Sentencia 32600 de noviembre 11 de 2009

 

Sentencia 32600 de noviembre 11 de 2009  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Proceso 32600

Aprobado acta 353

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil nueve.

Extractos: «Para resolver se considera

Previamente a proceder al anunciado estudio, se hace necesario recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de 2000 hay lugar a inadmitir la demanda de casación cuando el actor no cumple los presupuestos contemplados en el artículo 212 ibídem.

Tales requisitos, particularmente el incluido en el numeral 3º del citado artículo 212, tienen como fin evitar que la casación se convierta en una tercera instancia. Por eso, la sustentación del recurso debe efectuarse de manera lógica y coherente en orden a facilitar su adecuada comprensión y porque solamente de esa manera tendrá capacidad para desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña la sentencia.

Esos propósitos se obtienen no solo enunciando debidamente la causal y el cargo formulado, con indicación en forma clara y precisa de sus fundamentos y de las normas que se estiman infringidas, sino cumpliendo las pautas que la Corte, en su decantada jurisprudencia, ha establecido frente a cada uno de los motivos de casación previstos en la ley.

Bajo los anteriores parámetros, procede la Sala a analizar los libelos casacionales presentados.

1) Único cargo de la demanda instaurada a nombre de Floralba Rodríguez Serrato, primer cargo de la demanda presentada a nombre de Oliverio Trujillo Andrade y primer cargo de la demanda allegada a nombre de Lucinda Serrato Díaz.

Los actores sostienen que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, por cuanto el instructor omitió en su momento notificar a los procesados la decisión del 14 de enero de 2002, mediante la cual se dispuso la iniciación de la investigación previa.

Tal omisión, en su criterio, constituye irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, en cuanto de esa manera se coartó a los implicados el derecho fundamental de conocer las investigaciones adelantadas en su contra y de defenderse oportunamente de ellas, bien solicitando ser escuchado en versión libre o aportando pruebas en pro de sus intereses, conllevando ese proceder a tramitar la indagación preliminar en forma sigilosa, anónima y clandestina.

Estiman como violados los artículos 29 de la Constitución Política, 6º y 13 del Código Penal y 6º, 24 y 322 del Código de Procedimiento Penal.

Para los impugnantes, como se desconoció una garantía de carácter constitucional, el único remedio viable para restablecerla es la nulidad. En su apoyo evocan la Sentencia C-412 de 1993 proferida por la Corte Constitucional.

El defensor de Lucinda Serrato Díaz, adicionalmente, alude a la trascendencia de la irregularidad, señalando que ese aspecto dimana de la naturaleza misma del debido proceso, “es decir, de su origen constitucional, y los fines que se busca con su observancia dentro de las actuaciones judiciales y administrativas”. En ese orden, sostiene que si la procesada hubiera conocido la existencia de la investigación previa, “personalmente habría asumido su defensa material, recaudando las pruebas que demostraran en forma fehaciente la procedencia lícita del dinero con el cual construyó el edificio que lleva su primer apellido, y haber aportado aquellas con las cuales demostraría el propósito de cada una de las consignaciones realizadas a sus cuentas bancarias con el fin de cumplir con los compromisos dinerarios que demandaba la construcción de la obra civil en ejecución”.

La acusada Serrato Díaz, añade el letrado, no contó con dicha posibilidad, pues ante su captura e, incluso, la de la totalidad de su familia, no pudo desplazarse hasta los remotos lugares donde se encontraban sus bienes, zona rural de los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo, en orden a recaudar las pruebas que justificaran sus ingresos, labor de difícil realización por parte del abogado que asumió su defensa técnica, por falta de tiempo, disposición y seguridad para desplazarse por regiones donde el orden público no lo permite, amén de la informalidad de las negociaciones efectuadas en dichos lugares, en donde los movimientos de inmuebles o la compra y venta de ganado no se hace constar en instrumentos públicos.

Solicitan los recurrentes, en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, de la resolución del 14 de enero de 2002.

Consideraciones de la Sala

La jurisprudencia de la Corte tiene establecido que la postulación de un reproche fundado en la causal tercera de casación de la Ley 600 de 2000 no releva al actor de cumplir algunas reglas de sustentación, orientadas a darle claridad y coherencia. En ese orden, se ha dicho, le corresponde precisar el vicio y su naturaleza, explicando si es de garantía o de estructura, indicar las normas violadas, mencionar el momento procesal en que se presentó la irregularidad y las actuaciones afectadas con la misma, así como expresar la trascendencia de la anomalía con respecto al fallo, en orden a acreditar que su corrección solamente se lograría mediante el remedio extremo de la nulidad.

En el caso materia de análisis, los censores aducen la vulneración del debido proceso, por cuanto la Fiscalía no notificó a los procesados la iniciación de la investigación previa. Sin embargo, omitieron fundamentar la trascendencia de esa irregularidad, acreditando que de haberse surtido ese acto procesal, la situación de los aludidos habría sido diferente a la declarada en los fallos de instancia.

Lo anterior resultaba imprescindible en este evento, por cuanto, como lo tiene dicho la Sala, “la falta de comunicación de la providencia mediante la cual se ordena la apertura de investigación previa no constituye irregularidad de carácter sustancial que conlleve a la nulidad de la actuación”, si se tiene cuenta que dicha notificación “constituye tan solo un acto de trámite con el que se entera al imputado acerca de la iniciación de las diligencias instructivas, por consiguiente, su omisión cobraría importancia y trascendencia si se le priva a la persona de ejercer los derechos de defensa y contradicción”(1).

En tal virtud, para asegurar de alguna forma el éxito de la pretensión, el censor debe “dedicar su empeño a acreditar que los acusados no tuvieron oportunidad de ejercer la defensa, porque se les impidió controvertir las pruebas allegadas a las diligencias preliminares o aportar aquellas que estimaron necesario aducir en ese momento, o porque de cualquier otra forma vieron obstaculizado el ejercicio de sus garantías fundamentales, sin que, además, en el trámite del sumario o en el juicio tal irregularidad hubiere sido corregida(2) —resalta la Sala—.

Tal carga argumentativa no la cumplieron los impugnantes, pues dos de ellos se limitaron a argumentar que la falta de enteramiento de la iniciación de la investigación previa impidió a los imputados solicitar se les escuchara en versión libre como también aportar pruebas en pro de sus intereses, sin indicar cuáles medios de convicción se dejaron de recaudar ni por qué lo buscado con ellos y con la misma versión libre no pudo concretarse en el curso posterior de la actuación, en ese último caso a través, por ejemplo, de la indagatoria.

Y si bien el defensor de Lucinda Serrato Díaz se esforzó por sustentar la trascendencia del vicio procesal aducido, señalando que con la pretermisión de la aludida notificación y su ulterior captura se le impidió recopilar de manera personal las pruebas necesarias para desvirtuar los cargos, lo cierto es que alude a situaciones especulativas para justificar la imposibilidad de que su abogado cumpliera esa labor, como la inseguridad reinante en la región donde se encuentran sus bienes y la informalidad de las transacciones adelantadas en dicho sector, cuando de presentarse tales vicisitudes ellas hubieran operado tanto para la acusada como para el letrado que asumió su defensa.

Surge así que tampoco dicho impugnante explicó adecuadamente la imposibilidad de aportar en el curso del sumario o del juicio las pruebas requeridas para su defensa, cuya enunciación, por demás, tampoco efectúa aquél, ni mucho menos demuestra su capacidad para cambiar el sentido de la decisión atacada.

Los advertidos defectos, conducen a la inadmisión del cargo objeto de examen.

2) Segundo cargo de la demanda instaurada a nombre de Oliverio Trujillo Andrade.

El impugnante aduce que la sentencia se emitió en un juicio viciado de nulidad, porque al procesado Trujillo Andrade, a pesar de tener la calidad de servidor público, se le libró orden de captura, sin previamente ser citado para rendir indagatoria y, más aún, después de ser aprehendido y escuchado en injurada no se dispuso su libertad inmediata, desconociéndose así lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley 600 de 2000.

Dicho proceder, en concepto del libelista, comporta irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, conllevando a la vulneración tanto del artículo 29 de la Constitución Política, como de los artículos 6º y 13 del Código Penal y 6º, 7º, 8º, 347 y 359 del Código de Procedimiento Penal, pues el instructor debió citar al procesado, escucharlo en indagatoria y luego, proferida la medida de aseguramiento de detención preventiva, resolver si lo capturaba inmediatamente o si solicitaba la suspensión de su empleo.

Señaló que por tratarse el debido proceso de una garantía constitucional, el único remedio viable para restablecerla es la nulidad, por cuya razón pidió invalidar la actuación a partir de la resolución del 30 de septiembre de 2002, por medio de la cual se ordenó la apertura de la instrucción. El actor apoyó su pretensión en la Sentencia C-412 de 1993.

Consideraciones de la Sala

Este cargo también se inadmitirá. Al respecto, resulta pertinente insistir en el criterio de la Sala acorde con el cual cuando la censura se finca en la nulidad de la actuación es deber del libelista identificar la irregularidad o irregularidades, expresar claramente sus fundamentos y especificar si se trata de un vicio de estructura o garantía.

De acuerdo con la jurisprudencia, también competente al demandante indicar la norma o normas violadas, mencionar el momento procesal en donde se presentó la anomalía y las actuaciones afectadas con la misma, así como motivar su trascendencia, demostrando a la Corte que la nulidad se erige como el remedio único y extremo para enmendar la incorrección procesal.

En el presente evento, el actor no fundamentó tampoco la trascendencia de la anomalía procesal aducida, pues aun cuando sostiene que el único remedio para restablecer la garantía vulnerada es la nulidad, lo cierto es que no explica cómo el procedimiento adelantado por el instructor con relación al procesado Oliverio Trujillo Andrade al capturarlo, someterlo a indagatoria y luego afectarlo con medida de aseguramiento, sin considerar su situación de servidor público, incidió en la subsiguiente tramitación procesal, al punto de afectar su validez.

En otros términos, se abstuvo de sustentar qué beneficios se obtendrían en este caso con retrotraer la actuación para repetir el procedimiento de vinculación del acusado, esta vez con sujeción a la ritualidad sugerida por el actor, si de todas maneras el posterior trámite no depende de si aquel se encuentra o no privado de la libertad.

3) Segundo cargo de la demanda presentada a nombre de Lucinda Serrato Díaz.

El libelista argumenta que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, porque la investigación previa se prolongó más allá del término legal, practicándose en el interregno excedido una serie de pruebas con fundamento en las cuales se decretó la apertura formal de la investigación, situación que constituye irregularidad sustancial vulnerante del debido proceso y, por lo mismo, desconocedora tanto del artículo 29 de la Constitución Política, como de los artículos 6º y 13 del Código Penal y 6º, 24 y 325 del Código de Procedimiento Penal.

Según el casacionista, la última de esas normas señala seis (6) meses como término para la investigación previa, norma entonces —insiste— desatendida por la Fiscalía, al recaudar pruebas y desplegar actos tendientes a privar de la libertad y de los bienes a la procesada por fuera de ese lapso, cuando lo procedente era, agotado dicho término, emitir resolución de apertura de instrucción, si se reunían los requisitos para ello, o proferir resolución inhibitoria.

Luego de reseñar las diligencias y pruebas adelantadas y recaudadas durante la fase de la investigación previa, precisa que si esa etapa procesal se inició el 14 de enero de 2002, los seis (6) meses para su desarrollo vencieron el 14 de julio siguiente, lo cual significa que al extenderse hasta el 30 de septiembre del mismo año, su duración excedió dos (2) meses y dieciséis (16) días, “tornando en ilegal, y por tanto en inexistente, todas las actuaciones surtidas y pruebas recaudadas con posterioridad al plazo extremo previsto en la ley, porque sencillamente el funcionario judicial que tenía a cargo la investigación, y los funcionarios de policía judicial que lo apoyaban, habían perdido competencia...”.

Más aún, en su criterio, para el 14 de julio de 2002 la actuación contaba apenas con “algunos audios que contenían un limitado número de llamadas interceptadas de números telefónicos previamente autorizadas, las que fueran transliteradas, y acompañadas del respectivo informe donde, desbordando sus funciones y competencia, los funcionarios de policía judicial se aventuraron a consignar en ellas sus personales interpretaciones y conjeturas sobre el sentido y contenido de esas conversas telefónicas interceptadas, las que en sí mismas consideradas no pueden ser apreciadas como prueba, sino que estas se adelantarán con el exclusivo objeto o propósito de facilitar la búsqueda de esas pruebas judiciales que se desprendan o infieran del contenido de esas interceptaciones (L. 600/2000, art. 301)”.

Al fundamentar la trascendencia de la irregularidad aducida, el actor sostiene que a la fecha en la cual se vencieron los seis (6) meses correspondientes a la investigación previa no existía prueba suficiente para dictar resolución de apertura de investigación, de manera que de no haberse prolongado ese término la acusada habría reportado beneficios tales como los de gozar desde ese momento de su libertad y disfrutar de sus bienes, los cuales se encuentran actualmente a disposición de este proceso.

En otras palabras, señala que durante el lapso transcurrido luego de agotarse los referidos seis (6) meses se recaudó la prueba que sirvió de soporte a las sentencias de primera y segunda instancia. En tal virtud, solicitó casar el fallo impugnado para, en su lugar, declarar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del 14 de enero de 2002.

Consideraciones de la Sala

En la confección de este reproche el libelista pasó por alto la reiterada jurisprudencia de esta Sala, conforme a la cual la prolongación de la investigación previa no constituye por sí sola motivo para invalidar la actuación. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

“[...] el solo paso del tiempo no determina irregular la actuación de la fiscalía, ni verifica que de verdad se hayan conculcado garantías fundamentales del procesado, entre otras razones, porque la investigación previa surge etapa si se quiere contingente o aleatoria, únicamente cuando es necesario cumplir algunos de los objetos de la investigación antes referenciados en la norma citada, asomando perfectamente posible que, una vez conocida la ocurrencia de la conducta punible, se abra instrucción formal vinculando a los posibles autores o partícipes.

Desde luego, como lo consigna la jurisprudencia traída a colación por el demandante, el paso indiscriminado del tiempo sin que se opte por abrir la instrucción, a pesar de contarse con elementos suficientes para el efecto, puede comportar violación de garantías fundamentales y, en particular, del derecho de defensa del procesado.

Pero ello no surge automático, sino consecuencia de demostrar precisamente cómo se afectó al implicado. Tarea que, por lo demás, no se agota con significar la existencia de práctica probatoria en ese interregno —pues, emerge obvio, es natural que así suceda si se buscan demostrar aspectos fundamentales que faculten abrir la instrucción—, sino la imposibilidad de que ella fuese conocida o controvertida por el procesado y el efecto que una dicha actuación produjo sobre la tramitación posterior —vale decir, que ya abierta la investigación, esa prueba anteladamente recopilada no pudo ser controvertida por el acusado, o le fue imposible allegar otros medios suasorios que lo favorezcan— y finalmente, respecto de la sentencia proferida en su contra”(3) —destaca la Sala, ahora—.

La inadvertencia de dicha línea jurisprudencia llevó al actor a omitir fundamentar la trascendencia del mencionado vicio, pues se abstuvo de acreditar razonadamente que no contó durante todo el trasegar procesal con oportunidad para controvertir las pruebas allegadas en el lapso transcurrido después de vencidos los seis (6) meses de la investigación previa, aportando elementos de juicio dirigidos a desvirtuarlos, sin que para ese efecto resulte suficiente señalar simplemente que las probanzas recaudadas en dicho interregno sirvieron de fundamento a la sentencia.

Dicho defecto de sustentación impone, por tanto, inadmitir la censura, y así lo pronunciará la Sala en la parte resolutiva de la presente decisión.

4) Demanda instaurada por el apoderado del tercero incidental, señora Flor María Quintero Cediel.

Primer cargo:

El impugnante predica la existencia de irregularidad sustancial por vulnerarse el principio de investigación integral.

Para fundamentar el reproche, relaciona un conjunto de pruebas testimoniales y documentales, tras lo cual señala que el juez “negó valor probatorio” a esos elementos de juicio, “cuyo decreto y práctica por ser necesarios (sic), toda vez que las finalidades a las que estaban orientadas las recepciones testimoniales y documentales, no era otra que la de llegar a establecer, que entre mi representada Flor María Quintero Cediel y la señora Lucinda, si (sic) existieron relaciones de amistad por varios años y la susodicha compra del certificado de depósito a término por valor de cincuenta millones ($ 5.000.000) [sic] de pesos y por ende las finalidades sustanciales de la aducción y práctica de esos medios probatorios, estaban encaminados a demostrar la inexistencia de cualquier conducta fraudulenta en dicha transacción”.

Según el censor, lo procedente, viable, conducente y pertinente era que el a quo hubiese analizado en conjunto lo relativo a la existencia o inexistencia de dicha compraventa del certificado de depósito a término fijo, para lo cual le correspondía “valorar, analizar, sopesar y apreciar a ese (sic) sinnúmero de elementos de juicio”.

Por lo anterior, considera que la trascendencia de la transgresión al principio de investigación integral estriba en “la no valoración, la omisión y la no apreciación de las recepciones testimoniales de los señores Jorge Eliécer Cediel y su hija Flor María Quintero Cediel, en conjunto o coherentemente junto a los demás elementos de juicio”.

Considerando evidenciada de esa forma la vulneración al mencionado principio, solicitó decretar la nulidad a partir de la resolución de la Fiscalía del 26 de septiembre de 2003, en orden a que se “proceda a la valoración, apreciación y tasación de las pruebas enunciadas como ignoradas”. Más adelante, sin embargo, peticionó la nulidad desde la sentencia del 18 de octubre de 2005, proferida por el Juzgado Primero Especializado de Neiva.

Segundo cargo:

Acusa la sentencia de incurrir en violación indirecta de la ley sustancial derivada de error de hecho por falso juicio de existencia por omisión.

Al desarrollar la censura relaciona varias pruebas documentales, señalando luego que si el juzgador las hubiera valorado, habría arribado a la conclusión de que entre Flor María Quintero Cediel y Lucinda Serrato Díaz hubo una relación comercial, por cuya razón “desde mucho antes que se ordenara el embargo y secuestro del título valor ya se había consolidado dicha compraventa del certificado de depósito a término y se le había endosado conforme a las exigencias del banco y en acatamiento de las normas comerciales vigentes”. En su sentir, también se hubiera acreditado “que el documento de traspaso y dicha documentación no fueron ningún instrumento para llegar a un fraude, sino que por consiguiente, esa compraventa sí fue real y existe actualmente”.

Considera que el error del fallador lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 100 del Código Penal de 2000, el cual regula la figura del decomiso y, consecuencialmente, a dejar de aplicar el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal del mismo año.

Pidió, en consecuencia, casar la sentencia impugnada y, en su lugar, ordenar la devolución del certificado de depósito a término fijo a la incidentante.

Consideraciones de la Sala

Previamente, debe señalar la Sala que ningún reparo amerita, desde el punto de vista de la legitimación por activa, la demanda de casación promovida por el tercero incidental, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 600 de 2000, conforme al cual el libelo extraordinario puede ser presentado “por el fiscal, el Ministerio Público, el defensor y los demás sujetos procesales”, categoría esta última asignada por el mencionado Código de Procedimiento Penal al tercero incidental, conforme se aprecia en el título III de su libro I.

Diferente situación ocurre con respecto a los presupuestos de adecuada y lógica fundamentación. En efecto, frente al primer cargo, se tiene lo siguiente:

Lo primero a advertir es la ausencia de claridad en la sustentación del reproche, pues aun cuando en términos generales el actor fundamenta la vulneración del principio de investigación integral en la falta de apreciación de algunos medios probatorios, en varios apartes, de manera aislada e inconexa, habla de su no aducción o práctica, afirmación respecto de la cual, de todas maneras, no profundiza mayormente, centrando su discurso en la primera propuesta casacional en mención.

Vista así la situación, es evidente el desacierto del libelista cuando sustenta la violación del principio de investigación integral en la no apreciación o valoración de las pruebas que relaciona en la demanda, pues dicha garantía, conforme se desprende del contenido del artículo 20 de la Ley 600 de 2000, apunta a la labor de recaudo de elementos de convicción, de manera que su vulneración surge cuando el instructor se concentra en practicar aquellos que desfavorecen al imputado o a las demás partes, omitiendo recaudar las probanzas que los favorecen. Tal es el alcance dado por la jurisprudencia al mencionado postulado:

“La Sala(4) tiene dicho que la investigación integral que hace parte de la garantía constitucional a un debido proceso —C.N., art. 29— a la cual tiene derecho todo inculpado, tiene desarrollo legal en el ordenamiento jurídico interno en el artículo 20 de la Ley 600 de 2000, norma rectora que impone la obligación al funcionario judicial de investigar lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado.

El desconocimiento de ese principio se erige en motivo de nulidad cuando dentro del proceso penal el funcionario judicial deja de practicar sin motivo razonable las pruebas legales, conducentes, pertinentes y útiles a su objeto o porque de manera injustificada rechaza las oportunamente solicitadas por los sujetos procesales a pesar de reunir esas mismas condiciones”(5).

Surge de lo anterior que el actor equivocó la vía para ventilar el referido ataque, pues si su intención es cuestionar la falta de apreciación de algunos medios probatorios, lo pertinente era acudir a la violación indirecta de la ley sustancial, demostrando que el fallador incurrió en error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, el cual se presenta cuando el juzgador, precisamente, deja de apreciar una o varias pruebas legalmente recaudas en la actuación (existencia por omisión) o cuando sustenta su decisión con medios probatorios no allegados a la misma (existencia por invención).

Pero así el casacionista hubiese invocado la causal correcta, el desarrollo del cargo de todas maneras no satisface los presupuestos exigidos para su adecuada sustentación.

En efecto, la demostración de un error de hecho por falso juicio de existencia exige del censor identificar las pruebas omitidas o imaginadas, señalar los hechos que ellas muestran o los que se declararon probados indebidamente, según el caso y acreditar la incidencia del yerro en el sentido de la sentencia.

El impugnante, empero, se limita a relacionar varias pruebas testimoniales y documentales, pero ni refiere el contenido de cada una de ellas, ni sustenta la trascendencia de yerro denunciado. Se dedica a afirmar de manera genérica que esos elementos de convicción acreditan la existencia de relaciones de amistad por varios años entre Flor María Quintero Cediel y Lucinda Serrato Díaz, la cual llevó a esta última a vender a la primera el certificado de depósito a término fijo, sin que en esa transacción concurriera conducta fraudulenta alguna.

Sin embargo, se abstuvo de emprender la valoración integral del recaudo probatorio para demostrarle a la Corte que con las pruebas examinadas por el fallador no había lugar a ordenar el decomiso de dicho título valor.

En el segundo cargo el actor selecciona, correctamente, el motivo casacional invocado, pues denuncia la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de existencia, para predicar la falta de apreciación de varias pruebas documentales.

No obstante, al desarrollar el reproche incurre en los mismos defectos de sustentación advertidos en el primero, pues ni refirió el contenido concreto de dichos medios de prueba, ni abordó en conjunto el examen del caudal probatorio en orden a poner en evidencia que si los juzgadores hubieran considerado las probanzas omitidas su decisión habría sido diametralmente opuesta.

También en esta ocasión se circunscribió a relacionar los elementos de juicio inapreciados y a referir genéricamente que ellos demuestran la legalidad de la adquisición del certificado de depósito a término fijo por parte de la incidentante Flor María Quintero Cediel.

En consecuencia, se inadmitirán también los reproches formulados por el apoderado del tercero incidental.

Al margen de lo anotado, la Sala no evidencia vulneración de garantías fundamentales que le impongan intervenir oficiosamente, en orden a preservar su intangibilidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR las demandas de casación interpuestas por los defensores de Floralba Rodríguez Serrato y Lucinda Serrato Díaz, así como los cargos primero y segundo de la demanda presentada a nombre de Oliverio Trujillo Andrade, al igual que el libelo instaurado por el apoderado del tercero incidental.

2. Por sustracción de materia, ABSTENERSE de emitir pronunciamiento frente al tercer cargo de la demanda presentada a nombre de Oliverio Trujillo Andrade, así como a los libelos instaurados en representación de Roger Julio Rodríguez Reyes y Yuerley Rodríguez Serrato.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 2 de septiembre de 2008, radicación 29371.

(2) Auto ídem.

(3) Sentencia de 24 de octubre de 2007, radicación 23457. En el mismo sentido, sentencia del 15 de julio de 2008, radicación 28362.

(4) Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación, 19 de junio de 2003, radicación 17350.

(5) Sentencia del 13 de mayo de 2005, radicación 27224.