Sentencia 32672 de enero 28 de 2010

 

Sentencia 32672 de enero 28 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32672

Aprobado acta 18

Bogotá, D.C, veintiocho de enero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera

En principio, atendiendo el tenor literal de la ley, se podría decir, siguiendo los términos de la norma indicada, que a la Corte le corresponde ejecutar la pena principal de multa impuesta al sentenciado. Sin embargo, esa interpretación es insuficiente para comprender el sentido de la disposición, al punto que la Sala, mediante decisión del 23 de septiembre del año próximo pasado, asumió que

“esa nueva disposición, en sentir de la Sala, en manera alguna quiere significar que ejecutoriada la sentencia penal condenatoria que pone fin al proceso, prorrogue la competencia del juez de la causa para que ejecute la sanción pecuniaria de multa, como a primera vista pareciera entenderse”(1).

Aun cuando la Ley Estatutaria 1285 de 2009 aparentemente habría modificado las reglas de competencia en materia penal, lo cierto es que el recaudo de la “pena de multa”, es un asunto vinculado con la ejecución de la sentencia, que le corresponde al juez encargado de hacer efectiva materialmente la sanción impuesta. En cambio, las multas a que se refiere la citada normatividad son aquellas que se imponen dentro del proceso en ejercicio de las potestades disciplinarias que tiene el juez, en el entendido que ese fue el tema de reforma y no la competencia de los jueces penales.

En este sentido, no debe perderse de vista que mediante la legislación en comento se pretendió, según lo indican los antecedentes del proyecto número 23 de 2006 Senado, “adoptar medidas que permitan superar de manera sostenible la congestión judicial y propiciar condiciones de eficacia y celeridad en la administración de justicia”, razón por lo cual, en el acta del 2 de febrero de 2007, correspondiente al primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado, se propuso delinear los poderes disciplinarios del juez, así:

“Poderes del juez. Además de los casos previstos en los artículos anteriores, el juez podrá sancionar con multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, a las partes del proceso, o a sus representantes o abogados, en los siguientes eventos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este.

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas o injustificadamente no suministren oportunamente la información o los documentos que estén en su poder y les fueren requeridos en inspección judicial, o mediante oficio.

5. Cuando injustificadamente no presten debida colaboración en la práctica de las pruebas y diligencias.

6. Cuando adopten una persistente conducta procesal tendiente a dilatar el proceso o por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado podrán imponer multa hasta por un valor equivalente a cien salarios mínimos mensuales a la parte vencida en juicio, que ya lo hubiere sido, en más de tres oportunidades, ante la misma corporación en procesos surgidos de situaciones de hecho similares y en los que se persigan idénticas pretensiones.

La sanción se impondrá por medio de resolución motivada que deberá ser notificada personalmente y solo será susceptible del recurso de reposición y en favor de la cuenta que para el efecto señale el Consejo Superior de la Judicatura.

En caso de reincidencia procederá la sanción de arresto inconmutable hasta por cinco días, según la gravedad de la falta y siempre que la infracción se halla dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sanción anterior. Una vez ejecutoriada la sanción de arresto, se remitirá copia al correspondiente funcionario de la policía del lugar, para efectos de su cumplimiento inmediato”.

En el texto definitivo se eliminaron, entre otros, los tres apartes finales, relacionados con las atribuciones conferidas a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, pero se incluyó en el artículo 20 la posibilidad que dentro del mismo proceso se ejecuten las multas impuestas. En consecuencia, si el propósito de la ley era adoptar medidas para enfrentar la congestión judicial, ese cometido no se logra encargándole a la Corte la ejecución de la pena de multa, y de otra, el sentido del parágrafo del artículo 20 de la Ley 1285 de 2009, como lo sugiere la lectura de los antecedentes legislativos, circunscribe la competencia del operador judicial al cobro forzado de la multa que se impone en virtud de las potestades disciplinarias del juez y no para hacer efectivas las sanciones penales.

Teniendo en cuenta, como lo indicó en el auto del 23 de septiembre reciente, que la Corte, una vez ejecutoriada la decisión de única instancia, carece de competencia para dirigir lo relativo a la ejecución de la pena, se impone necesario remitir al Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el proceso que concluyó con la imposición de la pena contra el ex gobernador, funcionario que a su vez, si el condenado se sustrae al pago integral o a plazos de la multa, debe decidir en su fuero si es procedente remitir lo correspondiente para su recaudo a los jueces de ejecuciones fiscales (L. 600/2000, arts. 39, 40 y 41).

En consecuencia, para los fines pertinentes, envíese el expediente al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con sede en Bogotá.

Cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 23 de septiembre de 2009, radicado 28.745.