Sentencia 32790 de febrero 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 01

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta Nº 32790

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte.

Destaca la Sala que no existe controversia entre las partes sobre los siguientes presupuestos fácticos:

1. El 27 de octubre de 1997, la empresa demandada recibió el pliego de peticiones que le presentó el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá “Sintrateléfonos” (fls. 318 y 319).

2. El 4 de noviembre de 1997, la empresa demandada denunció la convención colectiva de trabajo vigente desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997 (fls. 364 a 366 vto.).

3. El actor fue despedido el 4 de noviembre de 1997, terminación del contrato de trabajo que se dio de manera unilateral y sin justa causa por parte de la empresa, tal y como lo tuvo por demostrado el tribunal (fls. 380, 1227 y 1228).

4. El 14 de noviembre de 1997, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá “Sintrateléfonos”, denunció la convención colectiva de trabajo suscrita el 1º de marzo de 1996, vigente desde el 1º de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997 (fls. 748 a 750 y vto.) y,

5. A folios 681 a 690 reposa copia de la convención colectiva de trabajo cuya vigencia expiraba el 31 de diciembre de 1997.

Para la Corte el razonamiento del juez de la alzada, según el cual mientras no se haya denunciado la convención colectiva vigente la presentación del pliego de peticiones por la organización sindical carece de virtualidad jurídica para considerar legalmente iniciado el conflicto colectivo de trabajo, no es, en principio, y como se verá adenata (sic), equivocado.

En efecto, debe recordarse que esta Sala de la Corte en sentencia del 10 de diciembre de 2008 (Rad. 33750), precisó:

“Así las cosas, cuando hay la denuncia de la convención, por una de las partes o por las dos, estas ya están enteradas de que se quiere modificar el régimen convencional vigente, de ahí que sea dable afirmar que la denuncia, si bien no implica la iniciación del conflicto, si abre la posibilidad para su comienzo a través, obviamente, de la presentación del pliego de peticiones.

“A contrario (sic), cuando no media la denuncia, en términos generales el conflicto no puede iniciarse válidamente, así se haya presentado un pliego de peticiones, pues hace parte fundamental del debido proceso.

Y se dijo más adelante:

“no siempre la presentación del pliego de peticiones supone que un conflicto colectivo económico ha nacido con arreglo a la ley, pues para llegar a esa conclusión es necesario verificar si todos y cada uno de los presupuestos legales se han cumplido, y en principio, solo cuando esto ha tenido ocurrencia, bien puede aseverarse que dicha presentación tuvo la fuerza legal para empezarlo con el ajuste exigido por la ley que lo regula...”,

Pero la Corte hizo allí la siguiente precisión sobre los alcances del criterio jurídico que sentó en tal decisión, que en su sentencia el tribunal no tomó en consideración: “...salvo que se presenten circunstancias en el que medie la voluntad de las partes de dejar saneada cualquier irregularidad que se haya presentado en el trámite del conflicto”. Es decir, no obstante la exigencia de que la presentación del pliego de peticiones esté antecedida de la denuncia de la convención colectiva de trabajo, es posible que las partes no tengan en cuenta esa circunstancia y den validez a la presentación del pliego e inicien las conversaciones tendientes a solucionar el conflicto colectivo de trabajo, saneando cualquier irregularidad que existiera en el trámite.

Previamente la Corte en la sentencia del 2 de julio de 2008, Radicación 31945, había dado a conocer ese discernimiento, en los siguientes términos:

“No se necesita, entonces, de mayores disquisiciones para poner en evidencia el error garrafal del tribunal al haber estimado la inexistencia del conflicto por no haberse agotado las etapas perentorias que regulan su trámite.

Es verdad que un conflicto de esa naturaleza está sometido a etapas sucesivas que deben culminar con la solución del mismo mediante la suscripción de la convención colectiva o bien por la expedición del laudo arbitral que debe adquirir su ejecutoria, sin dejar de lado la posibilidad de que finalmente no se solucione, como por ejemplo, ante el retiro del pliego de peticiones por parte de los trabajadores interesados.

Sin embargo, la fijación de tales etapas no implica que las partes enfrentadas no puedan abordar otros mecanismos conjuntos de manera expresa o tácita, que no les enerve conocer que hay un conflicto colectivo de trabajo y que ese conflicto deba ser solucionado con la firma de la convención colectiva de trabajo o, inclusive, con la decisión de las partes de someter el diferendo a un arbitramento voluntario en empresas que no presten un servicio público esencial, como para el efecto lo prevé el inciso final del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000.

Es decir, que no obstante las diversas etapas legales establecidas para el trámite del conflicto colectivo, las partes pueden convalidar o dejar de lado irregularidades que no afectan la esencia propia del diferendo, o que este se vaya diluyendo. Por el contrario, cuando tienen la plena convicción de que existe un conflicto colectivo y que el mismo debe ser solucionado, los jueces están obligados a respetar esa voluntad, sobre todo cuando en la controversia judicial las partes son conscientes de su existencia y no alegan a su favor la presencia de irregularidades que afecten gravemente su trámite.

Es claro, así las cosas, que el tribunal no tuvo en cuenta que los empleadores y los trabajadores pueden enmendar las irregularidades presentadas en el trámite del conflicto colectivo de trabajo, dentro de ellas, la presentación prematura del pliego de peticiones. De no haber incurrido en esa conducta, habría estudiado las particularidades de este caso para averiguar si, pese a que el petitorio se presentó con antelación a la denuncia de la convención colectiva efectuada por el sindicato, ello no fue óbice para que la empleadora, aun antes de esa denuncia, aceptara dar inicio a la etapa de arreglo directo, esto es, admitiera la existencia del conflicto colectivo de trabajo.

Importa a la Corte precisar que si bien el planteamiento y la solución de un conflicto colectivo de trabajo de naturaleza económica están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos legales y al seguimiento del procedimiento establecido en la ley, ello no significa en modo alguno que las partes no puedan solucionar las deficiencias que se presenten en tal procedimiento o, incluso, efectuar variaciones al mismo, en cuanto con ello se procure garantizar la efectividad de la negociación colectiva, pues no debe olvidarse que en nuestro sistema legal se busca que sean el empleador y los trabajadores quienes directamente compongan el diferendo laboral. Por esa razón, están ellos facultados para superar las irregularidades meramente formales en ese proceso.

Ha explicado esta Sala que, bajo ciertas circunstancias, también es posible que una convención colectiva se firme sin que medie conflicto alguno, pues para ello basta el acuerdo de voluntades de las partes (sent. Rad. 22474 de ago. 2/2004), con lo que claramente se ha dado a entender que puede haber casos en que las partes interesadas en el conflicto prescindan de etapas previas al arreglo directo, con lo que se ajustarían a la filosofía del artículo 55 de la Constitución Política.

Por lo tanto, el cargo demuestra que incurrió el tribunal en el desacierto interpretativo que se le atribuye, y, en consecuencia, habrá de casarse la sentencia en los términos pedidos en el alcance de la impugnación, sin que sea necesario el estudio de los restantes, que perseguían el mismo objetivo del que prospera.

V. Consideraciones de instancia.

Considera esta Sala de la Corte que si bien es cierto la denuncia de la convención colectiva por parte de la organización sindical no se llevó a cabo sino hasta pasado un tiempo después de haberse presentado el pliego de peticiones, de ello no puede seguirse necesariamente la inexistencia de un conflicto colectivo de trabajo: lo cierto es que para la fecha en que ocurrió el despido del actor, es decir, el 4 de noviembre de 1997, el trámite previsto en la ley para la solución del conflicto colectivo de trabajo ya se había iniciado, pues la empresa había desplegado actuaciones que, propias de la etapa de arreglo directo, tendían a solucionar el conflicto suscitado, razón por la que el fuero circunstancial había cobrado plena vigencia, e impedía a la empleadora la terminación unilateral de los contratos de trabajo sin justa causa comprobada.

En efecto, a folios 336 a 338 reposa el “Acta de instalación arreglo directo pliego de peticiones” que da cuenta de que la empresa y el sindicato se reunieron el día 4 de noviembre de 1997, con el fin de dar inicio a la etapa de arreglo directo tendiente a solucionar el conflicto colectivo de trabajo originado con el pliego de peticiones que “Sintrateléfonos” presentara a la empresa el 27 de octubre de 1997.

Y es que en el presente caso, no cabe duda de que la empresa admitió la existencia de un conflicto, es decir, decidió asumir el trámite del conflicto dejando atrás cualquier irregularidad que se hubiera presentado por la falta de denuncia de la convención antes de la presentación del pliego de peticiones por parte de los trabajadores sindicalizados, de tal suerte que es claro que las partes adelantaron actuaciones tendientes a solucionar el conflicto colectivo de trabajo.

Así las cosas, este documento acredita, sin lugar a dudas, que la empresa reconocía, para el 4 de noviembre de 1997, cuando el actor fue despedido, la existencia de un conflicto colectivo de trabajo, tanto así que la empresa ya había designado su comisión negociadora.

En los folios 339 a 344, reposa el “Acta de finalización etapa arreglo directo pliego de peticiones” del 4 de diciembre de 1997, mediante la cual las correspondientes comisiones negociadoras e igualmente en presencia como testigo de un funcionario del ministerio del ramo, dieron por terminada la etapa de arreglo directo.

Lo anterior demuestra que la empresa demandada no puso en duda que con la presentación del pliego de peticiones efectuada por Sintrateléfonos el 27 de octubre de 1997 se inició un conflicto colectivo de trabajo y, por ende, no podía despedir sin justa causa comprobada a ninguno de los trabajadores afiliados al mencionado sindicato.

Por cuanto este imperativo legal fue desatendido por la empresa accionada, resulta procedente ordenar el reintegro del actor al cargo que ocupaba al momento del despido y al pago de los salarios causados entre el despido y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, como lo hizo el juzgador de primer grado.

A folios 1199 a 1217 aparece copia de la convención colectiva de trabajo suscrita en la empresa demandada el 14 de mayo de 2004, en la que en el numeral segundo de su cláusula vigésima en relación con el actor y otras personas se establece:

“I) Las partes suscribirán ante los respectivos jueces del conocimiento y, o tribunal superior, en los juicios ordinarios una conciliación laboral parcial, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma de la convención, en que se determine, que en el caso de que la justicia labora encuentre que es viable las (sic) prosperidad de las pretensiones, los posibles efectos patrimoniales del proceso en curso, serán de exclusiva competencia del juzgador quien debe ordenar su liquidación con el cargo que desempeñaban a momento del despido incluyendo las indexaciones y actualizaciones salariales.

“El incumplimiento de dicha obligación por parte del trabajador determina la ineficacia de pleno derecho de la reincorporación.

“II) La ETB procede a reincorporar al trabajadores (sic) Rafael Jesús Benítez Pinzón, Blanco Lizarazo Guillermo, Páez Parra Juan de La Cruz, Ramírez Ochoa Raúl Augusto, en mismo cargo que tenían al momento del despido, en las condiciones salariales que actualmente les corresponde según la curva salarial con las indexaciones y actualizaciones salariales, dicha condición económica, solo tiene efectos futuros, tanto para efectos prestacionales como pensionales, y no tendrá efectos en retroactividad de cesantías en el lapso comprendido entre el 4 de noviembre de 1997 y el 15 de febrero de 2004”.

Pero como no obra prueba en el plenario de la suscripción del acta de conciliación a que alude la citada cláusula, para mejor proveer se ordenará que por secretaría se oficie a la demandada a fin de que certifique si el demandante fue reintegrado y si le fueron pagadas sumas por concepto de salarios dejados de percibir en el tiempo en que estuvo cesante, para lo cual aportará los documentos que acrediten esos hechos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 15 de junio de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso adelantado por Juan de La Cruz Páez Parra contra la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A. ESP, en cuanto modificó la condena proferida por el juzgado segundo laboral de descongestión de Bogotá que había ordenado el reintegro del actor, para en su lugar decretar el pago de la indemnización por despido sin justa causa, más su indexación.

En sede de instancia se ordena librar el oficio indicado en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».