CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Sentencia 32927 de diciembre 1º de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 32927.

Magistrada Ponente:

Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil nueve.

Acta 46.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el señor Samuel Orozco Martínez contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 21 de junio de 2007, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.

EXTRACTOS: «Se considera

Estimó el tribunal que entre el actor y las Empresas Públicas de Manizales existió una relación laboral comprendida entre el 27 de marzo de 1979 y el 30 de octubre de 1981, es decir, 2 años, 7 meses y 4 días y con Telecom del 3 de noviembre de 1981 al 25 de julio de 2003, esto es, 21 años, 8 meses y 23 días. De lo anterior dedujo que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el demandante “reuniría como tiempos de servicios quince (15) años y tres (3) días”; pero, indicó que la demandada le descontó al actor, del tiempo de servicios, 5 días “no trabajados sin justificación alguna”, y por ello concluyó que no lo amparaba el régimen de transición de aquella normatividad.

No obstante, en la forma señalada por el censor, debe precisarse que el servicio real y efectivo a que se refieren las preceptivas legales que invocó el tribunal, y que lo exigen para efectos remuneratorios, difiere del tiempo que corresponde computar para definir la aplicación general de un régimen de transición, como es el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que en este evento se contabilizan los 15 años exigidos, de fecha a fecha, según la antigüedad o vinculación, que son términos que no exigen la labor o actividad, como lo adujo equivocadamente el ad quem.

Es que el reseñado régimen de transición garantiza la aplicación de una normatividad anterior, en las condiciones específicas que regían el derecho del trabajador o del afiliado a la seguridad social, y para el efecto prevé el requisito de los 15 años de servicios, límite temporal que impuso el legislador como necesario para lograr el derecho pensional en los términos que venían rigiéndolo, y con lo cual se le preserva de las modificaciones introducidas en la nueva ley, que le pueden resultar adversas.

Siendo ello así, indudablemente que lo que se exige es la antigüedad o permanencia de la persona, sin que influyan los días efectivamente laborados, sin que puedan descontarse los no trabajados, como sí ocurre por ejemplo para determinar el valor del auxilio de cesantía. Tal concepto de antigüedad, es el que exigen también preceptivas como las contenidas en los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041, o en el artículo 8º, numeral 5º del Decreto 2351 de 1965, según lo definió la Corte en sentencias radicadas con los números 3911 y 2926, del 9 de noviembre de 1990 y 7 de diciembre de 1988, respectivamente, en las cuales se examinó la viabilidad del régimen de transición pensional en el ISS, para establecer quién es el sujeto obligado a asumir el derecho (primera sentencia citada), y para fijar la procedencia del reintegro del trabajador con 10 años de servicios continuos (en la segunda providencia).

En tales eventos se determinó precisamente que el vocablo “servicios” a que se refieren las respectivas normas ya reseñadas, no exige la actividad personal o el desarrollo efectivo del trabajo, tal cual como se explicó, porque de lo que se trata es de la vinculación del trabajador, independientemente de las vicisitudes acaecidas, y lo que se protege y garantiza es una medida que el legislador consagra a favor de aquel, como la reinstalación a su empleo, o la pensión en mejores condiciones, tal cual ocurre en este caso.

Evidenciada la infracción legal en la que se incurrió, el cargo prospera y por tal razón habrá de casarse la sentencia recurrida; como la primera acusación perseguía los mismos fines, no se estudiará.

En sede de instancia, y para mejor proveer, se ordena librar oficio a la demandada con el objeto de que remita la documentación que informe del promedio de los factores legales y extralegales devengados por el actor entre el 1º de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, de conformidad con los numerales 5º y 7º del “Plan de pensión anticipada” expedido por Telecom en marzo de 2003.

Sin costas en el recurso extraordinario, que prosperó.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 21 de junio de 2007, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso adelantado por Samuel Orozco Martínez contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, “en liquidación” y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.

En sede de instancia, y para mejor proveer, se ordena librar oficio a la demandada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y publíquese».