Sentencia 3253-00 de mayo 17 de 2001

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. SECRETARÍA GENERAL

Normas citadas: Decreto 302/2004, artículo 16.

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 3253-00

Consejero Ponente:

Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado

Actor: Jairo Antonio Salas I.

Bogotá, D.C., mayo diecisiete de dos mil uno.

Autoridades nacionales

EXTRACTOS: «Considera:

En primer término examinará la Sala, la situación de Jairo Antonio Salas Ibarra, frente a la carrera administrativa, para decidir si el retiro del servicio, se ciñó a las prescripciones legales que regulan la materia.

En el proceso se demostró que el actor ingresó a prestar sus servicios a la oficina de registro de instrumentos públicos de Pasto, el 24 de abril de 1980, en el cargo de profesional universitario 3020-04, es decir que a la fecha en que fue declarado insubsistente —dic. 18/97—, llevaba algo más de 17 años de servicios a la entidad.

Desempeñó los siguientes cargos:

• Profesional universitario 3020-4

• Profesional universitario 3020-8

• Jefe de división 2040-6

• Profesional especializado 3010-15

Mediante Resolución 245 del 4 de febrero de 1986, expedida por el entonces jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, fue inscrito en el escalafón de carrera administrativa, en el cargo de profesional universitario 3020-04 (fl. 96, cdno. 2).

Demostrado como se encuentra en el proceso que Jairo Antonio Salas Ibarra, había sido inscrito en el escalafón de carrera administrativa desde el 4 de febrero de 1986, es claro para la Sala que se hallaba amparado por las prerrogativas que otorga dicho status.

En efecto, en materia de carrera administrativa antes de la expedición de la Ley 61 de 1987, imperaba el Decreto 2400 de 1968, el cual preveía que el empleado inscrito en el escalafón de carrera tendrá, además de los derechos previstos en el artículo 7º del mismo decreto, el de permanecer en el servicio, siempre que cumpla con lealtad, eficiencia y honestidad los deberes del cargo.

El artículo 47 del decreto en mención, prescribe:

El empleado inscrito en el escalafón que cese definitivamente en el ejercicio de sus funciones por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 25 perderá su condición de funcionario de carrera, con la excepción que se establece en el caso de cesación por motivo de supresión del empleo.

Con base en la disposición anterior, la Sala ha expresado, que cuando un funcionario inscrito en el escalafón de carrera administrativa en un determinado cargo, pasa a otro también de carrera, no pierde por ese solo hecho su escalafón y continúa en consecuencia, gozando de todos los derechos inherentes al referido status, entre los cuales está, como se dijo, el de estabilidad.

La anterior ha sido la orientación expuesta por esta corporación, tanto en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, como de esta sección.

Pueden consultarse, en vía de ilustración, las sentencias de Sala Plena de 8 de julio de 1988 dictada en el proceso S-031, actor Hernando Medina Ávila, y la de 1º de febrero de 1993 dictada en el proceso S-209, actor Aída Silva de Pérez.

Así mismo en la sección, se han venido reiterando pronunciamientos en ese sentido, de los cuales se transcribe el siguiente aparte de la sentencia de 24 de noviembre de 1994, dictada en el proceso 6064, actor Herminia Esther Cadena de Chacón, en la cual, la Sala con ponencia de la magistrada doctora Clara Forero de Castro, dijo:

El artículo 47 del Decreto 2400 de 1968 da fundamento a la anterior afirmación, pues indica claramente en qué casos se pierde la condición de funcionario de carrera y ello solo ocurre por cesación definitiva en el ejercicio de las funciones, ocasionada por: declaración de insubsistencia, renuncia regularmente aceptada, retiro con derecho a jubilación, invalidez absoluta y retiro forzoso por edad.

No está contemplada en esta norma ni en ninguna otra, la pérdida del escalafonamiento por pasar a otro cargo de carrera, así sea este de superior categoría a aquel en el cual se halla.

Así mismo, el hecho de que con posterioridad se hicieron las incorporaciones a las sucesivas plantas de personal que se han creado en la entidad demandada, no implica la pérdida de los derechos de carrera. Por el contrario, estos adquieren la calidad de ascenso de conformidad con el numeral 2º del artículo 81 del Decreto 1042 de 1978, vigente para la época en que se hizo esa primera incorporación, con lo cual se desvirtúa igualmente la afirmación de la entidad en el sentido de que con la incorporación al cargo de jefe de división 2040-6, perdió los derechos de carrera que tenía, pues dicho cargo a la luz de lo dispuesto tanto en la Ley 61 de 1987 como en la Ley 27 de 1992, es de carrera administrativa.

Lo anterior se refuerza con el concepto emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, quien al responder a la inquietud planteada por la Superintendencia de Notariado y Registro, para efectos de la reclasificación de los cargos de jefe de división, entre ellos el ocupado por el actor, le respondió:

De conformidad con la comunicación OPI-651 de los corrientes, me permito mantener en firme el concepto favorable emitido por esta oficina el 21 de mayo de los corrientes, a la propuesta de planta de esa entidad, el cual se basó en los criterios dictados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, considerados convenientes presupuestal y legalmente.

Por lo anterior, se deben reclasificar los cargos de jefe de división 2040-09 como profesional especializado 3010-15, como un primer paso en la búsqueda de una mejora salarial, en este caso concreto no se están vulnerados los derechos de los empleados puesto que uno y otro cargo son de carrera administrativa por lo tanto están sujetos a concurso, de acuerdo con las distintas disposiciones dictadas sobre la materia... (se resalta) (sic).

Las razones que anteceden, son suficientes para concluir que Jairo Antonio Salas Ibarra gozaba del fuero de relativa estabilidad que le confiere el escalafón de carrera administrativa y que el retiro del servicio y pérdida de los derechos inherentes al mismo, solo podía realizarse por las causales establecidas en la ley, con examen previo de su situación frente a la carrera administrativa, no solo por gozar de la relativa estabilidad, sino que debió tenerse en cuenta además que era un servidor con más de 17 años de experiencia al servicio de la entidad demandada.

De otro lado, es claro para la Sala que la decisión de la administración, que tuvo la capacidad de producir efectos jurídicos y cuya anulación tendría la virtualidad de restablecer sus derechos es la resolución demandada, razón por la cual no asiste razón a la entidad cuando afirma que el acto que ha debido demandar es el acto de nombramiento en el cargo de jefe de división 2040-6 y que por tal razón existe caducidad de la acción.

En esas condiciones, la Sala está en un todo de acuerdo con la sentencia de primera instancia y en consecuencia, confirmará el fallo apelado.

En mérito, de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de julio 13 de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las súplicas de la demanda interpuesta por Jairo Antonio Salas Ibarra.

Cópiese, notifíquese y una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Discutida y aprobada por la Sala en sesión del día 17 de mayo de 2001».