Sentencia 33077 de diciembre 13 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 50001233100019991033601 (33.077)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Flor Marina Castillo Franco

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional y otros

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

El auto recurrido, esto es el proferido el 19 de julio de 2007, será confirmado por los siguientes motivos:

Para aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes entre otros requisitos y de manera primordial el juez contencioso administrativo está en el deber de verificar que ese acuerdo cuente con las pruebas necesarias que le permitan concluir que sustentan la legalidad de la conciliación y que no resulta lesivo del patrimonio público.

Revisado nuevamente el expediente observa la Sala que el acuerdo logrado entre las partes no se ajusta a ese requisito, y por lo tanto se mantendrá la decisión recurrida.

Ahora bien no es posible hacer un pronunciamiento de fondo sobre las carencias del acuerdo conciliatorio dado que esos elementos de los que adolece para proceder a aprobar la conciliación, se deben definir al momento de proferir el fallo, porque no aprobada la conciliación, solo en la sentencia le es dado al juez pronunciarse sobre el litigio debatido, esto es, sobre la responsabilidad de la demandada, el derecho que asiste a los accionantes y la cuantía de lo reclamado. Es por ello que al momento de definir sobre la conciliación lograda por las partes, el juez contencioso administrativo debe abstenerse de aprobarla si encuentra que las pruebas recaudadas no sustentan la legalidad del acuerdo, por ejemplo porque no son suficientes para determinar que efectivamente la entidad estatal que se compromete a un pago, es responsable de tal pago; o que siendo responsable, tal declaración deba ser a favor de los demandantes, o que a pesar de estar demostrada la responsabilidad frente a los demandantes, las pruebas no sean suficientes para garantizar que el valor reconocido corresponda al del daño causado.

La aprobación de una conciliación sin la existencia de las pruebas que sean necesarias para demostrar todos los elementos de la responsabilidad, bien puede conducir a un acuerdo ilegal o lesivo del patrimonio público, proscrito expresamente por los artículos 65A de la Ley 23 de 1991 y 73 de la Ley 446 de 1998.

En este sentido, dado que no se cumplió con uno de los presupuestos necesarios para aprobar el acuerdo conciliatorio, se confirmará la decisión recurrida, no sin antes advertir que será al momento de proferir la sentencia cuando se analice de fondo cada uno de los mencionados elementos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Confirmar el auto de 19 de julio de 2007 mediante el cual se improbó el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes en audiencia celebrada el 7 de junio de 2007.

2. En firme la presente decisión, vuelva el expediente al despacho para proferir sentencia».

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