Sentencia 32756 de febrero 11 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el sindicato de trabajadores del departamento del Valle del Cauca contra la sentencia del 23 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso adelantado por la organización recurrente contra el departamento del Valle del Cauca.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali, el sindicato de trabajadores del departamento del Valle del Cauca demandó al departamento del Valle del Cauca, para que se declarara que con la gobernación se celebró un contrato sindical el 3 de enero de 2000 con vigencia inicial de 17 meses que comenzó desde el 1º de febrero del mismo año, y como consecuencia se le condene al pago de la indemnización correspondiente por terminación unilateral del mismo, que asciende a la suma de $ 2.366.349.861, discriminados de la siguiente manera: $ 2.148.362.632 equivalente al valor restante del contrato por la prórroga del inicialmente pactado por 14 meses que contiene el reajuste del 9.95% del último otrosí suscrito el 8 de febrero de 2001 y que forma parte integral del contrato sindical; $ 93.567.157 por el saldo del 5.2% del 9.95% del otrosí; $ 46.000.000 por eventos de salud cubiertos por la EPS que prestaba el servicio a los trabajadores vinculados, y $ 79.430.173 por intereses de pago de fondo de pensiones del 34.13% anual, ajustados hasta el último día del pago.

Fundamentó sus pretensiones en que celebró con la Gobernación del Valle del Cauca un contrato sindical por el término inicial de 17 meses que comenzó el 1º de febrero de 2000 y terminaría el 30 de junio de 2001, el cual fue depositado oportunamente ante el Ministerio del Trabajo al igual que las modificaciones sufridas durante su vigencia; que en la cláusula novena del contrato se estableció que para su extinción se regiría por las normas del contrato individual de trabajo; que para su prórroga se determinó que se haría mediante acuerdo con 30 días de anticipación a su vencimiento y se acordó que se le aplicarían los artículos 482 y s.s. del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que en su prorroga se sujetaría a lo dispuesto en el artículo 3º, numeral 1º de la Ley 50 de 1990; que el 14 de junio de 2001, en forma extemporánea, la subsecretaria de servicios generales y físicos de la gobernación manifestó que el contrato no se prorrogaría; que mediante Resolución 0108 de octubre de 2001, la gobernación decidió unilateral e ilegalmente terminar el contrato, cuando para esa fecha este ya se había prorrogado; que contra dicha resolución interpuso el recurso de reposición, que fue resuelto mediante la Resolución 247 del 16 de noviembre de 2001, que modificó una parte de la anterior, pero dejando intacta lo referente a la terminación unilateral del contrato, ya que solo menciona los pagos que debe realizar por los meses en los cuales se continuó prestando el servicio, es decir durante la prórroga; que contra la última resolución también interpuso reposición y que agotó la vía gubernativa.

II. Respuesta a la demanda

El departamento demandado se opuso a las pretensiones del sindicato. Alegó en su favor que con dicha organización sindical suscribió el 3 de enero de 2000 un contrato de prestación de servicios mediante el cual esta se comprometía a suministrar el personal que el ente territorial necesitara, con vigencia de 17 meses comprendidos entre el 1º de febrero de 2000 y el 30 de junio de 2001; que el departamento había suprimido la planta de trabajadores oficiales y al momento de la suscripción del contrato, el sindicato no contaba con el número mínimo legal de afiliados, por lo que no puede hablarse de contrato sindical, ya que el suscrito, por sus particularidades, quedó enmarcado por las disposiciones de la Ley 80 de 1993; que en la cláusula 8ª del contrato se pactó la vigencia y se dispuso que podía prorrogarse mediante acuerdo escrito entre las partes con 30 días de anticipación a su vencimiento, acuerdo que no hubo en los términos señalados, sino que por el contrario, mediante carta del 14 de junio de 2001 se comunicó al ente sindical la intención de no renovarlo.

III. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 16 de diciembre de 2004 y con ella el juzgado absolvió al departamento del Valle del Cauca de las pretensiones formuladas en su contra por la parte actora, a quien impuso el pago de las costas.

IV. La sentencia del tribunal

Por apelación del sindicato demandante, el proceso subió al Tribunal Superior de Cali, corporación que mediante la sentencia recurrida extraordinariamente, revocó la decisión de primer grado y en su lugar declaró la existencia de un contrato sindical entre las partes con vigencia inicial entre el 1º de febrero de 2000 y el 30 de junio de 2001, el cual se prorrogó por ministerio de la ley entre el 1º de julio y el 30 de diciembre de 2001 y como consecuencia condenó al ente demandado a pagar a la parte actora la suma de $ 269.491.560 a título de indemnización por el valor correspondiente a la prórroga del contrato sindical por los meses de noviembre y diciembre de 2001. Autorizó al demandado para descontar los valores que hubiere reconocido y pagado durante esos dos meses y dejó a su cargo las costas de la primera instancia. No las impuso por la alzada.

El Tribunal encontró acreditado que en el acuerdo de revisión de la convención colectiva de trabajo suscrito entre las partes y depositado ante el Ministerio de Trabajo el 27 de diciembre de 1999, originado por la difícil situación económica que atravesaba el ente territorial, se pactó una tabla de jubilaciones anticipadas y de retiro voluntario, acordándose expresamente además en la cláusula 3ª, literal c) del referido acuerdo, que si el departamento del Valle necesitara personal en cargos de motoristas, conserjes, vigilantes, etc, tales personas se vincularan mediante contrato sindical entre las partes y se seleccionarán de entre el personal que se acoja a la tabla de retiro.

Dio por establecido, en consecuencia, que de la revisión de la convención colectiva fue que surgió a la vida jurídica el contrato sindical suscrito entre las partes, el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo y se ejecutó inicialmente por el término convenido de 17 meses que vencieron el 30 de junio de 2001. Así mismo, que el sindicato varió su naturaleza jurídica a mixto el 14 de noviembre de 2003, un año después del período controvertido en el proceso.

Se interrogó luego acerca de cuáles eran las normas del contrato individual de trabajo que debían aplicarse al asunto bajo examen, si las previstas en el Código Sustantivo del Trabajo según la aspiración del sindicato demandante, o las del contrato individual de trabajo previstas para los trabajadores oficiales y contenidas en la Ley 6ª de 1945 y sus decretos reglamentarios, dada la naturaleza jurídica de de las partes enfrentadas.

Precisó que el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo se encuentra ubicado en el título II de la segunda parte de dicho código que regula el derecho colectivo del trabajo y que resulta aplicable a los sindicatos de los servidores públicos como el demandante. Aludió al artículo 3º ídem, según el cual el código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares, mas no la de derecho individual de los trabajadores oficiales, tema que está corroborado por el artículo 4º de la misma normatividad, concluyendo que las normas de los contratos individuales aplicables al sub lite son las especiales que rigen para los trabajadores oficiales dada la naturaleza jurídica de las partes contratantes, y no las del Código Sustantivo del Trabajo, especialmente su artículo 46.

Hizo mención al artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 y su declaración de exequibilidad condicionada por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 2008. Recordó que dicha norma contempla que los contratos de trabajo no pueden pactarse por más de dos años y que cuando no se estipule término o este no resulte de la naturaleza del servicio contratado, se entenderá celebrado por seis meses. Trajo también a colación el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945 que establece que la prórroga del contrato a término fijo debe constar siempre por escrito —que fue lo que justamente se convino en la cláusula octava del contrato sindical—, y que si extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuaba prestando sus servicios con el consentimiento expreso o tácito del empleador, el contrato se entenderá prorrogado, por ese solo hecho, por períodos de seis meses.

Determinó, en consecuencia, que la norma aplicable al caso controvertido, era precisamente el mencionado artículo 43, pues hubo voluntad expresa por parte del departamento para que el sindicato continuara prestando los servicios contratados, no obstante que hubo comunicación de no prórroga del plazo inicialmente pactado, tal como lo demuestran las resoluciones que reconocieron los valores causados por los servicios prestados en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y 15 días de noviembre de 2001.

En síntesis, concluyó el Tribunal que el contrato sindical se había prorrogado por un período de seis meses comprendidos entre el 1º de julio y el 30 de diciembre de 2001 y que la indemnización que debía pagar el departamento por la ruptura ilegal del contrato era la suma de $ 269.491.560 a razón de $ 134.745.780 mensuales, que corresponde al promedio mensual reconocido en el año 2001.

V. El recurso de casación

Lo interpuso el sindicato demandante con la finalidad de que se case la sentencia recurrida en cuanto impuso condena únicamente por la suma de $ 269.491.560, para que en sede de instancia, profiera condena por indemnización equivalente a la prórroga del contrato por 17 meses.

Con ese propósito formuló un solo cargo, no replicado, que se decidirá a continuación.

(…).

VII. Se considera

La controversia planteada en el asunto bajo examen se concreta en determinar si a un contrato sindical le es aplicable, para efectos de su extinción, el régimen laboral individual que contiene el Código Sustantivo del Trabajo, o el régimen laboral individual propio de los trabajadores oficiales. Para el Tribunal, dada la naturaleza jurídica de las partes demandante y demandada y en atención a que el Sindicato agrupaba los trabajadores al servicio del ente territorial, las normas aplicables son las de la Ley 6ª de 1945 y sus decretos reglamentarios.

Para dilucidar ese interrogante, se observa:

El contrato sindical, de la forma como está regulado en los artículos 482 a 484 del Código Sustantivo del Trabajo, bien puede considerarse sui generis, pues a pesar de sus rasgos netamente civiles, sin embargo, contiene figuras que son propias del derecho laboral en tanto se exige su depósito a usanza de las convenciones colectivas de trabajo y se establece que su duración, revisión y extinción se rigen por las normas individuales del contrato de trabajo.

Sobre esa modalidad contractual, tiene dicho la Corte:

“De acuerdo con la anterior definición, es claro que el contrato sindical tiene la naturaleza del contrato civil de prestación de servicios o de ejecución de obra o labor, porque siendo uno de los sujetos del negocio jurídico el sindicato y el otro el empresario, empleador o asociación de empleadores, pero sin que opere aquí la subordinación, la autonomía jurídica, propia del contrato civil, es la nota predominante en ese tipo de relación.

Para regular el contrato sindical la ley ha utilizado instituciones propias del régimen laboral que, en principio, son extrañas a los negocios civiles. El depósito de aquel contrato que para algunos tiene fines de publicidad —sin que ella aparezca indispensable—, corresponde indudablemente a una asimilación al depósito de la convención colectiva. La extensión de las obligaciones derivadas del contrato sindical a los afiliados del sindicato contratante prevista en el artículo 484 del Código Sustantivo del Trabajo, inadmisible en el campo civil en virtud del principio de la relatividad de los contratos, es también una asimilación a lo que ocurre cuando se disuelve el sindicato que es parte en una convención colectiva (art. 474). Y lo mismo puede decirse de las facultades de representación previstas en el artículo 483, propias del derecho colectivo del trabajo…” (Sent. dic. 13/94, Rad. 7136).

Pues bien, el hecho de que el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo tenga dispuesto que la duración, revisión y extinción del contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual de trabajo, no significa una camisa de fuerza para los contratantes en cuanto no puedan convenir otras formas contractuales que se ajusten a la realidad en que pretenda desenvolverse.

Al respecto la Corte se ha ocupado de este particular punto, pues en la sentencia del 25 de julio de 1981, dejó consignado que “Nada se opone, por tanto, a que las partes (el sindicato y el empresario) autónomamente, dentro del marco amplio y flexible de la ley, pacten distintas modalidades de acuerdo con las circunstancias concretas y las necesidades prácticas”.

Lo anterior así puede afirmarse, por cuanto no puede dejarse pasar por alto que en un contrato sindical el sindicato actúa como persona jurídica y como tal tiene la fuerza y autonomía para contratar que trasciende más allá del marco individual en que se desenvuelve un contrato de trabajo, lo que supone que está frente a su contraparte en pie de igualdad.

En el sub lite, es claro que las partes convinieron una modalidad contractual para el plazo del contrato y la prórroga del mismo, como lo asentó el Tribunal en el fallo recurrido, cuando encontró acreditado que el plazo inicial del contrato fue de 17 meses comprendidos entre el 1º de febrero de 2000 y el 30 de junio de 2001 y que la prórroga del mismo debía constar por escrito, lo cual no ocurrió, no obstante que el contrato siguió ejecutándose después del vencimiento del plazo inicial pactado.

De otro lado, para el Tribunal no pasó desapercibido que el sindicato demandante agrupaba a los trabajadores oficiales del departamento del Valle del Cauca y que por el acuerdo de revisión de la convención colectiva de trabajo suscrito entre las partes y depositado ante el Ministerio de Trabajo el 27 de diciembre de 1999, originado por la difícil situación económica que atravesaba el ente territorial, se pactó una tabla de jubilaciones anticipadas y de retiro voluntario, acordándose expresamente además en la cláusula 3ª, literal c) del referido acuerdo, que si el departamento del Valle necesitara personal en cargos de motoristas, conserjes, vigilantes, etc, tales personas se vincularían mediante contrato sindical entre las partes y se seleccionarían de entre el personal que se acoja a la tabla de retiro.

Luego es indiscutible, entonces, que la revisión de la convención colectiva de trabajo, fue la génesis del contrato sindical que hoy ocupa la atención de la Sala.

Así las cosas, y como quiera que efectivamente los trabajadores oficiales tienen su propio régimen individual de trabajo, que no es otro que el previsto en la Ley 6ª de 1945 y sus decretos reglamentarios, especialmente el 2127 de 1945, no hay duda que el régimen aplicable para resolver la terminación del contrato sindical en el plenario lo son las propias de dichos servidores públicos y no las que establece la parte primera individual del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, no se vulnera con ello el derecho a la igualdad pregonado por la censura, pues de ninguna manera pueden asimilarse para los efectos legales los trabajadores particulares y los trabajadores oficiales. Estos últimos, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, son servidores públicos y como tales tienen unas especiales condiciones para el desempeño de sus funciones, pues están al servicio del Estado y de la comunidad, además de que deben ejercerlas de acuerdo con las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias y tienen unas particulares responsabilidades, todo lo cual tiene como objetivo respetar y garantizar los caracteres y finalidades esenciales del Estado, en la forma como lo disponen los artículos 1º y 2º de la Carta Política.

Todas esas características, difieren notablemente de las funciones y responsabilidades que corresponden a los servidores privados, por lo que los términos de comparación que plantea el recurrente no resultan suficientes y válidos para afirmar que se ha violentado el mandato constitucional que consagra el derecho a la igualdad.

En cuanto a la tesis de la censura según la cual frente al artículo 43 del Decreto 2127 de 1945 se produjo la inconstitucionalidad sobreviniente, ocurrida según ella por el desconocimiento del derecho a la igualdad, debe advertirse, en primer lugar, que el recurso de casación no es el instrumento adecuado para juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas jurídicas, ya que la Corte Suprema lo que hace es confrontar la sentencia recurrida con la ley, y en segundo lugar, dicho juicio, dada la condición de norma reglamentaria, corresponde al Consejo de Estado de acuerdo con las previsiones del artículo 237-2 del ordenamiento superior.

Así las cosas, no prospera el cargo. Sin embargo, no habrá lugar a costas por cuanto la demanda extraordinaria no fue replicada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 23 de mayo de 2007 por el Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso ordinario adelantado por el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle Del Cauca contra el Departamento del Valle del Cauca».

(Sentencia de 11 de febrero de 2009. Radicación 32756. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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