parte.

(...).

En ese sentido, resultan suficientemente ilustrativas las siguientes precisiones hechas por la misma Corte:

“Porque, además, a diferencia de las demandas, el fallo del juez puede ser implícito y genérico, pero siempre que sea posible su determinación y reconstrucción del pensamiento del juzgador, consignado allí. Así, el legislador prevé que la sentencia debe contener una parte resolutiva, pero no así en cuanto a la forma especial de esta parte dispositiva, como lo establece para las demandas. Entonces, puede acontecer que el juez no se pronuncie expresamente sobre todas las demandas de las partes, pero del conjunto de la sentencia rectamente interpretada, resulta claro que ha examinado y decidido el punto sobre el cual guarda silencio; en estos casos, el pensamiento del juez está indirectamente manifestado, pero está manifestado. De donde hay que deducir, de acuerdo con reciente jurisprudencia de esta Sala: a) El pensamiento del juez sobre una determinada cuestión puede reconstruirse también a través de los motivos de la sentencia cuando no esté expresa en la parte resolutiva; b) Puede el pensamiento del juez sobre una cuestión deducirse solamente de la solución dada a otra que suponga necesariamente examinada y resuelta de modo inequívoco la primera. En otra forma no habrá fallo implícito, sino defecto de fallo; así sucederá en el caso en que la sentencia acoja la demanda subordinada, concretamente la consecuencial, sin examinar la principal, porque el haber examinado y decidido la subordinada o consecuencial no implica necesariamente que haya examinado la principal; por la misma razón, que en el caso de decidirse la cuestión de fondo sin discutirse la prejudicial. Caso en los cuales no solo hay “defecto de fallo”, por falta de referencia en la motivación, sino “falta de fallo” por cuanto que no solo no está determinado sino porque no es determinable con los elementos ofrecidos en la sentencia ...” (20) (se destaca).

Así las cosas, concluye esta Sala que será imposible acusar de incongruencia la sentencia por la cual se accede a las pretensiones de la demanda, alegando que incurrió en omisión al no declarar probada una excepción que hubiera hecho imposible tal decisión.

Algo similar ocurrirá en el evento en que se adopte una decisión absolutoria. En efecto, no podría configurarse la incongruencia como consecuencia de la no declaración de una excepción, sea que esta haya sido propuesta o que debiera declararse probada oficiosamente.

(...).

Tratándose de una excepción que, conforme a la ley, podría ser declarada de oficio por el juzgador, se observa, en principio, que podría fundarse el vicio de incongruencia en el hecho de no haberse declarado probada, estándolo. Sin embargo, es necesario verificar que no exista, en el caso concreto, un pronunciamiento expreso o tácito en el laudo sobre dicha cuestión. Descartado lo primero, en cuanto ninguna referencia se hizo a la validez del contrato en la parte resolutiva, observa la Sala que ocurre lo segundo.

De una parte, en lo que se refiere a la validez de la cláusula que regula la prórroga del contrato, cuestionada por la recurrente, se encuentra, sin duda, una resolución implícita, por haberse hecho una consideración sobre el punto en la parte motiva del laudo (...).

De otra —y esto sería suficiente para despachar negativamente el cargo, se observa que el tribunal de arbitramento accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la parte convocante, referidas a la declaración de incumplimiento del contrato por parte de Emsa ESP y a la condena al pago de los perjuicios respectivos a favor de la sociedad contratista F.IMM Colombia Ltda. Esta decisión supone, necesariamente, que el tribunal consideró válido el contrato celebrado entre las partes, que tuvo efectos para ellas y, por lo tanto, que estaban obligadas a cumplirlo. En ese sentido, debe considerarse que, en el laudo recurrido, se resolvió implícitamente sobre el aspecto indicado, lo que permite desestimar la acusación de incongruencia formulada.

Una consideración diferente daría lugar, por lo demás, a la anulación total del laudo, en un evento en que el juez del recurso no está autorizado para ello, o, lo que sería aún más grave, a la complementación del mismo, mediante la adición de una decisión completamente incompatible con al resto de la decisión, que resultaría, a la postre, inejecutable” (las negrillas no son del texto original).

En el sub lite, se advierte que los árbitros no dejaron de pronunciarse sobre excepciones de fondo que debían resolver, por cuanto su actuación es indicativa de todo lo contrario:

— En primer lugar, en cuanto a la pretendida caducidad de la acción, se observa que el laudo arbitral en el capítulo VI resolvió lo concerniente a los presupuestos procesales y de fallo de mérito, manifestando que “Los presupuestos procesales, como competencia, capacidad y representación de las partes y demanda en forma, así como los que deben concurrir para una decisión de fondo (legitimación en la causa e interés para obrar) se encuentran presentes y configurados en este proceso, sin que se observe vicio de nulidad que pueda invalidar la actuación arbitral”.

Este de los presupuestos procesales, es un análisis que se impone como requisito previo para el adelantamiento mismo del proceso, por cuanto se trata de establecer si se reúnen aquellas exigencias legales “... que condicionan no solo su nacimiento válido, sino su normal desenvolvimiento y su culminación mediante un fallo con carácter de sentencia ...” (21) ; presupuestos procesales que, pueden predicarse a su vez, de la acción, de la demanda y del procedimiento.

Dentro de los presupuestos procesales de la acción, se halla precisamente el consistente en que no haya transcurrido el término de caducidad de la misma, es decir, que no haya precluido la oportunidad de presentación de la demanda; al asumir el conocimiento del proceso y resolver de fondo, los árbitros, tácitamente, admitieron que la demanda fue oportuna y por consiguiente, que no se presentó la excepción de fondo de caducidad de la acción; y, tal y como sucede con todas las circunstancias constitutivas de excepción de fondo, no puede exigirse al juez un pronunciamiento expreso sobre su inexistencia, toda vez que su deber es declarar las que encuentre configuradas en el proceso.

Además, observa la Sala que la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento —demanda—, cuyas pretensiones consistían en que se declarara el incumplimiento y como consecuencia del mismo, la terminación de los contratos 1750 y 1956 de 1999 y que se condenara al demandado a indemnizar los perjuicios derivados de tal incumplimiento, fue presentada el 20 de octubre de 2004 (fl. 13, vto., cdno. 1) cuando dichos contratos se encontraban vigentes, puesto que tenían un término de duración de 15 años, contados a partir de su suscripción (fls. 17 y 32, cdno. 1).

La convocante alegó que fueron incumplidos por la entidad, respecto de la obligación de vigilancia de la plantación forestal sembrada en las áreas objeto de los contratos y que condujo a que se presentaran varios incendios que afectaron el 60% de la plantación, y que también incumplió el deber de adelantar labores de recuperación del área afectada y de realizar un adecuado mantenimiento sobre el resto de la plantación, manifestando que “... el incumplimiento en el mantenimiento y vigilancia de la plantación por parte de Corantioquia en la Finca San Gabriel de propiedad de la firma Zapata Lotero ha generado pérdidas representadas en la merma y disminución de los frutos, lucros y excedentes económicos que se esperaba generara este contrato con la comercialización de la plantación (...)” (fl. 6, cdno. ppal.).

Se advierte entonces, que las reclamaciones de la demanda se fundaron en un incumplimiento continuado del contrato que se atribuyó a la entidad contratante, y no exclusivamente, como lo sostiene el recurrente, en la ocurrencia de incendios en ciertas y determinadas fechas en el área de la plantación, los cuales fueron aducidos en la demanda como prueba de tal incumplimiento y de las consecuencias perjudiciales que este acarreó para el demandante.

Así mismo se desprende del laudo arbitral, en cuyas consideraciones se analizó la obligación de vigilancia de las plantaciones de bosque que eran objeto del contrato y a cargo de quién recaía dicha obligación, concluyendo, del análisis de las cláusulas contractuales, que la misma estaba a cargo de Corantioquia, y no se limitaba únicamente a las condiciones fitosanitarias de los árboles sino que implicaba una vigilancia integral, obligación que, por otra parte, los árbitros consideraron incumplida (fl. 445, cdno. ppal.).

— En segundo lugar, en relación con la alegada nulidad absoluta de los contratos origen de la controversia, se advierte también que el laudo arbitral se refirió a los contratos 1750 y 1956 de 1999, celebrados entre las partes, determinando el objeto de los mismos, que era el de permitir, autorizar y apoyar el programa ‘Reforestación de laderas’ consistente en la siembra, mantenimiento y explotación de plantaciones de 200 hectáreas en el contrato 1750 y 50 hectáreas en el contrato 1956 en Pino Oocarpa en el predio seleccionado, el cual sería puesto por inversiones a disposición de la corporación; analizó la naturaleza jurídica de los contratos, que el tribunal calificó como estatales por ser la contratante una corporación autónoma regional y por lo tanto consideró que el régimen legal al que estaban sujetos, era el contenido en la Ley 80 de 1993; se refirió así mismo al artículo 9º del Decreto 1768 de 1994, que dispone, sobre el régimen de los contratos de esta clase de entidades estatales, que “Las corporaciones sujetarán su régimen contractual a lo establecido en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y demás que las modifiquen o adicionen”; enlistó y explicó así mismo, las características de los contratos objeto de la litis, que a su juicio son bilaterales o sinalagmáticos, de tracto sucesivo, onerosos y conmutativos, haciendo la distinción entre esta última clase de contratos y los aleatorios, para concluir que en el caso en estudio, las obligaciones de la administración no dependían del azar, y por el lo, los contratos celebrados entre Corantioquia y la firma Inversiones Zapata Lotero y Cía. Ltda., contrario a lo afirmado por la demandada, no podían catalogarse como aleatorios, por el simple hecho de que existiera, como en todo contrato oneroso, un riesgo de ganancia o pérdida.

Aparte de lo anterior, también se refirió el laudo a las plantaciones que fueron objeto de los contratos, estableciendo que las mismas no eran de naturaleza protectora, “... en donde el aprovechamiento se halla limitado a los productos secundarios de las plantaciones, tales como frutos, semillas, látex y resinas ...”, citando para ello el literal c) del artículo 69 del Decreto 1791 de 1996 (22) , porque los contratos no limitaron la explotación de las plantaciones a estos productos secundarios, sino que, al contrario, se contempló la comercialización en un sentido mucho más amplio y el reparto entre las partes, de los frutos o excedentes económicos que se generasen provenientes de la cosecha y comercialización de las plantaciones, lo cual sería improcedente si se tratara de plantaciones de naturaleza protectora.

Llamó la atención el laudo arbitral, sobre el contenido de la cláusula novena de cada contrato, en cuanto estipuló que la corporación debía procurar que la tala de la plantación se hiciera técnicamente, de manera que los árboles retoñaran, es decir que se contempló la tala de árboles, concluyendo que esta actividad “... resulta acorde con la finalidad de las plantaciones forestales protectoras-productoras, según la definición que de las mismas trae el Decreto 1791 de 1996 en su artículo 69, literal b), según el cual, las plantaciones forestales protectoras-productoras, son las que se establecen en áreas forestales protectoras productoras, en las cuales se puede realizar aprovechamiento forestal, condicionado al mantenimiento o renovabilidad de las plantaciones”. Así mismo, encontró que las partes acordaron la realización de cosechas intermedias y finales, lo que evidenciaba también que la naturaleza de las plantaciones no podía ser exclusivamente protectora.

Estudió la documentación previa a los contratos, sobre la futura explotación de predios improductivos y su vinculación a la actividad económica, y cómo se les informó a los propietarios sobre los beneficios resultantes del programa, que contemplaba el suministro de madera para distintas finalidades y usos, y el cálculo de ingresos que se podían generar de las cosechas de los bosques, aspecto que, a juicio de los árbitros, resultaba incompatible con la naturaleza exclusivamente protectora de una plantación.

Por otra parte, el laudo se refirió expresamente a la naturaleza del predio sobre el cual versaban los contratos, indicando que el plan territorial del municipio de Bello no podía ser aplicado al caso concreto, porque fue adoptado a través de un acuerdo del concejo municipal de esa localidad, expedido con posterioridad a la celebración de los contratos; además, sostuvo que “... aunque en dicho acto administrativo se considerara que el predio donde se ubican las plantaciones tiene naturaleza de protector, aun así, según el artículo 230 del Código de Recursos Naturales antes analizado, no es excluyente que en las zonas forestales protectoras se establezcan plantaciones forestales protectoras-productoras, y en todo caso dicha calificación posterior a la celebración de los contratos no los puede alterar en su equilibrio económico inicial...”.

Sostuvieron los árbitros además, que las plantaciones nunca fueron clasificadas en los contratos como eminentemente protectoras, “... aspecto que necesariamente requería pacto expreso en tal sentido, ya que determinaría el consentimiento del particular en la vinculación o no al proyecto de reforestación, pues la vinculación a un proyecto de reforestación por una corporación obedece a causas sustancialmente diferentes a las que motivan al particular inversionista para vincularse a dicho proyecto”.

Para la Sala, este análisis detallado que efectuaron los árbitros respecto de los negocios jurídicos objeto del litigio, es indicativo sin lugar a dudas, de que así no lo hayan manifestado de manera explícita en el laudo arbitral, es lo cierto que a su juicio, tales contratos eran válidos y en consecuencia, resultaba procedente estudiar, como en efecto lo hicieron, lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones que se derivaban de los mismos a cargo de cada una de las partes y como resultado de tal estudio, decidieron en la forma en que lo hicieron.

De lo anterior, la Sala concluye que el laudo arbitral no dejó de resolver sobre cuestiones que estuvieran sujetas a la decisión de los árbitros, es decir que no se configuró la causal aducida por el recurrente, y en consecuencia, este cargo no prospera.

5.4.El no pronunciamiento sobre reducción de la indemnización, el daño antijurídico y el nexo causal:

El recurrente sostuvo, en primer lugar, que conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 2278 de 1953, los bosques no podían ser explotados para madera en un 100%, ya que los propietarios de predios rurales están obligados a mantener en bosque, si existe, o de repoblar con árboles maderables o industriales, una porción del 10% de la extensión total del terreno cuando este exceda de 50 hectáreas; y que esta disposición no fue tenida en cuenta por los árbitros al calcular el monto de los perjuicios.

En segundo lugar, sostuvo el recurrente que el posible daño que adujo el demandante no fue antijurídico, toda vez que en virtud del contrato celebrado, las partes asumieron como un riesgo normal la contingencia o álea de pérdida o ganancia, por lo cual, las partes debían soportarlo; y que a pesar de ser este un elemento esencial de la responsabilidad contractual, los árbitros no se pronunciaron sobre el mismo.

En tercer lugar, adujo el recurrente que a pesar de haber propuesto en los alegatos finales la existencia de una causa extraña que ocasionó los incendios, fuerza mayor o caso fortuito, los árbitros no dijeron nada al respecto.

Con relación a estas afirmaciones, la Sala considera que, si bien el impugnante las presenta y aduce como una omisión en la que incurrieron los árbitros por no haber resuelto asuntos sobre los que debían pronunciarse y que en consecuencia conduce a la configuración de la causal de anulación alegada, en realidad las mismas corresponden a un cuestionamiento que hace el recurrente sobre el análisis de fondo que efectuó el tribunal de arbitramento: los planteamientos jurídicos que sirvieron de base a la decisión y que suponen la aplicación de las normas legales que el juez considera pertinentes, así como la valoración probatoria contenida en el laudo, cuestiones que, como ya se dijo, resultan ajenas a la finalidad del recurso de anulación de laudos arbitrales, puesto que mediante el mismo no adquiere esta jurisdicción competencia para estudiar los errores in iudicando en que haya podido incurrir el juez arbitral, como si de una segunda instancia se tratara.

La Sala reitera que esta causal de anulación, no consiste, como parece entenderlo el recurrente, en un medio para adecuar la sentencia arbitral a los términos jurídicos que él considera acertados, ni a través de ella puede aspirar la parte inconforme con el laudo a que este sea modificado mediante la aplicación de criterios y análisis diversos a los efectuados por los árbitros en su decisión; en realidad, esta causal tiende a garantizar que el laudo contenga la solución de todos los asuntos que le corresponde resolver al juez, y no a cambiar los términos en los que se dio tal solución.

Los árbitros se pronunciaron sobre las pretensiones de la demanda de convocatoria, tendientes a que se declarara el incumplimiento de los contratos celebrados entre las partes y como consecuencia de tal declaratoria, que se decretara su terminación y se condenara a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, pretensiones que despachó favorablemente al declarar el incumplimiento contractual deprecado, declarar terminados los contratos 1750 y 1956 de 1999 y condenar a la entidad convocada a pagar la indemnización de los perjuicios que encontró probados en el proceso, a favor de la sociedad Inversiones Zapata Lotero y Cía., Ltda.; evidentemente, no hallaron configurada ninguna excepción de fondo que debieran declarar de oficio, teniendo en cuenta que la parte convocada no adujo ninguna.

En tales condiciones, no puede afirmarse, como lo hace el recurrente, que el laudo arbitral dejó de pronunciarse sobre puntos que debía resolver, solo porque, al decidir respecto de las pretensiones de la demanda, no lo hizo en la forma como la parte convocada considera que debió hacerlo, y porque las interpretaciones jurídicas y las valoraciones probatorias llevadas a cabo por los árbitros difieren de las que aquella considera que eran las correctas.

En las anteriores condiciones, no encuentra la Sala que los árbitros hayan incurrido en la omisión que les atribuye el recurrente y por lo tanto que se encuentre configurado el cargo que adujo en contra del laudo arbitral.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

VI. Segunda causal alegada: haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.

Esta causal, contenida en el numeral 4º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, también tiende a garantizar el principio de congruencia de las sentencias, por cuanto su finalidad es la de prevenir la existencia de fallos ultra petita o extra petita. Respecto a esta causal, ha dicho el Consejo de Estado (23) :

• “Para detectar la presencia del vicio de la incongruencia es imperioso comparar lo decidido con lo litigado por las partes, entendiéndose por lo decidido a la parte de la sentencia verdaderamente vinculante, o sea la resolutiva, teniendo en cuenta que esta causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes del fallo (24) .

• La disonancia a que refiere la ley como violatoria del principio de congruencia nunca puede consistir en que el juez haya considerado la cuestión de manera diferente a como la aprecia una de las partes litigantes, o en que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de ellas, ya que la mencionada causal no permite entrar en el fondo de la decisión (25) .

• La decisión emitida por el tribunal de arbitramento debe ajustarse a más de la competencia atribuida constitucional y legalmente, a la fijada en forma especial por las partes en el compromiso o en la cláusula compromisoria y en la demanda arbitral, según el caso, ya que son estos quienes de manera expresa precisan los límites dentro de los cuales los árbitros pueden actuar válidamente (26) .

No puede hablarse de fallo extra petita al hecho declarado por el juez, que si bien no fue alegado expresamente por las partes, aparece debidamente demostrado en el proceso y resulta como consecuencia legal de lo solicitado (27) ” (negrillas del texto).

En el presente caso, el recurrente sostiene que el laudo arbitral tuvo en cuenta para decidir y para calcular la indemnización a favor de la convocante, unos incendios que se produjeron con posterioridad a la presentación de la demanda y que por lo tanto no debieron ser evaluados para estos efectos, porque no hacían parte de la causa petendi, que también determina la congruencia de las decisiones.

Aseguró que “... el laudo arbitral solo pudo haberse pronunciado sobre los incendios acaecidos el 23 de enero de 2002 y el mes de agosto de 2002, con los cuales se causó la destrucción de 149 hectáreas, y es sobre esta base que se debió haber calculado el lucro cesante y no sobre la totalidad de la plantación o sea sobre las 270 hectáreas” (fl. 516, cdno. ppal.).

Al respecto, se advierte en primer lugar, que efectivamente como lo afirma el recurrente, la congruencia de las sentencias implica que estas deben estar en consonancia no solo con las pretensiones de la demanda, sino también con la relación fáctica que les sirve de sustento a las mismas, de tal manera que los hechos que aduce el demandante, también representan una limitación de la decisión del juez, en la medida en que no puede resolver por causas distintas a las invocadas en la demanda; al respecto, sostuvo la Sala en pasada ocasión (28) :

Específicamente para efectos de determinar si existe o no la necesaria correspondencia entre lo pedido y lo decidido, es decir si se respetó el principio de la congruencia de la sentencia, la comparación que se efectúe no puede limitarse al examen del capítulo propiamente dicho de las pretensiones, sino que resulta necesario estudiar la causa petendi, teniendo en cuenta que aquellas están fundamentadas en unas razones de hecho que son las circunstancias de las que se pretende deducir lo que se pide; debe entonces el juzgador analizar la demanda en su conjunto, para extraer de ella las afirmaciones del demandante que sirven de basamento a las pretensiones, por cuanto “... la pretensión, en sus dos elementos (objeto y razón de hecho y de derecho), delimita el alcance y sentido del litigio, del proceso y de la cosa juzgada ..., para determinar cuándo hay litis pendentia .... cuándo procede la acumulación de procesos por identidad del objeto, y la objetiva (mal llamada de acciones) en una demanda ..., lo mismo que para conocer cuándo la sentencia es congruente o incongruente para la eficacia de los recursos que por tal motivo se interpongan contra ella ...” (29) (negrillas fuera de texto), lo que significa que la pretensión no está constituida tan solo por la petición que concretamente se eleva al juez, que es lo que constituye su objeto, es decir, el determinado efecto jurídico perseguido, sino que también está conformada por la razón, es decir, el fundamento que se le da según el derecho, fundamento que es a su vez de hecho y de derecho, “... es decir, el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde se pretende deducir lo que se pide y la afirmación de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material” (30) .

De tal manera que, para determinar si un fallo fue extra petita, ultra petita o citra petita, debe examinarse el contexto de la demanda que contiene tanto las pretensiones, como la causa de las mismas, es decir la razón que sustenta el pedimento del demandante”.

No obstante lo anterior, la Sala estima que en el sub lite no se configuró el cargo aducido, por las siguientes razones:

1. En primer lugar, porque contrario a lo afirmado por el recurrente, en la demanda no se hizo alusión exclusivamente a los incendios producidos entre el mes de enero y el mes de agosto de 2002, sino que también se mencionó el ocurrido en febrero de 2004, respecto del cual no se hizo la cuantificación de los daños que produjo, pero manifestó la convocante, que en general, por causas imputables a la entidad demandada, se había afectado aproximadamente el 60% de la plantación, por lo cual solicitó la indemnización de los perjuicios ocasionados; a su vez, el laudo no tuvo en cuenta, para el cálculo del lucro cesante, el área total del predio sembrado, sino que de ella sustrajo el área correspondiente a la plantación no afectada, por lo cual, no podría decirse desde este punto de vista, que en la decisión arbitral se haya concedido más de lo pedido.

2. En segundo lugar, se observa que en los hechos de la demanda se hizo referencia a que durante la ejecución de los contratos suscritos por las partes, “... se evidenció el descuido y desidia en el manejo de la plantación por parte de la corporación, deduciéndose que Corantioquia no cumplió con las obligaciones establecidas en la cláusula novena de ambos contratos. Como consecuencia de la negligencia en el cuidado de la plantación se sucedieron varios incendios que afectaron en promedio el 60% de la plantación”, incendios de los cuales, resaltó tres: el ocurrido en enero de 2002, en el que se consumieron 43.2 hectáreas, otro en agosto del mismo año, en el que se consumieron 107.2 hectáreas, y un tercero, que se produjo en febrero de 2004, respecto del cual, aún no se habían valorado los daños y pérdidas por parte de la corporación (fls. 4 y 6, cdno 1): y aparte de la circunstancia de los incendios, también se alegó como incumplimiento contractual de la demandada que le ocasionó perjuicios a la parte convocante, el hecho de que la entidad no hubiera iniciado labores de recuperación del área de la plantación afectada y destruida con los incendios; así, se observa que solicitó la práctica de una prueba pericial con el fin de determinar el monto de los perjuicios, “teniendo en cuenta el valor invertido en la siembra, mantenimiento y vigilancia de la plantación; y el valor de lo que hubiese producido la plantación en 15 años si se le hubieran hecho los mantenimientos necesarios y se hubiera efectuado la vigilancia de rigor” (las negrillas son de la Sala) (fl. 12, cdno. 1).

En tales condiciones, no puede admitirse el argumento del recurrente, en el sentido de que el laudo acusado concedió más de lo pedido, puesto que en realidad, la parte convocante solicitó la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento contractual de la demandada, y no exclusivamente el reconocimiento de la disminución patrimonial sufrida con ocasión de los incendios forestales en cuestión.

En consecuencia, este cargo no prospera.

VII. Tercera causal alegada: Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos.

Esta causal corresponde a la enlistada en el ordinal 3º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 y el recurrente sostiene que se configuró en el laudo impugnado, porque al efectuar el cálculo del lucro cesante, se cometieron los siguientes errores aritméticos:

a) Haber tenido en cuenta para el cálculo, el 100% de la plantación y no solo el 60% afectado por los incendios, sosteniendo que “... por simple operación matemática el lucro cesante al que tendría derecho la sociedad convocada será la suma de ciento doce millones setecientos diez mil ochocientos dieciocho pesos ($ 112.710.818.55); cifra resultante de multiplicar las 149 hectáreas de bosque que se quemaron por los dos incendios a que hace referencia la demanda, y objeto de debate procesal, por cuatrocientos ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento setenta y un pesos ($ 408.482.171) (valor pericial de la totalidad de las 270 hectáreas) / 270 hectáreas (totalidad de la extensión de la plantación) = 225.421.637.1 (total lucro cesante dejado de percibir por los incendios a que hace referencia la demanda y sobre los cuales se debió limitar el laudo), al dividir por dos la anterior suma, pues las ganancias se repartirían por mitades, nos da que la convocante Inversiones Zapata Lotero presuntamente dejó de percibir por lucro cesante la suma de $ 112.710.818.55, y no la suma de $ 204.241.080.60, a que hace referencia el laudo, error al que se llega por simple operación matemática”.

b) No haber reducido del monto de la indemnización, el porcentaje del 10% de reserva para bosques que indica la ley. Reiteró en este punto el recurrente la exigencia del Decreto 2278 de 1953 a los propietarios de predios rurales de mantener un porcentaje (10% de la extensión total del terreno cuando este exceda de 50 hectáreas) de los mismos en bosque, si lo tiene, o de repoblarlo con árboles maderables o industriales.

Observa la Sala que las anteriores peticiones fueron elevadas ante el tribunal de arbitramento por la parte convocada, al solicitar oportunamente la corrección del laudo arbitral por error aritmético (fl. 473, cdno. ppal.), con lo cual se encuentra satisfecho el requisito exigido en el ordinal 3º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (31) .

No obstante, se considera que en el presente caso lo que el recurrente plantea no corresponde a un error aritmético, por cuanto no está discutiendo una operación matemática equivocada sino los elementos de juicio que tuvo en cuenta el tribunal de arbitramento para calcular la indemnización de perjuicios.

Al respecto, se observa que la jurisprudencia ha tenido ocasión de precisar qué se debe entender por error aritmético, el cual, para que se configure la causal de anulación enlistada en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, debe estar contenido en la parte resolutiva del laudo, concluyendo que (32) .

“... cuando el legislador lo consagró en el régimen procesal civil como hecho susceptible de ser corregido en una sentencia judicial y en este caso, como causal del recurso de anulación de laudos arbitrales, fue porque lo concibió como un típico caso de lapsus calami; como un yerro en la acción de plasmar en el papel lo que concibió el juez en sus consideraciones; se trata entonces, de una equivocación física a la hora de consignar en la parte resolutiva de los fallos las cifras correspondientes a las diferentes condenas que surjan del proceso; son por ello, equivocaciones no conceptuales, es decir no referidas a los factores que el juez considera que deben tenerse en cuenta para los cálculos, como cuando resuelve que la tasa de interés procedente es la moratoria del Código de Comercio y no la estipulada en la Ley 80 de 1993; o que la fórmula de reajuste de precios que se debe aplicar es la contemplada en el pliego de condiciones y no en el contrato; o que la tasa de cambio respecto de una obligación en dólares será la de determinada fecha, etc. etc., sino que hacen relación a las operaciones aritméticas mismas, porque se escribió un número cuando debía ser otro, se sumó cuando debía restarse, etc. etc.”.

Es claro entonces, que se excluye de la noción de error aritmético cualquier yerro de índole conceptual o de criterio, por cuanto en aquel, la equivocación no se presenta respecto de los conceptos utilizados para efectuar los cálculos, o en cuanto a las fórmulas acogidas para ello, sino en la aplicación misma de tales fórmulas, al efectuar las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación o división, o cuando se consigna erróneamente algún número o elemento de tales fórmulas, lo cual obviamente conduce a un resultado equivocado.

Y en el presente caso, precisamente lo que el recurrente discute es que los árbitros, al momento de establecer los perjuicios, más específicamente el lucro cesante que habría de reconocerse a favor de la sociedad convocante, no tuvieron en cuenta unos elementos de juicio que debían hacer parte de tal cálculo y que de haber sido aplicados, habrían conducido a una condena inferior a la proferida; adujo nuevamente el impugnante, como lo hizo al invocar las otras causales de anulación incluidas en el recurso, al hecho de que en el laudo arbitral se analizaron los perjuicios derivados de hechos —incendios de la plantación— que no podían ser tenidos en cuenta, bien porque respecto de ellos ya había caducado la acción, por haber transcurrido más de dos años desde su ocurrencia, o porque sucedieron con posterioridad a la demanda y no hicieron parte de la causa petendi, y así mismo, se refirió a la inclusión en los cálculos de los perjuicios, de un porcentaje de la plantación que, a su juicio, legalmente no podía ser tenido en cuenta para efectos de calcular el lucro cesante.

Es decir que la crítica recae sobre el análisis mismo que de los perjuicios efectuaron los árbitros al determinar en qué consistió el lucro cesante, cómo se configuró, cómo se hallaba representado, qué rubros o datos debían tenerse en cuenta para su cálculo, etc., y no sobre las operaciones matemáticas que se efectuaron para llegar al resultado; es evidente entonces, la improcedencia de las alegaciones que sustentan esta causal.

En consecuencia, el cargo no prospera.

VIII. Conclusión

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, advierte la Sala que no fue probada ninguna de las causales aducidas por el recurrente, por lo cual habrá de declarar infundado el recurso de anulación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 129 de la Ley 446 de 1998.

IX. Costas judiciales

En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989 reformado por el artículo 129 de la Ley 446 de 1998, que establece en su inciso 3º que “cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado el recurso y se condenará en costas al recurrente”, en el presente caso la Sala condenará en costas a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, toda vez que no prosperó ninguna de las causales que invocó como fundamento del recurso de anulación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE infundado el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, en contra del laudo arbitral proferido el 22 de noviembre de 2005 por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre la mencionada entidad y la sociedad Inversiones Zapata Lotero y Cía., Ltda., con ocasión de los contratos 1750 del 1º de septiembre y 1956 del 19 de noviembre de 1999.

2. CONDÉNASE en costas a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia. Tásense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de arbitramento a través de su secretaría.

Magistrado: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente de la Sala, Ruth Stella Correa Palacio—Alier E. Hernández Enríquez—Fredy Ibarra Martínez—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Sentencia C-242 del 20 de mayo de 1997.

(2) Sentencia C-431 DE 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(3) Sentencia del 2 de octubre de 2003. Expediente 24.765.

(4) Sentencia del 13 de julio de 2005. Expediente 29.399.

(5) “1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita... 2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal... 4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas... (L. 80/93, art. 72, num. 1º). 5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga... 6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho... (L. 80/93, art. 72, num. 2º).

(6) “4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”.

(7) Expediente 28.308.

(8) Sentencia del 4 de mayo de 2000, expediente 16.766; sentencia del 14 de junio de 2001, expediente 19.334; sentencia del 6 de junio de 2002, expediente 20.634; sentencia del 25 de noviembre de 2004, expediente 25.560.

(9) El numeral 10 del artículo 136 estipula que en las acciones relativas a contratos, el término de caducidad será de dos años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento; además, dispone que “En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

c) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;

e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años.

(10) Sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente 17028.

(11) Sentencias del 7 de octubre de 1999, expediente 12387; del 1º de agosto de 2002, expediente 21041; del 6 de julio de 2005, expediente 12249.

(12) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 10 de septiembre de 2001, expediente 5961, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.

(13) Artículo 116 de la Constitución Política: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

Artículo 13 de la Ley 270 de 1996: “Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

(...).

3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad”.

Artículo 115 del Decreto 1818 de 1998: Define el arbitraje en derecho como “aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente”.

(14) Sentencia del 25 de noviembre de 2004, expediente 25.560.

(15) Expediente 25.560.

(16) Expediente 28.308.

(17) Hernando Devis Echandía. “El proceso civil. Parte general. Compendio de derecho procesal civil”, tomo III, volumen I, Editorial Diké, 8ª edición, 1994, página 430.

(18) “El proceso civil. Parte general. Compendio de derecho procesal civil”, tomo III, volumen I, 8ª edición, Diké, Medellín, 1994, página 432.

(19) Sentencia del 7 de marzo de 1997, expediente 4636, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.

(20) Sentencia del 17 de junio de 1957, M.P. Pablo Emilio Manotas, dictada en el proceso ordinario de María Elvira Betancourt viuda de Carmona y otro contra Jesús Antonio López.

(21) Betancur Jaramillo, Carlos. “Derecho procesal administrativo”; Señal Editora, 5ª edición, 1999, página 131.

(22) “c) Plantaciones forestales protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable y en las cuales se puede realizar aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del recurso”.

(23) Sentencia del 27 de junio de 2002, expediente 11001-03-25-000-2001-0045-01 (21040).

(24) Sentencia del 5 de abril de 1999, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Radicación 5134 de 1999.

(25) Providencia del 12 de julio de 1995, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Radicación S-064 de 1995.

(26) Sentencias del 23 de agosto de 2001 y 4 de abril de 2002; expedientes 19090, 20356 y 21328. Consejo de Estado, Sección Tercera.

(27) Sentencias del 18 de noviembre de 1999 y 11 de mayo de 2000, expedientes 12202, 17480, Consejo de Estado, Sección Tercera.

(28) Sentencia del 14 de diciembre de 2004, expediente 26.887.

(29) Devis Echandía, Hernando; “Nociones generales de derecho procesal civil”; Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid España, 1966; página 221.

(30) Devis Echandía, Ob. Cit., página 218.

(31) El ordinal 3º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, estipula que es causal de anulación del laudo arbitral el hecho de que contenga la parte resolutiva del mismo, errores aritméticos o disposiciones contradictorias, “... siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento”.

(32) Sentencia del 14 de diciembre de 2004, expediente 26.887.

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