Sentencia 32863 de febrero 3 de 2010

 

Sentencia 32863 de febrero 3 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso N° 32863

Aprobado Acta Nº 031

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., febrero tres de dos mil diez.

Vistos

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Como ya ha tenido oportunidad de señalarlo esta colegiatura(1), la adecuada motivación de las decisiones judiciales se erige en sustento esencial del derecho fundamental a un debido proceso, dado que comporta una garantía contra la arbitrariedad y el despotismo de los funcionarios, a la vez que se erige en instrumento de seguridad al momento de ejercitar el derecho de impugnación de las providencias por parte de los sujetos procesales, en oposición al sistema deíntima convicción,de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere que motive sus decisiones.

En punto de la garantía de motivación de las decisiones, y con ella del debido proceso, el numeral 4º del artículo 162 de la Ley 906 de 2004 señala los requisitos que deben contener los autos y sentencias, así: “Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral”, de donde se concluye que si las providencias carecen de motivación, o esta es incompleta, ambigua, equívoca o soportada en supuestos falsos (sofística), no sólo quebrantan el derecho de los intervinientes a conocer sin ambages el sentido de la decisión, sino que también imposibilitan su controversia a través de los medios de impugnación, con lo que, sin duda alguna, se lesiona el derecho al debido proceso.

Es oportuno recordar que la apreciación de las pruebas por parte de los funcionarios judiciales se encuentra limitada: (a) Por la información objetiva que aquellas suministren, motivo por el cual no pueden ser pretermitidas o supuestas (falso juicio de existencia) ni tampoco es viable su adición, cercenamiento o tergiversación material (falso juicio de identidad). (b) Por la sujeción a las reglas de la sana crítica, so pena de incurrir en errores de hecho por falso raciocinio. (c) Por el valor que a determinados medios probatorios otorga la ley (juicio de convicción) y (d) Por la ponderación de si en su práctica o aducción se tuvieron en cuenta las exigencias dispuestas por el legislador (juicio de legalidad).

Siendo ello así, el deber de motivar las providencias corresponde al funcionario que las profiere, pero también compete a las autoridades judiciales cuando intervienen directamente en el trámite verificar que, en efecto, la motivación, como condición de legitimidad y validez de tales decisiones se encuentre satisfecha, pues de lo contrario, les corresponde adoptar los correctivos pertinentes.

Ahora bien, en punto de la consecución de la verdad a partir de la adecuada ponderación de las pruebas, el artículo 5º de la Ley 906 de 2004 dispone que “en ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia” (resaltado fuera de texto).

La verdad se concreta en la correspondencia que debe mediar entre la representación subjetiva que el sujeto se forma y la realidad u objeto aprehendido por aquel, que, tratándose del proceso penal, apunta a una reconstrucción lo más fidedigna posible de una conducta humana con todas las vicisitudes materiales, personales, sociales, modales, sicológicas, etc., que la hayan rodeado, a partir de la cual el juez realizará la pertinente ponderación de su tratamiento jurídico de conformidad con las disposiciones legales, para ahí sí, asignar la consecuencia establecida en la ley, lo cual vale tanto para condenar, como para absolver o exonerar de responsabilidad penal.

En procura de dicha verdad, la Ley 906 de 2004 establece en su artículo 7º:

“Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”.

“En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado”.

“En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria”.

“Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda” (resaltado fuera de texto).

La convicción sobre la responsabilidad del procesado “más allá de toda duda”, corresponde a un estadio del conocimiento propio de la certeza racional(2) y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido.

Por tanto, únicamente cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad y existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad y suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del procesado.

Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir que la demostración de la conducta humana objeto de investigación sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de alcanzar, en cuanto resulta frecuente que variados aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un proceso penal no resulten cabalmente acreditados, caso en el cual, si tales detalles son nimios o intrascendentes frente a la información probatoria valorada en conjunto, se habrá conseguido la certeza racional, más allá de toda duda, requerida para proferir fallo de condena.

Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su demostración directa o indirecta al valorar el cuadro conjunto de pruebas, se impone constitucional y legalmente aplicar el referido principio de resolución de la duda a favor del incriminando, el cual a la postre, también se encuentra reconocido en la normativa internacional como pilar esencial del debido proceso y de las garantías judiciales.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones conceptuales, oportuno resulta traer a colación los argumentos con fundamento en los cuales el tribunal sustentó la sentencia de absolución, aduciendo para ello la imposibilidad de “concluir con arreglo a la ley que el acusado es culpable, más allá de toda duda”:

1. El testigo Mauricio Díaz Calad ha sido condenado en dos oportunidades y tiene una orden de captura por “hurto de ganado” (sic), amén de que dijo no haber denunciado al homicida hasta que Wilder “empezó con la pendejadita”, circunstancia a partir de la cual concluye que asiste interés al declarante en perjudicar al acusado y por ello carece de imparcialidad, pues conforme a la experiencia, cuando median tales amenazas los testigos se retractan o rehúsan señalar a las personas.

Además, el testigo no estaba en capacidad de percibir los hechos que declaró, pues en el contrainterrogatorio se le solicitó leyera una entrevista, y entonces dijo que veía borroso y tenía “problemas en las vistas”.

Añade el tribunal que el testigo indicó en las entrevistas y al juez, que sólo vio por la espalda a la persona que huyó; no obstante, al investigador de la Defensoría le dijo que no recordaba cómo vestía el agresor, pero que estaba encapuchado, de donde concluye el ad quem que al observar a la persona que huía de espaldas, la cual se encontraba encapuchada, no es creíble que haya identificado a Wilder Mejía por el caminado o por el físico como lo adujo.

2. Cuestiona la corporación de segundo grado la credibilidad del declarante en cuanto refiere que la víctima señaló al hijo de Eugenio el zapatero como el agresor, pues si en la necropsia se registra, entre otras, una lesión por arma de fuego de la aurícula izquierda y estallido del ventrículo izquierdo, era muy difícil que el occiso hubiere alcanzado a decir algo, dado que en menos de treinta segundos debió entrar en inconsciencia y fallecer en minuto y medio o dos minutos.

Sobre el mismo aspecto se dice en el fallo absolutorio que el testigo estaba a 25 ó 30 pasos desde su casa al lugar donde cayó herido el occiso, de manera que sólo tuvo treinta segundos para salir de su residencia y llegar a la vía donde estaba Mauricio de Jesús Vásquez Rivera, circunstancia en la cual advierte que el testigo miente, en especial porque a Wilder Mejía le dijo que la víctima no había alcanzado a decir nada.

3. Afirma el ad quem que las lesiones causadas por Luis, hermano del occiso a Eugenio Mejía, padre del acusado, no explican el móvil del homicidio investigado, pues quien falleció no fue la persona que agredió al zapatero, amén de que el viernes anterior habían hecho las paces, según lo declararon las hermanas de la víctima, además de que estas tampoco sabían a ciencia cierta sobre la real ocurrencia del ataque de Luis a Eugenio.

4. Acerca de la declaración de Diego Alejandro Tobón, el tribunal considera:

“El juez, con buen criterio, no permitió incorporar la carta que presuntamente recibió el testigo porque el fiscal no la había autenticado, como debió hacerlo para atribuírsela al acusado y no puede hacerse ningún uso de ella, ni de su contenido (…) además, aunque el testigo declara que el día que se le insinuó no es el día en que ocurrió el hecho o ‘para mí no es’, acepta que el acusado sí le llevó una moto a pintar un domingo en el mes de junio, pero no recuerda que fecha fue”.

Para concluir dijo la colegiatura de segunda instancia:

“Si el testigo Mauricio Díaz Calad es mendaz cuando declara que vio huir al acusado de la escena del crimen con un changón en la mano, la prueba se reduciría a la manifestación de la víctima antes de morir y las amenazas al testigo Díaz Calad, pues el móvil no se demostró debidamente y la insinuación para que declarara que el acusado le llevó a pintar la moto el día del homicidio no le es atribuible directamente a él, sino a su esposa. En tal caso, la única prueba aceptable no solo incluye una prueba de referencia —la manifestación del occiso—, que por sí sola no permite condenar a una persona, sino que proviene de la misma fuente, la cual está seriamente cuestionada y en entredicho, el testigo Mauricio Díaz Calad”.

Una vez expuestos sucintamente los fundamentos del ad quem para proferir fallo absolutorio en favor de Wilder Alexander Mejía Quintero, encuentra la Sala que el debate en esta sede casacional se circunscribe a cuatro aspectos medulares: El primero, la credibilidad que conforme a las reglas de la sana crítica pueda otorgarse o no a las declaraciones de Mauricio Díaz. El segundo, la posibilidad material de que la víctima dijera instantes antes de morir quién la había agredido. El tercero, el valor persuasivo de las manifestaciones del moribundo al testigo Mauricio Díaz Calad. Cuarto, la apreciación conjunta de las pruebas aludidas, junto con otras obrantes en la actuación en punto de constatar si se arriba o no a la certeza requerida para condenar.

1. La credibilidad del testigo Mauricio Díaz Calad.

1.1. Encuentra la Sala que asiste razón al demandante y a la señora fiscal al considerar que el tribunal desechó sin mayor fundamentación el testimonio de Mauricio Díaz Calad, pues sin dificultad se observa que en su ponderación incurrió en un error de hecho por falso raciocinio, en cuanto concluyó equivocadamente que si dicho ciudadano había sido condenado en dos oportunidades y tiene una orden de captura por el delito de hurto de ganado (sic), su versión de los hechos no era creíble.

En efecto, resulta contrario a las reglas de la sana crítica, específicamente a las reglas de la experiencia, dar por sentado que quien ha sido condenado por la comisión de un delito no está en condición de concurrir a los estrados judiciales como testigo, con mayor razón si, como en este caso, las condenas no han sido proferidas por punibles de falsa denuncia o falso testimonio, los cuales podrían guardar alguna relación con la credibilidad que le pueda ser otorgada a su relato.

Tal como se acredita en el diligenciamiento, se registra una sentencia condenatoria por el delito de porte ilegal de arma fuego, otra por “violación a la Ley 30/86” y una orden de captura ya cancelada, en un proceso adelantado por el delito de hurto de combustible.

Impera señalar, de una parte, que contrario a lo asumido por el ad quem y a su vez avalado por la defensa, el carácter de condenado no imposibilita de manera alguna que se pueda declarar sobre hechos percibidos o conocidos —sin que al respecto tenga alguna incidencia la rehabilitación de los derechos del condenado o la prescripción de la pena, como equivocadamente lo plantea el impugnante— es decir, no existe una regla de la experiencia según la cual, de los condenados se espera que mientan ante los funcionarios judiciales, por el contrario, opera la máxima general, de los declarantes siempre ha de esperarse la verdad, salvo que circunstancias especiales permitan advertir que ello no es así.

Y de otra, aún si el testigo Díaz Calad estuviese condenado por delitos contra la administración de justicia, tal circunstancia por sí sola no sería suficiente para desechar su declaración, pues menester resultaría concatenarla con los demás elementos de convicción, a fin de procurar la reconstrucción integral del suceso que corresponde a la valoración conjunta de las pruebas, según lo establece el artículo 380 de la Ley 906 de 2004.

1.2. Como también el ad quem asevera que el referido declarante no es imparcial y que tiene interés en perjudicar al procesado, pues sólo se atrevió a señalarlo como autor del delito cuando este “empezó con la pendejadita”, es decir, desde que comenzó a preguntarle por el occiso (“esa gonorrea no te dijo nada cuando se estaba muriendo?”) y a amenazarlo (“si sabés algo mucho cuidado que para vos también hay bala”), encuentra la Sala que nuevamente el tribunal incurre en un error de hecho por falso raciocinio derivado del quebranto de las reglas de la sana crítica, puntualmente de las máximas de la experiencia, pues no puede concluirse que si el testigo amenazado por un homicida concurre a declarar, tiene interés en mentir.

Por el contrario, si superando el temor producido por las amenazas, alguien asiste a rendir su testimonio, muy seguramente puede esperarse de él la verdad, pues el camino fácil sería el de no acudir al llamado de los funcionarios judiciales, o inclusive, una vez rendida la declaración incriminatoria procurar su retractación, circunstancias que no ocurrieron en el caso de Mauricio Díaz.

Sobre el particular también se tiene que el ad quem incurrió en errores de hecho por falso juicio de identidad, en cuanto cercenó apartes de lo expuesto por el testigo al señalar su interés en declarar, esto es, que no quedara impune la muerte de su vecino, quien era un hombre de bien, recreacionista, padre de familia y dedicado a la venta de “colombianos”, labor que se encontraba desarrollando cuando lo mataron; tampoco tuvo en cuenta que tenía cierto vínculo de vecindad con el acusado: “Con Wilder éramos conocidos señor y algunas veces departíamos como todos los jóvenes nos íbamos y nos fumábamos el baretico”, de donde se concluye que su imparcialidad no se encuentra afectada, ni le asiste interés en faltar a la verdad o perjudicar al acusado.

En suma, considera la Sala que resulta inconsistente con las reglas de la experiencia, argumentar que como lo habitual es que los testigos amenazados rehúsan comparecer a declarar o se retractan, cuando ello no es así carecen de imparcialidad y mienten. La conclusión tiene que ser diversa, esto es, si un testigo amenazado concurre a los estrados judiciales, muy probablemente dirá la verdad.

1.3. Con relación a que el testigo no estaba en capacidad de percibir los hechos declarados, pues en el contrainterrogatorio se le solicitó leyera una entrevista, y entonces dijo que veía borroso y tenía “problemas en las vistas”, considera la Sala que nuevamente el tribunal incurre en un yerro sobre la apreciación de dicha prueba.

Para arribar a la anterior deducción es necesario señalar que el documento entregado en el contrainterrogatorio a Mauricio Díaz para su lectura, corresponde a la entrevista que obra a folio 59 del encuadernamiento realizada a él mismo por parte de la policía judicial, escrita en computador a espacio sencillo.

No obstante, el tribunal no señala con fundamento en qué postulado de la ciencia está en condiciones de concluir que si el testigo ve borroso un documento a corta distancia, el cual finalmente pudo efectivamente leer en voz alta, se encuentra en imposibilidad de distinguir a una persona conocida de tiempo atrás, a las diez de la mañana de un día con perfecta visibilidad, esto es, a Wilder Alexander Mejía Quintero.

Si las reglas de la sana crítica se encuentran integradas por los principios de la lógica, los postulados de la ciencia y las máximas de la experiencia, debía el tribunal señalar la regla a partir de la cual concluye que el testigo no podía ver al homicida cuando huía del lugar.

Al respecto se tiene que tal consideración habría implicado efectuar la correspondiente valoración al declarante, en punto de constatar la presencia de algún defecto refractivo en su visión (hipermetropía, astigmatismo, miopía, etc.) capaz de imposibilitarle percibir los hechos que relató; de lo contrario, la consideración del ad quem no pasa de ser una mera especulación infundada.

1.4. En cuanto se refiere a que el testigo dijo en las entrevistas y al juez que sólo vio por la espalda a la persona que huyó, mientras que al investigador de la Defensoría le dijo que no recordaba cómo vestía el agresor, pero que estaba encapuchado, advierte la Sala que, contrario a lo asumido por el tribunal en evidente quebranto de las reglas de apreciación probatoria, no hay inconsistencia alguna en lo expuesto por el testigo, pues fue reiterativo en sus diversas intervenciones al señalar que cuando acudió a socorrer a la víctima, esta le alcanzó a decir “el hijo de Eugenio me tiró”, y efectivamente, alcanzó a ver a Wilder Mejía “cuando corría de las escalas pa’bajo”.

Considera la Sala que no aviene con las reglas de la experiencia descartar la valía de un testigo con el argumento de que si el agresor estaba encapuchado no pudo ser identificado, pues en primer término se tiene que aquel conocía de mucho tiempo antes a Wilder Alexander Mejía, en cuanto fueron vecinos de vieja data, circunstancia que permitía al testigo identificarlo “por el caminado”, su contextura, su forma de vestir, “por muchas cosas caballero” a las diez de la mañana de un día con muy buena visibilidad.

En segundo lugar, debe resaltarse que fue la propia víctima la que dijo al declarante quién lo había agredido, de modo que la constatación instantánea de Mauricio Díaz se limitó a ver en la distancia a un individuo que huía armado con un changón y simplemente verificar que se trataba de Wilder Alexander Mejía, el hijo de Eugenio Mejía, el zapatero.

Las razones expuestas permiten colegir que el tribunal incurrió en trascendentes yerros por falso raciocinio y falso juicio de identidad en la apreciación del testimonio de Mauricio Díaz Calad, a partir de los cuales indebidamente lo descartó, pese a resultar creíble y brindar elementos de importancia en punto de la responsabilidad de los delitos investigados al ser ponderado en conjunto con las demás pruebas, como más adelante se consigue establecer.

2. La posibilidad material de que la víctima dijera instantes antes de morir quién la agredió.

Ab initio es imprescindible recordar que el médico Andrés Luis Brand Yepes, quien realizó la necropsia al cadáver de Mauricio de Jesús Vásquez Rivera, declaró al ser preguntado acerca del tiempo que pudo permanecer viva la víctima luego de la agresión, que si bien de persona a persona pueden existir variaciones, existen leyes físicas suficientes para dar un patrón, pero que “siendo aproximado con la herida que se encontró, el volumen cardiaco, la adrenalina o excitación, los latidos, tiene aproximadamente minuto y medio, dos minutos, siendo muy laxo para cumplir su deceso”, entrando en estado de inconsciencia en medio minuto.

De conformidad con los tiempos expuestos por el galeno, concluye la Sala que si Mauricio Díaz Calad se encontraba en la jardinera de su residencia cuando escuchó la detonación, estableciendo el investigador John Jader Pinilla Zapata que desde allí hasta donde cayó el herido había una distancia de 40 ó 45 pasos, es absolutamente creíble que ese recorrido fuera transitado por el testigo en menos de quince segundos, es decir, que por el factor temporal llegó donde la víctima quince segundos antes de que entrara en estado de inconsciencia, circunstancia que permite creerle cuando declara que alcanzó a decirle: “el hijo de Eugenio me tiró”, con mayor razón, si en musitar tales palabras no pudieron haber transcurrido más de tres segundos.

Del análisis precedente puede establecerse que el ad quem incurrió en otro error de hecho por falso raciocinio, pues desconociendo los postulados científicos y de la física expuestos por el médico encargado de efectuar la necropsia, dio por sentado a partir de las lesiones causadas la imposibilidad para el occiso de haber alcanzado a decir algo, cuando lo cierto es que en la reconstrucción del cuadro conjunto consigue establecerse que Mauricio Díaz llegó antes de entrar el agredido en estado de inconsciencia dentro de los treinta segundos siguientes a la lesión.

Lo dicho cobra aún más sentido, si se constata la declaración de Díaz Calad, al señalar que una vez el herido habló “empezó a ponerse blanco”, relato que coincide con las evidencias previas a la muerte expuestas por el médico Brand Yepes en su declaración.

De otra parte observa la Sala que el ad quem incurre en un falso juicio de identidad al distorsionar el testimonio de Mauricio Díaz cuando relató que al ser increpado por Wilder Alexander Mejía acerca de qué había dicho el occiso antes de morir, aquel le dijo que nada, a partir de lo cual concluye el tribunal que el moribundo no alcanzó a hablar, cuando lo cierto es que si el homicida estaba indagando con el testigo por las últimas palabras de la víctima, lo lógico es que Díaz Calad le dijera que no había dicho nada, todo ello en procura de salvaguardar su integridad, no porque en verdad ello hubiera ocurrido así, de manera que se trata de una evidente tergiversación de la prueba analizada.

De las consideraciones anteriores puede concluirse que erró el tribunal al estimar que la víctima no alcanzó a hablar y señalar a su agresor antes de fallecer, cuando de acuerdo con las reglas de la sana crítica se concluye que el herido si dijo al testigo Díaz Calad quien lo había atacado.

3. Valor persuasivo de las manifestaciones del moribundo al testigo Mauricio Díaz Calad.

En virtud del principio de inmediación (art. 379) de tan cara importancia en el sistema penal acusatorio, el “juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional” (resaltado fuera de texto).

Tienen el carácter de pruebas de referencia las declaraciones recepcionadas por fuera del debate oral, cuando son utilizadas para acreditar o excluir elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o agravación de la pena, la naturaleza y entidad del daño causado y cualquier otro asunto propio del juicio oral, siempre que no sea posible su recaudo en esta fase del diligenciamiento.

Desde luego, dado que la prueba de referencia conspira contra el principio de inmediación, sólo es admitida de manera excepcional en los casos establecidos en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004.

Adicionalmente se tiene que aún si la prueba de referencia es admitida de manera excepcional, su valor y aporte en punto de la materialidad del delito o de la responsabilidad del acusado dependerá del soporte que encuentre en otros medios de prueba, pues por mandato legal, no basta por sí misma o junto con otros medios probatorios de la misma índole, para edificar un fallo de condena (L. 906/2004, art. 381), precepto mediante el cual el legislador creó una tarifa legal negativa.

En cuanto importa a esta decisión es pertinente señalar, que una de tales circunstancias de admisión excepcional de la prueba de referencia se establece en el literal c) del artículo 438 de la Ley 906 de 2004, cuando el declarante “Ha fallecido”.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones, observa la Sala que quien presenció directamente los hechos materia de investigación fue el propio agredido, esto es, Mauricio de Jesús Vásquez Rivera, quien le dijo a Mauricio Díaz Calad: “el hijo de Eugenio me tiró” e instantes después entró en estado de inconsciencia y se produjo su deceso. A su vez, tanto en entrevistas como en la declaración rendida en el debate oral, Díaz Calad informó sobre lo expuesto por la víctima antes de morir.

Entonces, sin dificultad encuentra la Sala que la situación fáctica analizada se ajusta en su integridad a una de las posibilidades dispuestas por el legislador para admitir de manera excepcional la prueba de la referencia, dada la imposibilidad de escuchar directamente a quien vio el desarrollo de los acontecimientos, es decir, al fallecido Mauricio Vásquez Rivera.

Desde luego, es claro que tal prueba de referencia necesitará contar con otras de diversa índole para conseguir aptitud demostrativa en sede de un fallo de condena, pues por expresa disposición del legislador, “La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia” (L. 906/2004, art. 381).

4. Apreciación conjunta de las pruebas.

Para comenzar es oportuno señalar que Mauricio Díaz fue testigo directo respecto del ruido producido por la detonación, así como de haber visto cuando en el teatro de los convencimientos Wilder Alexander Mejía se alejaba portando el changón en sus manos.

A su vez, el mismo ciudadano declaró que la víctima alcanzó a decirle antes de fallecer: “el hijo de Eugenio me tiró”. Se acreditó que Eugenio Mejía solo tiene un hijo que es el acusado Wilder Alexander.

También Díaz Calad es testigo directo acerca de las amenazas que en su contra le expresó directamente el procesado si hablaba, es decir, si lo señalaba como autor del homicidio investigado.

Igualmente se acreditó con las declaraciones de Luz Mary y Bella Luz Rivera Vásquez, hermanas del occiso, que tienen otro consanguíneo de nombre Luis, a quien le dicen el “Loco” por sufrir retardo mental, al cual Eugenio Mejía molestaba, mojándolo y diciéndole cosas, lo que determinó que Luis reaccionara lesionando a Eugenio, circunstancia que determinó a Wilder Alexander Mejía a intentar incendiar el lugar donde residía el agresor de su padre, acontecer que creó rencillas entre ambas familias.

También se cuenta con la declaración de Diego Tobón Jiménez, quien dijo que a través de un escrito supuestamente suscrito por Wilder Mejía y verbalmente la familia de este, le solicitaron que concurriera a la Fiscalía a declarar que el día de los hechos el acusado se encontraba en su taller arreglando una motocicleta.

Considera la Sala que el valorar en conjunto las pruebas obrantes en la actuación, consigue arribarse a la certeza más allá de toda duda, que el acusado Wilder Alexander Mejía Quintero es responsable penalmente por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal.

En efecto, ello lo acredita de manera especial lo expuesto por Mauricio Díaz Calad, quien permite introducir como prueba de referencia lo dicho por la propia víctima al señalar al hijo de Eugenio, es decir, a Wilder Mejía, como la persona que le disparó, amén de que el propio Díaz reconoció por la espalda al agresor cuando huía del lugar portando en sus manos el changón.

El motivo del homicidio no fue diverso a la enemistad surgida entre las dos familias con ocasión de las molestias que Eugenio Mejía causaba a Luis Vásquez Rivera, lo cual motivó que este lo agrediera, de modo que Wilder Mejía trató de incendiarle su “rancho” y como no lo consiguió, agredió mortalmente a Mauricio de Jesús Vásquez Rivera.

Además se cuenta con pruebas subsiguientes a la comisión del delito, como son la propia declaración de Cortés Calad sobre las amenazas impetradas por Wilder Mejía si hablaba, y lo expuesto por Diego Tobón Jiménez sobre el interés del acusado y su familia en que concurriera a suministrar una coartada falsa.

A partir de lo anterior logra reconstruirse el cuadro conjunto del acontecer fáctico aquí investigado, es decir, además de la materialidad del delito, se concluye más allá de toda duda razonable que Wilder Alexander Mejía Quintero fue la persona que disparó un changón contra Mauricio de Jesús Vásquez Rivera, quien antes de morir pudo decirle a Mauricio Cortés que aquél lo había herido.

Así las cosas, si de conformidad con el recaudo de pruebas se imponía proferir sentencia condenatoria en contra de Wilder Alexander Mejía Quintero, es claro que los señalados errores de apreciación probatoria resultan trascendentes en el sentido del fallo, todo lo cual impone a la Sala, como lo deprecó el Procurador Judicial II Ciento Veintiuno Delegado en lo Penal de Medellín en su calidad de demandante y la Fiscal Cuarta Delegada ante esta corporación como no recurrente, casar la sentencia dictada por el tribunal, para en su lugar, confirmar el proveído de condena de primer grado, motivo por el cual se librará de inmediato la correspondiente orden de captura para hacer efectiva la pena impuesta.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada, en el sentido de revocar el fallo absolutorio proferido a favor de Wilder Alexander Mejía Quintero, por las razones expuestas en la anterior motivación.

2. CONFIRMAR, en consecuencia, el fallo condenatorio de primera instancia.

3. LIBRAR inmediatamente la correspondiente orden de captura.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Sentencia del 5 de diciembre de 2007. Radicación 28432.

(2) En este sentido Sentencia C-609 del 13 de noviembre de 1999.