Sentencia 32932 de noviembre 18 de 2009

 

Sentencia 32932 de noviembre 18 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado acta número 360

Bogotá, D.C., noviembre dieciocho de dos mil nueve.

La Sala se ocupa de la definición de competencia propuesta por varios defensores quienes consideran que es un Juez Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, y no su homólogo de Cundinamarca, el llamado a juzgar a Jorge Orlando González Ceballos, Kevis Alberto Jiménez Escalante, Luis Alirio López, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Henry Mauricio Blanco Barbosa, Manuel Ángel Zorrilla Gámez, Juan Gabriel Espinosa Restrepo y Medardo Ríos Días, acusados del delito de desaparición forzada agravada en concurso con homicidio agravado, concierto para delinquir agravado , falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Hechos y antecedentes procesales relevantes

Se contraen a que en el municipio de Soacha Cundinamarca, de manera secuencial y sistemática, fueron desapareciendo varios jóvenes, entre ellos Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, que luego aparecían reportados como miembros de bandas criminales dados de baja en supuestos combates sostenidos con el Ejército Nacional en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander; para lo cual falsificaron documentos varios con los que se soportaba el informe de tales combates, además que permitieron que los inhumaran como no identificados, para evitar su reconocimiento.

Luego de realizadas las capturas, algunas de ellas en la ciudad de Ocaña, el 15 de mayo de 2009 se adelantaron las audiencias en las que el Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Soacha reconoció la legalidad de las aprehensiones, presidió la audiencia de formulación de imputación, y, finalmente les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio alguno.

Una vez radicado el escrito de acusación, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, convocó a la audiencia de formulación de acusación, la cual se inició el 21 de agosto, en la que varios de los defensores plantearon en primer término que el juzgamiento de este proceso corresponde a la justicia penal militar, pero además, que el juez de Soacha no es competente por cuanto la primera captura se produjo en la ciudad de Ocaña, por lo que el llamado a conocerlo es el Juez Penal del Circuito Especializado de Cúcuta.

Ante tales señalamientos de falta de jurisdicción y competencia, el juzgado de conocimiento ordenó remitir el proceso, inicialmente al Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que dirimiera la controversia surgida en torno de la eventual intervención de la justicia penal militar, y con posterioridad a que esto se resolviera, a la Corte Suprema de Justicia a efectos de que se pronunciara sobre definición de competencia solicitada.

El Consejo Superior de la Judicatura con providencia de 15 de octubre consideró que dicha corporación solo tiene facultades para resolver conflictos entre jurisdicciones, los cuales suponen enfrentamiento entre jueces de distinta jurisdicción que repudian o persiguen el conocimiento de un proceso; lo cual se hecha de menos en este asunto.

El conflicto que faculta la intervención de la Sala Disciplinaria de dicha corporación no se activa con la manifestación de inconformidad en relación con la competencia, hecha por un defensor, lo cual equivaldría a la impugnación de la competencia, la que corresponde ser decidido a otras instancias judiciales.

Así las cosas, fue remitida la actuación a la Corte Suprema de Justicia a fin de que se pronuncie sobre la impugnación de competencia formulada por varios defensores en la audiencia de formulación de acusación.

Consideraciones

La Corte es competente para conocer la definición de competencia planteada la defensa, de acuerdo con lo normado en los artículos 32 numeral 4º, y 341 de la Ley 906 de 2004.

La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 para precisar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el llamado a presidir el juzgamiento de determinados asuntos, de acuerdo con los factores de competencia, y su procedimiento el previsto en los artículos 54 y 55 ibídem.

Como quiera que es el escrito de acusación el que determina los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica de los mismos, para efectos de limitar la contienda propia del juicio, el legislador ha llamado la atención sobre sus requisitos.

El artículo 327 del Código de Procedimiento Penal enlista dentro del contenido del escrito de acusación, en el numeral 2º la imputación fáctica al exigir “Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible”, siendo tal requerimiento más que una mera ritualidad, uno de los pilares sobre los cuales se asienta la sentencia.

Frente a la imputación fáctica, la jurisprudencia de esta corporación ha sido enfática al señalar la necesidad adicional de la imputación jurídica, como mecanismo para garantizar la lealtad frente a la defensa que debe estar enterada de la calificación jurídica otorgada a la reseña fáctica.

En el caso que ahora ocupa la atención de la Sala es claro que los hechos relacionados en la acusación involucran desde el contacto inicial hecho en la localidad de Soacha, en el que participaban los encargados de ubicar y convencer a los jóvenes para que “voluntariamente” se dirigieran a su destino fatal; hasta la elaboración de los informes falsos que daban cuenta de inexistentes combates en los que habrían sido dados de baja miembros de bandas de delincuencia organizada, y el ocultamiento de su identidad para que pudieran ser inhumados sin ser reconocidos.

Así, resulta palmario que, de acuerdo con lo planteado en el escrito de acusación, si las actividades de contacto y persuasión de los jóvenes a quienes sus verdugos tenían predestinados para ser presentados como “falsos positivos” de la fuerza pública, se iniciaron en Soacha, el juez con sede en dicha localidad adquiere vocación de competencia para conocer el proceso.

Es el artículo 43 el que determina que cuando el delito se cometió en varios lugares, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación; con lo que, habiendo sido en Soacha donde se radicó el escrito que contiene la acusación, es dicho juez el competente para adelantar el juicio.

Por tal razón se definirá la competencia disponiendo que el trámite del juicio continúe en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Definir que la competencia para juzgar a los señores Jorge Orlando González Ceballos, Kevis Alberto Jiménez Escalante, Luis Alirio López, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Henry Mauricio Blanco Barbosa, Manuel Ángel Zorrilla Gámez, Juan Gabriel Espinosa Restrepo y Medardo Ríos Días, acusados del delito de desaparición forzada agravada en concurso con homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal; de acuerdo con la formulación fáctica incorporada en el escrito de acusación, en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.

2. Devolver la actuación al juzgado de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Alfredo Gómez Quintero—María del Rosario González de Lemos— Augusto J. bañez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria General.