Sentencia 32890 de septiembre 26 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 357

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como de conformidad con el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, en la apelación, el superior extenderá su decisión a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación, sin que por otro lado le sea posible, entratándose de sentencia condenatoria agravar la sanción, salvo que el fiscal, el Ministerio Público o la parte civil la hubieren recurrido, deviene incuestionable que, como lo señala la Delegada, el cargo admitido se evidencia próspero, por lo menos y en principio, respecto a la situación de las procesadas Elizabet Buitrago y Elizabeth Zapata.

2. En efecto, contra la sentencia de primera instancia en tanto absolvió a las citadas, la representación de la fiscalía interpuso recurso de apelación con el propósito de lograr su condena así como la de Teresita de Jesús Gómez por el punible de estafa; mas dicha impugnación, al no ser sustentada en oportunidad fue declarada extemporánea y por ende entiéndese desierta.

Por su parte la defensa de Jorge Iván Botero Palacio y de Elizabeth Buitrago interpuso similar recurso con el fin de obtener la absolución del primero y la revocatoria, a favor de la segunda, de la orden de cancelación de la escritura y correspondiente registro de enajenación del inmueble involucrado en la negociación cuestionada.

Igual pretensión de absolución propuso el defensor de Teresita de Jesús Gómez, al interponer también el recurso de apelación contra el fallo del a quo, mientras que en relación con la procesada Elizabeth Zapata, obviamente, su defensor, no planteo inconformidad alguna.

En esas condiciones, el a quo, que ya había declarado desierto el recurso interpuesto por la fiscalía, concedió el formulado por los defensores, por manera que éstos asumieron la condición de apelantes únicos, situación que el tribunal no advirtió.

3. Es que, sin reparar en dicha contingencia procesal, el ad quem se preparó a decidir sin limitación alguna por entender que podía incluso desmejorar la situación de los procesados por comprender, equivocadamente desde luego, que también el ente acusador había recurrido el fallo del a quo.

Mas es claro que legalmente no se encontraba facultado para decidir en la forma en que lo hizo, por la simple razón que además de que carecía de competencia, no podía desmejorar la situación del procesado o procesados, entendidos éstos bajo el concepto de apelante único.

4. Así y sin que pueda comprenderse la responsabilidad de las procesadas Buitrago y Zapata, como un asunto inescindiblemente ligado al objeto de las apelaciones de la defensa, porque éstas lo que perseguían era la absolución de los dos condenados en primera instancia y la revocatoria de la orden de cancelación de la escritura pública y el registro de rigor, le estaba vedado al ad quem examinar la situación jurídica de las absueltas, toda vez que nadie en manera oportuna y a través de las ritualidades procesales propias cuestionó dicha decisión.

5. Por tanto, como el tribunal, sin competencia desmejoró la situación de las procesadas Buitrago y Zapata, es patente que se infringió el debido proceso, tal como lo señalan demandante y Ministerio Público, por ello ha de proceder la Sala a su reparación, efectos para los cuales se casará parcialmente la sentencia recurrida para anularla en tanto revocó la absolución dispuesta a favor de aquéllas, quedando por ende en firme la sentencia de primer grado.

6. Ahora bien, el tribunal además invalidó lo actuado en relación con el punible de obtención de documento público falso, por estimar que en ese respecto se había incurrido en un yerro de calificación jurídica porque la conducta se adecuaba al fraude procesal y no a la delincuencia antes citada.

El censor propugna por la nulidad de tal determinación bajo el argumento de que el tema no fue objeto de apelación, mientras que el Ministerio Público aunque admite dicho aserto, encuentra viciada la decisión por considerar que ella vulnera la prohibición de reforma peyorativa.

Si bien es cierto que la fiscalía en su intervención durante el debate público solicitó la expedición de copias para que por separado se investigare el fraude procesal que se haya podido cometer al lograr del funcionario de instrumentos públicos el registro de la escritura pública falsa y la expedición del certificado de tradición, pedimento al que no accedió el juez de primera instancia por estimar idónea la calificación de dicha conducta en la descripción típica de obtención de documento público falso, también lo es que dicha determinación no fue cuestionada por sujeto procesal alguno.

Sin embargo, el que no haya sido materia de apelación, no significa que no pudiera ser objeto de tratamiento por el ad quem, porque como lo resalta el Ministerio Público, con sustento en jurisprudencia de la Sala y a pesar de su final petición, el tribunal actuó en salvaguarda del principio de legalidad al corregir el yerro de calificación jurídica de la conducta.

Es que, ha dicho la Corte: “El principio de la doble instancia presupone la existencia de un juez superior que revise los actos del inferior cuando las partes con interés jurídico para hacerlo lo reclamen, y la consagración de un mecanismo procesal que permita el ejercicio de este doble examen.

“Específicamente consiste en la posibilidad de que las decisiones adoptadas por los jueces sean evaluadas y revisadas por un superior funcional, de manera que éste resuelva el punto objeto de controversia en forma definitiva, bien sea confirmando, aclarando, modificando o revocando el pronunciamiento adoptado en primera instancia.

“En la Constitución Política el derecho a la doble instancia se erige en una garantía fundamental que integra el debido proceso, conforme se establece de las previsiones contenidas en sus artículos 31, a cuyo tenor “toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, y 29, que consagra que toda persona tiene derecho a “… impugnar la sentencia condenatoria…”.

“Sobre su alcance, la Corte Constitucional tiene dicho que este principio constituye “una piedra angular dentro del Estado de Derecho”, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de defensa, al permitir que “el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente”.

“Ha precisado también que la doble instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se haga de la Constitución o de la ley por parte de una autoridad, constituyéndose en una garantía contra la arbitrariedad, y en mecanismo idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir una autoridad pública.

“Esto ha llevado a sostener que en el origen de la institución de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación y de contradicción, en cuanto estas garantías exigen la presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría que revise la decisión cuestionada.

“El mecanismo por excelencia para activar la doble instancia, en los procesos ordinarios en general, es el recurso de apelación en su doble connotación; de un lado, para garantizar el ejercicio de la impugnación a quienes han intervenido en el proceso cuando estén legitimados para hacerlo, y de otro, para remediar los errores judiciales.

“En los orígenes del instituto, el superior sólo cumplía funciones confirmatorias o anulatorias. Si la decisión era correcta le impartía el aval, pero si era incorrecta la anulaba y hacia uso del mecanismo del reenvío para que el inferior la dictara de nuevo acatando las directrices del pronunciamiento de segundo grado.

“En la actualidad, constituye la dinámica propia del recurso de apelación que el superior ejerza además funciones de corrección automática cuando la decisión impugnada es incorrecta reservándose la facultad anulatoria y el mecanismo de reenvío, siempre y cuando no afecte el principio de la prohibición de la reformatio in pejus consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política.

“Se busca asegurar, de esta manera, la realización de los principios de economía, celeridad y eficacia de la administración de justicia, y de hacer materialmente funcional el mecanismo de la segunda instancia, otorgando facultades al superior para que también asuma las funciones de corrección, y resuelva, en forma definitiva, el punto objeto de controversia.

“Sostener que el ejercicio de corrección por el superior viola el derecho de contracción de la parte que resulta afectada con el nuevo pronunciamiento, carece de sentido, porque la decisión que el superior adopta es el resultado (síntesis) del estudio de una propuesta realizada por el impugnante (tesis) y de una contrapropuesta esbozada por el no recurrente (antítesis), es decir, de una operación dialéctica en la que las partes ya han tenido la oportunidad de fijar sus criterios y posturas jurídicas en torno al punto que se decide.

“Recapitulando puede decirse entonces que el superior funcional, en ejercicio de la facultad de revisar que le otorga la segunda instancia, está habilitado para (i) confirmar lo decidido en primera instancia, (ii) corregir los yerros que afectan la decisión y (iii) anular la actuación por vicios que afectan su validez” (sent., mayo 10/2010, rad. 28498).

Más aún, en reciente decisión (sent., sep. 10/2012, rad. 37382), se afirmó:

“La Corte ha señalado que lo ilegal no ata al juez, ni puede correlativamente amparar a los sujetos procesales. De modo que el correctivo introducido por el tribunal al observar que existían errores en la calificación provisional de la conducta punible en cuanto a la forma de coparticipación, de anular lo actuado para que sin afectación del núcleo básico de los cargos se variara dicha especie de intervención delictiva, tampoco admite ningún reparo, ni es viable por consiguiente, reprobarse por estar desfasada temporalmente, o entender que dicho acto gozaba de una intangibilidad absoluta, pues en relación con la determinación tomada no existía preclusividad procesal alguna, con mayor razón cuando la intervención del ad quem si bien correspondía limitadamente a aquellos aspectos impugnados y cuantos inescindiblemente se le vinculaban como objeto de decisión, también abarcaba desde luego vicios que se consideró afectantes de la estructura de la acusación y del proceso y cuyo correctivo era igualmente un imperativo legal.

“Si fiscalía o juez advierten la necesidad de corregir la acusación debe provenir de su iniciativa que así se haga agotando el trámite contemplado en el artículo 404 en mención, pero si, según sucedió en este caso, pasa en silencio esa oportunidad pero observa el tribunal al tomar conocimiento del proceso la existencia de un vicio en la calificación que deba corregirse, por ello debe propender así conlleve la alternativa de depuración la necesidad de declarar la nulidad de lo actuado, caso en el cual le corresponde definir el momento a partir del cual es necesario hacerlo, dependiendo de si la circunstancia defectuosa advertida que agrava la situación jurídica del procesado (pues cuando la modificación es favorable la doctrina no admite modificar los cargos), ha tenido ocasión de ser debatida o no, dado que en el primer supuesto la nulidad deberá abarcar la propia acusación y en el segundo a partir de finalizar la práctica probatoria del juicio, conforme entendió en este caso el ad quem,…”.

7. Luego, si en este asunto el ad quem anuló parte de la actuación por vicios que incidían en su validez, considerados afectantes de la estructura de la acusación y del proceso y cuyo correctivo le era un imperativo legal, es obvio que el cargo postulado carece en ese sentido de prosperidad, como de sustento la petición del Ministerio Público, máxime que no se determina en concreto la supuesta transgresión a la prohibición de reforma en perjuicio frente a una simple eventualidad de procesamiento y no ante la seguridad de acusación y sanción a que alude la delegada.

8. Finalmente pretende el censor que por no ser materia del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, también se case el fallo impugnado en cuanto revocó la orden de compulsar copias para investigar a Fidelina Loaiza. Empero, comparte en ese respecto la Sala la tesis de la delegada acerca de la improsperidad del reproche, toda vez que además de que en el mismo sentido resulta predicable la argumentación precedente, no se aprecia interés en el impugnante no solo porque se trata de una decisión de sustanciación, sino porque no se indica de qué manera eso podría lesionar los intereses de los acá sentenciados.

“La expedición de copias con destino a una autoridad jurisdiccional… o administrativa… no tiene la virtualidad jurídica de imponer ninguna forma de solución a quien las recibe. No es una decisión jurisdiccional de las que sea necesario fundamentar razonadamente, por lo que no constituye un punto nuevo en una decisión judicial, no es susceptible de ninguna impugnación y no es ni siquiera necesario comunicársela a quien se vea involucrado” (auto, ago. 17/2000, rad. 15862).

Y en providencia de mayo 20 de 2003, radicación 20049: “la decisión de poner en conocimiento de la autoridad competente un hecho considerado, en principio, como punible y que deba ser investigado de oficio (CPP, art. 27), no admite recurso alguno, así la orden judicial esté contenida en una decisión interlocutoria susceptible de los recursos de reposición y subsidiario de apelación, puesto que el sentido y carácter del pronunciamiento, en cuanto con él el funcionario se limita a acatar el imperativo de dar noticia del hecho, indica que será siempre de sustanciación”.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Casar parcialmente la sentencia recurrida para dejar sin efectos la condena irrogada en contra de las procesadas Elizabeth Buitrago Jaramillo y Elizabeth Zapata Melguiso. En su respecto se confirma el fallo de primera instancia.

En lo demás la sentencia impugnada permanece incólume.

Esta providencia no admite recurso alguno.

Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.»