Sentencia 32937 de abril 21 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso Nº 32937

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta Nº 120

Vistos

Bogotá, D.C., veintiuno de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Con arreglo a lo normado por el artículo 169 de la Ley 600 de 2000, las providencias que se dicten en la actuación procesal se denominan resoluciones, autos y sentencias y se clasifican, en:

Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en primera o segunda instancia, en virtud de la casación o de la acción de revisión.

Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial, que no necesariamente extingan la relación jurídica procesal.

Autos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma.

Y, resolución, si las profiere el fiscal, las cuales podrán ser interlocutorias o de sustanciación.

Según el artículo 176 del mismo código, además de las señaladas expresamente en otras disposiciones se notificarán las sentencias, las providencias interlocutorias y las siguientes providencias de sustanciación: La que suspende la investigación previa, la que pone en conocimiento de los sujetos procesales la prueba trasladada o el dictamen pericial, la que declara cerrada la investigación, la que ordena la práctica de pruebas en el juicio, la que señala día y hora para la celebración de la audiencia pública, la que declara desierto el recurso de apelación, la que deniega el recurso de apelación, la que declara extemporánea la presentación de la demanda de casación y la que admite la acción de revisión.

En segunda instancia se notificarán: la que decreta la prescripción de la acción o de la pena cuando ello no haya sido objeto de recurso, la que imponga la medida de aseguramiento y la que profiera resolución de acusación.

Las providencias de sustanciación no enunciadas o no previstas de manera especial serán de cumplimiento inmediato y contra ellas no procede recurso alguno.

El artículo 186 ibídem dispone que los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tiene interés jurídico desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres días, contados a partir de la última notificación.

A la luz del artículo 189 del mismo estatuto procesal, salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban ser notificadas, contra las interlocutorias de primera o única instancia y contra las que declaran la prescripción de la acción o de la pena en segunda instancia, cuando ello no fuere objeto de recurso.

Es claro que la tutela judicial efectiva en punto a los recursos es de configuración legal, por lo tanto, corresponde al constituyente derivado en su libertad de configuración normativa determinar y regular los caminos procesales que estime pertinentes, sin que exista, en términos absolutos, un pretendido derecho fundamental a una segunda instancia o doble pronunciamiento judicial, cuya creación es exigible al legislador en cuanto a las sentencias condenatorias, según los estándares internacionales, artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

En consecuencia, la regulación hecha por el legislador en la Ley 600 de 2000 de los recursos ordinarios estableciendo las clases de providencias que pueden dictarse en la actuación procesal, cuáles de ellas deben notificarse y que por ello admiten recursos, como los requisitos para su interposición válida; es un aspecto de legalidad ordinaria cuyo conocimiento concierne a los jueces y tribunales en ejercicio de las atribuciones a ellos deferidas por la Constitución y la ley.

En consecuencia, no se vulnera el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo en los eventos que la ley estima que por virtud de la naturaleza de la decisión, no es susceptible de recurso, excepto cuando se trate de sentencia condenatoria.

2. Pues bien, la decisión impugnada, de avocar el conocimiento de la actuación ha de ser adoptada a través de un auto de sustanciación, considerando que no decide la relación jurídico procesal, no pone fin a un incidente, ni resuelve un aspecto sustancial, toda vez que si compete a la Corte investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la República no procede la eventual configuración de una colisión de competencias, por ser la Sala el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia penal; además, comporta el mandato de la Sala de asumir el conocimiento del proceso concluyendo que en este caso el fuero aplica de forma absoluta en razón a que el acusado actualmente ostenta la investidura de representante a la Cámara, constatación que efectuó de forma objetiva sin apreciar el material probatorio, entrar a determinar si la conducta existió o no, si es injusta, ni sopesar la posible responsabilidad del acusado.

En estas circunstancias es evidente que no se trata de una decisión de fondo, ya que antes que resolver aspectos sustanciales se contrae a reconocer la facultad de la Corte para juzgar al aforado, lo que implica impartir el trámite previsto por la ley para los procesos de única instancia.

Calidad que también denota el que la defensa no tenga interés para controvertirla, dado que como lo viene reiterando la Sala, no existe mayor garantía para los aforados constitucionales que ser investigados y juzgados, así sea en única instancia, por un cuerpo colegiado especializado, precisamente el de mayor jerarquía en la jurisdicción ordinaria.

Ahora, como este tipo de auto de sustanciación no encuentra adecuación en la lista contenida en el artículo 176 del Código Procedimiento Penal de 2000 que deben ser notificados, es palmar que en su contra no procede el recurso de reposición, como erradamente lo pretende el defensor del procesado.

Que lo resuelto esté contenido en el auto que declaró ejecutoriada la resolución de acusación con motivo de la inhibición de la Sala a decidir la apelación pendiente cuando el expediente arribó a la corporación, afincada en que interpuesto en subsidio del de reposición y haber sido este decidido por la Fiscalía de Segunda Instancia, es improcedente resolverlo en tratándose de un trámite en única instancia; no lo convierte en un interlocutorio por pervivir su naturaleza de sustanciación, que por no ser notificable torna en improcedente su impugnación.

La Sala tiene definido que si en una sentencia o en un auto interlocutorio se adoptan determinaciones de distinta índole, ello no trasmuta el carácter o naturaleza jurídica de las de menor entidad para hacerlas susceptibles de los recursos ordinarios, pues es usual en la práctica judicial que por economía procesal en estas providencias se dicten autos de sustanciación, situación que no los convierte en interlocutorios que permitan su controversia a través de los recursos de reposición y apelación.

En decisión del 28 de octubre de 2009 dentro del radicado 32792, la Sala sostuvo, en este mismo sentido:

“El auto de 1º de octubre del año en curso, conforme a lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 169 de la Ley 600 de 2000, es un auto de sustanciación, por cuanto avocar conocimiento corresponde a un trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación y a diferencia de lo sostenido por el señor defensor, no resuelve un “incidente o aspecto sustancial”.

“Los autos de sustanciación tienen como finalidad disponer un trámite de los que la ley establece para dar curso progresivo a la actuación, se refieren al avance del procedimiento y a impulsar su curso.

“En esa medida, no todos los autos de sustanciación deben notificarse, solamente aquellos que el legislador les ha otorgado un trato especial, porque su naturaleza resulta más cercana al “aspecto sustancial…”.

“Las providencias de sustanciación no enunciadas, como la que avoca conocimiento, que tampoco ha sido prevista de manera especial, será de cumplimiento inmediato y contra ella no procede recurso alguno, como así lo preceptúa el inciso final del artículo 176.

“La razón de esta limitación legal estriba en que los recursos están instituidos como una garantía de las partes para controvertir las decisiones de fondo que se profieren en ejercicio de la jurisdicción; y las providencias de sustanciación no ostentan tal característica, pues antes que resolver aspectos sustanciales, como se expuso, se limita a impulsar o dar trámite al proceso. Por ello salvo expresa previsión legal, no requieren notificación, no cobran ejecutoria y son de cumplimiento inmediato.

“El desacuerdo que los sujetos procesales puedan llegar a tener con una decisión que resuelve la competencia, como es el acto procesal de avocar conocimiento, no puede ser objeto de impugnación a través de los recursos ordinarios previstos en la ley, por cuanto la misma normatividad ha previsto un trámite especial, que no es otro que la colisión de competencia, que puede ser provocada por cualquiera de los sujetos procesales, en los términos previstos en el artículo 93 y siguientes de la Ley 600 de 2000, figura jurídica en cuyo desarrollo se prevé la posibilidad de intervención de un superior jerárquico común a los colisionantes.

“Si bien en el auto de 1º de octubre de 2009 se incluyó la expresión “notifíquese y cúmplase” y que hubiere sido firmado por todos los magistrados que conforman la Sala de Casación Penal y no por un magistrado ponente, como lo estima el artículo 172 del estatuto adjetivo, son aspectos de forma que no tienen la virtualidad de modificar la naturaleza de la providencia recurrida, es decir, convertir un auto de sustanciación en auto interlocutorio, porque sería desconocer su naturaleza y el asunto que por su esencia está llamado a resolver…

“… un análisis sistemático de las disposiciones del estatuto procesal penal, así como los lineamientos de la tradición jurídica en materia de distinción entre autos interlocutorios y de sustanciación, palmariamente denotan que la decisión mediante la cual se avoca conocimiento tiene el carácter de “auto de sustanciación” y no de interlocutorio y que por esa razón el recurso ordinario no es procedente”.

La Sala entonces rechazará de plano el recurso de reposición interpuesto por la defensa del representante Vanegas Queruz.

De otro lado, dispondrá aceptar la renuncia al poder hecha por el defensor del acusado, la cual surtirá efectos una vez cumplido lo previsto por el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

Además, que a través de la secretaría de la Sala se imparta el trámite previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, para el alistamiento de las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia;

RESUELVE:

1. Rechazar de plano el recurso de reposición interpuesto por el defensor del acusado, Luis Fernando Vanegas Queruz Representante a la Cámara, en contra de la decisión que avocó el conocimiento de las diligencias y declaró ejecutoriada la resolución de acusación.

2. Aceptar la renuncia al poder hecha por el defensor del acusado, doctor Vanegas Queruz, cursando el trámite previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

3. Esta decisión no admite recurso.

4. Córrase el traslado previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

Notifíquese y cúmplase».