Sentencia 3278 de abril 27 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

RELIQUIDACIÓN DE PENSIONES DE DIPUTADOS

NO SE APLICAN NORMAS QUE RIGEN PARA CONGRESISTAS

EXTRACTOS: «El departamento de Córdoba, por conducto de apoderado, pretende mediante la presente acción la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 79 del 24 de julio de 1997 (fls. 34-35), mediante la cual la Secretaría de Hacienda Departamental de Córdoba resolvió modificar el artículo 1º de la Resolución 185 de abril 7 de 1976, en lo referente a la cuantía, quedando de la siguiente manera:

“Reconocer al señor Jorge Alberto Hoyos Lyons ya identificado, el derecho a disfrutar de pensión vitalicia de jubilación, por valor de tres millones doscientos treinta y un mil setecientos veintiséis pesos ($ 3.231.726) a partir del 1º de enero de 1994”.

Para fundamentar lo anterior, la Secretaría de Hacienda Departamental, advirtió que según la Ordenanza 03 de 1980, expedida por la Asamblea Departamental de Córdoba, los diputados son igualados a los honorables senadores de la República, en lo referente a la asignación básica mensual y demás factores salariales devengados, y como la Resolución 290 de abril 30 de 1990 no estableció en forma correcta la igualdad que se da entre los senadores y diputados es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de Jorge Hoyos Lyons.

Como disposiciones aplicables para el reconocimiento de la reliquidación se citaron la Ley 71 de 1988; 4ª de 1976, Ley 75 de 1978; Decreto 1359 de 1993 y la Ordenanza 03 de 1980.

En consecuencia, el departamento de Córdoba pretende que se declare que no está obligado a continuar pagando la pensión en los términos del acto anulado, sino con base en la resolución que la concedió inicialmente.

Según las voces del artículo 7º de la Ley 48 de 1962, incorporado como artículo 56 en el Código de Régimen Departamental, se determinó que:

“Los miembros del Congreso y de las asambleas departamentales gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen”.

Esta norma también se encuentra contenida en el artículo 4º de la Ley 5ª de 1969.

De otra parte, el artículo 3º de la Ley 5ª de 1969 señala la forma de computar el tiempo y la asignación de los diputados y congresistas, con el siguiente tenor literal:

“Los períodos de sesiones ordinarios o extraordinarios ... se computarán en materia de tiempo y de asignación como si el congresista o diputado hubiese laborado y percibido durante los doce meses idénticas asignaciones...”.

Así las cosas, los congresistas y diputados gozan de las mismas prestaciones e indemnizaciones consagradas para los servidores públicos, pero son las prestaciones e indemnizaciones a las que se refiere la Ley 6ª de 1945, estatuto que no contempla el reajuste o la reliquidación de la pensión de jubilación.

En efecto, el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 relaciona las prestaciones y consagra la pensión de jubilación, pero no incluye su reliquidación o reajuste, la que tampoco está prevista en las leyes 4ª de 1966 y 5ª de 1969.

Ahora bien, el artículo 1º de la Ley 19 de 1987 establece en su inciso segundo lo siguiente:

“Los congresistas que para tomar posesión de sus cargos hayan de renunciar temporalmente a recibir la pensión de jubilación que les había sido reconocida con anterioridad la podrán seguir percibiendo del Fondo de Previsión Social del Congreso, con derecho al respectivo reajuste, una vez suspendan o cesen en el ejercicio de sus funciones, pero el nuevo lapso de vinculación al Congreso y de aporte al fondo no podrá ser inferior a un (1) año en forma continua o discontinua”.

Y en su inciso primero, concede el goce de todas las prestaciones y servicios del Fondo de Previsión Social del Congreso, únicamente a aquellas personas que estén legalmente obligadas a contribuir para su funcionamiento. En otras palabras son los congresistas, los empleados del Congreso, y los del fondo mismo, según se desprende de los artículos 15-1 y 20 de la Ley 33 de 1985.

De otro lado, el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, dispuso que:

“El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad”.

En este orden de ideas, y en desarrollo del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1359 de 1993 mediante el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como el reajuste y sustituciones de las mismas, aplicables a los senadores y representantes a la Cámara.

El artículo 1º del citado decreto, enseña lo siguiente:

“El presente decreto establece íntegramente y de manera especial el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara”.

Y en el artículo 18 ibídem, señaló:

“La reglamentación contenida en este decreto es de carácter especial para quienes tuvieren la calidad de senadores o representantes a la Cámara.

En consecuencia no afectará el régimen prestacional de los demás empleados al servicio del Congreso de la República”.

Dirá entonces la Sala, que la norma en este caso no hace referencia a los diputados, en ninguno de sus preceptos, y por lo tanto mal puede pretenderse se les hagan extensivos estos privilegios.

Este reajuste de que trata el artículo 17 del Decreto 1359, es especial para los congresistas jubilados, por una sola vez y solamente para quienes con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, se hubieren jubilado como congresistas.

No está demostrado en el sub lite, que el demandado, jubilado como ex diputado, se hubiese reincorporado al servicio público en calidad de congresista por un año continuo o discontinuo, que sería la única forma para ser beneficiario de la reliquidación de la pensión en los términos del Decreto 1359 de 1993.

Esta última preceptiva, que sí consagra el reajuste pensional es aplicable exclusivamente a los congresistas.

Del carácter especial de la norma comentada se concluye necesariamente que para eventos como el del actor, el reajuste de la pensión de jubilación se rige por las normas generales sobre la materia, o sea por lo dispuesto en la Ley 171 de 1961, concretamente el artículo 4º, que a la letra dice:

“El pensionado por servicios a una o más entidades de derecho público, que haya sido o sea reincorporado a cargos oficiales y haya permanecido o permanezca en ellos por tres (3) años o más continuos o discontinuos, le será revisada su pensión a partir de la fecha en que quede nuevamente fuera del servicio, con base en el sueldo promedio de los tres últimos años de servicios...”.

Las anteriores argumentaciones son suficientes para confirmar la sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de abril 27 de 2000. Expediente 9388-3278-99. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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