Sentencia 3253 de noviembre 1º de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

LIQUIDACION DE REVISION

VARIACION DEL METODO INICIALMENTE ADOPTADO

EXTRACTOS: «Se trata de establecer si el artículo 19 del Decreto 3803 de 1982 (“La administración tributaria podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, mediante liquidación de revisión ...'''') permitía, o no, en la resolución del recurso gubernativo, habiéndose determinado ya oficialmente el impuesto por comparación para establecer la renta gravable, reliquidar éste por el sistema ordinario, según lo proyectado en el requerimiento especial.

La norma es clara en cuanto al presupuesto de la liquidación única, pero en ninguna parte alude a procedimientos específicos de determinación, de las distintas bases gravables, ni menos excluye, ni podría excluir, la comparación patrimonial como uno de aquellos procedimientos para determinar la renta gravable, hallándose expresamente consagrada en el artículo 74 del Decreto 2053 de 1974.

Consiguientemente, el haber optado un método legalmente admisible diferente del primitivamente empleado, no viola el citado artículo 19 del Decreto 3803 de 1982, como lo sostuvo el a quo, toda vez, no solamente se observó la regla de la liquidación única, sino que, en armonía con el artículo 27 ibídem, precepto del recurso existente contra los actos de determinación del tributo, se ejerció un poder decisorio legítimo, frente a dicho recurso, que necesariamente debía traducirse en un pronunciamiento de ratificación, aclaración, modificación o revocación de la decisión previa, dentro de la debida congruencia con los planteamientos del requerimiento especial, sin lugar a que el sistema originario de determinación de la renta se tuviera por excluyente, que era una pretensión carente de fundamente legal, pues no hay norma que contemple tal exclusividad.

No cabe afirmar, entonces, como lo hace la sentencia, que el acto administrativo objeto de control en sede administrativa fuera la liquidación inicial, queriendo decir que era el único, porque con ello se estaría desconociendo el recurso de reconsideración, que la ley consagra contra la liquidación oficial, y también la obligación de la administración de resolver ese recurso, así como la integración que se produce entre el acto inicial recurrido y aquel que resuelve el recurso interpuesto en su contra».

(Sentencia de noviembre 1o de 1991. Radicación 3253. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

SALVAMENTO DE VOTO

Toda vez que el empate se suscitó en la Sala de la Sección, fue definido por el señor Conjuez, en forma adversa a la tesis que el suscrito Consejero sostenía en su calidad de ponente en el presente negocio, estimo que las razones de mi salvamento de voto no pueden ser otras que las mismas que no merecieron el voto favorable de la mayoría y que, en lo referente al aspecto fundamental se insertan a continuación:

“La sentencia con salvamento de voto de uno de las Magistrados del tribunal, fundamenta su tesis en que, si bien en el requerimiento especial se propone de manera subsidiaria la liquidación por el sistema ordinario de depuración de la renta ``ésta no puede ser eficaz, si ya se practicó la liquidación oficial por otro sistema, porque es sólo la liquidación oficial la que puede modificar la liquidación privada, por una sola vez'''', agregando que ``practicada ésta (la oficial) por el liquidador, no es competente el fallador en reconsideración para practicar otra. Por lo tanto, el proponer hipotéticamente una nueva forma de liquidación en la parte motiva del primer acto no autoriza a la Administración en razón al estudio y de la decisión de un recurso, a hacer concreto un simple planteamiento hipotético, que no ha surtido efectos jurídicos'''' (fls. 117 y 118).

En efecto, el caso en estudio no se refiere a la simple enunciación de la liquidación alternativa formulada a un contribuyente en el requerimiento especial, tema tratado y explicado en otros procesos (Exp. 2495, actor: Arrendadora y Administradora Citycol S.A.), sino que la administración tributaria, si bien podía proponer la capitalización tomando como renta la diferencia de los patrimonios líquidos de 1983 y 1982, es decir la suma de $16.975.789; o también adicionar la renta líquida denunciada ($ 4.491.557) con la utilidad obtenida por la venta del local a la señora Nydia Acosta Velásquez en la suma de $ 6.000.000 y sobre estas dos partidas menos las rentas exentas ($ 3.495.254) determinar la renta por el sistema ordinario. Como la Administración optó por el sistema extraordinario de comparación patrimonial, una vez practicada la liquidación oficial de revisión 10397 del 26 de junio de 1986, no podía bajo ningún aspecto utilizar alternativamente los dos sistemas, el extraordinario (capitalización) con el ordinario de depuración de la renta, que fue precisamente lo que hizo a través del recurso de reconsideración al adicionar la renta denunciada en la suma de $ 6.000.000.

(...).

En síntesis, si la administración bien o mal optó por la capitalización expidiendo el respectivo acto de liquidación oficial en el cual se plasmó la aplicación del sistema extraordinario, evidentemente le estaba vedado proferir una nueva liquidación oficial por expreso mandato de la ley o hacerlo indirectamente con ocasión del recurso de reconsideración (Res. 125) como ocurrió en el caso que se examiná”».

Guillermo Chahín Lizcano. 

SALVAMENTO DE VOTO

Las razones que tengo de inconformidad con la sentencia de la mayoría, están explicadas en el proyecto de sentencia que presentó el doctor Guillermo Chahín Lizcano, el cual fue compartido por el suscrito íntegramente, por cuanto conforme a la ley la Administración sólo tiene una oportunidad para modificar la liquidación privada del contribuyente, la cual debe quedar plasmada en el requerimiento, de suerte que si éste se formula diciéndole que se le va a hacer liquidación por el sistema de comparación patrimonial, indicándole los factores que van a ser objeto de desconocimiento, y si logra el contribuyente desvirtuar la presunción de aumento injustificado patrimonial, no puede posteriormente la Administración hacer otra liquidación para desconocer la liquidación privada, porque la ley sólo le da una oportunidad para hacerlo.

Carmelo Martínez Conn 

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