Sentencia 32750 de marzo 26 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 25000-23-26-000-1999-00922-01 (32.750)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

Actor: Médicos Asociados S.A.

Demandado: Fiduciaria La Previsora S.A. y otros.

Asunto: Acción contractual - Apelación Auto–Perención.

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil siete.

EXTRACTOS:«II. Consideraciones de la Sala

La Sala confirmará el auto impugnado por las razones que pasa a exponer:

1. La perención es una forma de terminación anormal del proceso que se aplica como sanción al incumplimiento del actor en la supervisión, el impulso y la vigilancia de los distintos trámites que vayan surgiendo en el proceso de acuerdo al desarrollo normal de la actuación, incumplimiento que debe acarrear la parálisis del proceso.

El Código Contencioso Administrativo ha tratado la perención como una sanción frente a la inactividad del particular demandante por cuya cuenta se paraliza el proceso, en virtud de la cual se da por terminado este y tiene como finalidad evitar la duración indefinida de los trámites. Es así como el artículo 148 ibídem ha establecido como requisitos concurrentes para la configuración del citado fenómeno, la inactividad del proceso imputable al particular demandante, por causa diferente a la suspensión del proceso y que dicha inactividad sea por un término superior a 6 meses; que exista el proceso, es decir que la relación jurídico-procesal se haya consolidado con la notificación personal al demandado o al Ministerio Público (1) . Dada la calidad de parte que este último ostenta en el proceso contencioso administrativo (CCA, art. 127), su notificación traba la relación jurídico-procesal y por ende no hay duda sobre la existencia del proceso, etapa en la cual se presenta la perención.

Igualmente tiene establecido esta Sala que la perención no se produce automáticamente por el solo transcurso de 6 meses unido a la parálisis del proceso debido a la inactividad de la parte actora, sino que es menester que exista su declaración judicial. Por ello, si tal declaración no se produce, bien puede la parte actora proceder a realizar la actuación que corresponde, con el fin de promover el trámite del proceso, sin que se le pueda oponer la perención, porque se insiste, la existencia de esta figura procesal requiere de la declaración judicial.

2. Observa la Sala que en este caso la última actuación judicial que se realizó antes de que se declarara la perención, fue el auto de 2 junio de 2005, mediante el cual se dispuso vincular como litis consortes necesarios a los miembros de la Unión Temporal Red Salud-Docentes, notificado por estado el 8 de junio del mismo año (fl. 396 vto. cdno. 1).

Con posterioridad a la notificación de ese auto y hasta el 26 de enero de 2006 fecha del auto que declaró la perención no hubo ninguna otra actuación, ni del tribunal, ni de la parte actora, que no se allanó a hacer el pago de la suma que se le señaló a título de gastos para la notificación de los litis consortes necesarios, pago que resultaba indispensable dado que en ninguna etapa procesal se había fijado el deber de cancelar un monto de dinero por concepto de gastos ordinarios del proceso. Es decir, que el proceso estuvo paralizado en secretaría por falta de pago de los gastos para proceder a la mencionada notificación, por un período de tiempo que supera los seis meses establecidos en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo para decretar su perención, obligación que estaba a cargo de la parte actora.

Y el proceso permaneció inactivo porque la actuación de la que se encontraba pendiente no era sino la notificación de los litis consortes necesarios, dado que en el mismo se habían cumplido todos los trámites previos y se encontraba pendiente de dictar sentencia.

De otro lado, se encuentra que según el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, cuando se integre al contradictorio a litis consorcios necesarios el proceso se suspende “durante el término para comparecer los citados”, sin embargo observa la Sala que tal suspensión no implica que la carga de la parte actora se suspenda, por cuanto del cumplimento de su obligación dependía la vinculación efectiva de los litis consorte necesarios.

En efecto, dicha suspensión se da para que los citados como litis consortes necesarios se vinculen al proceso y puedan ejercer su derecho de defensa, contestar la demanda y solicitar pruebas, es decir, que en el proceso no se pueden adelantar mas actuaciones hasta tanto se notifique a los litisconsortes necesarios, los cuales tendrán el mismo término para comparecer que la parte demandada. Cosa diferente es la inactividad del proceso por falta de impulso de la parte a quien corresponda, que es precisamente el asunto que se estudia, dado que en el presente caso si bien es cierto que el proceso se suspendió para vincular a los citados, no es menos cierto que el proceso estuvo inactivo por seis meses a consecuencia de la falta de impulso de la parte demandante presupuesto en el cual opera la perención.

Cabe recordar que el deber de procurar la notificación correspondía a la parte actora, quien fue la que solicitó la vinculación al proceso de la Unión Temporal Red Salud-Docentes, y para el efecto debió aportar lo necesario, esto es, la suma que le fue fijada a título de gastos, pago que una vez realizado traslada a los funcionarios la obligación de practicarla, es decir que sin el actuar previo de la parte actora no se puede hablar de oficiosidad del tribunal como lo pretende el actor.

Por otra parte, considera la Sala que el hecho de que la parte actora presentara el recibo de pago de los gastos ordinarios con posterioridad al auto mediante el cual se decretó la perención no es motivo para revocar el auto apelado por cuanto el mismo se allegó el 1º de febrero de 2006, esto es, con posterioridad a la declaratoria de perención (ene. 26/2006) y transcurridos más de seis meses de inactividad del proceso.

En cuanto al argumento de que en la página de internet de la Rama Judicial se observa que el proceso entró al despacho desde el 3 de junio de 2005 y volvió a la secretaría solo cuando se profirió el auto que decretó la perención, la Sala no encuentra probada tal circunstancia en el expediente, por el contrario se halló que el proceso solo volvió al despacho cuando el secretario del tribunal informó la inactividad de la parte actora.

Frente al memorial allegado el 6 de febrero de 2007 en el que manifiesta argumentos adicionales contra el auto apelado, se advierte al actor que el derecho de petición no es el medio eficaz para hacerse escuchar en el desarrollo del proceso para lo cual existen las etapas pertinentes y además dicho memorial fue presentado de manera extemporánea toda vez que la oportunidad para sustentar el recurso se encontraba vencida.

Así las cosas se tiene que dentro del caso en examen se cumplieron los supuestos establecidos en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo para decretar la perención del proceso, esto es la inactividad de la parte actora, entendida como ausencia absoluta de actuación que trajo como consecuencia que el proceso permaneciera en secretaría inactivo, por seis meses, razón por la cual se impone a la Sala confirmar el auto apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado, esto es aquel proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Tercera– Subsección A, el 26 de enero de 2006.

2. En firme este auto devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—Enrique Gil Botero—Alier E. Hernández Enríquez, ausente—Ramiro Saavedra Becerra».

(1) Así lo entendió la Sala en auto de 6 de noviembre de 2003, expediente 24.754.

________________________________