Sentencia 32786 de marzo 17 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 82

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., diecisiete de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Cuestiones previas.

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, el artículo 18 del Código Penal (L. 599/2000) y el artículo 490 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), la extradición de colombianos por nacimiento se puede conceder, conforme a los tratados públicos o en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna que hayan sido cometidos en el exterior a partir del 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el acto legislativo que modificó la citada norma constitucional.

Como no existe tratado de extradición en vigor entre los Estados Unidos de América y Colombia, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y dado que los hechos ocurrieron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, del año 1998 hasta abril de 2009 inclusive, como se afirma en la acusación(1), este trámite de extradición se rige por el Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004)(2).

Resulta pertinente precisar, además, que de acuerdo con la solicitud y los documentos anexos se establece que las actividades delictivas atribuidas a Daniel Rendón Herrera tuvieron ocurrencia en el exterior y no versan sobre delitos políticos, toda vez que las conductas definidas como concierto para traficar con sustancias estupefacientes y el tráfico de estas, así como el financiamiento del terrorismo o suministro de recursos relacionados con actividades terroristas, no constituyen delito político.

De conformidad con el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia debe fundamentar su concepto exclusivamente en la validez formal de la documentación presentada; en la demostración plena de la identidad del solicitado; en el principio de la doble incriminación; en la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero; y, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, cuando fuere el caso.

La Sala, en consecuencia, abordará en el orden enunciado el estudio de cada uno de estos requisitos, orientada a establecer la procedencia de la solicitud de extradición.

2. Validez formal de la documentación presentada.

Como lo dispone el artículo 495 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, para conceder u ofrecer la extradición de una persona, la solicitud debe ser presentada por vía diplomática o en casos excepcionales por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando: i) copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; ii) indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; iii) todos los datos que se posean y sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.

Tales documentos deben ser expedidos de acuerdo con la forma señalada por la legislación del Estado requirente y se traducirán al castellano, si fuere necesario.

El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, estipula que “los documentos públicos otorgados en el país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano”.

En el caso de la especie, la Corte observa que el gobierno de los Estados Unidos cumplió adecuadamente tales exigencias, pues, por vía diplomática, presentó la solicitud a través de su embajada en nuestro país al Ministerio de Relaciones Exteriores; anexó copia de la Resolución de Acusación S3 04-CR-962 (LAP) de 16 de junio de 2009, dictada en la corte distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, contra Daniel Rendón Herrera por delitos federales de terrorismo y narcóticos.

Con las notas diplomáticas a través de las cuales solicitó la detención provisional y formalizó la reclamación, y con las declaraciones de Benjamín Naftalis, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y Annette Roman, detective de la Policía de Nueva York, adscrita al grupo de tarea con la Administración para el Control de Drogas (DEA), rendidas en apoyo de la solicitud, se determinan las conductas que fundamentan la reclamación y se especifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar de realización de los diversos actos que integran la ejecución de cada uno de los punibles, cumpliendo de esta manera la exigencia del artículo 35 de la Constitución Política, consistente en que la extradición de colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior.

De otra parte, como se verá, los anexos permiten establecer la identidad del requerido, y con la transcripción de las disposiciones de las leyes de Estados Unidos supuestamente transgredidas, se establece la doble incriminación.

Aquellos documentos fueron autenticados según lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual se presume que fueron otorgados de conformidad con el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos; siendo, por tanto, factible admitirlos como medios de prueba en este trámite.

En efecto, Thomas C. Black, director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, certificó que copias fieles de los testimonios rendidos por Benjamín Naftalis, fiscal auxiliar de los Estados para el Distrito Sur de Nueva York y Annette Roman, detective de la Policía de Nueva York, adscrita al grupo de tarea con la Administración para el Control de Drogas (DEA), se conservan en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de Washington D.C., de los Estados Unidos (fl. 129, carpeta anexa, traducción oficial).

El Procurador de los Estados Unidos, Eric H. Holder, Jr., acreditó que para ese entonces, Thomas C. Black, desempeñaba el cargo de director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, de la División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en Washington D.C., quien con ese propósito hizo estampar el sello del departamento de justicia y solicitó al director adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal que diera fe de su firma (fl. 128, carpeta anexa).

La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, certificó que al documento anexo se le fijó el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en testimonio de lo cual hizo fijar el sello del Departamento de Estado y que el funcionario auxiliar de autenticaciones de dicho departamento en Washington, Sonya N. Johnson, suscribiera su nombre (fl. 51-52, carpeta anexa).

Por su parte, el vicecónsul de Colombia en Washington, René Correa Rodríguez, autenticó la firma de Sonya N. Johnson, y la de este fue abonada por el jefe de autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 50 carpeta anexa).

Los mencionados documentos fueron traducidos al castellano por la embajada de los Estados Unidos.

Se verifican de esa manera, reunidas las exigencias del artículo 495 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, por lo cual se satisface el requisito de la validez formal de la documentación presentada con la solicitud de extradición.

3. Demostración plena de la identidad del solicitado.

La información contenida en la documentación aportada para el presente trámite permite a la Sala deducir que Daniel Rendón Herrera, privado de la libertad con fines de extradición, es la misma persona solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Así se infiere valorando conjuntamente los datos suministrados por el país requirente en las notas diplomáticas y en los testimonios rendidos en apoyo de la solicitud de extradición; lo consignado en la orden y en el informe sobre la notificación de la captura del solicitado, y la actitud asumida por este en el curso del trámite, consistente en otorgar poder a su abogada de confianza para que lo asistiera.

Con la nota verbal 1679 de 21 de julio de 2009, mediante la cual fue solicitada la detención provisional con fines de extradición, hace saber que el requerido se llama Daniel Rendón Herrera, ciudadano colombiano, nacido el 12 de noviembre de 1964 en Colombia, y es titular de la cédula de ciudadanía 8.011.256.

La nota verbal 2478 de 1º de octubre de 2009 mediante la cual se formalizó la solicitud, las declaraciones rendidas en apoyo, la resolución que ordenó la captura emitida por el despacho del Fiscal General de la Nación, reiteran y ratifican la información relativa a la identidad del ciudadano requerido, que corresponde a Daniel Rendón Herrera.

Con motivo de la captura se confeccionaron las actas respectivas y en la notificación, la persona detenida dijo llamarse e identificarse con los mismos nombres y cédula reportados por las autoridades extranjeras, actitud que ha sostenido a lo largo del trámite, sin que la defensa haya formulado cuestionamiento alguno al respecto.

Surge evidente así, que Daniel Rendón Herrera, persona que fue aprehendida y permanece privada de la libertad con fines de extradición, es la misma que reclama en tal condición el Gobierno de los Estados Unidos de América.

4. Principio de la doble incriminación.

Establece el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, que para conceder u ofrecer la extradición es necesario que el hecho que la motive también esté previsto en Colombia como delito y sea sancionado con una pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.

Dicho presupuesto se cumple frente al ciudadano colombiano Daniel Rendón Herrera, en relación con los cargos por los que es requerido, por cuanto las normas sustanciales aplicables al caso por el país solicitante, incluyen el equivalente en Colombia a los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y apoyo de actividades terroristas; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En la acusación formal número S3 04-CR-962 (LAP) de 16 de junio de 2009, dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se atribuyen al requerido los siguientes cargos:

Cargo uno

(Concierto para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera)

Antecedentes del concierto

(...).

6. Desde por lo menos el 2001, hasta e incluyendo por lo menos abril de 2009, o alrededor de esa fecha, en una ofensa en y que afectaba el comercio interestatal e internacional, que comenzó y fue cometida fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de los Estados Unidos en particular, incluyendo en Colombia, Panamá, Honduras, México, Ecuador y otros lugares, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, alias “El Viejo”, alias “El Tío”, alias “La Señora”, el acusado, que será primero llevado y arrestado en el Distrito Sur de Nueva York, y otros conocidos y desconocidos, ilegalmente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, confederaron y se pusieron de acuerdo juntos y el uno con el otro, para brindar “apoyo material o recursos” según se define el término en la sección 2339ª(b) del título 18, del Código de los Estados Unidos, a una organización terrorista extranjera, específicamente, las AUC, que fueron designadas como una organización terrorista extranjera por el secretario de Estado en o alrededor del 10 de septiembre de 2001, conforme a la sección 219 del acta de inmigración y nacionalidad; y que han continuado en la lista de designados desde ese momento; y que ahora siguen designadas como tal, en la fecha de presentación de esta acusación.

7. Era parte y objetivo del concierto que Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, alias “El Viejo”, alias “El Tío”, alias “La Señora”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, proveerían y de hecho proveyeron a las AUC armamentos, ganancias del (tráfico) de narcóticos, personal, y otro apoyo y recursos, a sabiendas de que las AUC habían participado en actividades terroristas (según se definen en la sección 212 (a)(3)(B) del Acta de Inmigración y Nacionalidad), y que, sabiendo que las AUC habían participado y seguían participando en el terrorismo (según se define en la sección 140(d)(2) del Acta de Autorización de Relaciones Exteriores, para los años fiscales 1988 y 1989), en violación de la sección 2339B del título 18, del Código de los Estados Unidos.

Cargo dos

(Concierto para importación de narcóticos)

El gran jurado además acusa:

(...).

13. Desde por lo menos alrededor de 1998 y hasta por lo menos alrededor de abril de 2009, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, alias “El Viejo”, alias “El Tío”, alias “La Señora”, (...) los acusados, y otros conocidos y desconocidos, ilegal, e intencionalmente y a sabiendas combinaron, conspiraron, confederaron y se pusieron de acuerdo en conjunto y uno con el otro para violar las leyes sobre narcóticos de los Estados Unidos.

14. Era parte y objetivo del concierto que Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, alias “El Viejo”, alias “El Tío”, alias “La Señora”, (...) los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importarían y de hecho importaron a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, cinco kilogramos y más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en violación de las secciones 812, 952(a), y 960(b)(1)(B) del título 21, del Código de los Estados Unidos.

15. Además, fue una parte y objetivo del concierto que Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, alias “El Viejo”, alias “El Tío”, alias “La Señora”, (...) los acusados, y otros conocidos y desconocidos, distribuirían y de hecho distribuyeron una sustancia controlada a saber, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención y a sabiendas de que esa sustancia sería importada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, en violación de las secciones 959, 960(a) y 960 n(b) (1) (B) del título 21, Código de los Estados Unidos.

Cargo tres

(Concierto de narco-terrorismo)

El gran jurado adicionalmente acusa:

(...).

18. Desde por lo menos o alrededor del 2000 hasta e incluyendo en o alrededor de abril de 2009, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, alias “El Viejo”, alias “El Tío”, alias “La Señora”, el acusado, que será primero llevado y arrestado en el Distrito Sur de Nueva York, y otros conocidos y desconocidos, ilegal e intencionalmente, y a sabiendas se combinaron, conspiraron, confederaron y se pusieron de acuerdo conjuntamente y uno con el otro para violar la sección 960a del título 21, Código de los Estados Unidos.

19. Fue parte y un objetivo de tal concierto que Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, alias “El Viejo”, alias “El Tío”, alias “La Señora”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, participaran y de hecho participaron en una conducta que ocurría en y afectaba el comercio extranjero interestatal, que sería punible según el título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 841 (a) si fuese cometida dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, específicamente, la fabricación, distribución, y posesión con la intención de fabricar y distribuir 5 kilogramos y más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, sabiendo, y con la intención de proveer, directa o indirectamente, algo de valor material a una persona y organización que han participado y participan en actividades terroristas y el terrorismo, según se definen en el título 8, Código de los estados Unidos, sección 1182(a)(3)(B), y el título 22, Código de los Estados Unidos, sección 2656f (d) (2), a saber, las AUC y sus miembros, operativos y asociados, teniendo conocimiento de que esa persona y organización han participado y participan en terrorismo y actividades terroristas, dichas actividades siendo en violación de las leyes penales de los Estados Unidos, y ocurren en y afectan el comercio interestatal y extranjero, en violación de la sección 960a del título 21, Código de los Estados Unidos”.

El delito de concierto para infringir las leyes antinarcóticos y contra el terrorismo de los Estados Unidos, atribuido a Daniel Rendón Herrera, es también punible en Colombia, pues configura el injusto de concierto para delinquir previsto en el artículo 340 del Código Penal, Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002, que sanciona a quienes se concierten con el fin de cometer delitos con prisión de 4 a 9 años. Sin embargo, esta pena fue incrementada en la tercera parte por la Ley 890 de 2004, para quedar, entonces, con pena de 6 a 12 años.

El delito de concierto para delinquir previsto en el artículo 340 del Código Penal, es castigado con sanción privativa de la libertad de 8 a 18 años, cuando el acuerdo sea con fines de narcotráfico y/o apoyo a las actividades terroristas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006.

Así mismo, la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas está prevista por el Código Penal colombiano en el apartado 345, modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 16 y tiene señalada una pena privativa de la libertad de trece (13) a veintidós (22) años.

De igual manera, el artículo 376 de la norma penal citada, prevé y condena el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con prisión de ocho (8) a veinte (20) años.

Debe tenerse en cuenta que la sanción penal señalada para el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes contemplado en el artículo anterior, fue incrementada en una tercera parte conforme al artículo 14 de la Ley 890 de 2004, por lo que la pena es entonces, de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En consecuencia, surge evidente que frente a estos comportamientos converge la condición de ser delictivos en Colombia y estar sancionados con prisión no menor de cuatro años, por tanto se cumple de este modo el principio de la doble incriminación.

Respecto del decomiso planteado en la acusación, con base en el título 18, sección 981 (a) (1) (G), el título 21, Secciones 853 y 970 del Código de los Estados Unidos, y el título 28, sección 2461(c) del Código de los Estados Unidos, la cual busca el embargo de todos los bienes que se hayan derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisión de los anteriores delitos, si dichos bienes no estuvieren disponibles, es preciso señalar que esta mención no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.

En efecto, como lo ha expresado esta corporación respecto de situaciones semejantes(3), al precisar que, el señalamiento de la pena de decomiso no comporta imputación alguna; a lo sumo es el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos que deba ocupar el concepto a emitir por la Sala.

5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

Por disposición del numeral 2º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, para que pueda ofrecerse o concederse la extradición, es necesario que el país reclamante haya proferido contra el requerido, resolución de acusación o su equivalente.

Tal exigencia se cumple también frente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Daniel Rendón Herrera, formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, toda vez que la Acusación S3 04-CR-962 (LAP) de 16 de junio de 2009, dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, es equivalente al escrito de acusación establecido en el artículo 337 de la norma instrumental citada.

En efecto, el Indictment S3 04-CR-962 (LAP), contiene entre otros aspectos, los atinentes a la individualización concreta del acusado; un relato resumido de las conductas endilgadas al requerido; describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron ejecutadas; menciona las pruebas que le sirven de sustento; destaca por qué tales hechos son jurídicamente relevantes al realizar la calificación jurídica con las disposiciones penales sustantivas transgredidas; y comporta el inicio de la fase del juicio, en donde el procesado tiene la oportunidad de defenderse de los cargos a él atribuidos, y que culmina con la sentencia que pone fin al proceso.

Como los anteriores elementos que contiene la Acusación S3 04-CR-962 (LAP), también deben estar reunidos en el escrito de acusación previsto en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, se afirma la equivalencia entre las dos providencias, por tanto, la Sala encuentra satisfecho este requisito.

6. Improcedencia de la extradición del ciudadano Daniel Rendón Herrera.

Como ha quedado señalado  en precedencia, se encuentran parcialmente, establecidos los presupuestos referidos en el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, para rendir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Daniel Rendón Herrera elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en nuestro país, como lo pide además, la delegada del Ministerio Público; sin embargo, ello no es posible, por cuanto se configuran motivos de orden constitucional y legal que impiden a la Sala pronunciarse de manera positiva respecto de la entrega del requerido, quien se halla postulado a los beneficios previstos en la Ley de Justicia y Paz, como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, perteneciente al bloque Élmer Cárdenas - Norte Medio Salaquí.

Frente a la extradición de ciudadanos colombianos, la Corte de manera reiterada y unánime ha sostenido que a la hora de emitir el concepto respectivo, se debe examinar el cumplimiento de unos requisitos básicos contemplados por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, que corresponden a:  la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero, y cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos; pero además, conforme al artículo 35 de la Carta Política y el 490 de la ley procesal mencionada, que se trate de hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997; que no se proceda por delitos políticos;  que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y sea reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años; y que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente; y de manera más reciente, la Sala se ha ocupado también de aspectos como, garantizar la intangibilidad del principio del non bis in ídem y la cosa juzgada, dentro de los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la corporación(4).

Tratándose de con-nacionales pedidos en extradición por delitos comunes y que al mismo tiempo se hallan postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, la Corte, además de los presupuestos ya señalados, de manera especial ha examinado el alcance que tienen los derechos fundamentales, no solo en el ordenamiento jurídico colombiano(5), sino a la luz de los tratados internacionales, tanto los referidos a la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada, como todos aquellos relacionados con los derechos y garantías de los extraditables, las víctimas y la sociedad en general.

En este sentido la Sala, al analizar la extradición frente a los tratados públicos y el bloque de constitucionalidad, precisó:

“Dado que el Estado colombiano se ha comprometido a perseguir el delito, tanto en lo interno como frente a la comunidad internacional, tal obligación tiene su correlato en la efectiva protección de los derechos de las víctimas, las cuales no pueden quedar desprotegidas bajo ninguna circunstancia y por ello existe consenso en alcanzar para las mismas verdad, justicia y reparación.

“Tal imperativo tiene una connotación superior cuando se trata de delitos de lesa humanidad, situación en la que se encuentran los desmovilizados que han sido postulados para los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, en tanto que su obligación consiste en rendir versiones libres en las que deben confesar de manera veraz y completa los delitos cometidos.

“Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los postulados se refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, tal valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos.

“Destaca la Sala que el estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional ha tenido en cuenta no solo la conducta del autor o de los partícipes sino que también ha considerado en especial la existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual significa que también deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado...

“De otra parte, ha de tenerse en cuenta que las víctimas tienen derechos fundamentales en orden a garantizar (i) la efectiva reparación por el agravio sufrido, a que existe una (ii) obligación estatal de buscar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, y a un (iii) acceso expedito a la justicia, pues así se prevé por la propia Constitución Política, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

“Tal perspectiva de la víctima solamente se puede entender cuando se acepta, como tiene que ser, que ella ha quedado cubierta por un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva, de amplio reconocimiento internacional y con evidente acogida constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este principio se caracteriza por establecer un sistema de garantías de naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia (art. 229); la igualdad ante los tribunales (art. 13); la defensa en el proceso (art. 29); la imparcialidad e independencia de los tribunales (arts. 209 y 13)(6); la efectividad de los derechos (arts. 2º y 228), sean predicables tanto del acusado como de la víctima. Esta bilateralidad ha sido admitida por esta corporación al señalar que el complejo del debido proceso, que involucra principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto, derecho de defensa y sus garantías, y el juez natural, se predican de igual manera respecto de las víctimas y perjudicados”(7).

En este contexto, también señaló la Corte el alcance de sus responsabilidades y las obligaciones constitucionales y legales en el cumplimiento de sus funciones frente al trámite de la extradición, las cuales no se agotan con la emisión del concepto, sino que:

“... dentro de la órbita de sus competencias, está obligada, como toda autoridad, a velar por el respeto irrestricto de las garantías fundamentales. Dicha obligación de garante de los derechos fundamentales no se limita a los del solicitado, pues en casos concretos puede observar que la extradición atentaría contra derechos fundamentales de terceros que al ponderarlos con el interés particular del país solicitante se tornan intangibles, caso en el cual puede emitir concepto condicionando la extradición, y en supuestos extremos, negándola(8).

En efecto, es que en casos, como el que ha originado el presente debate, se impone sopesar, reiterase, el interés particular en juego del aludido mecanismo de cooperación internacional respecto de los fines que alientan la Ley de Justicia y Paz, ya que la entidad de los ilícitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley que involucran masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, entre otros, imprime prevalencia al derecho internacional de los derechos humanos, frente a dicho instrumento de colaboración para la lucha contra la delincuencia.

Desde esa perspectiva se entiende por qué la Corte al conceptuar acerca de los requisitos de la extradición puede emitir su juicio de manera positiva, y a la vez condicionado, cuando advierte que la persona solicitada se halla también postulada para los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pues atendida la mayor dañosidad social causada por los grupos armados al margen de la ley, es inaplazable su efectivo procesamiento como integrante de esas organizaciones delincuenciales, ya que se requiere de su colaboración para esclarecer tales comportamientos, determinar sus autores y auxiliadores, ubicar a sus víctimas o sus restos, etc.

De otro modo no se cumpliría el ideal de paz que sirvió para expedir la Ley 975 de 2005, por cuanto la extradición, además de impedir el relato de los crímenes del postulado a través de su versión libre, dejaría huérfanas de protección a las víctimas y sus familiares, al diluirse el aseguramiento de la reparación de los daños, además del conocimiento de lo que sucedió, cómo ocurrió, etc., máxime cuando en delitos de esta estirpe la sola reparación o indemnización pecuniaria no basta.

Lo anterior encuentra soporte en “Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento en Materia Penal” (comisión de expertos en Palma de Mallorca), que se predican tanto para infracciones del derecho internacional humanitario, como para toda clase de procesos penales, al establecer la obligación del Estado de procurar a la víctima y a los perjudicados por el delito la ayuda que requieran, así como la obligación de adoptar medidas necesarias para garantizarles un trato humano digno, además de ser oídos y asistidos por abogado, que en casos graves puede tratarse de uno de oficio, para procurar, en todo caso, la mejor defensa de sus derechos.

A su turno en la “Declaración sobrelosprincipiosfundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” adoptada por la asamblea general en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, al establecer que,

“4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas”.

En reiterada jurisprudencia ha expuesto esta corporación, que al emitir concepto en el trámite de extradición, se debe fundamentar la decisión en los aspectos contenidos por el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal de 2004, entre los que se menciona el cumplimiento de los tratados internacionales, cuando fuere el caso.

En el presente asunto, son de perentoria observancia los tratados internacionales, tanto por la corporación al momento de emitir el concepto que de ella se pide como por el ejecutivo al adoptar la decisión que le corresponde, no sólo los vinculados con dicho mecanismo de cooperación internacional, sino todos los referidos a los derechos y garantías de todos los asociados incluidos por supuesto los sujetos activos del trámite.

De ahí que la Sala de Casación Penal al conceptuar acerca de la extradición, pese a encontrar satisfechos los requisitos formales, pueda condicionar la entrega del requerido o negarla, en observancia de los convenios internacionales, en este caso, de los atinentes al cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en los que hallan respaldo las garantías fundamentales de las víctimas(9).

En efecto, ha dicho esta Sala:

“... si bien el Estado colombiano está comprometido a perseguir el delito, tanto en lo interno como frente a la comunidad internacional, dicha obligación no es de mayor importancia o jerarquía que la inherente a la efectiva protección de los derechos de las víctimas, particularmente respecto de los delitos de lesa humanidad, pues las garantías fundamentales de éstas a la verdad, la justicia y la reparación, no pueden quedar desprotegidas bajo ninguna consideración, al hallarse amparadas en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Congreso, los cuales prevalecen en el orden interno por mandato constitucional(10), y son de inexcusable cumplimiento por todas las autoridades”(11).

Con relación a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, aspecto que reviste fundamental importancia en el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus implicaciones sustantivas —para identificar al sujeto pasivo de la lesión, titular de los derechos afectados y de aquellos otros que genera la conducta violatoria—, como por sus consecuencias procesales —para precisar la legitimación y la correlativa capacidad de actuación en los diversos momentos del proceso—, la jurisprudencia evolutiva de la Corte(12) revela claramente el impulso tutelar tanto del derecho internacional como la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, que pretende llevar cada vez mas lejos la protección real de los Derechos Humanos.

Frente a las violaciones de los Derechos Humanos, el Estado debe garantizar a las víctimas un recurso efectivo que ofrezca resultados o respuestas adecuadas, de donde surge el deber que le asiste a la Sala de condicionar el concepto que emita en casos como el que ahora ocupa su atención o expresarlo en forma negativa, por lo tanto en el mismo proveído rememorado concluyó:

28.Todo lo expresado obliga a la Corte a considerar, en aras del imperio de la justicia nacional, el respeto de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos y la efectividad de los derechos fundamentales, que si en un supuesto concreto de extradición se produce como consecuencia del mismo la violación de los derechos de las víctimas, el concepto deberá ser emitido en forma negativa o si el mismo es de carácter favorable será condicionado para evitar el desamparo de quienes han padecido las consecuencias de los delitos confesados por el desmovilizado-postulado, supuesto ineludible que de no atenderse convertirá el concepto en negativo, con las respectivas consecuencias” (resalta la Sala).

Precisamente en cumplimiento de sus deberes y responsabilidades dentro de la órbita de sus competencias, la Corte está obligada, como toda autoridad, a velar por el respeto irrestricto de las garantías fundamentales de las víctimas del accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y en dicho cometido, ante la omisión por parte del Gobierno Nacional para atender los condicionamientos y recomendaciones de la corporación en esta materia, mediante decisión de 19 de agosto de 2009 varió su precedente jurisprudencial, radicado 30451, cuando al emitir concepto negativo, expresó:

“en conceptos anteriores (rads. 28643 y 28503), en supuestos de hecho cercanos a los que aquí se examinan y para efectos de garantizar los derechos de las víctimas simplemente llamó “la atención al Presidente de la República para que se tenga en cuenta la filosofía de esta ley (975/2005) y los compromisos en materia de verdad, justicia y reparación”; o estimó que era su deber constitucional “recordar al Gobierno Nacional, la vigencia de los tratados públicos ratificados por Colombia, particularmente los que se refieren al cumplimiento internacional de los derechos humanos en los que hallan respaldo las garantías fundamentales de las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, para que conforme a la filosofía de la Ley de Justicia y Paz, se adopten medidas compatibles con los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y los estándares internacionales”.

La práctica, sin embargo ha demostrado que tales advertencias o condicionamientos no han tenido eficacia alguna y en ese orden la dificultad, si no imposibilidad, que se evidencia para escuchar a quienes han sido extraditados en esas circunstancias, como la práctica judicial lo ha comprobado, afecta seriamente las prerrogativas de verdad, justicia y reparación de que son titulares las víctimas de esos punibles de lesa humanidad ejecutados por quienes sometidos al mecanismo de cooperación internacional hacían parte de grupos armados al margen de la ley, imposibilidad que a no dudarlo no se entiende superada con la simple decisión de diferir la entrega del requerido —como se hizo a través de la R. 295, ago. 21/2008 referida a Héber Veloza García— pues no se disponen correlativamente mecanismos que de manera eficaz tiendan a la verificación de las garantías que conciernen a las víctimas.

Esta última situación se agrava cuando el propio gobierno nacional desatiende abiertamente la condición impuesta por la Sala, como se comprueba con la lectura del considerando 7 de la mencionada resolución, donde se consignó: “En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la extradición...” (se destaca), mostrándose la parte resolutiva fiel a esa omisión cuando en ella no se hace referencia alguna al condicionamiento de la Corte y en cambio sí al uso de la facultad discrecional, la que si bien debe reconocer la corporación no por ello puede desatenderse lo señalado en el concepto favorablemente condicionado rendido en el caso de Veloza García.

En refuerzo de esta consideración igualmente cabe invocar otro precedente: en el concepto favorable rendido respecto de Carlos Mario Jiménez (abr. 2/2008, rad. 28643) el llamado de atención hecho al presidente de la República para que tuviera en cuenta la filosofía de la Ley 975 y los compromisos en materia de verdad, justicia y reparación, fue desatendido sin miramiento alguno al disponerse —sin límites respecto del tema— la entrega del reseñado Jiménez.

(...).

10. Fundamentos para emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición:

En concreto y frente a la pretensión de extradición del ciudadano colombiano L.E.M.F., se emitirá concepto negativo por lo siguiente:

(i) Se vulnera el espíritu de la Ley 975 de 2005.

(ii) Se desconocen los derechos de las víctimas.

(iii) Se traumatiza el funcionamiento de la administración de justicia colombiana. Y,

(iv) La gravedad de los delitos cometidos por el ciudadano pedido en extradición es menor respecto de los delitos que se le imputan en Colombia.

(i) El espíritu de la Ley 975 de 2005:

Es bien sabido que la Ley 975 de 2005 fue promovida por el Gobierno Nacional haciendo referencia a que la paz como gran propósito nacional no debe tener obstáculos y que en aras de ella se debe

“encontrar una adecuada relación, un equilibrio entre justicia y paz, que nos permita satisfacer los intereses de la primera, al tiempo que se avanza de manera audaz y efectiva en la superación de los problemas de violencia que tanto sufrimiento le han causado al país(13), de modo que se estructuró un proyecto de ley que debía tener como ejes centrales Verdad, Justicia y Reparación, dando especial importancia al derecho de las víctimas(14), refulgiendo con diafanidad que tanto el Gobierno Nacional como las comunidades nacional e internacional tengan interés en que los graves delitos cometidos por las bandas paramilitares sean aclarados plenamente y se impongan las consecuencias punitivas que las leyes autorizan, porque de lo contrario se estaría vulnerando el derecho de la sociedad a esclarecer procesos de macrocriminalidad que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la población (que también), son derechos constitucionales(15).

Como lo dijo el Tribunal Constitucional al examinar la exequibilidad de la Ley 975 de 2005, el hecho de que el Estado atraviese por difíciles circunstancias que dificulten la consecución de la paz, no lo liberan de sus obligaciones en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición, que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos(16).

La extradición de los paramilitares sometidos al proceso de justicia y paz ha constituido un golpe de gracia al propósito inspirador de una ley que ha pretendido hacer germinar la paz entre los colombianos y la prueba más fidedigna del descalabro de dicha estrategia gubernamental contra la violencia y los grupos armados ilegales.

Pero mientras las autoridades judiciales estén autorizadas para adelantar los procesos especiales previstos en la Ley 975, los postulados estén cumpliendo con su obligación de confesar los delitos cometidos, se estén realizando las audiencias de imputación y se profieren los fallos correspondientes, es deber inclaudicable de jueces y fiscales hacer prevalecer en el orden interno los principios de verdad, justicia y reparación.

(ii) Defensa de los derechos de las víctimas(17): 

El Tribunal Constitucional(18) en la Sentencia C-454/06 resumió el alcance de los derechos de las víctimas del delito de la siguiente manera:

a. El derecho a la verdad

31. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad(19) (principios 1 a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.

El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.

El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”(20), y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte(21).

32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima(22).

b. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad

33. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal(23), y el derecho a participar en el proceso penal(24), por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en  que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas(25).

c. El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito

34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas(26).

La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.

En forma concreta sobre los derechos de las víctimas en procesos inscritos en contextos y modalidades de justicia transicional de reconciliación, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia C-370/06, no solamente señaló que además de garantizarles la protección de los derechos humanos mediante el ejercicio de un recurso en los términos de los artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos

[4.5.3.]... corresponde el correlativo deber estatal de juzgar y sancionar las violaciones de tales derechos. Este deber puede ser llamado obligación de procesamiento y sanción judicial de los responsables de atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos.

(...).

4.5.5. El deber estatal de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los autores de graves atropellos contra el derecho internacional de los Derechos Humanos no queda cumplido por el solo hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que exige que este se surta en un “plazo razonable”. De otra manera no se satisface el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.

(...).

4.5.7. La obligación estatal de iniciar ex officio las investigaciones en caso de graves atropellos en contra de los derechos humanos indica que la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aportación de elementos probatorios.

(...).

4.5.9. Las obligaciones de reparación conllevan: (i) en primer lugar, si ello es posible, la plena restitución (restitutio in integrum), “la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación”(27); (ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie de medidas que además de garantizar el respeto a los derechos conculcados, tomadas en conjunto reparen las consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la indemnización compensatoria.

4.5.10. El derecho a la verdad implica que en cabeza de las víctimas existe un derecho a conocer lo sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente y se sancionen por el Estado, y a que se prevenga la impunidad.

4.5.11. El derecho a la verdad implica para los familiares de la víctima la posibilidad de conocer lo sucedido a esta, y en caso de atentados contra el derecho a la vida, en derecho a saber dónde se encuentran sus restos; en estos supuestos, este conocimiento constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.

4.5.12. La sociedad también tiene un derecho a conocer la verdad, que implica la divulgación pública de los resultados de las investigaciones sobre graves violaciones de Derechos Humanos.

(...).

4.7. El “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la ONU en 1998.

… la Corte aprecia que, dentro de las principales conclusiones que se extraen del “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” en su última actualización, cabe mencionar las siguientes, de especial relevancia para el estudio de constitucionalidad que adelanta: (i) durante los procesos de transición hacia la paz, como el que adelanta Colombia, a las víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber, b) el derecho a la justicia y c) el derecho a la reparación; (ii) el derecho a saber es imprescriptible e implica la posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima; (iii) el derecho a saber también hace referencia al derecho colectivo a conocer qué pasó, derecho que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las violaciones se reproduzcan y que implica la obligación de “memoria” pública sobre los resultados de las investigaciones; (iv) el derecho a la justicia implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación; (v) al derecho a la justicia corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción; (vi) dentro del proceso penal las víctimas tienen el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho a la reparación; (vii) en todo caso, las reglas de procedimiento deben responder a criterios de debido proceso; (viii) la prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser opuesta a los crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad ni correr durante el período donde no existió un recurso eficaz; (ix) en cuanto a la disminución de las penas, las “leyes de arrepentidos” son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, “pero no deben exonerar totalmente a los autores”; (x) la reparación tiene una dimensión doble (individual y colectiva) y en el plano individual abarca medidas de restitución, indemnización y readaptación; (xi) en el plano colectivo, la reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se proyectan a la comunidad; (xii) dentro de las garantías de no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de medidas de reinserción.

Los derechos referidos llevan a que los jueces, inclusive quien debe conceptuar en los trámites de extradición(28), no puedan pasar como meros espectadores pues su misión va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales (...),

de donde le resulta imperativa la obligación de buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de esta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad(29).

Frente a las violaciones de los derechos humanos el Estado debe garantizar a las víctimas un recurso efectivo que ofrezca resultados o respuestas adecuadas(30), lo que equivale a decir, ni más ni menos, que un remedo de justicia no equivale a hacer justicia. Dicho en otros términos: solo se hace justicia y se obtiene eficacia del recurso efectivo cuando quienes han sufrido la violación de los derechos humanos, quienes han sido víctimas de los delitos cometidos por los grupos paramilitares, o sus familiares, obtienen verdad, justicia y reparación(31).

El Estado, en este caso los jueces, faltan a sus deberes cuando ante graves violaciones a los derechos humanos no investigan, juzgan y sancionan a los responsables de cometerlas. En concreto sobre el denominado recurso efectivo, se incumplen gravemente los estándares internacionales cuando (i) no se adelantan los procesos judiciales de forma seria, rigurosa y exhaustiva, (ii) cuando no se tramitan con diligencia, celeridad y convicción, (iii) no se toman medidas para proteger a las víctimas (iv) o no se les permite a estas intervenir en los procesos, (v) o se dilata en el tiempo la definición del asunto.

La experiencia reciente demuestra que extradiciones concedidas y ejecutadas por el Estado han permitido que en los procesos de justicia y paz se paralice el conocimiento de la verdad, dado que los postulados extraditados no han podido seguir confesando los crímenes cometidos. Y así, las víctimas están quedando sin saber la verdad y la sociedad sin garantías de no repetición.

Entonces, si la Ley 975 de 2005 disminuyó los estándares de justicia en favor de los de verdad y reparación, no puede la Corte aceptar que amén de la relativa impunidad que se imparte en los procesos de justicia y paz, también se permita socavar la verdad al impedir que los postulados narren los crímenes cometidos y pidan perdón a las víctimas y que, junto con las autoridades, se den garantías de no repetición y se repare adecuadamente a las víctimas respetando su dignidad.

(iii) Obstruccionismo frente a la justicia colombiana:

Las personas pedidas en extradición que se desmovilizaron y están confesando los delitos cometidos personalmente o por cuenta de su organización criminal, deben concluir sus exposiciones para que la justicia colombiana emita los pronunciamientos definitivos que de ella se esperan.

Adicionalmente, y en la medida en que muchos individuos, entre quienes aparecen particulares, servidores públicos y autoridades estatales de todo orden, participaron de diferente manera de la actividad delincuencial y del proceso de cooptación del Estado por los grupos paramilitares, resulta imprescindible que la sociedad conozca y juzgue a todos los que sirvieron de soporte o ayuda, estimularon o financiaron, encubrieron o se beneficiaron, de la organización criminal, lo que solamente se puede obtener, gracias y en buena medida, siempre y cuando los postulados estén permanentemente a disposición de las autoridades judiciales colombianas.

No resulta admisible que un proceso de paz como el promovido por el Gobierno Nacional dirigido a la desmovilización de los paramilitares, pueda quedar supeditado a gobiernos extranjeros y su buena voluntad de permitir reconstruir la verdad que tanto clama la sociedad colombiana.

También aparece como elemento perturbador que motiva este concepto desfavorable que las autoridades judiciales colombianas no puedan cumplir los términos procesales en los asuntos que tramita. Ya se han presentado supuestos en los que la ausencia de testigos —extraditados previamente— obligan al aplazamiento de las audiencias programadas con suficiente antelación, con la consecuencia inaudita de generar la aparición de causales de libertad a favor de los procesados, fenómeno al que no habría lugar en el evento de tener a disposición de las autoridades nacionales a los postulados-extraditados.

(iv) Gravedad de los delitos:

Los delitos por los cuales es pedido en extradición el postulado a los beneficios de justicia y paz, tienen que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes, y no cabe duda que sobre las conductas relacionadas con dichos delitos existe consenso universal dirigido a evitar la impunidad e imposición de castigo ejemplar.

Sin embargo, en atención a que los postulados al proceso especial consagrado en la Ley 975 de 2005 han confesado al menos el delito de pertenencia a banda armada, el que examinado a la luz de los propósitos criminales de los grupos paramilitares se erige en delito de lesa humanidad(32), no cabe duda que la gravedad del narcotráfico palidece frente a los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, desaparición y desplazamiento forzados, tortura, y otros, cometidos durante las últimas décadas por los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados.

Como lo dijera un miembro de la Sala en asunto similar al presente(33):

en eventos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, en el que al reclamado en extradición no solo se le imputa la realización en nuestro país de crímenes comunes (homicidio, falsedad y concierto para delinquir), sino de lesa humanidad (en este caso al menos 118 desapariciones forzadas y 2 desplazamientos forzados), por los cuales debe responder jurídica, social y penalmente, con la correlativa obligación de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la Corte debe privilegiar tales derechos frente al del Estado requirente  de investigar los delitos cometidos en su territorio y sancionar a los responsables, debiendo, en consecuencia, emitir concepto desfavorable a la extradición, el cual, sobra decirlo, por mandato expreso de la Ley Procesal Penal, resulta vinculante para el Gobierno Nacional.

En tales condiciones existe un clamor universal mayor dirigido hacia la necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos atribuibles a los desmovilizados-postulados, respecto de la persecución del tráfico de estupefacientes, ecuación en la que el narcotráfico viene a ser un delito de segundo orden.

Lo anterior es tan cierto que la humanidad ha decidido crear tribunales internacionales para juzgar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, mientras que respecto del narcotráfico solamente existen convenciones y acuerdos que propugnan por evitar la impunidad de tales conductas.

Dar prevalencia a la justicia nacional en estos asuntos blinda al Estado colombiano frente a la posibilidad de intervención de la Corte Penal Internacional. O, dicho de otra manera: autorizar la extradición de un nacional colombiano requerido en el extranjero por delito de narcotráfico, conociéndose que esa misma persona también debe responder por los más graves delitos de lesa humanidad, constituye una modalidad de impunidad que se repudia desde el mencionado Tribunal Internacional que lo autoriza a intervenir en aquellos Estados que patrocinan tales prácticas(34).

En fin, y coincidiendo con las recientes afirmaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reitera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad(35)” (resaltado fuera de texto).

El criterio jurisprudencial asumido por la Corte, fue reiterado en reciente pronunciamiento, en un asunto similar al caso en estudio, al considerar, además, que se deben privilegiar los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad perpetrados por grupos armados organizados al margen de la ley, máxime si la gravedad de los hechos atribuidos en el extranjero, “palidece frente a los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, desaparición y desplazamiento forzados, tortura y otros, cometidos durante las últimas décadas por los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados”(36), contrario a lo manifestado por la procuradora delegada para la casación penal.

En el caso de la especie, se pide en extradición al ciudadano colombiano Daniel Rendón Herrera, quien de acuerdo con los elementos de juicio allegados en el periodo probatorio de este trámite, se estableció su postulación por el Gobierno Nacional a los beneficios previstos por la Ley 975 de 2005, dentro del marco del proceso de paz y sometimiento a la justicia como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, perteneciente al bloque “Elmer Cárdenas-Norte Medio Salaquí”, y en el curso del aludido proceso el postulado rinde en la actualidad versión sobre los hechos que se le imputan y está relatando la real ocurrencia del accionar del grupo delictivo y además, ha hecho entrega de bienes con destino a la reparación de las víctimas. La Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, así lo informó a la Sala:

“3. A la fecha son nueve (9) audiencias de versión celebradas dentro de la primera sesión, donde el postulado en primer término y con el fin de reparar a las víctimas entrega la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000).

En similar sentido identifica y refiere sobre la ubicación de trece (13) predios urbanos y rurales (fincas), de presunta propiedad de la organización, reconociendo ser el titular de tres de ellos, los que están siendo objeto de verificación por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, como comandante financiero y administrativo señala la estructura militar, administrativa y financiera del bloque Centauros especificando los cargos y costos de nómina cancelados a cada miembro de la organización, así como las cuantías de los dineros recaudados por concepto de fuentes de financiación que denomina lícitos (contratación pública, contribuciones de comerciantes, finqueros y empresarios de la región etc.) e ilícitos (tráfico de estupefacientes).

Respecto al tema de nexos con la clase política, inicia la confesión con la presunta vinculación de los ex gobernadores del Meta (...), con miembros de la organización criminal, quedando pendiente el desarrollo del tema en los departamentos descritos.

4. La versión continúa y dada la jerarquía del postulado dentro de la organización delictual de las autodefensas bloque Centauros, debemos cuidadosamente agotar, en versión, todos los aspectos que nos permitan establecer la verdad, vale decir, toda la dinámica de funcionamiento del grupo organizado al margen de la ley hoy desmovilizado… y la participación directa del postulado en cada ítem referido.

5. La Fiscalía 5ª Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz no ha tomado la decisión de excluir al postulado Daniel Rendón Herrera, toda vez que a la fecha no se ha acreditado el elemento objetivo consagrado en el artículo 11 de la Ley 975 de 2005, que así lo disponga”(37) (se resalta).

Las conductas atribuidas al postulado, Daniel Rendón Herrera y su accionar dentro del grupo armado organizado al margen de la ley, sin dificultad alguna podrían llegar a ser calificadas como graves violaciones de los Derechos Humanos, sin desconocer la gravedad de los delitos imputados en el extranjero al requerido, cuya investigación, como es apenas obvio debe ser adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 16.4 del Código Penal (negrillas de la Sala).

7. Conclusión.

Los planteamientos precedentes, obligan a la Corte a considerar, apartándose del criterio expuesto por la delegada del Ministerio Público, en aras del imperio de la justicia nacional, el respeto de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y la efectividad de los derechos fundamentales, la improcedencia de la extradición del ciudadano colombiano Daniel Rendón Herrera, por los cargos atribuidos en la tercera Acusación sustitutiva S3 04-CR-962 (LAP) de 16 de junio de 2009, dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, conforme lo solicita el Gobierno de los Estados Unidos.

Como viene de demostrarse, si fuere favorable el concepto (i) se vulnerarían las obligaciones internacionales del Estado colombiano dirigidas a la lucha contra la impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad, y (ii) resultarían gravemente afectados los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana, quienes quedarían sin posibilidades de conocer la verdad y obtener reparación por los crímenes cometidos por el grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Colombia, al cual pertenece Daniel Rendón Herrera, todo ello, sin perjuicio de la obligación del Estado colombiano de investigar y sancionar los delitos que el requerido hubiere podido haber cometido en territorio extranjero y por los cuales se solicita su extradición.

8. Aclaración final.

En los eventos en que el requerido en extradición, Daniel Rendón Herrera: (i) no contribuya con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas que de él se reclama, (ii) incurra en causal de exclusión del trámite y beneficios de la ley de justicia y paz, (iii) resulte absuelto por los delitos que se le imputan en el proceso transicional, (iv) incumpla las obligaciones y compromisos derivados de la pena alternativa, u ocurra cualquier supuesto similar a los anteriores, quedarán sin sustento los argumentos que ahora han llevado a emitir un concepto desfavorable a la petición de extradición.

De darse alguna de las anteriores hipótesis desaparecerán las motivaciones que en este momento no permiten autorizar la extradición del señor Rendón Herrera al  Estado requirente, surgiendo así para las autoridades competentes la posibilidad de reintentar la solicitud de extradición.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, conceptúa desfavorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Daniel Rendón Herrera, identificado con la cédula de ciudadanía 8.011.256, solicitado por los Estados Unidos de América por los cargos contenidos la Acusación S3 04-CR-962 (LAP) de 16 de junio de 2009, dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Remítase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia  para lo de su competencia.

Comuníquese esta determinación a Daniel Rendón Herrera, a su defensora, al agente del Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo».

(1) Folio 164 carpeta anexa, traducción oficial.

(2) En el presente caso se aplica la Ley 906 de 2004 por cuanto los hechos que sustentan la petición de extradición ocurrieron después del primero de enero de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. En este sentido, ver autos de 4 de abril y 3 de octubre de 2006, radicados 24187 y 25080, respectivamente, entre otros.

(3) Conceptos del 3 de mayo de 2007 y 16 de diciembre de 2008, radicados 26756 y 30626, respectivamente.

(4) Concepto de 19 de febrero de 2009, radicado 30374.

(5) En este sentido véanse entre otros: auto de segunda instancia del 10 de abril de 2008, radicado 29472; concepto de extradición del 2 de abril de 2008, radicado 28643; y auto de segunda instancia del 22 de abril de 2008, radicado 29559.

(6) El derecho a ser juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de derecho fundamental porque hace parte del derecho a un proceso con todas las garantías, también  previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York (véaseMaría del Carmen Calvo Sánchez, “Imparcialidad: abstención y recusación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1º/2000, de 7 de enero, Responsa iurisperitorum digesta, volumen II, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, página 90.

(7) Concepto negativo de 19 de agosto de 2009, radicado0 30451(sic).

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 22 de abril de 2008, radicación 29559.

(9) Auto de segunda instancia de 10 de abril, y concepto de 2 de marzo de 2008, radicaciones 29472 y 28643, respectivamente.

(10) Además de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 15, 21, 29, 229, 250 y 251 de la Constitución Política, por mandato de su artículo 93, deben ser tenidos en cuenta los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (L. 74/68), la Convención Americana de Derechos Humanos (L. 16/72), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (L. 70/86), la Convención Interamericanapara Prevenir y Sancionar la Tortura (L. 409/97), la Convención Interamericanasobre Desaparición Forzada de Personas (L. 707/2001), Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (L. 28/59), los Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

(11) Auto de 22 de abril de 2008, radicación 29559.

(12) Auto de 22 de abril de 2008, radicación 29559. En el mismo sentido auto de 10 de abril de 2008, radicación 29472. Sobre la protección del derecho de las víctimas de violaciones de lesa humanidad, en estos proveídos la Corte hace una recapitulación de las normas de derecho internacional como nacional y la jurisprudencia de los distintos tribunales, que se cifra en la versión ampliada de la regla pro homine, como fuente de interpretación e integración progresiva. Véase también auto de 28 de mayo de 2008, radicación 29560.

(13) Proyecto de Ley 211, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, Gaceta del Congreso43, de 11 de febrero de 2005.

(14) Proyecto de Ley 211, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, Gaceta del Congreso43, de 11 de febrero de 2005. También insistieron en la necesaria protección de las víctimas quienes oficiaron como ponentes del citado proyecto de ley con motivo de los debates surtidos en el Congreso de la República (véase Gaceta del Congreso 74, mar. 4/2005 y Gaceta del Congreso 331, jun. 7/2005).

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-228/02.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-370/06.

(17) Los alcances y dimensión de la temática propuesta se puede reparar con provecho en Pedro J. Bertolino (coordinador), La víctima del delito en el proceso penal latinoamericano, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 2003.

(18) Sobre el particular también pueden ser consultadas las sentencias C-740/01, C-1149/01, SU-1184/001, T-1267/01 y C-282/02.

(19) Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Anexo del Informe final del relator especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1, presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos. Para más detalles, véase Comisión Colombiana de Juristas (compilación), Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones,  Bogotá, Opciones Gráficas Editores Ltda., 2007.

(20) Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad.

(21) Cfr. Entre otras las sentencias C-293/95 y C-228/02.

(22) Cfr. Sentencias T-443/94 y C-293/95.

(23) Cfr. Sentencia C-412/93.

(24) Cfr., Sentencia C-27594.

(25) Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante Resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la asamblea general. Mediante Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la Sentencia C-293/95.

(26) Cfr. Art. 33 del conjunto de principios para la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad.

(27) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de junio de 2005.

(28) Se desarrolla y complementa lo expresado por laCorte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en los conceptos de extradición de 5 de diciembre de 2007, radicación 28505 y de 2 de abril de 2008, radicación 28643.

(29) Corte Constitucional, Sentencia C-591/05.

(30) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Sentencia del 29 de septiembre de 1999. Véase http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.

(31) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Palmeras vs. Colombia. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Véase http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.

(32) La jurisprudencia nacional y extranjera entienden que cuando el concierto para delinquir tiene como propósito ejecutar acciones de desaparición y desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., dicha asociación criminal también constituye delito de lesa humanidad (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de segunda instancia, 10 de abril de 2008, radicación 29472).

(33) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Salvamento de voto a Concepto de extradición de 23 de septiembre de 2008, radicación 29298.

(34) La doctrina es clara en señalar que la inacción, la falta de disposición o la incapacidad de las jurisdicciones nacionales para investigar y enjuiciar los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra cometidos en situación de admisibilidad, posibilitan la intervención de la C.P.I., tribunal que ejerce su primacía material sobre las autoridades judiciales nacionales. Véase Héctor Olásolo Alonso, Ensayos sobre la Corte Penal Internacional, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2009, página 34 y siguientes.

(35) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Resolución de Supervisión de Cumplimiento de sentencia, 8 de julio de 2009. Véase http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.

(36) Concepto negativo del 17 de febrero de 2010, radicado 32568.

(37) Folio 175 - 178 del cuaderno principal, Oficio 006604-UNJP-D5 de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Justicia y Paz.