Sentencia 3275 de marzo 2 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 3275

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil seis.

Pérdida de investidura de concejal

Actor: Marcel Roberto Larios Arrieta

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 7 de abril de 2005, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 7 de diciembre de 2004 Marcel Roberto Larios Arrieta presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander para que decretase la pérdida de la investidura al señor Jesús Garzón como concejal de Girón (Santander).

1.1. Las causales.

1.1.1. El actor invoca como causales de pérdida de investidura: i) tráfico de influencias debidamente comprobado y ii) violación del régimen de incompatibilidades, establecidas una y otra en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

1.2. Hechos.

• El 26 de octubre de 2003 Jesús Garzón resultó elegido concejal de Girón.

• Jesús Garzón fue elegido vicepresidente de la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Girón (Asojuntas), para el período del 5 de octubre de 2003 al 31 de agosto de 2004, y su elección fue inscrita según Resolución 11898 de 2003 (dic. 16) de la Secretaría de Gobierno de Santander.

• Jesús Garzón ejerció simultáneamente dos cargos: concejal, desde el 2 de enero de 2004; y vicepresidente de Asojuntas del 5 de octubre de 2003 al 13 de marzo de 2004.

• Asojuntas suscribió con el municipio de Girón varios contratos, a saber: contrato de comodato 247 y contrato de suministro 246 de 21 de noviembre de 2003 y convenio de cooperación 263 de 2 de diciembre de 2004 y convenio de cooperación 6 de 20 de enero de 2004. Este último hace incurrir al concejal Jesús Garzón en violación del régimen de incompatibilidades (L. 136/94, art. 45, num. 4º).

• El concejal Jesús Garzón y Víctor Manuel Lizcano Orduz, secretario de organización Asojuntas, dadas sus relaciones de amistad, comerciales y comunales, administraron los recursos otorgados por el municipio para la celebración de la fiesta comunal del 23 de noviembre de 2003, manejos objeto de investigación penal por la fiscalía 20 seccional y de acción popular por moralidad administrativa. Jesús Garzón, entonces concejal electo, suscribió para este evento un contrato de préstamo de sillas con Servi-fiestas por valor de $ 100.000.

• En el acta 23 de 4 de noviembre de 2003 de Asojuntas quedó plasmado el hecho de que Jesús Garzón presentó al alcalde de Girón un presupuesto de $ 8.000.000 para la celebración de la mencionada fiesta comunal. Por su parte, Manuel Lizcano Orduz manifestó querer aprovechar el respaldo brindado por el alcalde al concejal Garzón.

• El demandado, valiéndose de las influencias derivadas de su calidad, gestionó ante el alcalde de Girón la firma de un convenio de cooperación a favor de Asojuntas y de paso, un contrato de prestación de servicios de esta con el señor Víctor Manuel Lizcano Orduz.

• En reunión de Asojuntas celebrada el 24 de enero de 2004, Jesús Garzón votó para que se contratase a su amigo Lizcano Orduz como asesor por 1 año y no apenas por 6 meses.

• En el acta 25 de 11 de febrero de 2004 de Asojuntas se observa que el alcalde de Girón le colaboró al concejal Jesús Garzón aprobando la contratación de un asesor para la asociación.

2. La contestación.

Admitida la demanda por auto de 31 de enero de 2005, la apoderada del concejal demandado contestó que la acusación por tráfico de influencias es inane, pues para configurarlo debe existir una condena por el delito tipificado en el artículo 411 del Código Penal, o haberse iniciado su investigación.

En cuanto a la incompatibilidad consistente en “celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este”, establecida en el numeral 4º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 manifestó que el demandado no suscribió ni gestionó contrato alguno con Asojuntas. La única relación que tuvo con esta asociación consistió en ser su vicepresidente al tiempo que concejal, pero esto no constituye incompatibilidad, ya que Asojuntas es una entidad de derecho privado y sin ánimo de lucro.

En cuanto al convenio de cooperación 6 entre el municipio y Asojuntas, a la fecha de su celebración el señor Jesús Garzón ya había renunciado a su cargo de vicepresidente de la asociación.

3. Pruebas.

Se destacan en el expediente las siguientes pruebas:

• Copia del acta E-26 de escrutinio de los votos depositados el 26 de octubre de 2003 para el Concejo Municipal de Girón, en que se declaró elegido al señor Jesús Garzón.

• Copia del contrato de alquiler de mesas y sillas celebrado por Jesús Garzón y Servi-fiestas.

• Copia de la relación de gastos del evento realizado el 23 de noviembre de 2003, día comunal, y entrega de la sede de Asojuntas, firmada por Jesús Garzón y Víctor Manuel Lizcano Orduz.

• Copia de la Resolución 11898 de 16 de noviembre de 2003, mediante la cual el secretario de gobierno de Santander ordenó la inscripción de los dignatarios de Asojuntas.

• Copia del convenio de cooperación 006 de 20 de enero de 2004, celebrado entre el municipio de Girón y Asojuntas.

• Copia del contrato de prestación de servicios 1 de 21 de enero de 2004, celebrado por el presidente de Asojuntas y Víctor Manuel Lizcano Orduz.

• Copia de las actas números 23 del 4 de noviembre de 2003; 24 de 24 de enero de 2004; 25 de 11 de febrero de 2004; 26 de 2 de marzo de 2004; 27 de 13 de marzo de 2004, de Asojuntas.

• Copia de la credencial de concejal de Jesús Garzón.

• Copia de los estatutos de la Asociación Comunal de Juntas de Acción Comunal de Girón Santander (Asojuntas) donde consta que es una asociación cívica sin ánimo de lucro, integrada por la juntas comunales con sede en el territorio del municipio de Girón.

• Testimonios rendidos por Luis Jesús Meléndez Portilla, Luis Adolfo Cañas Camargo, Víctor Manuel Lizcano Orduz, Claudia Milena Rueda García, Fabiola Joven de Chacón y Manuel Antonio Pérez.

• Interrogatorio a Jesús Garzón.

• Constancia expedida el 3 de marzo de 2005 por la asesora de la oficina jurídica de la alcaldía de Girón, en que se relacionan los contratos celebrados por el municipio de Girón y Asojuntas.

• Oficio 290 de 28 de febrero de 2005, mediante el cual la fiscalía veinte delegada ante los jueces penales del Circuito de Bucaramanga informó que una vez consultado el sistema Sijuf, no aparece investigación en contra de Jesús Garzón.

• Oficio 6972 de 7 de marzo de 2005 mediante el cual la Fiscalía General de la Nación informa que Jesús Garzón está investigado por el delito de lesiones personales y el proceso se encuentra en el juzgado promiscuo de Madrid (Cundinamarca).

4. La audiencia.

El 3 de marzo de 2005 se llevó a cabo la audiencia pública en la cual las partes intervinieron en el siguiente orden:

4.1. El actor manifestó que Jesús Garzón, siendo vicepresidente de la asociación y simultáneamente concejal, gestionó la celebración de contratos como el de cooperación 6 de enero de 2004, comodato 247, lo mismo que la realización de la fiesta comunal. Además, está probado el tráfico de influencias realizado por el concejal para favorecer a Víctor Manuel Lizcano Orduz.

4.2. El Procurador Judicial 16 para asuntos administrativos consideró que las causales invocadas para decretar la pérdida de investidura están señaladas en los numerales 1º y 5º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, pese a que el actor no hizo referencia a ellas, y consisten en la violación al régimen de incompatibilidades por el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.

Manifestó que por no existir elementos probatorios que configuren las causales endilgadas al demandado, no puede declararse la pérdida de la investidura.

4.3. El demandado argumentó que según la Ley 743 de 2002, las juntas comunales pueden gestionar ante el gobierno municipal, departamental y nacional apoyos para su funcionamiento. Por lo tanto, a título personal, no gestionó ni intervino en la celebración de contratos o convenios con la alcaldía de Girón; pues quien lo hizo fue la junta directiva de Asojuntas, y quien los firmó fue su representante legal.

II. La sentencia apelada

Mediante sentencia de 7 de abril de 2005 el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda por considerar que los cargos no cuentan con las pruebas suficientes para decretar la pérdida de investidura del concejal Jesús Garzón. Precisó que las causales invocadas fueron violación del régimen de incompatibilidades y tráfico de influencias, previstas en los numerales 1º y 5º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

El tribunal encontró probado que el señor Jesús Garzón se desempeñó a un tiempo como vicepresidente de Asojuntas y como concejal; sin embargo, dada la naturaleza jurídica de la asociación, que no es una junta o consejo directivo, no ostentó la calidad de miembro de estas, ni la de auditor, revisor, fiscal, empleado o contratista de empresa que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio, a que se refieren el numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 41 de la Ley 617 de 2000.

Tampoco se desempeñó como trabajador oficial o empleado público, pues su cargo de vicepresidente no confiere tales calidades, y apenas se trata de un servicio ad-honorem en una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, constituida como organización cívica, social y comunitaria.

El a quo consideró que el demandado, en su condición de concejal, no celebró contratos con persona natural o jurídica de derecho privado, pues estos fueron celebrados por Asojuntas con el municipio; tampoco los celebró con la asociación ni realizó gestión alguna frente a ella, ni recibió donaciones de esta.

Respecto de las gestiones realizadas por el demandado a favor de Asojuntas para la suscripción del convenio 6 de 2004 y de la ayuda al señor Lizcano Ordúz para que fuera contratado como asesor, no existe prueba de la época en que Jesús Garzón habló con el alcalde para propiciar la celebración de dicho convenio, o de que, valiéndose de su calidad de concejal, hubiera solicitado a Asojuntas la vinculación del señor Lizcano como asesor.

III. La impugnación

El actor reiteró en términos generales que los supuestos de hecho del numeral 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 en concordancia con el numeral 4º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 están probados en el proceso, y solicita se revoque la sentencia.

IV. Alegaciones del Ministerio Público

El procurador primero delegado en lo contencioso administrativo consideró que en el presente caso no se dan los elementos para que se configuren conflicto de intereses, violación al régimen de incompatibilidades, o tráfico de influencias que se le endilgan al demandado, y que ante la falta de prueba las pretensiones de la demanda no pueden prosperar.

V. Consideraciones de la Sala

La Sala examinará por separado las causales alegadas.

1. Violación del régimen de incompatibilidades.

El artículo 45 de la Ley 136 (según fue modificado por la L. 617, art. 41) impone a los concejales las siguientes incompatibilidades.

“ART. 45.—Incompatibilidades. Los concejales no podrán:

1. “Artículo 3º de la Ley 177 de 1994 derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000”.

2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen.

3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este.

5. “Numeral adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000”: Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.

PAR. 1º—Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra.

PAR. 2º—El funcionario público municipal que nombre a un concejal para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta”.

El actor imputa al concejal dos conductas como violatorias de este régimen especial:

a) Desempeñar, al tiempo con el cargo de concejal, el de vicepresidente de Asojuntas, del 2 de enero al 13 de marzo de 2004, y

b) Gestionar para Asojuntas la celebración del convenio de cooperación suscrito con el municipio el 20 de enero de 2004.

Para resolver, es necesario determinar, primeramente, la naturaleza jurídica de la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Girón “Asojuntas”; en segundo término, las funciones de su vicepresidente; tercero, la naturaleza del convenio de cooperación, y finalmente, si el concejal demandado gestionó la celebración de este convenio. Lo anterior, en vista de que el demandado Jesús Garzón fue inscrito como vicepresidente de Asojuntas para el período del 1º de septiembre de 2001 al 31 de agosto de 2004, según resolución de 31 de agosto de 2001, expedida por el secretario de gobierno de Santander (1) .

1.1. Naturaleza jurídica de las asociaciones de juntas de acción comunal.

Según consta en sus estatutos (2) , “Asojuntas” es una “asociación cívica sin ánimo de lucro, integrada por las juntas comunales del municipio de Girón, que aunando esfuerzos y recursos procura dar solución a las necesidades más sentidas de la comunidad, y además es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable, construido a partir de la democracia participativa en la gestión positiva de la comunidad”.

La Ley 743 de 2002 (jun. 5) “Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”, en su artículo 6º define la acción comunal como “una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad”.

El artículo 7º ibidem clasifica los organismos de acción comunal como de primero, segundo, tercero y cuarto grados. Según el artículo 8º, son organismos de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas comunitarias. Y son de segundo grado las asociaciones de estas juntas:

“Ley 743 de 2002

ART. 8º—Organismos de acción comunal:

a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

La junta de vivienda comunitaria es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa se podrá asimilar a la junta de acción comunal definida en el presente artículo si fuere procedente;

b) Es organismo de acción comunal de segundo grado la asociación de juntas de acción comunal. Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituyen con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien (negrillas fuera del texto).

Los organismos de acción comunal, como expresiones de la sociedad civil de naturaleza solidaria, son personas de derecho privado. Corrobora este carácter el artículo 143 de la Ley 136 (modificado por L. 753/2002, art. 1º) (3) , que defiere a los alcaldes de los municipios clasificados en categoría primera y especial el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de las juntas de acción comunal, de las juntas de vivienda comunitaria y de las asociaciones comunales de juntas, como también la aprobación, revisión y control de sus actuaciones, de conformidad con las instrucciones del Ministerio del Interior.

Entre los objetivos fijados por el artículo 19 de la Ley 743 a los organismos de acción comunal se destaca el de planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad (lit. c.), con cuyo fin se le dota de capacidad para celebrar contratos con entidades de diverso género, incluidas las empresas públicas del orden municipal y local (lit. f.). El artículo 55 ibidem habilita a los organismos de acción comunal para ejercer funciones municipales y prestar servicios o ejecutar obras a cargo de la administración central o descentralizada. Además, el artículo 50 de la Ley 743 se refiere a los dineros oficiales recibidos por los organismos de acción comunal y somete a estos a la inspección, vigilancia y control de las entidades competentes del sistema del interior, no solo respecto del manejo de recursos públicos sino de su patrimonio en general. El texto de estas normas es como sigue:

“Ley 743 de 2002

ART. 19.—Objetivos. Los organismos de acción comunal tienen los siguientes objetivos:

(...).

c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad;

(...).

f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas delorden internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo;

(...).

ART. 50.—Las entidades competentes del sistema del interior ejercerán la inspección, vigilancia y control sobre el manejo del patrimonio de los organismos de acción comunal, así como de los recursos oficiales que los mismos reciban, administren, recauden o tengan bajo su custodia y cuando sea el caso, instaurarán las acciones judiciales, administrativas o fiscales pertinentes.

Si de la inspección se deducen indicios graves en contra de uno o más dignatarios, la autoridad competente del sistema del interior podrá suspender temporalmente la inscripción de los mismos hasta tanto se conozcan los resultados definitivos de las acciones instauradas”.

ART. 55.—Conforme al artículo 141 de la Ley 136 de 1994, las organizaciones comunales podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participación en el ejercicio de sus funciones, la prestación de servicios, o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada.

Los contratos o convenios que celebren los organismos comunales se regularán por el régimen vigente de contratación para organizaciones solidarias”.

En síntesis, los organismos de acción comunal son personas de derecho privado de carácter solidario; su personalidad jurídica nace del reconocimiento estatal; tienen capacidad para participar en el ejercicio de funciones municipales y prestar servicios o ejecutar obras a cargo de la administración; pueden recibir recursos oficiales y están sometidos a la inspección, vigilancia y control por parte del sistema del interior.

1.2. Funciones del vicepresidente de Asojuntas.

De conformidad con los estatutos de Asojuntas, el vicepresidente es uno de sus dignatarios (art. 31) y miembro de la junta directiva (art. 26). A esta corresponde, entre otras funciones, ordenar los gastos y la celebración de contratos (art. 27).

1.3. Naturaleza jurídica del convenio de cooperación 06 de 20 de enero de 2004.

Este convenio fue suscrito por el alcalde de Girón en representación del municipio y por el presidente de asojuntas, por un término de 6 meses y con el siguiente objeto, estipulado en la cláusula primera (4) :

“Primera: Objeto: El municipio se obliga para con la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Girón- Asojuntas, a prestar su colaboración y apoyo financiero para el sostenimiento locativo y operativo de la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Girón - Asojuntas, y atender los gastos que demanda el funcionamiento de sus oficinas, para la contratación de la secretaría y un asesor para la gestión y proyección comunitaria por la suma de seis millones novecientos mil pesos ($ 6.900.000), para que este sea utilizado única y exclusivamente en el objeto contractual”.

Sea que se considere la entrega de esta suma de dinero como “aporte” o como donación, se trata de fondos públicos del municipio, recibidos por Asojuntas.

1.4. Intervención del concejal en la celebración y ejecución del convenio.

El convenio de cooperación 6 se suscribió el 20 de enero de 2004 y terminó el 19 de julio siguiente. La respectiva acta de liquidación está fechada a 31 de agosto de 2004, y da cuenta de que el municipio de Girón entregó a Asojuntas la cantidad de $ 6.900.000 en cuatro instalamentos de $ 1.150.000 los días 3 de marzo, 6 y 30 de abril y 30 de junio, mas uno de $ 2.300.000 el 10 de agosto de 2004.

En el Acta 24 de la junta directiva de Asojuntas celebrada el 24 de enero de 2004 (5) consta así la votación para contratar el asesor costeado por el municipio:

“El señor presidente somete a votación el punto en referencia, arrojando los siguientes resultados. Por que el señor Lizcano se le dé la asesoría por seis meses, votaron: Luis Jesús Meléndez, Marcos Sanabria y Fabiola Joven de Chacón; para que el mismo sea a un año votaron: Alirio Quiroga, Víctor Manuel Lizcano, Edwin Arroyave y Jesús Garzón”.

Así mismo, en el acta 25 correspondiente a la reunión del 13 de febrero de 2004 se debatieron algunos aspectos del contrato de asesoría.

En carta de 9 de marzo de 2004 dirigida al presidente de Asojuntas (6) , el concejal Garzón manifiesta que insiste en la renuncia que presentó el 19 de febrero anterior a su cargo de vicepresidente. Y añade que intervino para obtener la firma del convenio de cooperación:

“Es necesario clarificar que la solicitud del apoyo o convenio para que la administración municipal concediera secretaria de tiempo completo y 2 asesores para la asociación fue consultado (sic) a usted e inclusive se dirigió oficio porque se creara la promotoría comunal por parte del municipio, pero que legalmente no se podía porque en pasada reestructuración fueron suprimidos estos cargos. Por lo que por intermedio de mi representación como concejal se solicitó un convenio de apoyo para la asociación. Esta fue una de las situaciones que creó (sic) malestar de parte de algunos directivos que consideraban que el auxilio debería ser distribuido para otras personas. Pero que afortunadamente se definió acertadamente por unanimidad que fuera el compañero Víctor y por un determinado tiempo de 12 meses, que no se haya logrado inicialmente el apoyo por todo el año propondremos más adelante una ampliación”.

De las pruebas señaladas, la Sala concluye que el concejal, como miembro de la junta directiva de Asojuntas, autorizó destinar la suma recibida del municipio a la contratación del asesor del organismo de acción comunal. Esta conducta contraviene la incompatibilidad establecida en el numeral 4º del artículo 45 de la Ley 136, en cuanto constituye una gestión no solo con una persona de derecho privado que recibe donaciones del municipio, sino directamente sobre el patrimonio de esta.

La Sala ya había expuesto este criterio en sentencia de 5 de mayo de 2005 (7) :

“Tampoco se alegó ni se demostró que como presidente de la junta el concejal demandado hubiera celebrado contratos o realizado gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este recurso, conductas que de probarse lo harían incurso en la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994”.

2. Tráfico de influencias.

Dicha causal está consagrada en el numeral 5º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 que impone a los concejales perder su investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado.

La Sala Plena de esta corporación ha sostenido en varias oportunidades que el tráfico de influencias puede darse frente a cualquier servidor público sin consideración al orden jerárquico en que se encuentre; que los requisitos de la conducta proscrita consiste en que i) la persona ostente la condición de miembro de una corporación de elección popular, ii) que invoque dicha condición para tal efecto, iii) que reciba, o se haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, excepto cuando se trate de una gestión adelantada a favor de su región y iiii) que el beneficio que pretende recibir provenga de un servidor público.

La Sala considera que si bien es cierto que el concejal participó en la sesión de la junta directiva de Asojuntas, en las que se autorizó el contrato de asesoría de Víctor Manuel Lizcano Orduz, no hay evidencia de que haya recibido o se haya hecho prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva incurriendo así en tráfico de influencias debidamente comprobado al tenor del numeral 5º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Es, pues del caso revocar la providencia apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo impugnado de 7 de abril de 2005, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar,

DECRÉTASE la pérdida de investidura del concejal de Girón Jesús Garzón, elegido para el período constitucional 2004-2007.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 2 de marzo de 2006.

Magistrados: Gabriel E. Mendoza Martelo, Presidente—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael Ostau de Lafont Pianeta—María Claudia Rojas Lasso.

(1) Folio 272.

(2) Folios 137 a 163.

(3) “ART. 143.—Funciones. “Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 753 de 2002”. Corresponde a los alcaldes de los municipios clasificados en categoría primera y especial, el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica, así como la aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción comunal, junta de vivienda comunitaria y asociaciones comunales de juntas domiciliadas en la municipalidad, de conformidad con las orientaciones impartidas al respecto, por el Ministerio del Interior.

El alcalde podrá delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector público de gobierno.

El ejercicio de estas funciones está sujeto a la inspección y vigilancia del Ministerio del Interior, en los mismos términos que preceptúa la Ley 52 de 1990 y el Decreto 2035 de 1991, con respecto a los departamentos y Distrito Capital de Bogotá o normas que lo sustituyan.

PAR.—El gobierno departamental podrá hacer extensiva la competencia a que se refiere este artículo a los municipios de su respectiva jurisdicción que tengan debidamente organizado el sector público de gobierno, a instancia de los interesados, previo dictamen sobre su capacidad de gestión, efectuado por la dependencia departamental que ejerza la inspección, control y vigilancia a los organismos comunales”.

(4) Fl. 265.

(5) Fls. 12 a 18.

(6) Fl. 40.

(7) Expediente 2004-01327, actor Rodolfo Martínez Sendoya, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

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