Sentencia 3297 de octubre 27 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 3297

Consejero Ponente:

Dra. Nubia González Cerón

Actor: Carlos Enrique Soto M.

Acción de nulidad

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

El ciudadano Carlos Enrique Soto Medina, en ejercicio de la acción pública de nulidad, en el artículo 84 del CCA, demandó ante esta corporación, la nulidad de la expresión “y sin que se requiera de formalidades adicionales”, del literal i) del artículo 62 del Decreto Reglamentario 1909 de 1992, expedido por el Gobierno Nacional.

El contenido del acto es del siguiente tenor:

“ART. 62.—Facultades de fiscalización y control. Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la administración aduanera, la Dirección de Aduanas Nacionales podrá: ...i) Solicitar a las autoridades o personas extranjeras la práctica de pruebas que deban surtirse en el exterior, o practicarlas directamente, valorándolas conforme a la sana crítica Y SIN QUE SE REQUIERA DE FORMALIDADES ADICIONALES, u obtenerlas en desarrollo de convenios internacionales de intercambio de información tributaria aduanera; ...” (demanda la parte transcrita en mayúsculas).

(...).

Consideraciones de la Sala

1. Cargo. Violación del artículo 29 de la C.N.

Observa la Sala que la apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su escrito contestatorio de la demanda, acepta tácitamente que la frase acusada se presta a dudas y por ello entra a precisar que la mentada frase “sin que se requiera de formalidades adicionales” significa que los funcionarios no podrán exigir requisitos adicionales a los ya señalados en la ley.

Agrega que contrario sensu, sí se estaría violando el derecho de defensa y el debido proceso en el evento de exigir requisitos adicionales no señalados en la ley, a discreción del funcionario investigador de turno.

El artículo 29 de la C.N. garantiza el debido proceso y al efecto prescribe que éste se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

El título II del Decreto 1909 de 1992 referente a “la fiscalización y el control aduanero”, faculta a la Dirección de Aduanas Nacionales, hoy Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, dotándola de facultades de control y fiscalización (art. 61).

Dentro de esas facultades puede solicitar a autoridades o personas extranjeras la práctica de pruebas que deban surtirse en el exterior, o practicarlas directamente, valorándolas conforme a la sana crítica y sin que se requiera de formalidades adicionales (art. 62-i).

Igualmente puede la Dirección de Aduanas —hoy la DIAN—, utilizar en las investigaciones los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, y el estatuto tributario, así como los instrumentos consagrados por las normas del Código de Procedimiento Penal y el Código Nacional de Policía (art. 65).

De las anteriores facultades otorgadas a la DIAN, huelga concluir que la utilización de los medios probatorios, entre otros, los que consagra el Código de Procedimiento Civil, implica necesariamente que se cumplan las formalidades que dicho estatuto prevé en la recepción y práctica de los medios de prueba.

Por la misma razón, la práctica de pruebas que deban surtirse en el exterior deben ajustarse a las formalidades que para ellas exige el Código de Procedimiento Civil. La supresión de tales formalidades, tal como lo dispone la norma acusada, resulta violatoria del debido proceso.

Dada la prosperidad del anterior cargo, la Sala se abstendrá de analizar los demás cargos formulados.

Por consiguiente resulta procedente, declarar la nulidad de la expresión acusada, en aras de la claridad de las normas, para facilitar su comprensión y cumplimiento. Como se observa, la frase genera dudas en la aplicación del decreto reglamentario y por vía de interpretación, podría conducir inclusive a arbitrariedades que en nada contribuyen a la efectividad de la norma.

Eliminar la expresión demandada del texto del artículo, deja claramente sentado que, para el ejercicio de las facultades de fiscalización y control, con que cuenta la administración aduanera, la Dirección de Aduanas Nacionales, podrá solicitar a autoridades o personas extranjeras la práctica de pruebas que deban surtirse en el exterior, o practicarlas directamente valorándolas conforme a la sana crítica, u obtenerlas en desarrollo de convenios internacionales de intercambio de información tributaria aduanera.

Del anterior texto, lógico es entender que las pruebas a las que allí se aluden, deberán ceñirse en un todo, al complemento de las formalidades previstas en la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE NULA la expresión “y sin que se requiera de formalidades adicionales”, contenida en el literal i) del artículo 62 del Decreto 1909 de 1992, expedido por el Gobierno Nacional.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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