Auto 33068 de abril 21 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 33068

Aprobado acta 120

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., abril veintiuno de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Para impugnar la sentencia de segunda instancia referida era necesario acudir como en efecto se hizo a la casación excepcional que consagra el inciso tercero del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, pues el delito que se le imputó en la resolución de acusación y derivó en los fallos de instancia, omisión del agente retenedor o recaudador tanto en el estatuto vigente(1) al momento de los hechos como al dictarse la sentencia, tiene fijada pena de prisión que no excede de 8 años.

2. Cuando se acude a la casación excepcional, el demandante debe cumplir dos exigencias: (i) demostrar que la intervención de la Corte es necesaria para la protección de las garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia, y (ii) presentar una demanda que cumpla las condiciones mínimas de forma y contenido requeridas por la ley y la lógica casacional para su estudio.

3. En el primer evento, la jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo que se hace necesario que el recurrente exponga así sea de manera sucinta pero clara qué es lo que pretende con la impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esta corporación.

En relación con la casación discrecional compete al libelista expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial.

Y, si lo pretendido por quien demanda es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido, circunstancias, que como ya lo ha reiterado la Sala, deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la sustentación.

4. Además, las razones que aduce el demandante para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra la sentencia. Lo anterior porque no podría entenderse cumplido el requisito de sustentación, de manera que si se reclama el pronunciamiento de la Sala sobre la protección de los derechos fundamentales o un específico tema, es apenas elemental que la censura le permita a esta corporación examinar en concreto uno o los dos puntos que la habilitan. En otras palabras, debe haber perfecta conformidad entre el fundamento de la casación excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de garantías fundamentales), el cargo o los cargos que se formulen contra el fallo y, por consiguiente, el desarrollo de los mismos.

5. Es pertinente recordar que, en lo relacionado con el desarrollo jurisprudencial, la Sala ha sostenido que es deber del casacionista indicar si lo pretendido es fijar el alcance interpretativo de alguna disposición, o la unificación de posiciones disímiles de la Corte, o el pronunciamiento sobre un punto concreto que en la jurisprudencia no ha sido suficientemente desarrollado, o la actualización de la doctrina, al tenor de las nuevas realidades fácticas y jurídicas; y, además, la incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la actividad judicial, por trazar derroteros de interpretación con criterios de autoridad(2).

6. La segunda condición presupone cumplir con los requerimientos mínimos de forma y contenido señalados en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, a saber: (i) identificación de los sujetos procesales y de la sentencia impugnada, (ii) resumen de los hechos y de la actuación procesal, y (iii) demostración del cargo, exigencia que implica señalar la causal invocada, las normas procesales y sustanciales transgredidas, y las razones del reparo, todo dentro del marco de los principios que rigen la casación y la lógica de la causal planteada.

7. El recurrente asumió de manera previa la enunciación de que existía uno de los motivos que hacen procedente la impugnación discrecional. En efecto, planteó que en los fallos de instancia se afectó el debido proceso al desconocer que González Guzmán se hallaba cobijado por una causal que lo “excluía de la persecución penal” pues lo adeudado por él a la DIAN correspondiente al año 2000 periodo 3 fue cancelado, de donde se infiere que la demanda se orientó a la protección de garantías fundamentales, ejercicio que resultó infructuoso pues los medios de convicción allegados a la actuación demuestran lo contrario a lo así argumentado.

8. El recurso extraordinario de casación se entiende como un control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias que se efectúa sobre los fallos proferidos en segundo grado. Si bien es cierto, el instituto no obedece a fórmulas rígidas de debida técnica, las impugnaciones deben presentarse como argumentos lógicos y sustanciales desde luego sólidos a fin de socavar de forma total o parcial las decisiones de instancia.

Debe resaltarse que la ausencia de formalidades no traduce que la casación penal se convierta en una tercera instancia, ni que la demanda pueda ser utilizada sin soportes para acusar que se encuentra viciada por menoscabo al “debido proceso” y afectada por errores de raciocinio, aspectos que se plantearon en la demanda sin que se advierta ningún vicio constitucional ni legal como para casar la sentencia y proferir una absolutoria de reemplazo, ni menos para decretar la cesación de procedimiento por consolidación del fenómeno de la prescripción de la acción penal, como fueron las solicitudes elevada por el impugnante.

En esta sede extraordinaria a efecto de la prosperidad de los cargos se demandan argumentos sólidos que a su vez sean lógicos, jurídicos y contundentes en la finalidad de demostrar con efectiva trascendencia sustancial que la declaración de justicia objeto de impugnación, la cual llega a esta sede extraordinaria amparada por el principio de la doble unidad jurídica de decisión, se fundó en errores de hecho o de derecho manifiestos o se profirió al interior de un juicio viciado por irregularidades que afectaron la estructura o la garantía del debido proceso o del derecho de defensa, equívocos claramente diferenciados en sus alcances que reclaman el correspondiente control legal o constitucional y los necesarios correctivos.

Por tanto: cuando en la demanda de casación se desatienden los requerimientos lógicos y de trascendencia orientados a derruir lo decretado en las instancias, o cuando se yerra en señalar los objetos de lo demandado, o cuando lo acusado no ha ocurrido como aquí ha pasado, la consecuencia procesal inmediata no puede ser otra que su inadmisión.

10. La Sala dará respuesta a la demanda atendiendo al postulado de prioridad. Mediante este principio se regula que en el evento de ser varias las censuras, estas se deben formular y demostrar atendiendo en orden a su mayor trascendencia procesal. En efecto, los cargos referidos a la causal tercera, esto es, por cesación de procedimiento por consolidación del fenómeno de la prescripción de la acción penal, desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes, se deben plantear en primer lugar respecto de las formuladas por violación directa o indirecta de la ley sustancial.

Las siguientes son las falencias que se advierten en la impugnación presentada por el defensor de Javier Marino González Guzmán:

10.1. En el cargo segundo desacierta el censor al acusar que la conducta derivada al procesado se encuentra prescrita, pues pasó inadvertido que el artículo 531 de la Ley 906 de 2004 fue declarado inexequible a partir de su vigencia(3). En esa medida, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional al modular la decisión dejó abierta la posibilidad de reconocer las prescripciones previstas en el proceso de descongestión, depuración y liquidación a que se refería el precepto retirado del ordenamiento jurídico que se hubiesen consolidado en su vigencia, esto es, antes del 1º de septiembre de 2004, circunstancia que aquí no aconteció.

En efecto, el comportamiento punible de omisión del agente retenedor o recaudador del artículo 402 del C.P. que se atribuyó a González Guzmán contempla un máximo de pena de seis (6) años de prisión. La cuarta parte (1/4) de ese tope, son dieciocho (18) meses, que restados a los setenta y dos meses (72) arrojan un resultado de cincuenta y cuatro meses (54), tiempo máximo de prescripción que no transcurrió entre marzo de 2002 y 1º de septiembre de 2004.

De otra parte, la resolución de acusación se profirió el 25 de julio de 2005 y logró ejecutoria el 12 de octubre siguiente (cfr. fl. 51 v.). En esa medida, se infiere que el fenómeno invocado no se ha consolidado pues a partir de la última fecha comienza a correr un término equivalente a la mitad del tope superior, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10), y que para el caso se cumple en el mes de octubre de 2010.

Por lo anterior, la censura se inadmite.

10.2. En el cargo primero desacierta el impugnante al plantear al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la ley 600 de 2000 que la actuación se encuentra viciada y afecta el debido proceso al desconocer los jueces que el comportamiento de González Guzmán se encontraba excluido de persecución penal y se debe decretar la nulidad de lo actuado como fueron los términos que utilizó el casacionista.

En efecto, el parágrafo del artículo 402 ejusdem, modificado por el artículo 21 de la Ley 1066 de 2006 establece:

El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a las ventas o el recaudador de tasas o contribuciones públicas que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el estatuto tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.

Sin dificultad se advierte que lo regulado en esta norma es de efectos sustanciales en la medida que incide en la exclusión de responsabilidad penal por virtud de la cesación de procedimiento que resulta procedente en los eventos en que los sujetos activos del delito previsto en el artículo 402 extingan la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, de donde se infiere que la falta de aplicación de la misma de debe plantear al amparo de la causal primera, violación directa o indirecta, sin que estas falencias sean generadoras de invalidez de lo actuado como de manera desacertada se ha formulado en la demanda.

No obstante lo anterior, al impugnante no le asiste razón pues la ausencia de cancelación de lo adeudado por González Guzmán correspondiente al año 2002 periodo 3, fue materia de valoración por parte del tribunal, cuando de manera puntual dijo:

En el escrito que presentó la representante de la DIAN para que se tuviera en cuenta al momento de calificar el sumario, se reafirmó que González Guzmán aún no había cancelado el tercer periodo gravable del año 2002 (fl. 38-41). Asimismo, el documento allegado por la Jefe del Grupo Coactivo el 24 de septiembre de 2007 en el que se insistía en la ausencia de pago por ese periodo (fl. 72) y el certificado del administrador del 20 de octubre de 2004 (fl. 102).

A folio 83 se puede apreciar un documento que relaciona las obligaciones pendientes de pago, en el que dicha obligación, el tercer periodo fiscal del año 2002, correspondiente al impuesto a las ventas, todavía se encontraba sin cancelar —en el mismo sentido el informe de obligaciones penalizables (fl. 87)— y el informe suscrito por la jefe de la división de cobranzas el 31 de octubre de 2003 (fl. 92 y 93).

El 16 de octubre de 2003 se libra orden de pago a favor de la DIAN (fl. 89) y allí no se encuentra el periodo varias veces referenciado. Idéntica situación se presenta con el certificado expedido el 16 de octubre de 2003 (f.91), así mismo, con la consulta integral del año 2002 (fl. 94 y 96). Del mismo modo, en la solicitud suscrita por González Guzmán tendiente a obtener las facilidades de pago contenidas en el artículo 32 de la Ley 863 de 2003, no se relaciona el tercer periodo de 2002 (fl. 95), lo que ocurre en consecuencia en la resolución que le concede dicho beneficio (fl. 99.100).

También obra en el expediente un oficio remitido por la ejecutora delegada de la DIAN a la jefe de la división jurídica de esa entidad, en el que se expresa que la obligación fiscal correspondiente a impuesto de ventas 2002 periodo 03, dentro del sistema informativo de esta administración, se observa se encuentra debidamente cancelada del contribuyente Javier Marino González Guzmán identificado con la C.C. 9.656.566 (fl. 97). En este documento basa el impugnante la tesis de la defensa, alegando que de él se deriva que los dineros que el enjuiciado estaba llamado a pagar ya fueron consignados.

Olvida el recurrente que a pesar de ello, obra un cruce de correos electrónicos en los que se precisa que la inconsistencia que se presentaba respecto del contribuyente Javier Marino González Guzmán ya había sido solucionada (fl. 98), en el que la ejecutora delegada de la DIAN Ana Milena Fiallo García, quien había suscrito también el aludido informe de cancelación de obligaciones penalizables (fl. 97), precisaba que el yerro se presentó por el concepto de impuesto de ventas del tercer bimestre de 2002 se había corregido.

En el mismo sentido a folios 103 y 104 se levantan medidas de embargo que pesaban sobre sumas de dinero y un bien inmueble de propiedad de Javier Marino González Guzmán, puesto que las obligaciones objeto de cobro habían sido canceladas. Aunque tales sumas necesariamente corresponden a las obligaciones que expresamente se pactaron en el arreglo de pago que el procesado suscribió con la DIAN como se puede constatar en el informe suscrito por la ejecutora de la división de cobranzas de la DIAN (fl. 105.107) en el que no se incluye el tercer periodo gravable por el impuesto a las ventas del año 2002, y con el informe de cancelación de obligaciones penalizables del 17 de mayo de 2004.

No obstante que el impugnante sostiene que Javier Marino González Guzmán debe ser absuelto en esta instancia, en atención a que obra un documento y el informe que rectificaba esa información y precisaba que eso no había ocurrido fue aportado extemporáneamente, lo cierto es que las pruebas restantes son indicativas de la responsabilidad del enjuiciado, como quiera que demuestran que tenía conocimiento de que había declarado dicho periodo gravable y aún así se había sustraído de su legal obligación de consignarlo dentro del término establecido (...).

Sea oportuno resaltar en este punto que para extinguir la responsabilidad penal por éste ilícito no basta con solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas un acuerdo de pago, es menester además que éste se materialice y se extinga la obligación tributaria que dio origen al proceso penal, a efectos de que proceda la extinción por la referida conducta posdelictual. González Guzmán no incluyó en el arreglo que suscribió con la DIAN el tercer bimestre de 2002, aun cuando no sólo había presentado esa declaración sin consignar el valor respectivo dentro del término legal, sino que había sido denunciado penalmente por ese periodo, inclusive.

Los dineros que el procesado debe cancelar no constituyen una deuda que el sujeto activo haya adquirido frente al Estado, sino el incumplimiento de la función que se le ha encomendado como recaudador del impuesto al valor agregado, defraudando la confianza pública con su omisión —sin justa causa— de consignar la suma a que estaba obligado, sin que en el presente caso el enjuiciado haya expuesto las causas o motivos razonables que le impidieron consignar el periodo aludido, como quiera que sólo se argumentó el equívoco en que incurrió la Ejecutora Delegada de la DIAN (fl. 97), olvidando que el sistema de libre apreciación probatoria contenido en la Ley 600 de 2000 compelía al juzgador a valorar las pruebas de manera conjunta, con apego a las reglas de la sana crítica.

En conclusión, la Sala desestimará las pretensiones del recurrente y en su lugar confirmará integralmente el fallo condenatorio de primera instancia.

De acuerdo con lo anterior, se infiere que la actuación adelantada en contra de González Guzmán no se halla viciada ni en la misma se afectó el debido proceso, ni a favor del mismo era dable disponer cesación de procedimiento, razones más que suficientes para inadmitir la censura.

10.3. En el cargo segundoacusó a la sentencia de segundo grado de incurrir en errores de hecho derivados de falso raciocinio al desconocer las reglas de la sana crítica en cuanto tiene que ver “con valoración de los documentos presentados por el condenado con motivo de su exculpación”, planteamiento que formuló de manera genérica y sin especificaciones.

Desde la perspectiva de las exigencias lógicos y jurídicas contundentes y sustanciales dirigidas a socavar en forma total o parcial lo resuelto en las instancias, debe insistirse que las impugnaciones que en casación penal se efectúen por la modalidad del error de hecho por falso raciocinio, el cual se materializa por la violación que efectúan los juzgadores a los postulados de la sana crítica, no pueden quedarse en el plano de lo enunciativo como en este cargo ha ocurrido.

La sana crítica se identifica con los ejercicios de verificabilidad del conocimiento hacia la aprehensión de la verdad, proceso en el que los jueces deberán ser respetuosos de las máximas generales de experiencia, leyes de la lógica, la ciencia y criterios técnicos y científicos de apreciación de un medio de prueba en particular que al ser correctamente aplicadas permiten efectuar inferencias acertadas, llegar a conclusiones y otorgar credibilidad a los distintos medios de convicción habida razón de la verosimilitud de los mismos.

Tratándose de esta clase de censura, es decir, de los errores de hecho derivados de falsos raciocinios, corresponde al casacionista no quedarse en meras afirmaciones pregonando genéricamente que se violaron las reglas de la sana crítica, sino que por el contrario se torna obligatorio identificar con puntualidad si la trasgresión se dio de manera específica en una máxima de experiencia, en una ley de la lógica formal o dialéctica, en una ley de la ciencia y determinarla, además penetrar en la incidencia de dichos errores en las disposiciones del fallo, demostrando que de no haber ocurrido dichas falencias valorativas otro habría sido o podido ser el sentido de lo sustancialmente decidido, aspectos estos que omitió el casacionista quien se limitó en su discurso a descalificar que en la sentencia “no se atribuyó eficacia probatoria a la documentación allegada por el procesado mediante la cual demostraba que hubo un acuerdo de pago”, y a cuestionar que en la misma se infirió de manera errónea que González Guzmán “no expuso los motivos o causas razonables que le impidieron consignar lo adeudado por el periodo de referencia”.

Sobre los acuerdos de pago del artículo 42 de la Ley 633 de 2000(4) y su incumplimiento, la Sala ha dicho(5):

El hecho de que el procesado después de múltiples requerimientos de la DIAN y ante su evidente compromiso social, haya peticionado a la entidad recaudadora un acuerdo de pago, no significaba que la administración tuviera la obligación de admitirla o adherirse a la propuesta, y de ahí que razón le asiste al delegado cuando advierte que … no es acertado concluir que la administración, en este caso la DIAN, estaba inexorablemente atada a la oferta del agente recaudador que indebidamente tomó los fondos fiscales, porque el manejo del patrimonio estatal exige acciones cautelosas, que por tanto pueden llevar al rechazo de propuestas que no consulten sus intereses.

Pero más allá de esa discusión, reitera la Sala que lo importante para el fallador es que no bastaba la simple solicitud del acuerdo de pago, sino su materialización, para lo cual el procesado, debió ‘agotar los esfuerzos necesarios’ con miras a ese propósito, de lo cual no observó prueba en el expediente, y de ello era suficiente para excluir la configuración de la eximente de responsabilidad penal, que ciertamente debe entenderse como una causal de extinción de la acción, pues como lo advierte el delegado, aunque la norma en cuestión —artículo 42 de la Ley 633 de 2000—, preceptuaba que en los eventos allí consagrados ‘no habría lugar a responsabilidad penal’, resultaba antológicamente inaceptable que una conducta posdelictual como el pago de las sumas debidas por concepto de recaudos fiscales indebidamente retenidos pueda cambiar la acción original”(6).

En igual perspectiva, dijo:

Es verdad que en el fallo demandado, tanto el Juez de primera instancia como el tribunal omitieron cualquier alusión al artículo 42 de la Ley 633 de 2000, que modificó el parágrafo del artículo 402 de la Ley 599 de 2000, o de su contenido, pero ello no tiene trascendencia alguna, pues como lo advierte el Delegado en su concepto, los argumentos expuestos por los juzgadores llevaban por sí solos a descartar, con toda lógica, los elementos estructurantes de la eximente de responsabilidad introducida en el aludido precepto por haberse “suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que éste se está cumpliendo en debida forma”, pues para el fallador no bastaba la simple solicitud del acuerdo de pago, sino la materialización del mismo, para lo cual el procesado debió “agotar los esfuerzos necesarios” dirigidos a ese propósito, lo cual no aparecía demostrado en el proceso.

Así se respondió al argumento defensivo en el fallo del tribunal:

En efecto, adversamente a la compresión que deja entrever la recurrente al sustentar la alzada, al tenor de las disposiciones antes citadas, la resolución inhibitoria, la preclusión o la cesación de procedimiento, según el estado de la respectiva actuación penal, solo resulta viable cuando el agente retenedor o recaudador extingue la obligación tributaria por pago o compensación, de manera que ninguna trascendencia tenía para dichos efectos, y mal podría otorgársela el a quo, a la simple solicitud de un acuerdo de pago para cuya celebración están autorizados el subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, de conformidad con el antes citado artículo 814 del estatuto tributario, así hubiese sido acompañada, como aconteció respecto del acusado, del ofrecimiento de bienes inmuebles en garantía por un valor superior a lo debido.

Y más adelante expresó:

Por último y afianzando la colegida certeza sobre la responsabilidad penal que determinará a la Sala a confirmar el fallo de primera instancia en cuanto a su naturaleza condenatoria, se tiene, como lo acotó con acierto la primera instancia, que la voluntad del acriminado de cubrir en el curso del proceso las cantidades de prescindido y oportuno depósito, desde luego, incluidos los intereses moratorios y sanciones del caso, surgió puramente nominal, pues se limitó a plantear la disposición para un acuerdo de pago sin agotar los esfuerzos necesarios con miras a materializarlo” (resaltado fuera de texto).

Como igualmente lo refrenda el delegado de estos mismos apartes del fallo demandado, lo allí concluido por el fallador concuerda con la realidad procesal arrojada por los documentos allegados por la defensa, que sólo reflejan la “propuesta de un acuerdo de pago”, pero nunca la materialización del mismo y menos que se estuviese ejecutando, como lo exigía el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, aplicable a los hechos por favorabilidad(7).

De acuerdo con los precedentes, se concluye que el ad quem, no incurrió en errores de raciocinio, y que para el evento de la aplicación del artículo 42 de la Ley 633 de 2000, no basta con suscribir de manera objetiva un acuerdo de pago, sino que por el contrario se hace necesario que se esté cumpliendo, valga decir, que la materialización del mismo se advierta en desarrollo, lo cual no ocurrió con el aquí procesado, de donde se infiere que el cargo no tiene vocación de éxito.

11. Por todo lo anterior, se inadmitirá de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del estatuto procesal penal, sin que la Sala advierta trasgresión de derechos o garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal que permitan superar los defectos de lo demandado y suscitar un pronunciamiento sustitutivo en los términos solicitados por el casacionista.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de Javier Marino González Guzmán.

2. Advertir que contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Ley 599 de 2000. Artículo 402. Omisión del agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020 UVT.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 26 de febrero de 2000, Radicación 18447, entre otros.

(3) Ahora bien en aplicación de reiterada jurisprudencia y dado que se trata de la regulación de un beneficio que es contrario a la Constitución la inexequibilidad así declarada lo será desde la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004. Empero es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicaran es en aquellos procesos en los que no se haya ya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta. Corte Constitucional, Sentencia C-1033 de diciembre 5 de 2006.

(4) “Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente y el IVA. Unifícanse los parágrafos 1º y 2º del artículo 665 del estatuto tributario en el siguiente parágrafo, el cual quedará así:

PAR.—Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal. Tampoco habrá responsabilidad penal cuando el agente retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas demuestre que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que éste se está cumpliendo en debida forma.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; en liquidación forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido admitidas a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causada”.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentenciadel 12 de septiembre de 2007. Radicado 27.525

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 1º de agosto de 2007. Radicado 25747.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 1º de agosto de 2007. Radicado 25747.