Sentencia 32839 de noviembre 4 de 2009

 

Sentencia 32839 de noviembre 4 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 32839

Aprobado Acta 347

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Se considera:

El error de derecho. Concepto. Clases. Demostración

La doctrina y la jurisprudencia han coincidido en señalar que los errores de derecho en la apreciación de las pruebas se pueden presentar por tres motivos, (i) porque los juzgadores desconocen las normas que regulan la producción o aducción de la prueba al proceso, (ii) porque desconocen las normas que tasan su valor probatorio, y (iii) porque desconocen las normas que tarifan su eficacia probatoria.

Se denominan de derecho porque implican necesariamente la inobservancia de normales legales que regulan específicamente los aspectos mencionados, bien porque establecen condiciones en la formación o producción de la prueba para que adquiera validez jurídica; o porque tarifan de antemano su valor probatorio indicando si es pleno o semipleno, completo o incompleto; o porque le niegan aptitud probatoria para la acreditación de determinados hechos.

Estos errores comprenden dos especies, de legalidad y de convicción. Se llaman de legalidad los de la primera hipótesis, es decir, los que se originan en el desconocimiento de normas que regulan la formación, producción o incorporación de la prueba al proceso. Y se denominan de convicción los que se enmarcan en las otras dos hipótesis, es decir, los que provienen de la inobservancia de normas que tasan el valor o la eficacia de la prueba.

De acuerdo con este marco conceptual, existirá error de derecho por falso juicio de legalidad cuando el juzgador le otorga validez a una determinada prueba porque considera que cumple las exigencias de aducción, formación o producción establecidas en la ley, sin llenarlas; o cuando la excluye del debate probatorio porque considera que no las reúne, cumpliéndolas.

Y existirá error de derecho por falso juicio de convicción cuando el juzgador al apreciar una determinada prueba le otorga un valor probatorio que la normatividad no le fija, o le niega el que ella le asigna; o cuando declara demostrado un hecho con una prueba que la normatividad considera no apta para acreditarlo.

¿Cómo demostrar estos errores? Si es de legalidad el demandante debe, (i) identificar la prueba que los juzgadores apreciaron debiendo haberla excluido o que excluyeron debiendo haberla considerado, (ii) señalar la norma de derecho probatorio que establece las condiciones de aducción para la validez jurídica de la prueba, (iii) demostrar que la prueba tenida en cuenta no cumple esas exigencias o que la prueba excluida sí las reúne, y (iv) demostrar la trascendencia del error en las conclusiones del fallo.

Si el error es de convicción, el ejercicio argumentativo es similar. El casacionista debe, (i) identificar la prueba que los juzgadores valoraron indebidamente, (ii) identificar la norma de derecho probatorio que tasa el valor o la eficacia demostrativa del medio, (iii) explicar en qué consistió el error denunciado, y (iv) demostrar la trascendencia o implicaciones del error en las conclusiones de la sentencia.

Estudio de la demanda

En el primer cargo invoca violación indirecta de la ley sustancial, debido a un error de derecho por interpretación errónea, desencadenante de un error in procedendo, propuesta que de entrada se evidencia indiscernible, si se toma en cuenta que la interpretación errónea, como sentido de la violación, es exclusiva de la violación directa de la ley(3), y que un error de naturaleza probatoria no puede ser a la vez de juicio y de actividad.

A esta falencia en el enunciado, se suma la absoluta falta de sustentación de la censura, pues el demandante no manifiesta si el error de derecho que denuncia se presentó por un falso juicio de legalidad o un falso juicio de convicción, ni se ocupa de demostrar ninguna de las hipótesis estructurantes de este desacierto, ni de analizar su trascendencia en el análisis conjunto de la prueba aportada al proceso.

Las argumentaciones que presenta en la pretensión de demostrar el error denunciado se reducen a la afirmación de que el tribunal se equivocó al negarle a los dineros percibidos por concepto del pago de los cánones de arrendamiento el carácter de cosa mueble, y al sostener, sustentado en esta conclusión que considera equivocada, que la conducta imputada al procesado es atípica.

También afirma que el error provino de una “equívoca evaluación y connotación” de los contratos de arrendamiento, con lo cual pareciera estar denunciando un error de hecho por falso juicio de identidad, originado en una lectura equivocada del contenido de los referidos contratos, o en una aprehensión incorrecta de su alcance, que tampoco se toma el trabajo de demostrar.

Ahora bien. El libelista tiene razón cuando sostiene que el tribunal se equivoca al negarle a los dineros recibidos por concepto de los cánones de arrendamiento la condición de cosa mueble, pues en el presente caso, como lo destaca, no se está imputando al procesado el hurto de los cánones de arrendamiento, entendidos como estipulación contractual, sino de los dineros producto de los mismos, cuya naturaleza de cosa mueble nadie discute(4).

Pero este no fue el único argumento que sirvió de sustento a la decisión absolutoria, ni el principal. El tribunal se refirió igualmente a la titularidad de los bienes objeto de arrendamiento para afirmar que el procesado también tenía derechos sobre ellos, dada su condición de heredero de Teofilo Guzmán Ramírez, según se desprendía del certificado de libertad, las declaraciones de los propios denunciantes (Blanca Lilia Hernández y Luis Fernando Guzmán Hernández), entre otras pruebas, y de las normas que regulaban la tradición del derecho de dominio.

Esto, para concluir que los referidos inmuebles no tenían la condición de ajenos para el acusado, como había pretendido mostrárseles a lo largo de la investigación, y que si en su administración incurrió en alguna irregularidad en sus manejos, eran las vías procesales civiles y no las penales las llamadas a ser utilizadas para aclarar la situación o definir los derechos en disputa, argumentaciones que quedaron plasmadas en los siguientes términos,

“Estas evidencias ponen de presente, conforme a lo consideró el a quo, que las razones del proceso para asumir que podía arrendar el inmueble y tomar los cánones respectivos, no estaban desfasadas, de tal forma que si había alguna irregularidad al respecto, eran las vías procesales civiles dispuestas para el efecto, a las que debía acudir quienes no lo consideraban así.

Por tanto, si de ajustar a la realidad jurídica el citado predio se trataba, era apenas comprensible que fuesen las autoridades competentes a quienes se debía acudir para que declararan a quien correspondía el derecho, sino que además, para que dispusiesen lo pertinente para concretar materialmente que el inmueble regresara o fuese entregado a quien o quienes correspondía. En tanto, esto no se hubiese logrado, los actos desarrollados por el procesado para recoger los frutos del predio seguían la línea dispuesta por el legislador en estos casos.

“Esto se anota, porque, si en gracia de discusión fuese del caso aquí, acudir a la propiedad, posesión o tenencia sobre el precio para establecer si podía o no el procesado tomar los frutos del mismo, eran las reglas que al respecto traza la legislación civil (C.C., arts. 713, 717 y 718) las que debían aplicarse y en tal virtud, no le era ‘ajeno’ a éste, dicho predio y por tanto sus frutos”.

Estos argumentos, aducidos complementariamente por el ad quem para sustentar la decisión absolutoria, imponían al casacionista demostrar que también eran equivocados, bien porque se originaban en errores de índole estrictamente jurídica en la determinación del alcance de los elementos estructurales del tipo penal de hurto, o en errores derivados de la apreciación de las pruebas, labor que desde luego no cumple, haciendo que la acreditación de la censura, además de equivocada, se torne incompleta.

La situación no es distinta en la formulación de la segunda censura. El casacionista acude a la misma fórmula de ataque, pues sostiene que los juzgadores incurrieron en un error de derecho por interpretación errónea, que derivó en un error in procedendo, enunciado que además de enrevesado, por las contradicciones e incoherencias intrínsecas que, como ya se dijo, comporta, carece totalmente de demostración.

La invocación de esta modalidad de ataque exigía al actor identificar la clase de error de derecho cometido (si de legalidad o convicción); señalar la prueba sobre la cual recayó el desacierto; indicar las normas que regulan su producción, valoración o eficacia; acreditar el error denunciado; y, demostrar su trascendencia, pero estas exigencias no acompañan su discurso argumentativo.

En su lugar, afirma que los juzgadores ignoraron la sentencia de la Sala Civil del Tribunal de Ibagué de 17 de junio de 1972, que excluyó de la masa sucesoral los bienes pertenecientes a la firma Taller el Automático Guzmán y Loaiza Limitada, y que no le dieron a la prueba documental aportada al proceso el valor que le correspondía, con lo cual pareciera estar proponiendo un error de hecho por omisión y uno de raciocinio, que tampoco desarrolla.

La ausencia de compromiso en la acreditación de los errores que dice denunciar es de tal entidad, que no ve inconveniente en invitar a la Corte a que estudie a fondo el contenido de todos los documentos que conforman los anexos, y elabore sus propias conclusiones, es decir, que asuma la carga que le corresponde como demandante, lo cual no deja de resultar exótico, si se tiene en cuenta las sentencias se encuentran amparadas de la doble presunción de acierto y legalidad, y que toda afirmación que comprometa la verdad que en ellas se declara debe demostrarse por quien la discute.

Cierto es, como lo sostiene el casacionista, que en el juicio de sucesión se cometieron errores al incluir en la masa herencial bienes de la firma Taller el Automático Guzmán y Loaiza Limitada, que terminaron siendo adjudicados en el trabajo de partición a los herederos, entre ellos al procesado, pero esta equivocación, ni las correcciones que se hicieron para devolverlos a la masa social, no privaba al procesado de los derechos herencias que tenía sobre las acciones o cuotas de interés social que poseía su padre en la referida firma.

Es también verdad que para la época en que el procesado recaudó los valores cuya apropiación se le imputa (1999-2000), ya la empresa comercial Taller el Automático Guzmán y Loaiza Limitada había sido liquidada, mas esto tampoco afectaba su condición de cotitular, porque subsistían los derechos que la señora Blanca Lilia Hernández de Guzmán le transfirió a título de venta mediante escritura 1137 de 1994, según consta en el registro de matrícula inmobiliaria, los cuales mantuvo inalterados hasta el 2007, cuando judicialmente se anuló el negocio por disfrazar una donación realizada sin el cumplimiento de los requisitos legales(5).

En la tercera censura, presentada en el carácter de subsidiaria, el casacionista plantea un error de hecho por falso juicio de identidad, que luego califica como error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, y que sustenta como error de hecho por falso raciocinio, en cuanto termina derivándolo del hecho de que los juzgadores le hubieran restado “valor probatorio a los medios convictivos (sic) concretados en piezas documentales legitimadas para acreditar propiedades inmuebles de las víctimas...”.

Este galimatías argumentativo torna inexaminable el reparo, pues no logra entenderse con claridad, si lo pretendido fue denunciar un error de identidad, que se presenta cuando el juzgador distorsiona el contenido material de la prueba; o un error de existencia por omisión, que se estructura cuando ignora una prueba que fue incorporada legalmente al proceso: o uno de raciocinio, que tiene existencia cuando el juzgador desconoce las reglas de la sana crítica en la valoración de su mérito.

Aparte de esto, el casacionista, en su desarrollo, se limita a realizar un recuento histórico de los hechos más sobresalientes que se han sucedido desde la constitución de la empresa Taller el Automático Guzmán y Loaiza Limitada, hasta su liquidación, para saltar de allí, sin más, a la conclusión de que los juzgadores omitieron esta información, y que eso los llevó a considerar equivocadamente que el procesado se negó a restituir el valor de los cánones de arrendamiento a título de heredero, cuando la verdad es que provenían del acervo social, sin explicar por qué la referida conclusión es equivocada, ni qué incidencia tuvo en la decisión absolutoria.

Decisión

Visto, entonces, que la demanda presentada por el apoderado de la parte civil no cumple las exigencias mínimas de claridad, concreción y debida fundamentación requeridas para su estudio de fondo, la Corte, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, la inadmitirá a trámite y ordenará devolver el proceso a la oficina de origen, no advirtiendo violaciones a las garantías fundamentales que esté en el deber de proteger de manera oficiosa.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Inadmitir la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil en este asunto.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Los sentidos de la violación son tres: aplicación indebida, falta de aplicación e interpretación errónea. La violación directa se puede presentar por uno cualquiera de estos motivos, pero la indirecta solo puede serlo por aplicación indebida o falta de aplicación, pues los errores de apreciación probatoria no pueden conducir a equivocaciones de hermenéutica normativa.

(4) El artículo 655 del Código Civil define la cosa mueble como aquella que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ella así misma, como los animales, sea que solo se muevan por una fuerza extraña, como las cosas inanimadas. La doctrina penal la define como aquella que puede ser movilizada o fácticamente separada del patrimonio de una persona e incorporada al del agente (Manzini, Émile Garcon, Irureta Goyena, Cuello Calón y Alejandro Groizard, entre otros). También, como todo bien que puede ser transportado de un lugar a otro sin detrimento de su naturaleza.

(5) Mediante la referida escritura la señora Blanca Lilia Guzmán Hernández transfirió a sus hijos Teofilo Guzmán Hernández y Luis Fernando Guzmán Hernández, a título de venta, el 50% de los derechos que en común y proindiviso poseía en la multicitada sociedad, según consta en la anotación 20 del registro inmobiliario. Esta(sic) negocio, según prueba documental aportada al proceso, habría sido anulada en el 2007 por la justicia civil, por las razones indicadas.