Sentencia 32608 de octubre 14 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32608

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado Acta 324

Bogotá, D.C., octubre catorce de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Consideraciones

Según el texto de la solicitud, la pretensión del defensor de Bejarano Morales, se orienta a que el cambio de radicación se haga de un distrito judicial a otro, circunstancia que atribuye a la Corte la competencia para decidir esta petición de conformidad con el numeral 8º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

El artículo 46 del mismo estatuto establece que:

“El cambio de radicación podrá disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos”.

El cambio de radicación, ha dicho la Corte, es una medida de carácter excepcional encaminada a resguardar el proceso de factores externos que perturben su desarrollo, de manera que el fallo se profiera por un juez que esté en un ambiente territorial adecuado, ajeno a circunstancias que se opongan a una recta, cumplida y eficaz administración de justicia.

Asimismo ha dicho que los motivos que determinan la solicitud de cambio de radicación deben estar probados o poder comprobarse en la actuación, de tal manera que objetivamente permitan valorar al juez encargado de resolver el incidente, esto es, si en realidad en el territorio donde debe adelantarse íntegramente el juicio se presentan circunstancias externas que atentan contra su normal desarrollo y contra el ejercicio integral de la administración de justicia.

Un primer aspecto del que debe ocuparse la Corte para la solución de esta petición, es si el instituto del cambio de radicación se aplica también a procesos en los cuales no habrá lugar a audiencia pública, dada la conformidad del acusado con la imputación, esto es, si es viable tal medida solamente para que se verifique la libertad y espontaneidad de la aceptación de la imputación, o la legalidad del preacuerdo, y, el trámite relacionado con la individualización de la pena, el incidente de reparación de perjuicios, la lectura de la sentencia y su eventual impugnación.

En este sentido la Corte considera que en la medida en que persistan las razones que motivan la modificación excepcional de la competencia, en procesos como el que se adelanta contra Bejarano Morales, resulta viable acudir a tal instituto.

Esto porque, si bien es cierto el objeto de protección especial en este caso no es el orden público, ni la imparcialidad o independencia judicial, como tampoco las garantías procesales y menos la publicidad del juzgamiento, si está en serio peligro la seguridad e integridad personal del acusado, que de no accederse a dicho cambio, tendría que enfrentar el peligro originado en la infiltración que la banda criminal a la que pertenecía ha logrado en instituciones como la Policía Nacional; lo cual genera un riesgo adicional de ser llevado a la ciudad de Montería para continuar allí con el trámite procesal.

Ahora bien, sin necesidad de profundos análisis resulta evidente, con la documentación anexa, la situación de inminente peligro en la que se encuentra la vida e integridad personal del solicitante, de continuarse con el procedimiento abreviado en la ciudad de Montería, riesgo originado en la colaboración con la administración de justicia delatando a sus ex compañeros de andanzas criminales. Al referirse a la banda de “Los paisas”, la Fiscalía, en la certificación anexa, señaló:

“A dicha banda, además de señalarla como una de las más grandes en integrantes, se le endilga ser despiadada y cruenta y especialista en homicidios en la modalidad de sicariato, en narcotráfico, desplazamientos indiscriminados y extorsiones.

Se aclara que este despacho adelanta varias investigaciones a la misma banda en varios frentes, entre los que se cuenta el departamento de Córdoba, donde mantiene su hegemonía, según labores de inteligencia.

También es conocido públicamente a través de los medios de comunicación, donde se narran sus actuaciones y su enfrentamiento con otras bandas por el dominio territorial de los corredores viales que facilitan el narcotráfico hacia el exterior”.

Pero además, resulta imperioso recordar que las autoridades públicas, al decir del artículo 2º Constitucional, están obligadas a proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, máxime cuando han aumentado el riesgo de su existencia con la decisión de delatar a sus antiguos compinches, frente a lo cual también se debe incrementar el compromiso de la administración de justicia en relación con su protección.

En consecuencia, en procura de amparar la seguridad e integridad del acusado, la Sala hace uso del mecanismo excepcional del cambio de radicación el cual altera el factor territorial que rige la competencia para el juzgamiento, disponiendo la radicación del presente asunto en el distrito judicial de Bogotá, en consideración a que la distancia y la cobertura de este distrito judicial, neutraliza las circunstancias anormales que pone en evidencia el defensor de Bejarano Morales.

Por lo anteriormente analizado se radicará el proceso abreviado que se adelanta contra César David Bejarano Morales por el delito de concierto para delinquir agravado, en los juzgados penales del circuito especializados de Bogotá.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Ordenar el cambio de radicación del proceso seguido contra César David Bejarano Morales por el delito de concierto para delinquir agravado al Distrito Judicial de Bogotá.

2. En consecuencia, radicar el conocimiento del asunto en los juzgados penales del circuito especializados de Bogotá, efecto para el cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería remitirá el expediente al reparto de los mencionados despachos judiciales.

3. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y remítase al despacho donde cursa el proceso.

Cúmplase».