Sentencia 33009 de noviembre 10 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 352

Magistrado Ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En la proposición del cargo analizado el censor olvida que los procesados Martha Rocío Jiménez Suárez, Juan de Dios Jiménez Parra y Geovany Mendoza Rodríguez, fueron vinculados a la actuación a través de las diligencias de indagatoria que rindieron, en su orden, los días 11, 12 y 25 de mayo de 1999, cuando todavía se hallaba vigente el Decreto 2700 de 1991, y que son por tanto las normas que regulaban la recepción de la indagatoria en ese estatuto, y no las establecidas en la Ley 600 de 2000, las que deben ser tenidas en cuenta para determinar si sus disposiciones fueron inobservadas, y las consecuencias que podrían derivarse de ese desconocimiento.

Lo anterior lleva a puntualizar que a diferencia de la Ley 600 de 2000, que consagra dentro de las formalidades de la indagatoria que el funcionario judicial interrogue al procesado sobre los hechos que motivan su vinculación y le ponga de presente la imputación jurídica, la normatividad inmediatamente anterior solo preveía la primera exigencia, es decir, que interrogara al indagado sobre los hechos que originaban su vinculación, con el fin de que explicara su conducta(7).

Los procesados fueron vinculados a la actuación porque la Fiscalía estableció en el trámite de las diligencias previas, que de manera extraña e inusitada el patrimonio de la señora María Clara Patarroyo de López, consistente en el apartamento 402 de la Carrera 45 Nº 22 A 71 y un fundo de 31000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Bosa, había sido transferido a aquellos a través de escrituras públicas falsas, lo cual implicaba un evidente atentado a los bienes jurídicos de la fe pública, la administración de justicia y el patrimonio económico.

A Martha Rocío Jiménez Suárez se le preguntó en el curso de la indagatoria si tenía conocimiento acerca de los bienes, muebles e inmuebles, que integraban el patrimonio de la señora Patarroyo de López, en poder de quien se encontraban los mismos y, en concreto por el apartamento 402 de la Carrera 45 Nº 22 A 71, el cual supuestamente había adquirido la procesada según la escritura pública 4705 del 28 de agosto de 1997, cuya falsedad fue establecida en la actuación.

Acerca de la existencia de esa negociación ninguna otra evidencia diferente a la de la escritura pública pudo ofrecer la indagada, pues, sostuvo, que la señora Patarroyo de López le exigió la entrega de los documentos que al efecto habían suscrito, en concreto, la promesa de compraventa. Además, a parte de sus familiares no existen más testigos del negocio, en el cual figura igualmente como comprador su novio Geovany Mendoza.

Juan de Dios Jiménez Parra fue objeto de un interrogatorio similar, pero enfocado a la adquisición de cerca de 3 fanegadas de tierra, ubicadas en el sector de Bosa, de las cuales era propietaria igualmente la señora Patarroyo de López.

Al respecto, aseguró que inicialmente tomó en arriendo tales predios y, posteriormente, la señora Patarroyo se los ofreció en venta; su escasa capacidad económica le impedía aceptar la oferta pero la vendedora accedió a que le cancelara el valor del inmueble en cuotas semestrales.

Según el indagado, en esta negociación la señora Patarroyo exigió igualmente que se le entregara la promesa de compraventa y los demás documentos que se elaboraron, de manera que la única prueba que existe, según el procesado, es la escritura pública 5884 del 24 de octubre de 1997, cuya falsedad igualmente se estableció en el proceso.

A Geovany Mendoza Rodríguez fundamentalmente se le interrogó por la compra que supuestamente hicieron con Martha Rocío Jiménez Suárez, a la señora Patarroyo de López, del apartamento ubicado en el sector de Quinta Paredes, a través de la escritura pública 4705 del 28 de agosto de 1997, de la Notaría Segunda de Bogotá, igualmente afectada por el delito de falsedad.

El contenido de las preguntas que formuló el fiscal instructor a cada uno de los procesados, teniendo en cuenta que mediaban escrituras públicas falsas con las cuales se engañó a diversos funcionarios que profirieron merced a ello resoluciones contrarias a derecho; sin duda apuntaba a esclarecer la forma engañosa como los procesados lograron hacerse a los bienes de la señora Patarroyo de López, a través de diversas conductas que afectaron el bien jurídico del patrimonio económico. Es decir, el contexto mismo del interrogatorio y las respuestas ofrecidas por los sindicados, patentizaban la existencia de un delito de esa naturaleza que igualmente quedaba comprendido dentro de la investigación.

Cierto es que en el curso de la diligencia de indagatoria el funcionario instructor no le hizo a los procesados imputaciones por el delito de estafa agravada, únicamente por los delitos de falsedad en documentos y fraude procesal, y que al definirles la situación jurídica tampoco les imputó aquel ilícito, pero esto no impedía que en la calificación del sumario pudiera imputárselos, porque, como ya se dejó visto, fueron interrogados por la ejecución de conductas a través de las cuales los bienes que integraban el patrimonio de la señora Patarroyo de López, fraudulentamente pasaron a integrar el de cada uno de los procesados.

A parte de que la normatividad vigente cuando los procesados fueron escuchados en indagatoria solo exigía la imputación fáctica, la cual se cumplió, cabe precisar que la de naturaleza jurídica, que la nueva normatividad ordena realizar en esta diligencia, no es vinculante, sino meramente provisional, pudiendo, en consecuencia, ser variada en la calificación del mérito del sumario, o antes, como resultado de la dinámica propia de la investigación y la dialéctica procesal, sin que ello genere violación del debido proceso.

“[...] la imputación jurídica que se haga en un momento procesal como la indagatoria, que por lo general tiene lugar en estados primarios de la investigación, no es vinculante frente a decisiones ulteriores, pues el mejor juicio del funcionario o la prueba sobreviniente pueden incidir en la variación de la adecuación típica de la conducta que se endilga, de ahí que lo que no puede ser objeto de variación durante toda la actuación, es el núcleo esencial de la imputación fáctica”(8).

Asiste razón al actor al precisar que en la resolución de situación jurídica de los procesados la Fiscalía omitió imputarles el delito de estafa agravada, no obstante esta situación no atrae, según postula el recurrente, la nulidad de lo actuado, porque como lo ha sostenido con instancia la Corte, esta omisión no se erige en motivo de invalidación, por carecer de sustancialidad, dado también su carácter provisional, variable y no vinculante.

“[...] Independientemente de que en la definición de la situación jurídica se haya impuesto o no medida de aseguramiento, del número de delitos allí endilgados, y de la denominación jurídica que se les hubiere dado, es en la resolución de acusación en donde se definen los cargos, por lo tanto creer que entre las dos providencias debe existir congruencia es darle al primer pronunciamiento un alcance que no tiene, y desconocer lo obvio, esto es, que si después de definir la situación jurídica se puede seguir investigando, es de esperarse que las nuevas pruebas puedan dar lugar a que lo consignado en ese proveído sufra profundas modificaciones. Incluso podrían presentarse cambios sin que surjan nuevas pruebas, simplemente porque al momento de calificar ya se tenga una mejor comprensión de lo ocurrido y un más informado criterio para decidir.

“Trasladando lo anterior al campo de la casuística para una mejor ilustración, podrían darse, entre otras, las siguientes situaciones: a) que en la definición de la situación jurídica se impute un delito y al momento de la calificación se estime que los hechos investigados dan lugar a dos o más punibles en concurso; b) que en la definición de la situación jurídica se de a los hechos una denominación, y en la resolución de acusación se considere que es otra; c) que en la primera oportunidad se diga que no hay lugar a medida de aseguramiento por no haber suficientes elementos de juicio sobre la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, etc., y en el momento de la calificación se encuentre que hay mérito para enjuiciar por uno o más ilícitos.

“En síntesis, lo que se califica a continuación del cierre de la instrucción son los hechos que fueron objeto de la misma, y sobre los cuales se indagó al sindicado, y para hacerlo el criterio que se hubiere expuesto en la definición de la situación jurídica no constituye ninguna limitante, todo lo contrario, si en ese pronunciamiento se hubiere cometido algún error, es la oportunidad para subsanarlo. Dicho de otra manera, si bien la definición de la situación jurídica es un requisito procesal para poder cerrar la investigación, su contenido no limita la calificación”(9).

En la resolución con la cual se calificó el mérito probatorio del sumario en este asunto, el resultado de la instrucción y la mejor comprensión de los hechos condujeron a la Fiscalía a señalar que los sindicados debían responder en juicio también por el delito de estafa agravada, porque al aparecer como titulares del derecho de dominio de los bienes de la señora Patarroyo de López, por virtud de las escrituras públicas falsas, estos documentos se exhibían como medios idóneos para producir el engaño al que se refiere el tipo penal en comento.

Según el Fiscal, los procesados “... lograron mediante artificios y engaños un incremento patrimonial no justificado, el cual se encuentra representado como primera medida en los bienes que fraudulentamente fueron puestos a sus nombres a través de medios fraudulentos… Así mismo se vio ampliamente disminuido el patrimonio económico de los llamados a heredar, en este caso a los familiares de la señora María Clara Patarroyo de López, persona que fue suplantada para lograr consumar su actuar delictual”.

De todo lo anterior se evidencia que la omisión denunciada por el recurrente no atrae la existencia de irregularidades que afecten la legalidad del proceso, pues, como quedó visto, ninguna trascendencia reviste frente a la estructura de la actuación o las garantías fundamentales de los sentenciados, razón por la cual lo procedente será inadmitir la demanda, declarar desierto el recurso y ordenar la devolución del expediente al despacho de origen, conforme así se establece de los artículos 197 del Decreto 2700 y 213 de la Ley 600 de 2000.

Esto último, si se considera que de la revisión de lo actuado tampoco se observa violación de garantías fundamentales que tornen viable el ejercicio de la oficiosidad por parte de la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR las demandas de casación presentadas por el defensor de Juan de Dios Jiménez Parra, Martha Rocío Jiménez Suárez y Geovany Mendoza Rodríguez.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(7) Artículos 360 del Decreto 2700 de 1991 y 338, inciso tercero de la Ley 600 de 2000.

(8) Corte Suprema de Justicia. Casación 24215 de 15 de mayo de 2008, citada en sentencia del 22-07-09, radicado 27852.

(9) Corte Suprema de Justicia. Única instancia, sentencia de 31 de julio de 1997. Casación 12424 de 24 de abril de 2001. Casación 29463 de 6 de agosto de 2008, entre otras.