Sentencia 3275 de agosto 16 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Medios de prueba

EXTRACTOS: «El presente debate es de carácter eminentemente probatorio. Por una parte está la información que, amparada por la presunción de veracidad, suministró el contribuyente en su declaración de renta, sobre el ingreso neto percibido por concepto de venta de oro, en el año de 1982 y por otra, la investigación adelantada por la administración de impuestos sobre esta información, basada en informes de Ecominas y boletines de compras efectuadas por el Banco de la República, que la llevaron a adicionar el valor del ingreso inicialmente declarado por el particular, con la suma total de las transacciones señaladas por estas entidades, en cabeza de aquél.

La ley ha previsto que la determinación de los tributos y la imposición de sanciones, debe fundarse en los hechos demostrados en el expediente y que se pueden utilizar los medios de prueba señalados en las leyes tributarias y aquellos que le sean compatibles del Código de Procedimiento Civil. Por medio de las pruebas entonces, puede el fallador verificar la realidad de los hechos alegados en el proceso, dando a cada una de las piezas probatorias aportadas, el valor que, dentro de los parámetros generales del sistema probatorio, se les asigne.

En la actuación administrativa, que se inició con una investigación encaminada a establecer los verdaderos ingresos percibidos por el contribuyente en el año en discusión, se detectaron inconsistencias en la información suministrada por éste en su declaración de renta, por cuanto no relacionó el ingreso total obtenido en venta de oro y los costos incurridos en su explotación, sino que informó lo que consideró su utilidad neta, contrariando las precisas normas que regulan el procedimiento a seguir para determinar la renta líquida, partiendo siempre del total de ingreso obtenido en el período.

El actor entró a justificar su actuación, manifestando que del total de ventas realizadas y registradas a su nombre, sólo debían figurar en su cabeza las del primer semestre, ya que las realizadas de julio a diciembre de 1982, figuran en cabeza de la sociedad “Gallego Jaramillo e Hijos Ltda.'''', la cual incluyó su ingreso en su declaración de renta del mismo año y pagó los tributos correspondientes.

Se desprende de lo anterior, que la adición efectuada por la Administración de Impuestos de Manizales, se fundamentó en información de entidades que por su naturaleza, constituyen prueba de un hecho, sin que esto implique que contra ellas el contribuyente no pueda hacer valer sus argumentos y pruebas que demuestren, quién y en qué condiciones, es el verdadero titular de la obligación tributaria. En este caso concreto nos encontramos frente a la afirmación del actor, de haber sí recibido el ingreso adicionado, pero para un tercero. Y la sustenta en prueba contable —libros y certificado de contador público— y en prueba documental —escritura pública de constitución del tercero beneficiario y fotocopia del denuncio rentístico del mismo—. Procede entonces el estudio de dichas pruebas para establecer si, en su conjunto, son suficientes para desvirtuar la adición que realizó la administración.

Sabido es que la contabilidad, cuyo resultado al final de cada ejercicio es la base de la información suministrada en los denuncios rentísticos, constituye plena prueba a favor de los contribuyentes, si es “llevada en debida formá'' y que en el caso concreto de los comerciantes, ésta debe ajustarse a las disposiciones pertinentes del Código de Comercio.

Se encuentra claramente definido que la actividad desarrollada por el demandante, según el Código de Comercio, es de carácter mercantil y que el registro de los libros de contabilidad, exigido en el numeral 1º del artículo 40 del Decreto 2821 de 1974, no es potestativo del particular, por cuanto el vocablo “según el casó'' empleado en la norma, señala inequívocamente el registro en cámaras de comercio para los comerciantes y en las administraciones de impuestos, para los que sin ser comerciantes, deban o quieran llevar un registro contable de sus operaciones.

Los presupuestos anteriores llevan a la Sala a concluir, que no era la prueba contable el medio idóneo para demostrar los hechos alegados por el actor, no solo porque el registro de los libros no fue debidamente demostrado, sino principalmente, porque sobre ella operaba la limitación probatoria que consagra la ley, para el evento en que exigida su exhibición por las autoridades de impuestos, el particular no la presente, hecho que impide que pueda ser valorada posteriormente como elemento probatorio.

Y si bien la contabilidad es el principal medio de prueba fiscal, no es el único, por lo cual el accionante, independientemente del registro contable de sus operaciones, podía válidamente haber demostrado, con otros medios probatorios, de manera fundamental la existencia de la sociedad señalada como beneficiaria del pago y que el ingreso que se pretende gravar en su cabeza, fue objeto de declaración y pago del impuesto, en nombre de ese tercero.

Pero el documento con el cual se pretendió demostrar la existencia de la sociedad, punto fundamental del debate, consistente en la escritura pública de constitución de la misma, no ofrece ningún valor probatorio, pues se trata de una fotocopia simple, sin constancia de autoridad alguna sobre su autenticidad, que permitiera darle credibilidad a su existencia. Por el contrario, según la constancia de Ecominas que obra en el expediente, el inicio de las actividades de la sociedad, que pudieran generar algún gravamen, se efectuaron en 1985.

Y en cuanto al documento que hace relación a que el ingreso adicionado, había sido declarado y pagado el impuesto por la sociedad, tampoco ofrece credibilidad, por cuanto la fotocopia de la declaración de renta presentada como prueba, aparece simplemente autenticada ante notario, hecho que como en otras oportunidades ha afirmado la Sala, nada tiene que ver con la autenticidad misma del contenido del documento, pues a lo sumo de lo que el notario da fe, es de la coincidencia entre la fotocopia que está autenticando y el documento que tuvo a su vista. Presentado el documento ante una autoridad administrativa, su conducencia probatoria radica en la constancia que de su presentación, hubiere hecho esta entidad, para el efecto, la Recaudación de Impuestos de Marmato (Caldas).

Se concluye que el demandante, en quien recaía la carga de la prueba por la inconsistencia de la información suministrada con su declaración, a pesar de tener numerosas vías para probar que el ingreso adicionado lo recibió para un tercero, una de las cuales era sin lugar a duda la contabilidad de la beneficiaria del ingreso, no aportó los documentos pertinentes para llevar a la convicción al fallador sobre la realidad de los argumentos de su demanda. La actuación administrativa no fue debidamente desvirtuada, siendo procedente mantener y confirmar la sentencia apelada».

(Sentencia de agosto 16 de 1991. Radicación 3275. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

______________________________________