Sentencia 32964 de agosto 25 de 2010

 

Sentencia 32964 de agosto 25 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 267

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá D.C., veinticinco de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cargo principal. Violación directa de la ley sustancial.

Ningún reparo amerita el enunciado teórico en el cual el casacionista sustenta este primer ataque, conocido como de la “determinación optativa o alternativa”, que plantea que en casos de certeza de la comisión de un determinado delito, pero de dudas sobre su modalidad o especialidad, debe optarse por la solución más favorable. La Corte participa de esta fórmula de solución.

Lo que ocurre es que la realidad sobre la cual se pretende hacer valer la tesis, dista mucho de la que revela el contenido de la sentencia impugnada, en la cual, desde un comienzo, el tribunal tuvo claro que el problema jurídico que debía resolver se relacionaba con la forma de imputación subjetiva, dolo o culpa, para después, en su desarrollo, tomar claro partido por la primera de estas modalidades,

“[…] los supuestos fácticos con base en los cuales se debe determinar si se está ante homicidios culposos o dolosos son los mismos: Ellos se contraen a la colisión de vehículos automotores en la que perdieron la vida Ricardo Alejandro Patiño y José Lizardo Aristizabal Valencia. Es decir, no hay ninguna duda sobre el tipo objetivo al que se adecuan las conductas imputadas a Sánchez Rincón.

“[…] lo que varía es el juicio de valor de que esos supuestos son objeto pues pueden asumirse como constitutivos de un evento de culpa con representación, tal como lo hizo el juzgador de primera instancia, o como un caso de dolo eventual, como lo pretende la Fiscalía y el Ministerio Público. Es decir, la decisión se circunscribe a la forma de tipo subjetivo a la que se adecuan esos hechos. O, lo que es lo mismo, debe determinarse si se trató de un caso de infracción del deber objetivo de cuidado seguido de la producción de resultados antijurídicos, o, en lugar de ello, de un evento de previsión y aceptación de una probable infracción penal dejando su no producción librada al azar”.

Realizado este estudio, los hechos probados llevaron al tribunal a concluir que el acusado se representó “[…] los hechos sobrevinientes como probables”, dejando su producción librada al azar, y que de cara a esta realidad no podía jurídicamente estarse frente a “[…] un caso de imprudencia en la conducción de vehículos automotores”, optando, en consecuencia, por la tesis del dolo eventual,

“[…] la valoración integral de todas las circunstancias que concurrieron, suministra fundamento suficiente para inferir que las condiciones personales de Sánchez Rincón, sus antecedentes como conductor, su irresponsable decisión de conducir en el estado en que se encontraba, la manifiesta inobservancia de las normas de tránsito y el evento sucedido solo momentos antes de la colisión, le evidenciaron con mucha claridad la altísima probabilidad de que en razón de su comportamiento se presentara un resultado antijurídico. No obstante, a pesar de esa situación, obrando con total indiferencia por el respeto que le merecen las normas jurídicas y los derechos de terceros, aquel mantuvo su forma de obrar, comportamiento indicativo de que aceptó la probable producción de la infracción penal y la dejó librada al azar. En ese contexto, como el resultado se produjo, se satisfacen los presupuestos para su imputación a título de dolo eventual”.

Nada después posibilita pensar, ni siquiera remotamente, que el juzgador haya abandonado esta postura. Por el contrario, insistió en confrontar y descartar los planteamientos de la defensa reivindicativos de la culpa, reiterando la atribución a título de dolo eventual de los homicidios, en desarrollo de lo cual se sirvió de algunos ejemplos de casos relacionados con delitos de tránsito que estimó similares(5), en los que la justicia se inclinó por esta forma de imputación subjetiva.

Ante esta incontrovertible realidad, el casacionista intenta obtener el reconocimiento de sus afirmaciones por vía inductiva, a partir de la representación descontextualizada de algunos apartes de la sentencia, que selecciona con cuidado científico, en la pretensión de que la Corte perciba irresolución o titubeo donde solo existe decisión y firmeza.

Sus afirmaciones, referidas a que el tribunal fue dubitativo al definir este aspecto, no surgen de constataciones objetivas, coincidentes con la realidad procesal, sino de inferencias personales, producto de su buena imaginación, que lo llevan a insinuar, en forma totalmente infundada, que los magistrados pensaron una cosa y escribieron otra, o que escribieron lo que no quisieron expresar.

Las conclusiones del censor sobre las dudas que supuestamente embargaron al tribunal al resolver este punto, las atribuye y obtiene, en lo sustancial, de tres particularidades de la sentencia, (i) los cuestionamientos que el tribunal le hace a la fiscalía por no haber sometido el registro de video a un análisis técnico, (ii) las reiteradas referencias del tribunal al concepto del “azar”, así como a los hechos y pruebas en las cuales se apoya para atribuir al procesado la conducta a título de dolo eventual, y (iii) la decisión de no hacer efectiva la captura del procesado hasta tanto la sentencia no cobrara ejecutoria.

Las admoniciones del tribunal a la fiscalía por no haber sometido el registro de video a prueba técnica, son del siguiente tenor,

“[…] la fiscalía, no sometió ese registro a un examen técnico altamente especializado que - tras colocar las imágenes en tiempo real y a través de un análisis avanzado que, entre otras cosas, comprendiera la sucesiva congelación de las imágenes- permitiera determinar, con suma precisión, las circunstancias en que se presentó el accidente. El caso ameritaba un estudio de esa índole orientado a establecer con mayor precisión aspectos como la velocidad a la que se desplazaban los automotores, el tiempo transcurrido entre el último cambio de la luz del semáforo y el momento en que el taxista hizo la irregular maniobra, la distancia a que en ese instante se encontraba Sánchez Rincón, el tiempo transcurrido entre el paso del taxi y el momento en que la camioneta conducida por aquel impactó con aquella en que transitaban las víctimas”. Y al segundo por no apreciar con detenimiento esa prueba no obstante “[…] el aporte que suministra para determinar el hecho psíquico nuclear que interesa al proceso”.

Sostener, como lo hace el casacionista, que el tribunal al presentar este llamado de atención vaciló entre el dolo y la culpa, porque de allí lo que se infiere es que para superar la incertidumbre “necesitaba más prueba”, carece totalmente de sentido, porque el tribunal en ningún momento hace esta afirmación, y además, porque de su contenido no es dable inferir lo que el casacionista supone, y porque las consideraciones que realmente sirvieron de marco para definir el punto debatido no mencionan para nada este aspecto.

Obsérvese cómo la crítica a la actividad probatoria de la fiscalía la lleva a cabo el tribunal en el resumen que hace de los hechos demostrados, mucho antes de entrar en el análisis y solución del problema jurídico, en cuyo desarrollo, se insiste, en ningún momento se habló de deficiencias probatorias que impidieran resolver con solvencia el punto controvertido, ni de ningún otro aspecto que obstaculizara hacerlo.

El segundo argumento del demandante, consistente en que el estado de duda surge de la sistemática reiteración que el tribunal hace de los hechos y las pruebas en las cuales sustenta su decisión, y de las múltiples menciones que hace al “azar”, no deja de causar sorpresa, no solo por lo equivocado de la premisa que implícitamente se emplea, consistente en que las reiteraciones argumentativas son sinónimo de indecisión, sino por lo exótico del planteamiento, en cuanto hace radicar el ataque en cuestiones puramente de estilo.

En desarrollo de la argumentación judicial y en el ejercicio argumentativo en general, es absolutamente normal encontrar este tipo de reiteraciones, bien porque se quiere hacer especial énfasis en un determinado punto que se considera importante, como al parecer era el propósito del tribunal en el caso que se analiza, o porque este tipo de razonamientos cíclicos son propios del estilo de quien escribe, lo cual, lejos de erosionar la claridad de la decisión, la afianzan y fortalecen, no dejando duda de lo que se quiere o resuelve.

La decisión del tribunal de posponer la orden de captura hasta tanto causara ejecutoria la sentencia, por considerar que podía estar “afectada por la falibilidad de todas las obras humanas” en razón a la complejidad del tema debatido, en el mejor de los casos podría llevar a pensar que los magistrados no estaban seguros de la corrección material de la decisión tomada, pero esto es muy distinto a que la decisión, en sí, no sea clara en su contenido y categórica en su sentido, que es lo que el casacionista denuncia, pero no prueba.

Las alusiones de la procuradora delegada a la existencia de una duda por omisión, debido a la falta de análisis de las figuras jurídicas en debate (culpa con representación y dolo eventual), orientadas a dar respaldo a la tesis del demandante, nada aportan en su favor, por no tener nada que ver con su propuesta, pues mientras el casacionista plantea la existencia de una duda en la argumentación, la delegada propone ausencia de fundamentación, es decir, de un error in procedendo, lo cual viene a ser totalmente distinto.

La otra afirmación que la delegada trae para dar respaldo a la propuesta de la censura, consistente en que todo el fundamento de la sentencia se centró en el aspecto cognoscitivo, el cual es propio de la culpa con representación, no del dolo, además de soportarse en una premisa equivocada(6), tampoco contribuye al propósito de respaldar la incertidumbre atribuida al tribunal, porque lo que termina planteándose en el fondo es una discrepancia con el estudio dogmático realizado por este, es decir, una situación distinta de la que contiene el reproche que pretende coadyuvar.

Se desestima la censura.

Cargo subsidiario. Violación indirecta de la ley sustancial

Dentro de esta censura se plantean cinco reparos por errores de apreciación probatoria. Antes de aprehender su estudio, la Corte considera necesario hacer algunas precisiones en relación con los contenidos del dolo, sus modalidades, la proximidad conceptual entre el dolo eventual y la culpa con representación (consciente), las teorías que se han expuesto para establecer sus diferencias, el marco jurídico en el sistema penal colombiano, la comprobación de los componentes internos del dolo y los hechos probados.

El dolo ha sido definido tradicionalmente como la simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la vertiente interna del sujeto, en su universo mental. En materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización.

De acuerdo con esta definición, alrededor de la cual existe importante consenso, el dolo se integra de dos elementos: Uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal respectivo. Y otro volitivo, que implica querer realizarlos.

Estos componentes, no siempre presentan los mismos grados de intensidad, ni de determinación. Ello, ha dado lugar a que la doctrina dominante distinga, en atención a la fluctuación de estos aspectos, tres clases de dolo: El directo de primer grado, el directo de segundo grado y el eventual.

El dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto quiere el resultado típico. El dolo directo de segundo grado, llamado también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el resultado típico pero su producción se representa como cierta o segura. Y el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero lo acepta, o lo consiente, o carga con él, no obstante habérselo representado como posible o probable.

En todos los eventos es necesario que concurran los dos elementos del dolo, el cognitivo y el volitivo, pero en relación con este último sus contenidos fluctúan, bien porque varía su sentido o porque su intensidad se va desdibujando, hasta encontrarse con las fronteras mismas de la culpa consciente o con representación, que se presenta cuando el sujeto ha previsto la realización del tipo objetivo como probable (aspecto cognitivo), pero confía en poder evitarlo.

En estas específicas fronteras es que surge el problema jurídico que hoy ocupa la atención de la Sala: definir si el tribunal acertó al ubicar la conducta del procesado dentro del marco del dolo eventual como modalidad del tipo subjetivo, o si esta decisión es equivocada, y la categoría llamada a regular el caso es la culpa consciente o con representación.

Las dificultades surgen de sus similitudes estructurales. Tanto en el dolo eventual como en la culpa con representación o consciente el sujeto no quiere el resultado típico. Y en ambos supuestos el autor prevé la posibilidad o probabilidad que se produzca el resultado delictivo. Por lo que la diferencia entre una y otra figura termina finalmente centrándose en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la probabilidad de realización de los elementos objetivos del tipo penal.

Muchos han sido los esfuerzos que la doctrina ha realizado con el fin de distinguir el dolo eventual de la culpa consciente o con representación, y variadas las teorías que se han expuesto con ese propósito, pero las más conocidas, o más sobresalientes, o las que sirven generalmente de faro o referente para la definición de este dilema, son dos: la teoría de la voluntad o del consentimiento y la teoría de la probabilidad o de la representación.

La teoría de la voluntad o del consentimiento hace énfasis en el contenido de la voluntad. Para esta teoría la conducta es dolosa cuando el sujeto consiente en la posibilidad del resultado típico, en el sentido de que lo aprueba. Y es culposa con representación cuando el autor se aferra a la posibilidad de que el resultado no se producirá.

La teoría de la probabilidad o de la representación enfatiza en el componente cognitivo del dolo. Para esta teoría existe dolo eventual cuando el sujeto se representa como probable la realización del tipo objetivo, y a pesar de ello decide actuar, con independencia de si admite o no su producción. Y es culposa cuando no se representa esa probabilidad, o la advierte lejana o remota.

Lo decisivo para esta teoría, en palabras de Mir Puig, es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Aunque las opiniones se dividen a la hora de determinar exactamente el grado de probabilidad que separa el dolo de la culpa, existe acuerdo en este sector en afirmar la presencia de dolo eventual cuando el autor advirtió una gran probabilidad de que se produjese el resultado, y de culpa consciente cuando la posibilidad de este, reconocida por el autor, era muy lejana. No importa la actitud interna del autor —de aprobación, desaprobación o indiferencia— frente al hipotético resultado, sino el haber querido actuar pese a conocer el peligro inherente a la acción(7).

Si para la teoría del consentimiento —afirma Ramón Ragués I Vallès— el centro de gravedad lo ocupa la relación emocional del sujeto con el resultado, en los planteamientos de la teoría de la probabilidad pasa a ocuparlo la conducta peligrosa, que el sujeto debe conocer como tal, sin que sea necesaria actitud emocional de ninguna clase.

Como puede verse —continúa diciendo el autor— la teoría de la probabilidad pone el acento en una cuestión motivacional, pero se diferencia de la teoría del consentimiento, en que esta última entra a valorar los deseos o intenciones del sujeto, mientras que los defensores de la teoría de la probabilidad se limitan a constatar un déficit de motivación del sujeto sin que importen sus causas (en palabras de Lagman, la representación de la probabilidad del resultado no aporta un motivo contrario a la ejecución de la acción)(8).

Hasta el año 2001 la legislación colombiana se mantuvo fiel a los postulados de la teoría del consentimiento, como estructura dogmática que busca explicar la frontera entre el dolo eventual y la culpa con representación(9). Pero en la Ley 599 de 2000, tomó partido por la teoría de la representación, al definir el dolo eventual en los siguientes términos: “también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Sobre esta variación, dijo la Corte,

“[…] en lo atinente a la teoría del dolo eventual, el código de 1980 había acogido la llamada teoría estricta del consentimiento, -emplea la expresión “la acepta, previéndola como posible- en el que existe un énfasis del factor volitivo cuando el autor acepta o aprueba la realización del tipo, porque cuenta con el acaecimiento del resultado.

El código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar la denominada teoría de la probabilidad, en la que lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo cognitivo que es prevalente. Irrelevante la voluntad en esta concepción del dolo eventual … el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, porque al representárselo como probable, nada hace por evitarlo(10).

Desde ahora, es importante precisar que la representación en esta teoría (aspecto cognitivo) está referida a la probabilidad de producción de un resultado antijurídico, y no al resultado propiamente dicho, o como lo sostiene un sector de la doctrina, la representación debe recaer, no sobre el resultado delictivo, sino sobre la conducta capaz de producirlo, pues lo que se sanciona es que el sujeto prevea como probable la realización del tipo objetivo, y no obstante ello decida actuar, con total menosprecio de los bienes jurídicos puestos en peligro.

La norma penal vigente exige para la configuración de dolo eventual la confluencia de dos condiciones, (i) que el sujeto se represente como probable la producción del resultado antijurídico, y (ii) que deje su no producción librada al azar.

En la doctrina existe consenso en cuanto a que la representación de la probabilidad de realización del tipo delictivo debe darse en el plano de lo concreto, es decir, frente a la situación de riesgo específica, y no en lo abstracto. Y que la probabilidad de realización del peligro, o de producción del riesgo, debe ser igualmente seria e inmediata, por contraposición a lo infundado y remoto.

Dejar la no producción del resultado al azar implica, por su parte, que el sujeto decide actuar o continuar actuando, no obstante haberse representado la existencia en su acción de un peligro inminente y concreto para el bien jurídico, y que lo hace con absoluta indiferencia por el resultado, por la situación de riesgo que su conducta genera.

Dejar al azar es optar por el acaso, jugársela por la casualidad, dejar que los cursos causales continúen su rumbo sin importar el desenlace, mantener una actitud de desinterés total por lo que pueda ocurrir o suceder, mostrar indiferencia por los posibles resultados de su conducta peligrosa, no actuar con voluntad relevante de evitación frente al resultado probable, no asumir actitudes positivas o negativas para evitar o disminuir el riesgo de lesión que su comportamiento origina.

La voluntad de evitación y la confianza en la evitación son conceptos que tienen la virtualidad de excluir o reafirmar una u otra modalidad de imputación subjetiva, según concurran o no en el caso específico. El primero implica un actuar. El segundo, la convicción racional de que el resultado probable no se producirá. Si existe voluntad de evitación, se excluye el dolo eventual, pero no la culpa con representación. Si existe confianza en la evitación, y esta es racional, se reafirma la culpa con representación y se excluye el dolo eventual.

Las dificultades que suscita la comprobación directa de los componentes internos del dolo eventual (cognitivo y volitivo), han obligado a que su determinación deba hacerse a través de razonamientos inferenciales, con fundamento en hechos externos debidamente demostrados, y en constantes derivadas de la aplicación de reglas de la experiencia, como el mayor o menor grado de peligrosidad objetiva de la conducta, o mayor o menor contenido de peligro de la situación de riesgo, o la calidad objetiva del riesgo creado o advertido.

Estos criterios de distinción, que la doctrina y la jurisprudencia abrazan cada vez con mayor asiduidad, no han sido ajenos a esta corporación. En decisión de 2007, la Corte llamó la atención sobre la necesidad de examinar frente al dolo eventual los delitos de tránsito en los que la creación del riesgo desbordaba las barreras de la objetividad racional y el sujeto actuaba con total desprecio por los bienes jurídicos que ponía en peligro,

“[…] cuando la lesión de los bienes jurídicos vida o integridad personal deviene por acontecimientos que ex ante resultan previsibles para el autor y este es indiferente ante la posible ocurrencia de los mismos, conviene que la judicatura examine con detalle la posible ocurrencia de una acción dolosa a título de dolo eventual, toda vez que la creación del peligro muchas veces desborda los estrechos límites del delito culposo o imprudente.

Con frecuencia pueden ser observados conductores de vehículos pesados o personas que gobiernan automotores bajo los efectos de diferentes sustancias, actuando con grosero desprecio por los bienes jurídicos ajenos sin que se constate que en su proceder ejecuten acciones encaminadas a evitar resultados nefastos; al contrario, burlan incesantemente las normas que reglamentan la participación de todos en el tráfico automotor sin que se les observe la realización de acciones dirigidas a evitar la lesión de bienes jurídicos, pudiéndose afirmar que muchas veces ese es su cometido. En tales supuestos no se estará en presencia de un delito culposo sino doloso en la modalidad denominada eventual” (11).

Los hechos probados.

El tribunal declaro probados los siguientes hechos relevantes:

1. Que el procesado Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón es piloto de aeronaves comerciales y que de su proyecto de formación hizo parte una materia denominada “programa de prevención de alcohol y drogas”.

2. Que en su hoja de vida como conductor de vehículos reporta varias órdenes de comparendo, entre las que se cuentan algunas por conductas peligrosas, como manejar a una velocidad superior a la permitida.

3. Que la noche del 23 de agosto de 2007 acudió a una fiesta con motivo de la celebración del cumpleaños de su novia, en la calle 145 A con carrera 21, donde permaneció desde las 11 de la noche hasta las cuatro de la mañana, cuando resolvió dirigirse a su casa en una camioneta Toyota prado.

4. Que esa noche ingirió bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Los análisis de alcoholemia arrojaron un grado de concentración en la sangre de 181 mililitros por ciento, y los de toxicología resultados positivos para cannabis.

5. Que al abordar el vehículo se hallaba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de determinarse de acuerdo con esa comprensión, y que cuando lo hizo estaba orientado y en capacidad de percibir la realidad.

6. Que al abandonar la casa de su novia tomó la avenida 19 hacia el sur y que en la intersección de la avenida calle 116 hizo el cruce encontrándose el semáforo en rojo y a una velocidad que oscilaba entre 65 y 97 kilómetros hora.

7. Que al cruzar la avenida calle 116 chocó violentamente contra una camioneta Nissan que se movilizaba de occidente a oriente por la referida arteria, causando la muerte de sus dos ocupantes.

8. Que momentos antes del impacto estuvo cerca de chocar un taxi que transitaba delante de la camioneta impactada, el cual, al llegar a la intersección de la carrera 19, giró a la izquierda, en contravía, para tomar la calle 116 en sentido contrario (de oriente a occidente).

9. Que cuando el taxista hizo el giro prohibido la camioneta del procesado se hallaba a una distancia de entre 54 y 80 metros.

10. Que el taxista se bajó del vehículo y se dirigió al lugar del accidente, bajó al procesado de la camioneta que conducía, y que al interpelarlo por lo ocurrido le respondía con frases sin sentido, como tranquilo, que no ha pasado nada, soy hijo de Uribe; y,

11. Que en el lugar de los hechos no se hallaron huellas de frenada.

Primera censura

Sostiene el censor que el diario discurrir en la actividad del tráfico automotor enseña que si una persona cruza un semáforo en rojo y a consecuencia de ello causa unas lesiones, no se le hace reproche a título de dolo eventual, sino de culpa, porque ese comportamiento no permite afirmar que el conductor haya estimado como probable la producción del resultado, y que el tribunal, por tanto, quebró esta regla de experiencia al resolver en sentido contrario, con mayor razón si se tiene en cuenta que era un jueves, que eran las cuatro de la mañana y que la vía se hallaba prácticamente desocupada.

Dos aspectos plantea el demandante en esta censura, ambos de carácter probatorio. El abierto desconocimiento de una supuesta regla de experiencia y la imposibilidad de deducir de una conducta como la examinada el aspecto cognitivo del dolo, o representación de la probabilidad de producción de un choque vehicular con las consecuencias conocidas.

La forma como los jueces resuelven de ordinario una determinada categoría de casos, por ejemplo los homicidios que ocurren en desarrollo de la actividad de conducir vehículos automotores, no son reglas de experiencia. Son precedentes judiciales, que pueden ser utilizados como criterios auxiliares para la definición de asuntos similares, mas no como premisas fácticas universales, por no tratarse de fenómenos naturales o procesos sociales constantes, sino de posturas jurídicas frente a casos concretos.

El elemento subjetivo del delito solo puede definirse a partir de las particularidades del caso específico, es decir, de un razonamiento inductivo que comprenda el análisis de los distintos factores que convergieron a la producción del resultado, pues solo a partir de su conocimiento y estudio puede determinarse si el sujeto actuó con consciencia y voluntad en la producción del resultado típico, si lo quiso en forma directa o indirecta, o si solo lo previó en forma eventual, o si actuó dentro de los marcos propios de la conducta imprudente.

El eminente carácter subjetivo de estos componentes, no permite que su comprobación pueda lograrse a partir del análisis de otros casos, ni siquiera de episodios parecidos, mucho menos de razonamientos deductivos, como el que intenta el demandante al razonar a partir de la premisa de que todos los casos o la mayor parte de los casos de lesiones y homicidios de tránsito, han sido resueltos por la justicia como conductas culposas.

El censor, en este reparo, termina incurriendo en un sofisma de petición de principio, pues en lugar de demostrar a través de un razonamiento inductivo que la conducta, de acuerdo con las circunstancias específicas del caso, era culposa, decide acudir a una premisa que eleva a la categoría de regla de experiencia, para dar por demostrado, mediante la utilización de un silogismo falaz, lo que debía acreditar.

El otro punto del reproche tiene directamente que ver con las características objetivas del riesgo generado, como criterio diferenciador del dolo eventual y la culpa con representación en los delitos de circulación de automotores, propuesto por un sector de la doctrina que considera que el dolo debe determinarse no solo en atención a lo que el sujeto previó y decidió, sino frente a criterios de contenido objetivo, como la intensidad o calidad del riesgo.

Esta postura doctrinal, que es la que implícitamente acoge la Corte en la decisión de 27 de octubre de 2007, atrás citada, irrumpe como factor modulador de las teorías eminentemente subjetivas, que postulan que siempre que el sujeto actúa con consciencia de la probabilidad de lesión incurre en conducta dolosa, sin importar otros factores, lo cual termina generando soluciones discutibles por excesivas, en aquellos casos en que los niveles del riesgo creado por sobre los permitidos son objetivamente menores.

Se considera, con razón, que no es lo mismo ocasionar la muerte de una persona porque se sobrepasan levemente los límites de velocidad permitidos, a causarla porque se doblan los topes que los reglamentos de tránsito establecen; o causar igual resultado porque el sujeto se distrae respondiendo el celular, a ocasionarlo porque se sobrepasa un semáforo en rojo, o porque invade en curva el carril contrario.

Lo que se postula de manera general en los casos de creación de riesgos menores que causan resultados antijurídicos, es que en ellos el conocimiento de la probabilidad de producción del resultado se mantiene en el plano de lo abstracto, sin descender a lo concreto, porque siendo el riesgo menor, el sujeto no se representa el resultado específico, o porque previéndolo confía en poder evitarlo, o simplemente porque hacerlo se ha convertido un hábito en el desarrollo de la actividad de circulación, que acaba por eliminar la representación del peligro en el caso concreto.

Aunque son varias las teorías que han intentado exponer criterios de diferenciación objetiva a partir del análisis de la intensidad o calidad del riesgo creado, con el fin de distinguir los casos dolosos de los casos culposos(12), es importante precisar que todas ellas, sin excepción, son coincidentes en reconocer como casos de conducta culposa solo aquellos en los que los niveles del riesgo creado superan en grado menor los límites permitidos y que en muchos casos son producto de la dinámica y naturaleza misma en que se desarrolla la actividad de tránsito.

El casacionista plantea la ausencia de representación de la probabilidad de lesión del bien jurídico, y por consiguiente, la inexistencia de dolo, con el argumento de que frente a las condiciones de la ruta escogida para el desplazamiento, la hora del desplazamiento (4 de la mañana aproximadamente) y el día del desplazamiento (jueves), “lo más seguro es que nadie piense en la posibilidad de aparición de otro automotor”.

Aquí el demandante, aferrado a una nueva generalización, parte de reconocer que es normal que a esa hora y en esos días las arterias vehiculares de la ciudad transiten desocupadas, y que es habitual, por tanto, que sus usuarios, a esas horas y en esos específicos días, crean razonablemente que nada va a pasar, y que el procesado no hizo por tanto cosa distinta de adecuar su comportamiento a una creencia y unos hábitos generalizados.

Nada más infundado. Sus premisas fácticas sobre la usual soledad de la vía en los días y hora en que se produjo el suceso, contrastan abiertamente con las condiciones reales y concretas que muestran de ella los registros del video, de cuyo contenido no se ocupó el censor, en el que se aprecia que no menos de 22 vehículos transitaban a esa hora por el lugar: 9 por la calle 116 en sentido oriente occidente, 8 más por la misma vía en dirección occidente oriente y 5 por la avenida 19.

La tesis de la habituación al riesgo, a la cual pareciera acudir el actor en la formulación del planteamiento que se estudia, con el eco de la representante del Ministerio Público, solo es factible de ser invocada como factor diferenciador cuando se está frente a situaciones socializadas o masivas de acostumbramiento, no cuando la habituación es solo de quien conduce, o de grupos menores que creen que las vías son de su uso exclusivo.

Además, como ya se dijo, existe consenso en que la habituación debe referirse a situaciones que solo superen moderadamente los niveles de los riesgos permitidos, no sobre aquellos que de suyo evidencian alto grado de peligrosidad objetiva para los bienes jurídicos, como saltarse un semáforo en rojo a alta velocidad. El propio Jakobs, quien formula la tesis, descarta tajantemente que situaciones como estas pueden enmarcarse dentro de la culpa con representación,

“[…] quien en la circulación rodada - en conocimiento actual del riesgo de resultado - sobrepasa moderadamente la velocidad máxima, o se acerca a menor distancia de la de seguridad, etc., a pesar de su conocimiento, solo tiene dolo de un tipo de puesta en peligro abstracto; sin embargo, quien adelanta antes de un cambio de rasante en una carretera estrecha, o quien a ciegas se salta un semáforo en rojo tiene dolo de lesión”(13).

Segunda censura.

Afirma el casacionista que el tribunal incurrió en un error de hecho por falso raciocinio al reprocharle al procesado, como prueba de la existencia del dolo, la indiferencia que mostró hacia las víctimas inmediatamente después de los hechos, por cuanto al hacerlo desconoció la regla de experiencia que indica que en estos casos nadie conserva la normalidad. La afirmación del tribunal, que el demandante cuestiona, es del siguiente tenor:

g. Finalmente, se está ante una persona que se mostró indiferente ante el resultado producido, al punto que no le mereció ningún interés la suerte de las víctimas y que, infructuosamente, intentó pasar como un peatón ajeno a los hechos”. —negrillas de la Sala— .

El demandante tiene en cierto grado razón al plantear este reparo, no porque el tribunal haya desconocido una regla de experiencia, como lo postula, sino porque de los datos fácticos que el caso proporciona no es dable inferir que la pasiva y descoordinada actitud del procesado obedeciera a una reafirmación de la voluntad de llevar adelante la conducta típica.

El error se encuentra en la construcción de la inferencia, específicamente en su conexión causal. Lo uno no lleva a lo otro. La premisa no lleva a la conclusión: Los hechos acreditados no permiten llegar a donde el tribunal arriba, al menos no en el caso analizado, pues la prueba lo que indica, a juzgar por la declaración del taxista Mario Alfonso Peralta Álvarez y el patrullero Carlos Julio Ramírez Usma(14) es que el procesado, a raíz de su estado y del impacto, no lograba aprehender la realidad de lo ocurrido, ni ubicarse frente a ella.

Esta construcción inferencial no fue, sin embargo, la única que el tribunal adujo para afirmar la existencia de la conducta dolosa en su modalidad de eventual, ni la más importante. Fue un argumento adicional que se trajo con el evidente propósito de redundar en razones, que en nada afecta las conclusiones del fallo si se opta por su exclusión del acervo incriminatorio, como lo propone el demandante.

Tercera censura

Asegura el casacionista que el tribunal incurrió en un error de derecho por falso juicio de legalidad, al tener como prueba del conocimiento probable de la ilicitud de la conducta y la voluntad de dejar al azar su producción, comportamientos anteriores del procesado, como los comparendos de tránsito, su condición de piloto y sus conocimientos especiales, por cuanto al hacerlo empleó unas pruebas que no podía utilizar para dichos fines, por estar orientadas a probar aspectos propios del derecho penal de autor, como es la peligrosidad social, proscritas en la normatividad nacional. Las argumentaciones del tribunal que motivan el veto del casacionista son en lo sustancial las siguientes,

“ Articulando todos los elementos de juicio desarrollados hasta este momento, el tribunal aprecia que se está ante una persona que: a) Tenía formación como piloto de aviones comerciales, constaba con conocimientos especiales sobre las implicaciones inherentes al ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de aeronaves y vehículos automotores y tenía prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en razón del riesgo que generaba para su actividad laboral, b) Reportaba múltiples comparendos de tránsito, entre otras cosas, por exceder los límites de velocidad en zonas urbanas y una de ellas en una zona escolar y en el horario de clases, por no utilizar cinturón de seguridad, por conversar por teléfono celular, por llevar niños menores de 10 años en la parte delantera del vehículo y por conducir motocicletas de manera irreglamentaria. Es decir, se está ante una persona que de manera reiterada ha infringido, en algunos casos en forma grave, las normas de tránsito generando peligro para los bienes jurídicos de terceros”.

Lo primero que debe decirse en relación con esta censura es que la situación que plantea, referida a que el procesado fue declarado responsable a título de dolo eventual por lo que es y no por lo que hizo, nada tiene que ver con el error de derecho por falso juicio de legalidad que se denuncia, pues para que pueda hablarse de esta modalidad de desacierto, se requiere que el juzgador tenga en cuenta pruebas que no podía apreciar por no haber sido incorporadas en debida forma al proceso, y esto no es lo que el casacionista alega o intenta probar.

Podría pensarse, por el contenido de la censura, específicamente por la afirmación que hace en el sentido de que el tribunal usó pruebas que no podía utilizar para dichos fines, que lo que se quiso plantear fue un error de derecho por falso juicio de convicción, que se presenta cuando la normatividad exige para la demostración de un determinado hecho una prueba especial y el juzgador lo da por probado con otros medios, o le niega eficacia probatoria al que legalmente la tiene, pero esto carece de sentido, porque la normatividad no tasa la eficacia de la prueba orientada a acreditar las condiciones personales del sujeto, ni su historial como conductor de automotores.

La inexactitud del casacionista surge de confundir la prueba del hecho con el hecho mismo. Plantea un ataque contra los elementos probatorios, pero lo que realmente discute es que la peligrosidad social de sujeto no puede ser tenida en cuenta para deducir responsabilidad penal, por hallarse constitucional y legalmente proscrita, cuestión que vendría a ser más jurídica que probatoria.

Se hacen estas precisiones con carácter pedagógico, pues la Corte desestimará el reproche, no por dicho motivo, sino porque del estudio contextualizado de la decisión impugnada claramente se establece que el error que se denuncia no existió, y que las conclusiones del casacionista derivan de un análisis seccionado y nada objetivo de su contenido.

Cierto es que el tribunal en distintos apartados de la sentencia se refirió a la formación del procesado como piloto comercial, y a los comparendos de tránsito que registraba, pero lo hizo, no para atribuirle una supuesta peligrosidad social, ni para inferir de allí indicios de responsabilidad en su contra, como lo insinúa el demandante, sino para destacar que, por su formación especial y sus experiencias anteriores, se hallaba en condiciones de prever como probable la producción objetiva del resultado finalmente producido.

O lo que es igual, que el procesado, en virtud de la capacitación especializada que recibió en los programas de formación de piloto y de las sanciones pecuniarias que le fueron aplicadas por las repetidas infracciones de tránsito, se hallaba en condiciones de acceder a la representación del riesgo en abstracto, en razón de los conocimientos que necesariamente le habían quedado de esas experiencias. Dice la sentencia en uno de sus apartes,

“[…] la valoración integral de todas las circunstancias que concurrieron, suministran fundamento suficiente para inferir que las condiciones personales de Sánchez Rincón, sus antecedentes como conductor, su irresponsable decisión de conducir en estado en que se encontraba, la manifiesta inobservancia de las normas de tránsito y el evento sucedido solo momentos antes de la colisión, le evidenciaron con mucha claridad la altísima probabilidad de que en razón de su comportamiento se presentara un resultado antijurídico”(15).

No es, entonces, como lo postula el casacionista, que el tribunal haya condenado al procesado a título de dolo eventual por lo que hizo en el pasado o por lo que es. En absoluto. Sus deducciones, se insiste, están referidas a los conocimientos que le quedaron de esas experiencias, que le permitían prever como probable la producción del resultado típico. En manera alguna, a un estado de peligrosidad social.

Cuarta censura.

Asegura el demandante que el tribunal, al afirmar que el acusado, segundos antes del choque, se encontró de frente con un taxi que hizo un cruce prohibido en la intersección de la calle 116, y que no obstante ello, continuó raudo su camino, sin disminuir la velocidad, siendo muy probable que golpeara a alguien, incurrió en un error de hecho por falso raciocinio, porque de acuerdo con este razonamiento, el procesado habría previsto como muy probable su propia muerte y voluntariamente dejó ese acaecimiento al azar, lo cual, desde luego, “es más que insólito, ilógico, y por tanto fuera de todo sentido común”.

La investigación demostró que segundos antes del insuceso, un taxi que se desplazaba de occidente a oriente por la calle 116, al llegar a la avenida 19, hizo un giro prohibido a su izquierda para tomar la calle por la que se movilizaba en sentido contrario (de oriente a occidente), y que en los breves momentos que duró el giro, estuvo frente a frente con la camioneta del procesado, que se desplazaba de norte a sur por la avenida 19, quien se mostró indiferente ante la cercanía del peligro.

Esta actitud del procesado instantes antes del choque fue tenida en cuenta por el tribunal para argumentar que además del semáforo en rojo que lo prevenía sobre la existencia del peligro en concreto, había contado con una circunstancia adicional de advertencia, como era la presencia del taxi sobre la misma vía por la que se desplazaba, y que a pesar de haber recibido estos dos mensajes que lo notificaban de la proximidad concreta del peligro, continuó su marcha, con total desprecio por los bienes jurídicos que finalmente terminó lesionando. Mírese cómo razona el tribunal,

“[…] es claro que Sánchez Rincón pudo advertir que por lo injusto de su forma de conducir, se encontraba ante la altísima probabilidad de colisionar con otro vehículo y de producir un resultado antijurídico. Aquí se impone precisar que si bien este panorama ya era previsible en razón de la manifiesta infracción de las normas de tránsito en que aquel incurría en ese momento, la maniobra hecha por el taxista pocos segundos antes del accidente, le dio la oportunidad de conocer con mucha mayor claridad los hechos sobrevivientes y sus graves consecuencias, de tal forma que esos hechos ya no solo eran posibles, sino altamente probables”(16).

La Corte no encuentra en este razonamiento ninguna incorrección de construcción inferencial, ni desconocimiento de regla alguna de experiencia. El tribunal en ningún momento asegura que el procesado hubiese actuado con espíritu suicida, ni del contenido de sus razonamientos es dable llegar a esa conclusión. Esta es una apreciación personal del demandante, quien pareciera entender que el dolo eventual, como modalidad de imputación subjetiva, solo es posible imputarlo cuando el sujeto actúa con vocación suicida.

En los estudios precedentes se hizo claridad en el sentido de que representación (aspecto cognitivo) en el dolo eventual, debía entenderse referida a la probabilidad del resultado antijurídico, y no al resultado propiamente dicho, y por tanto, que bastaba la representación de esa probabilidad en concreto y la voluntad del sujeto de continuar adelante su accionar, no obstante ese conocimiento, para que concurrieran los presupuestos de esta forma de imputación subjetiva. Y en este concreto alcance lo entendió el tribunal, como pasa a verse,

“[…] Sánchez Rincón no hizo absolutamente nada para evitar un resultado antijurídico no solo advertible por la manifiesta violación de las normas de tránsito en que incurría, sino también por la actualización de la injusticia de su obrar derivaba del encuentro con el taxi ya aludido. En efecto, aquel, lejos de frenar o de detener la marcha ante la señal en rojo del semáforo, mantuvo las condiciones en que conducía. Con esta forma de proceder, dejó al azar la producción o no del resultado antijurídico”(17).

Obviamente la representación de la probabilidad del resultado antijurídico (aspecto cognitivo) lleva normalmente implícita la representación de peligro para quien la origina, pero para la imputación del dolo eventual como modalidad sujetiva, no interesa la demostración específica de este segundo aspecto, siendo suficiente, para deducirlo, que el sujeto se represente el peligro para los bienes jurídicos de terceros, de donde la discusión en torno a si el sujeto actuó o no con espíritu suicida, que el demandante con motivación académica plantea, no deja de resultar superflua.

Quinta censura

En este reproche el demandante se limita a sostener, de manera general, que la embriaguez, la velocidad excesiva y el irrespeto del semáforo en rojo no son circunstancias demostrativas de la voluntad del implicado Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón de dejar el probable resultado librado al azar, como lo sostiene el tribunal, y por tanto, que no existe prueba de su actuar doloso.

Aquí el casacionista tampoco tiene razón. En las páginas precedentes se dijo que el dolo eventual como modalidad de imputación subjetiva exigía para su configuración dos condiciones, (i) que el sujeto se represente como probable la producción del resultado típico objetivo (aspecto cognitivo), y (ii) que deje su no producción librada al azar (aspecto volitivo).

También se dijo que la representación de la probabilidad de producción del resultado lesivo (aspecto cognitivo) debe darse en el plano de lo concreto para que la conducta pueda imputarse a título de dolo eventual. En caso contrario, es decir, si el conocimiento de la probabilidad de producción se queda en el ámbito de lo puramente abstracto, la imputación subjetiva solo podrá hacerse a título de culpa.

La comprobación de estos aspectos, como ya también se indicó, se lleva normalmente a cabo con fundamento en datos externos debidamente demostrados, y de constantes derivadas de la aplicación de reglas de experiencia, como la calidad objetiva del riesgo creado o el mayor o menor grado de contenido de la situación de peligro generada, que permitan concluir que el sujeto se representó la probabilidad de producción del peligro en concreto, y que no obstante ello, continuó su accionar, sin tomar ninguna precaución para evitarlo.

En el caso analizado, múltiples son los elementos de juicio que permiten advertir que el procesado tenía conocimiento amplio de los riesgos que implicaba conducir bajo los efectos del alcohol, o de sustancias estupefacientes, o con desbordamiento de las velocidades reglamentariamente permitidas, y que podía discernir, en el plano de lo abstracto, sobre los peligros inherentes a estos comportamientos.

Los conocimientos especiales que tenía sobre la materia en razón de su condición de conductor de vehículos automotores y piloto comercial, sumado a los controles policiales que periódicamente se adelantan con el fin de prevenir el consumo de alcohol y el exceso de velocidad, las sanciones pecuniarias previstas en la legislación de tránsito para quienes desconocen sus reglamentos, de las cuales el procesado había sido destinatario por exceder los límites de velocidad permitidos, y las campañas de cultura ciudadana difundidas permanentemente a través de los medios masivos de comunicación con los mismos propósitos, permiten llegar sin dificultades a esta conclusión.

Igual acontece con el conocimiento o representación en concreto de la probabilidad de producción del resultado típico. Desde el momento mismo en que el procesado decide abordar el automotor en avanzado estado de alicoramiento y bajo los efectos de sustancias estupefacientes, y ponerlo en marcha, inicia un proceso de puesta en peligro de los bienes jurídicos, que empieza a concretarse cuando ingresan nuevos factores de riesgo, como el exceso de velocidad, y que se tornan definitivamente de concreta representación cuando decide saltarse el semáforo en rojo de la calle 116, sin ningún tipo de precaución.

¿Por qué? Porque los semáforos no son adornos luminosos. Son dispositivos de tránsito que además de contribuir a su regulación previenen sobre el peligro concreto y el elevado riesgo que implica para la producción de un resultado lesivo atravesar la vía hallándose en rojo.

Esta señal luminosa no es un simple llamado a detenerse, vacío de contenido. Es una advertencia del peligro concreto que conlleva su inobservancia. Es un símbolo óptico que avisa que en ese momento están transitando por la otra vía otros vehículos y que debe detenerse para no causar una colisión, es decir, para no provocar la producción de un resultado concreto.

Cuando esta señal óptica es captada por quien está conduciendo, recibe el mensaje que le advierte sobre estos peligros, permitiéndole actualizar sus conocimientos sobre los riesgos de su inobservancia y la probabilidad de producción de un resultado lesivo, ya no en abstracto, sino en concreto (aspecto cognitivo). Y si sumado a ello decide actuar, como lo hizo en el presente caso el procesado, sin realizar ninguna maniobra que permita afirmar voluntad de evitación, la conclusión que emerge nítida es que dejó la no producción del resultado al azar y que actuó por tanto con voluntad dolosa (aspecto volitivo).

Con mayor razón se llega a esta conclusión, si se tiene en cuenta que el procesado no se encontraba en condiciones de controlar el vehículo en razón del alto grado de alicoramiento y la velocidad a que se desplazaba, en el evento de presentarse el imprevisto representado, y que la vía que pretendía cruzar era de doble calzada, con vehículos que se movilizaban en ambos sentidos, factores todos que articulados no dejan duda del peligro potencial objetivo de su accionar, de su temeridad y del absoluto desprecio por la vida de quienes en ese momento transitaban el lugar.

Todos estos aspectos estaba en capacidad de comprenderlos, como quiera que se hallaba en ejercicio pleno de sus funciones cognitivas, según se estableció a través del dictamen de psiquiatría y psicología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y de otros elementos de prueba allegados al proceso, a los cuales se refirió el tribunal en los siguientes términos:

“Sánchez Rincón, al momento de los hechos se encontraba en capacidad de comprender la licitud o ilicitud de su comportamiento y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Ello es así por cuanto había mostrado normalidad en su desarrollo psicomotor, en su proceso de adaptación y en su vida familiar y social. Además, antes de tomar el vehículo, estaba orientado, con percepción suficiente para ponerse en marcha y reconocer la realidad, al punto que recuerda la fiesta a la que acudió, la cantidad de licor ingerido y la hora y detalles de la salida. Como se lo acreditó, el pensamiento, el juicio y la memoria se conservaron en su integridad pues recuerda también su estado físico, su cansancio y su desempeño. Es decir, se estableció la integridad de sus funciones cognoscitivas”.

El cargo no prospera.

Otras decisiones

La improsperidad de los cargos de la demanda determina que el fallo del tribunal cause ejecutoria y se torne ejecutable. Por tanto, se dispondrá librar orden de captura en contra del procesado Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón para que cumpla la pena que le fue impuesta.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia impugnada.

2. Librar orden de captura en contra de Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Uno español y dos colombianos.

(6) El aspecto cognoscitivo no es solo atributo de la culpa con representación. También lo es del dolo. El dolo se define por antonomasia como un conocer (aspecto cognoscitivo) y un querer (aspecto volitivo).

(7) MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, parte general, tercera edición, Barcelona, 1990, pág. 264.

(8) Ragues I Valles, Ramón. El dolo y su prueba en el proceso penal. JB, Barcelona, 1999, págs. 67 y 68.

(9) El artículo 36 del Decreto 100/80 definía el dolo de la siguiente manera: “La conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, lo mismo cuando la acepta previéndola como posible”.

(10) Corte Suprema de Justicia, Casación 20860, sentencia de 15 de septiembre de 2004.

(11) Cfr. Sentencia de casación del 27 de octubre de 2004, radicación 17019. Resaltadas fuera de texto.

(12) Como ejemplo puede citarse la teoría de los riesgos permitidos y de los riesgos relevantes propuesta por la jurisprudencia alemana, la teoría de la habituación al riesgo propuesta por Jakobs y la teoría del peligro cubierto y el peligro descubierto formulada por Herzberg.

(13) Jakobs, Gunter, Derecho penal. Citado por Ragues I Valles, El dolo y su prueba en el proceso penal, J. M. Bosch Editor. 1999, pág.139.

(14) De acuerdo con la versión del taxista, el procesado manifestaba que no había pasado nada, que tranquilos, que él era hijo de Uribe (el presidente de la República). También lo escuchó decir que no venía manejando la camioneta y aseguró que el implicado en ningún momento se acercó al otro vehículo a verificar lo sucedido. El patrullero, por su parte, declaró que el procesado inicialmente manifestó que no conducía el vehículo y que después le pidió que llamara al conductor del otro automotor para arreglar, y que de ser necesario le compraba uno nuevo.

(15) Página 20.

(16) Página 16.

(17) Páginas 16 y 17.