Sentencia 32609 de septiembre 16 de 2009

 

Sentencia 32609 de septiembre 16 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Proceso Nº 32609

Aprobado Acta Nº 295

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Vistos

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De acuerdo a lo estatuido en el artículo 32-8 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para pronunciarse sobre la petición de cambio de radicación que se pretende por parte de los defensores de los procesados.

2. La finalidad y procedencia del cambio de radicación se encuentra normada en el artículo 46 de la citada ley, y tiene como razón de ser, lograr que se realice un juzgamiento previsto de la protección de todos los derechos fundamentales que cobijan a las partes, la que se puede ver entorpecida, cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal, existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos, siendo esta la justificación para excepcionar el principio de juez natural dispuesto en el artículo 29 de la Carta Política.

Al respecto, la Corte ha sido reiterativa al señalar:

“El cambio de radicación es un mecanismo jurídico perentoriamente regulado, a través del cual puede exceptuarse el principio del juez natural en virtud de la regla general de competencia deducida por el factor territorial(3), cuando se compruebe de manera fehaciente que en el lugar donde se está adelantando el juicio existen circunstancias perturbadoras del orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, y la seguridad o integridad personal de los sujetos procesales o de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos, como lo estipula el artículo 46 ibídem.

Por lo tanto, su carácter teleológico es asegurar que el fallo sea proferido por un juez en las condiciones adecuadas para dispensar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, cuando por confluir alguna de las circunstancias anteriores, la ecuanimidad del funcionario judicial correspondiente se hubiere quebrantado”(4).

Igualmente ha sido insistente en señalar, que las circunstancias para ordenar el cambio de radicación, obedecen a factores externos o exógenos en el lugar donde se desarrolla el juicio y no a situaciones particulares, que se prediquen de un juez o deducido de criterios personales del solicitante.

3. Conforme lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, dicha solicitud tiene un límite temporal para su invocación y no es otro, que antes de la iniciación de la audiencia del juicio oral, bien por las partes, el ministerio público o el gobierno nacional, quienes lo podrán hacer oralmente o por escrito, ante el juez que esté conociendo del proceso, precisamente para garantizar que la decisión que tome el funcionario de conocimiento después del debate probatorio dentro del juicio oral, esté ausente de cualquier circunstancia externa que perturbe su imparcialidad. Principio rector, señalado por el artículo 5º del título preliminar de la Ley 906 de 2004 cuando indica “En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”.

En el asunto que examina la Corte, la aspiración de los defensores no puede prosperar, toda vez que los argumentos consignados oralmente para sustentar la pretensión, fueron realizados de forma extemporánea a la procedencia de la solicitud de cambio de radicación, al ser aducidos luego de la lectura de fallo de primera instancia, momento procesal donde resulta desacertado hacer la solicitud, habida cuenta que la norma es clara en determinar, que la misma se presenta antes de iniciarse la audiencia del juicio oral.

Por manera que no resulta lógico pensar en pretender un cambio de radicación, dentro de un proceso en el cual ya finiquitó el juicio oral, para que sea otro tribunal de distrito diferente al de Florencia, Caquetá, el que decida el recurso de apelación interpuesto por los defensores, cuando su fallo se basará única y exclusivamente en las pruebas que fueron allegadas al juicio, sin que sea posible la práctica de pruebas en esa instancia.

Ello, además, porque las circunstancias que describen los solicitantes, en el sentido de que fueron objeto de amenazas, persecuciones y estigmatizaciones, no tienen la virtualidad de afectar la decisión del ad quem, tal como lo reconociera uno de los defensores, quien advirtió que en manera alguna desconfiaba del tribunal.

Así las cosas, las circunstancias personales por ellos alegadas, debieron ser ventiladas antes de la iniciación del juicio oral y no en esta oportunidad, en la que se está, simplemente, a la espera de la decisión de segundo grado.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NEGAR el cambio de radicación solicitado en virtud del presente asunto, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese y devuélvase al Tribunal Superior de Florencia (Caquetá), para que de curso al trámite de la segunda instancia.

Cúmplase».

(3) Auto de 8 de junio de 2005, radicación 23768.

(4) Auto de 4 de febrero de 2009, radicación 31090.