Sentencia 32694 de noviembre 11 de 2009

 

Sentencia 32694 de noviembre 11 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta 353

Proceso 32694

Bogotá, D.C., once de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «1. Demanda del defensor de Armando Castro Montenegro.

Cargo único: nulidad por violación al derecho de defensa técnica.

Antes de referirse la Corte al cargo propuesto por el censor, debe señalar que no obstante que el casacionista no presentó el recurso de apelación contra el fallo de primer grado, conforme a la jurisprudencia de la Sala se encuentra legitimado para presentar el recurso extraordinario de casación, toda vez que sus alegaciones se remiten a una nulidad procesal, producto de la supuesta vulneración de garantías fundamentales, generada en la falta de defensa técnica, que en su concepto conducirían a tomar la decisión trascendental de decretar la nulidad de la actuación procesal, a partir de la audiencia de formulación de acusación.

Ahora bien, en lo que respecta a la postulación del reproche, se puede anticipar que la demanda será inadmitida, pues, aunque en su propuesta casacional el actor denuncia la existencia de una irregularidad que afecta el debido proceso, como lo es la pasiva participación de la defensora pública en la defensa del condenado, y alude a las finalidades del recurso —propendiendo por el respeto de las garantías de los intervinientes—, a la hora de sustentarlo no evidencia una eventual violación de garantías fundamentales, con la trascendencia suficiente como para dejar sin efecto el fallo de segundo grado que, debe relevarse, llega a este escenario prevalido de una doble condición de acierto y legalidad que solo puede desvirtuarse cuando de forma lógica y con argumentos suficientes sustentados en los hechos, el decurso procesal y las normas jurídicas aplicables al caso, se acredite el yerro.

Lo que se advierte en las argumentaciones del memorialista, es su particular punto de vista, de la forma como hubiera sido su deseo, presentar la estrategia de la defensa en pro de su representado, centrando allí que hubo por parte de la defensora pública que representó al ausente Armando Castro Montenegro, una precaria defensa técnica que afectó el debido proceso.

Para la Corte esta forma de razonar, no es más que una apreciación subjetiva que en manera alguna conlleva a sostener la pasividad de la defensa técnica, como medio para vulnerar el debido proceso.

En este orden de ideas, se resalta, en primer lugar, que el recurrente parte de una premisa falsa, puesto que, escuchados los registros auditivos del juicio oral, puede establecerse que la defensa pública sí presentó teoría del caso. Cosa diferente es que no comparta lo que en ese estadio haya manifestado su antecesora.

De todos modos, debe recordarse que aun cuando no se hubiere expuesto la misma, su ausencia no puede constituir falencia defensiva, ya que es la misma Ley 906 de 2004, en su artículo 371, la que la torna facultativa, permitiendo que este sujeto procesal no la exponga, a diferencia de lo que ocurre con el fiscal, para quien sí es obligatoria.

Tampoco puede catalogarse de deficiencia en la defensa técnica, que no se hubiera controvertido el descubrimiento probatorio de la fiscalía, sin motivos válidos y claros para hacerlo, cuando es lo cierto, también, que este constituye apenas una enunciación de todos los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informes que tiene el representante del ente acusador, sin que por el solo hecho de que sean descubiertos, vayan a ser llevados todos ellos al juicio oral.

De igual manera, no es atinado deslegitimar la labor defensiva, por el solo hecho de que no se hayan solicitado como testigos los mismos declarantes que la fiscalía peticionó para el juicio oral, por cuanto con el ejercicio del contrainterrogatorio, también puede la defensa tener la oportunidad de desacreditar a los declarantes presentados por la parte acusadora.

Además de ello, ha sido clara la Corte en señalar en qué casos específicos es pertinente y conducente, que los testigos solicitados por una parte puedan ser tenidos como declarantes de la otra, debiendo expresar cuál es la razón concreta para llamar el testigo en interrogatorio directo “pues, si la parte no demuestra un objeto específico, consustancial a su pretensión, que permita al juez evaluar los presupuestos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, ha incumplido la carga procesal que se le impone y, en consecuencia, al funcionario no le queda camino diferente al de negar la solicitud(5).

No se trata, como lo cree el censor, de llevar a juicio todas y cada una de las pruebas que se antojen son importantes en el juicio, dado que, lo requerido es que las mismas sean pertinentes y conducentes para lo que se pretende probar por las partes y, en el caso en particular, necesariamente por la ausencia del procesado en juicio, la táctica defensiva planteada por la abogada consistió en, justamente a través del contrainterrogatorio, resquebrajar la credibilidad de los testigos de la fiscalía.

Y es que fue esa controversia probatoria la que, precisamente, permitió a la entonces representante judicial de Castro Montenegro, contradecir las pruebas aducidas por el fiscal del caso y solicitar la emisión de fallo absolutorio a su favor.

El papel de la defensa técnica de los ausentes, valga decirlo, que podía ser diferente, por cuanto como la misma profesional lo manifestó en la audiencia de juzgamiento, la ausencia de los procesados en el juicio, impidió que por parte de ellos se aportaran elementos diferentes para dilucidar el asunto en que se encontraban vinculados, sin que de esta limitación se pueda deducir la falta de defensa técnica.

Con ello quiere la Corte significar, que esas actividades procesales que, consideró el recurrente, fueron omitidas por su antecesor, no constituyen violación al debido proceso ni dan al traste con la actuación procesal, ya que cada litigante, desde su punto de vista, está en la facultad de preparar o idear la defensa, no pudiéndose considerar ésta de menor calidad, que la que tiene otro profesional frente al mismo caso.

Sobre este tema en concreto, pacífica ha sido la jurisprudencia de la Sala, en estos términos:

“2.3.Como tantas veces lo ha sostenido esta corporación, y lo ha ratificado para el nuevo sistema acusatorio, no es posible plantear, como sucede en este caso, vulneraciones al derecho de defensa técnica con fundamento en pruebas o estrategias que después del resultado del juicio le hubiera gustado proponer al demandante:

Frente a la índole del ataque intentado en el primero de los reproches, hay que enfatizar en que no son cotejables los presupuestos de estas nociones en que se funda la razón de ser de la defensa técnica, con la argumentación a posteriori que procura reivindicar su quebranto simplemente bajo el enunciado de haber estado —quien así lo alega—, en mejor condición profesional o de estrategia de defensa frente a quien hubo de intervenir en desarrollo de la actuación.

Se trata de una perspectiva eminentemente subjetiva y arbitraria que desde luego resulta más que insuficiente para acreditar un pretendido quebranto de este derecho. La Corte ha rechazado en forma radical que se pretexte un argumento semejante en orden a discutir la eficacia de la defensa técnica, al señalar como deleznable que:

(...) profesionales del derecho entren a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el trámite judicial la representación de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cuál hubiera sido la más afortunada estrategia defensiva, pues cada individuo especializado en estos temas, tiene de acuerdo a su formación académica, experiencia y personalidad misma, su propia forma de enfrentar sus deberes como tal” (Cas.10.424)”(6).

Ahora bien, constatados los audios de las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, la Sala pudo verificar que la actitud de la defensora pública de Castro Montenegro, fue proactiva, como que, en la primera de ellas, solicitó el descubrimiento material de las entrevistas y declaraciones juradas que tenía la fiscalía en su poder, a las cuales hizo alusión en el escrito de acusación; luego, en la audiencia preparatoria peticionó la práctica de pruebas para llevar a cabo en el juicio oral y, posteriormente, en esta diligencia hizo uso del contrainterrogatorio a varios de los testigos presentados por el ente acusador, a más de que, dentro de su trabajo de investigación para la preparación del juicio, estuvo atenta a través del investigador de la defensoría, a recibir entrevistas a varios de los testigos solicitados por la fiscalía, con el afán de que le sirvieran en el juicio, para impugnar credibilidad.

El hecho de que la defensora pública renunciara al testimonio de varios testigos que fueron traídos a juicio por la fiscalía, como lo fue el testimonio de Wilson Silva Calvache y Wilson Fabián Silva Iglesias, no quiere decir en manera alguna falencia en la defensa técnica, y menos aún, puede considerarse que su intervención fue intrascendente en las diferentes audiencias llevadas a cabo en el juzgamiento, incluyendo el juicio oral, donde, se reitera, contrario a lo manifestado por el casacionista, sí se dio por parte de la defensa de Castro Montenegro una exposición de la teoría del caso, que luego concatenó con el alegato de conclusión.

Además, el que no hubiera solicitado la defensa nulidades ni impugnado el fallo condenatorio, no indica desinterés frente a la suerte de sus pupilos, toda vez que las nulidades a plantear en la audiencia de formulación de acusación son procesales, y de la forma como se tramitó el proceso, es claro que ninguna de las causales podía ser esbozada.

Ni siquiera se podía alegar como nulidad, valga decir, la supuesta irregularidad que, aduce el censor, se dio frente a la declaratoria de persona ausente de Armando Castro Montenegro, argumentando que las publicaciones no se hicieron en un medio de comunicación local; ello, por cuanto la finalidad del emplazamiento cumplió su cometido de enterar al imputado respecto a la investigación que se le estaba siguiendo, aseveración que se deduce sin ninguna dificultad, del poder que otorgó un día antes de la desafijación del edicto emplazatorio, a la abogada Luz Miriam Rey Lizarazo(7).

Tampoco resulta válido sostener desidia de la defensa técnica por no impugnar la condena de primera instancia, por cuanto para la sustentación del recurso se hace necesario tener argumentos válidos para quebrantar la determinación tomada en la instancia, sin que, por otro lado, se pueda medir la eficacia de la defensa técnica, teniendo en cuenta el mayor número de recursos interpuestos dentro del trámite del proceso.

Así lo tiene dicho la Sala desde antaño, en estos términos:(8)

“A ese respecto conviene recordar que la eficacia o buen desempeño de una defensa técnica no se puede medir por el volumen de recursos a que acuda el respectivo apoderado. El ejercicio profesional impone lealtad con los intereses que se representan pero igualmente con la administración de justicia, de manera que las vías legales se deben utilizar conforme a su finalidad y no por el prurito de multiplicar las intervenciones de la defensa”.

Además de lo anterior, el casacionista dentro de los argumentos dados para señalar la vulneración del derecho de defensa, se quedó corto en los planteamientos de lo que en su concepto debió ser la defensa activa de su representado por parte de la anterior profesional del derecho, ya que no señala cuáles eran las pruebas susceptibles de practicar en juicio oral, que lograran un beneficio a favor del condenado Castro Montenegro; tampoco adujo cuáles podrían ser las nulidades que se hubieran podido solicitar, ni tampoco las manifestaciones para la impugnación del fallo, que permitirían lograr de alguna forma, un pronunciamiento que beneficiara al procesado.

Todo lo anterior conduce, inexorablemente, al rechazo del cargo y, por consiguiente, de la demanda de casación presentada a nombre del acusado Armando Castro Montenegro».

(5) Auto de segunda instancia del 26 de octubre de 2007, radicado 27608.

(6) Auto del 14 de julio de 2008, radicado 29713.

(7) Folio 92 cuaderno original.

(8) Sentencia de casación 16146 del 4 de septiembre de 2003.