•Sentencia 3274 de abril 15 de 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR

DIFERENCIA ENTRE RECONOCER SU PERSONERÍA Y AUTORIZAR SU FUNCIONAMIENTO

EXTRACTOS: «Debe la Sala en primer término precisar que existe diferencia entre el reconocimiento de una personería jurídica y la autorización de funcionamiento a una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor.

Así por ejemplo, el artículo 36 del Decreto 3116 de 1984, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 23 de 1982”, señala un número mínimo de 25 asociados para efectos de que la Dirección Nacional del Derecho de Autor pueda otorgar personería jurídica a las asociaciones que se conformen por titulares de derechos reconocidos por la Ley 23 de 1982 que pertenezcan a una misma actividad, tales como autores de obras literarias, pictóricas, musicales, intérpretes de obras musicales, literarias y productores de obras cinematográficas y de videogramas, entre otros; y el artículo 12 de la Ley 44 de 1993, “por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”, exige otro número mínimo de 100 socios para que dichas asociaciones puedan funcionar.

El Tribunal de Justicia de Comunidad Andina en la interpretación prejudicial número 22-IP-98 rendida en este proceso, sobre el aspecto analizado precisó lo siguiente:

“... Aunque las dos formas relacionadas con la constitución y funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva debieran estar comprendidas dentro de una sola actuación administrativa, para que la sociedad una vez nacida a la vida jurídica pueda ejercer su capacidad de actuación en forma plena, debe indicarse que, de todas maneras, una sociedad de gestión colectiva para que pueda ejercer las atribuciones que le señala la ley comunitaria debe estar previamente autorizada por la oficina nacional competente, según lo establece el artículo 43 de la Decisión 351.

... La autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la existencia jurídica de la sociedad, sino que constituye un acto administrativo de habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido.

El reconocimiento de personería en cambio está destinado a dar nacimiento a la sociedad como ente jurídico distinto de los socios individualmente considerados. Podría decirse que la personería jurídica se produce en el momento en que se constituye legalmente una sociedad por el reconocimiento que de ella haga el Estado, pero por ese solo hecho no puede entrar a funcionar sin la autorización previa del Estado (Oficina Nacional Competente), que debe hacerlo una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley comunitaria ...” (fls. 1938 a 1940 del c. 1B del exp. núm. 3274).

La diferencia que existe entre el reconocimiento de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento tiene incidencia en cuanto a los requisitos exigidos para una y otra y en lo referente al momento en que los mismos deben acreditarse.

En efecto, también en la precitada interpretación prejudicial expresó el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina:

“... Es importante precisar el momento en que ha debido producirse la autorización del funcionamiento para poder establecer, dentro del caso en estudio, cuándo la nueva sociedad debió comprobar el número de socios y cumplir con la obligación de acreditar la renuncia de miembros pertenecientes a sociedades del mismo género para poder determinar si en el caso concreto resultó válida o no la renuncia de los 39 socios que venían siendo miembros de la sociedad preexistente, Sayco ...” (fls. 1938 y 1940 ib.).

Del texto de la parte resolutiva de la resolución acusada que ha quedado transcrito infiere la Sala que, sin lugar a dudas, la Dirección Nacional del Derecho de Autor se limitó a reconocer personería jurídica a la Sociedad Nacional de Autores y Editores “Sonata”, pues en el artículo 4º de la misma expresamente manifestó que “El presente reconocimiento de personería jurídica no constituye autorización de funcionamiento conforme a lo dispuesto por la Decisión Andina 351 de 1993, la que deberá ser obtenida una vez el Gobierno Nacional la regule mediante decreto” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual manera, en la parte motiva de dicha resolución se lee que la Sociedad de Autores y Editores “Sonata” solicitó el reconocimiento de personería jurídica y la autorización de funcionamiento de la misma; y que en cuanto a esta última se refiere debe ser reglamentada por el Gobierno Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, literal l, de la Decisión 351 (fl. 86 del c. 1 del exp. núm. 3274).

Por tal razón no tiene vocación de prosperidad el primer cargo de la demanda radicada bajo el número 3274.

(...).

Como quedó establecido ab initio de estas consideraciones, existe diferencia entre el reconocimiento de personería jurídica y la autorización de funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos. Luego como a través del acto administrativo acusado se reconoció personería jurídica a Sonata, la Sala debe circunscribirse obviamente a determinar cuáles son los requisitos que se exigen para tal efecto y si en este caso se dio o no cumplimiento a los mismos.

Así las cosas, se tiene que, conforme al artículo 36 del Decreto 3116 de 1984, para efectos del reconocimiento de personería jurídica a las asociaciones que se conformen por titulares de derechos reconocidos por la Ley 23 de 1982 que pertenezcan a una misma actividad, tales como autores de obras literarias, pictóricas, musicales, intérpretes de obras musicales, literarias y productores de obras cinematográficas y de videogramas, entre otros, se exige un número mínimo de 25 asociados.

En la demanda radicada bajo el número 3274 Sayco admite en el segundo cargo que sólo deben tenerse en cuenta 74 socios porque 39 pertenecen a dicha sociedad y 9 son editores. Es decir, que en lo concerniente al número de asociados se cumple con el requisito exigido en el citado artículo 36.

Cabe resaltar que, como ya dijo, el número de 100 socios exigido por el artículo 12 de la Ley 44 de 1993 es para efectos del funcionamiento de la sociedad y no para el reconocimiento de su personería jurídica.

En consecuencia, a este respecto los cargos 2º de las demandas radicadas bajo los números 3274 y 3272 no están llamados a prosperar.

También se controvierte en los procesos acumulados objeto de estudio la calidad de las personas que deben conformar la sociedad (cargos 2º de los procesos 3274 y 3272 y 3º de este último).

Al respecto es preciso tener en cuenta lo expresado por el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso:

“... Las sociedades de gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos, son organizaciones de derecho privado destinadas a representar a los titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos. Pueden ser socios de las sociedades de gestión colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos de otra, pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autoral ...” (fls. 1944 y 1945 ib.).

En la misma sentencia se precisó la distinción entre derecho de autor como titularidad originaria y editor como titularidad derivada, así:

“... el derecho de autor nace para éste con la creación de la obra intelectual. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el autor es la persona que crea una obra ... Siendo el autor a quien le corresponde la titularidad originaria del derecho por ser creador de la obra, tiene la facultad de transferir a un derecho-habiente su derecho patrimonial. Ese derecho-habiente es quien adquiere la calidad de titular del derecho patrimonial en forma derivada ... Los derecho-habientes en su calidad de cesionarios se subrogan al autor para el ejercicio de los derechos patrimoniales cedidos, ocupan su lugar, por así decirlo, y por tanto mal puede afirmarse que siendo titulares tanto el uno como el otro, sean considerados como pertenecientes a actividades distintas ... No es aceptable pues para este tribunal que los titulares originarios y derivados estén impedidos de participar como miembros de una misma sociedad de gestión colectiva...” (fls. 1941 y 1942 ib.).

Lo anterior deja sin sustento los citados cargos, ya que los titulares originarios y derivados de derecho de autor sí pueden considerarse como pertenecientes a una misma actividad.

Por lo demás, en lo que respecta a la censura formulada en el cargo 3º de la demanda radicada bajo el número 3272, consistente en que no se acreditaron una serie de requisitos por parte de los editores, como quiera que el número de asociados para efectos del reconocimiento de la personería jurídica fue superior de 25 y, según los hechos de la demanda radicada bajo el número 3274, los editores que figuran como asociados son 9, el cumplimiento o no de tales requisitos no afectaría el número mínimo requerido para dicho reconocimiento, como se anotó anteriormente, amén de que dichos requisitos deben tenerse en cuenta es para la autorización de funcionamiento, materia a la cual no se contrae el acto administrativo acusado.

Los cargos 3º y 4º de la demanda radicada bajo el número 3274 y 2º y 4º de la demanda radicada bajo el número 3272 los demandantes los hacen consistir también en que la entidad pública demandada ha debido citar a Sayco a la actuación administrativa y examinar la validez de las renuncias de sus asociados.

Para la Sala tampoco tienen vocación de prosperidad tales censuras, ya que, conforme al literal k del artículo 45 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la obligación de no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del país o del extranjero, que no hubieren renunciado previa y expresamente a una de tales sociedades, debe tenerse en cuenta es para efectos de la autorización de funcionamiento que, como ya se vio, corresponde a una actuación administrativa diferente y posterior a la del reconocimiento de la personería jurídica, y es a ésta y no a aquélla a la cual se contrae el acto administrativo acusado».

(Sentencia de abril 15 de 1999. Expedientes acumulados 3274 y 3272. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza).

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