Sentencia 32627 de septiembre 16 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32627

Aprobado Acta 295

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Vistos

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Al tenor de lo preceptuado por el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, cuando el funcionario judicial se encuentra incurso en una de las causales de impedimento debe manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la Sala Penal del Tribunal de Distrito Judicial, según corresponda, para que sea despojado del conocimiento del asunto.

El artículo 59 ibídem dispone que si la casual se extiende a varios integrantes de las salas de decisión de los tribunales el trámite será conjunto, y el artículo 62 ordena suspender la actuación procesal desde el momento en que se presenta la recusación o el funcionario judicial manifieste el impedimento hasta que se resuelva definitivamente.

La finalidad perseguida por el legislador con el instituto de los impedimentos es garantizar la imparcialidad e independencia judicial, de modo que constituye un deber legal para los administradores de justicia apartarse del conocimiento de aquellos asuntos en los cuales el equilibrio que caracteriza las decisiones judiciales se vea amenazado por concurrir en ellos motivo que puede interferir en su recto juicio o ensombrecer la transparencia de la administración de justicia.

El numeral 5º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 prevé como causal de impedimento “que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”, la cual en consideración a la naturaleza y estructura del sistema acusatorio y a los argumentos del magistrado del tribunal que se declara impedido, se configura en el caso en examen.

Al respecto, oportuno es precisar que la amistad íntima no es la que surge del trato social simple o cotidiano, sino aquella que tiene como fundamento el relacional, es decir, la que nace y permanece en escenarios en donde se comparten afectos, sentimientos y formas de pensar, el cual, por su intensidad, se estima suficiente para influir en el recto juicio del operador jurídico, por lo que para su estructuración como circunstancia impeditiva, es suficiente la manifestación motivada del funcionario.

En este sentido, la jurisprudencia de la Sala ha señalado:

“... Como el motivo de amistad íntima alude a una relación entre personas que, además de dispensarse trato y confianza recíprocos, comparten sentimientos y pensamientos que hacen parte del fuero interno de los relacionados, la Corte ha sido amplia en la admisión de esta clase de expresiones impeditivas, merced a su marcado raigambre subjetivo, solo a cambio de que el funcionario diga con claridad los fundamentos del sentimiento de transparencia y seguridad que quiere transmitir a las partes y a la comunidad, a fin de que el examen de quien deba resolver no sea un mero acto de cortesía sino la aceptación o negación de circunstancias que supuestamente ponen en vilo la imparcialidad del juicio”(1).

Así, en el caso bajo examen observa la Sala que el magistrado del Tribunal Superior de Montería que se declara impedido refiere que con el paso del tiempo entre la abogada María Teresa Humánez Petro, quien hace parte del grupo de defensores en este asunto y él, ha surgido una amistad íntima en la medida que trasciende las relaciones ordinarias y pone de presente el interés de cada uno por las situaciones personales del otro, al punto que es el padrino de bautismo del hijo mayor de ella; de modo que, entiende la Corte, su juicio se inclinaría por favorecer su posición jurídica expresada durante el trámite de la reposición y eventualmente en la sustentación de la apelación, como sujeto procesal no recurrente.

Estos motivos son suficientes para que la Sala declare fundado el impedimento expresado por el doctor Víctor Manuel Diz Castro, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, para hacer parte de la Sala que debe resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado y el Ministerio Público.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor Víctor Manuel Diz Castro, magistrado de la sala penal Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería y en consecuencia, se ORDENA su separación del conocimiento de este proceso.

2. DEVOLVER de inmediato el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, con el fin de que se integre la Sala de Decisión Penal que deba conocer el recurso de apelación interpuesto por tres de los defensores y el Ministerio Público contra la providencia mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería con funciones de conocimiento negó la nulidad solicitada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 21 de noviembre de 2000, radicación 8664; en el mismo sentido, autos de: 13 de diciembre de 2002, radicación 18557; 11 de febrero de 2004, radicación 20855; 13 de abril de 2005, radicación 23213, y 14 de febrero de 2006, radicación 25004.