SENTENCIA 33082 DE JUNIO 2 DE 2009

 

Sentencia 33082 de junio 2 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 33082

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta 21

Bogotá, D.C., dos de junio de dos mil nueve.

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por BP Exploration Company Colombia Limited, demandada en solidaridad, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única, de fecha 27 de junio de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral que en su contra y de Casanare Drilling Company Limitada promovió Vicente Barrera Roa, en el que Seguros del Estado S. A. fue llamada en garantía.

I. Antecedentes

Vicente Barrera Roa demandó a Casanare Drilling Company Limitada y BP Exploration Company Colombia Limited para obtener, el pago de 7 meses y 14 días de trabajo, cesantías del año 2002 y de 9 meses, 14 días del año 2003, los intereses de las cesantías, prima de servicios del segundo semestre de 2002, primer semestre de 2003 y 104 días del segundo semestre de 2003; la indemnización por autodespido con justa causa, la indemnización por falta de pago de sus prestaciones sociales, la indemnización por no consignar las cesantías, la sanción por mora en el pago de los intereses de cesantía y los intereses moratorios a partir del mes 25 y hasta cuando se verifique su pago.

Para fundamentar esas pretensiones arguyó que el 6 de diciembre de 1999 se vinculó laboralmente a CASANARE DRILLING COMPANY LTDA., como supervisor de operaciones en los pozos de CUSIANA, CUPIAGUA Y FLOREÑA, y devengó $1´760.000.oo; que el 14 de octubre de 2003 dio por terminado su contrato de trabajo unilateralmente y sin justa causa, por incumplimiento de la empleadora en el pago convenido, pues le adeudaba salario de los últimos siete meses laborados; que ejecutaba sus funciones a favor de BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LTD., por cuenta de la empleadora con labores afines con las desarrolladas por esta multinacional, que la hace solidaria del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; que las dos demandadas le adeudan siete meses y catorce de días de trabajo, cesantías e intereses del año 2002 y de nueve meses y catorce días del año 2003 que no fueron consignadas en el fondo, prima de servicios segundo semestre de 2002, primer semestre de 2003 y 104 días del segundo semestre de 2003, vacaciones legales año 2002 y nueve meses y catorce días de 2003, indemnización por autodespido con justa causa, indemnización moratoria e indemnización por no consignar las cesantías en un fondo.

La demanda no fue contestada por Casanare Drilling Company Limitada (folio 179).

BP Exploration Company Colombia Limited se opuso y, de los hechos, adujo que no le constan. Invocó las excepciones de inexistencia de causa, inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica de deducir obligaciones y responsabilidad a la demandada, inexistencia del derecho pretendido, cobro de lo no debido, prescripción, compensación y las que resulten probadas (folios 165 a 172).

Seguros del Estado S. A. se opuso a las pretensiones del demandante, arguyó que no le constan los hechos, y propuso las excepciones de inexistencia de obligación a su cargo, ausencia de solidaridad por parte de la empresa contratante (tomadora y afianzada en la póliza) y de BP Exploration Company Colombia Ltd (beneficiaria de la póliza), indebido llamamiento en garantía, límite de suma asegurada y fecha de vigencia del amparo pactado, y la genérica (folios 208 a 213).

El Juzgado Laboral del Circuito de Yopal, en sentencia de 20 de abril de 2007, resolvió:

“PRIMERO. DECLARAR que entre la sociedad CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA (demandada) y el señor VICENTE BARRERA ROA (demandante), existió un contrato individual de trabajo a término indefinido con vigencia entre el 6 de diciembre de 1999 al 14 de octubre del 2003, el que fuera finalizado en forma unilateral y con justa causa por parte del empleado, según el análisis del caso.

“SEGUNDO. NO DECLARAR LA SOLIDARIDAD entre las demandadas B.P, EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED y la empresa CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA, de acuerdo al examen del presente proveído.

“TERCERO. Como consecuencia de lo anterior ABSOLVER a la demandada B.P. EXPLORATION COMPANY haciéndose partícipe de tal beneficio a la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO, según las consideraciones del fallo.

“CUARTO. En razón a lo anterior, el Juzgado se abstiene de pronunciarse con respecto de las EXCEPCIONES DE FONDO propuestas por la demandada B.P. EXPLORATION y la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO.

“QUINTO.-CONDENAR a la demandada CASANARE DRILLING a pagar al demandante dentro de los 5 días posteriores a la ejecutoria del presente fallo a los siguientes conceptos laborales:

“a) Salarios insolutos…………………...$13’066.662,oo

“b) Prestaciones sociales y vacaciones. $8’437.773,oo

“c) Indemnización por terminación del

Contrato por parte del trabajador…..$5’016.666,oo

“d) Indemnización por falta de pago de

Salario y prestaciones por los

Primeros 24 meses…………..…….$42’000.000,oo

“e) Intereses moratorios según la tasa

Indicada por la Superintendencia

Bancaria sobre los salarios,

prestaciones y vacaciones

adeudadas en el literal a) y

anteriores y a partir del 25 del mes de retiro del trabajador o sea a partir del 14 de octubre de 2005.

“f) Indemnización por no consignar las Cesantías en su oportunidad…..$13’941.587,oo.”.

II. La sentencia del Tribunal  

De la decisión apeló el demandante y en razón de ese recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única, en la sentencia aquí acusada, dispuso:

“PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 1º de la sentencia proferida el 20 de abril de 2007, por el Juzgado Laboral del Circuito de de Yopal.

“SEGUNDO: REVOCAR los numerales 2º, 3º y 4º de la misma, para en su lugar declarar que entre las demandadas CASANARE DRILLING COMPANY y BP EXPLORATION COMPANY existió la solidaridad demandada en relación con el contrato de trabajo suscrito por la primera y VICENTE BARRERA ROA, la que surtió efectos hasta el 31 de enero de 2003.

“TERCERO: Consecuencialmente, CONDENAR a la compañía BP EXPLORATION COMPANY a cancelar los montos señalados en el numeral 5º de la sentencia, solidariamente con la demandada principal, así: por prestaciones sociales y vacaciones, hasta $4.725.000,00, correspondientes al año 2002; por indemnización por falta de pago, artículo 65 CST, $42.000.000.00 más intereses a partir del mes 25 y como indemnización por la no consignación oportuna de las cesantías $13.941.587.

“No está obligada a pagar los salarios insolutos ni la indemnización por terminación del contrato.

“CUARTO: Declarar que la llamada en garantía, SEGUROS DEL ESTADO, debe cubrir el monto antes señalado, excluyendo las sumas correspondientes a vacaciones $875.000.00, indemnizaciones por falta de pago y de consignación oportuna de cesantías, por $42.000.000.00 y 13.941.587.00, respectivamente.”

Al respecto, esto dijo el tribunal:

SOLIDARIDAD

“Se desprende de lo consignado por el artículo 34 del CST: “…el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones o indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores”.

“Tal como la norma lo señala, para que se pueda predicar solidaridad entre las dos empresas demandadas, debe darse una relación de causalidad entre las labores contratadas por la BP con la CASANARE DRILLING, es decir, que las por esta (sic) realizadas pertenezcan a las actividades normales o corrientes de aquella (sic). Si son ajenas, ya debe descartarse la existencia de solidaridad, pero además, debe igualmente aparecer demostrado, en carga atribuida al demandante, que las labores por él cumplidas también estaban entre ellas. Y para el caso concreto, dado que la sociedad CASANARE DRILLING no solamente asesoraba a la BP, también depende de la existencia vigencia del contrato entre ellas existente.

“A folio 20 obra el contrato de trabajo celebrado entre CASANARE DRILLING COMPANY y el demandante, con fecha de iniciación del 6 de diciembre de 1999, y según la constancia que obra a folio 17, su retiro se produjo el 10 de octubre de 2003.

“A folio 2 aparece el certificado de existencia de la principal demandada, del cual queda claro que su objeto social es o era asesorar a compañías petroleras, prestarles servicios especiales o suministrarles materiales, etc. Es decir, era una sociedad creada para trabajar al servicio de compañías como la otra demandada.

“A folio 53 y siguientes aparece el contrato celebrado entre las demandadas, # 47643, de fecha abril 1 de 2000. El objeto del contrato era el “Bombeo de fluidos para WEO”, a prestarse en los campos operados por BP en el Departamento de Casanare. Como término de duración se fija un año, a partir del 1 de abril de 2000. Se señala igualmente que dicho contrato terminará en forma automática en esa fecha, “salvo prórroga mediante otrosí suscrito por ambas partes.”

“Tal como lo señala el impugnante, a folios 73 y siguientes aparecen las prórrogas suscritas por ambas partes al contrato 47643, que dejan como última fecha de vencimiento el 31 de enero de 2003. Quiero (sic) ello decir que por este aspecto no asiste la razón al señor Juez de primera instancia, para negar la solidaridad reclamada.

“En la providencia impugnada se reconoce que, mientras el demandante laboró como operador de bombeo, hubo relación de solidaridad entre las demandadas, porque esa actividad pertenecía a las que normal y usualmente cumple la BP. Pero, que esa solidaridad desapareció desde el momento en que empezó a laborar como Supervisor de Operaciones, porque las labores que empezó a desarrollar ya eran ajenas a las normales de la contratante BP. Del acervo probatorio recaudado, sobre el punto, se puede señalar:

“Interrogatorio de parte cumplido con el demandante, folio 241. En lo pertinente y ante pregunta concreta, explica que empezó a trabajar como operador de bombeo y terminó como supervisor. El primer lo cumplió en el pozo Buenos Aires J20 y CPF CUSIANA. Como Supervisor, cumplía con las tareas que les (sic) mandaba la BP, en los pozos CUSIANA o FLOREÑA. Lo que la sociedad que lo contrato (sic) hacía era bombear crudo y aguas residuales. El área que en el contrato se denomina WEO DRILLING corresponde a los campos CUSIANA, CUPIAGUA y FLOREÑA, donde él trabajó todo el tiempo. Inclusive afirma que al momento de firmar el contrato se le dijo que las labores a realizar eran para la BP, la que incluso tenía supervisores en el área, que eran los que daban la orden de iniciar operaciones, porque esta (sic) contrataba con CASANARE DRILLING.

“SANDRA LUCIA RAMIREZ RINCON, folio 244, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretaria de la compañía CASANARE DRILLING, en lo pertinente afirma: como Supervisor, sus funciones era estar al frente de los pozos que explotaba la BP, coordinando que los equipos funcionaran bien, manejando el personal. Todo el trabajo de CASANARE DRILLING se cumplía en los pozos de la BP, que eran: Tauramena, Chitanena, Floreña y Cupiagua, en todos los cuales trabajó el demandante. El contrato de prestación de servicios entre la BP y la CASANARE DRILLING se terminó el 31 de enero de 2003. Coincide con el anterior al señalar que en los frentes de trabajo donde laboró el demandante existían supervisores de la BP.

“Sin existir más medios probatorios ni haberse cuestionado estos, considera la Sala que debe otorgarse credibilidad al dicho de los exponentes, dada su claridad, conocimiento y razones de este (sic). Y de ellos emerge sin duda alguna, que las labores que cumplió el demandante durante toda su relación laboral fueron afines a las que usual y normalmente cumple la compañía BP. Tanto así que eran empleados suyos los que supervisaban los trabajos que realizaban.

“Así las cosas, la sentencia será modificada en la forma que solicita el impugnante es decir, declarando la solidaridad entre las dos demandadas. Consecuencialmente la BP será condenada a pagar los montos a que lo fue la demandada principal, pero solo (sic) hasta la vigencia del contrato de prestación de servicios que existió entre ellas, es decir, hasta el 31 de enero de 2003.

Así, teniendo como fundamento lo consignado en el numeral QUINTO de la sentencia impugnada, se tiene:

“No está obligada a pagar los “salarios insolutos”, numeral a), porque ellos corresponden a los meses de febrero a octubre de 2003, cuando ya no tenía vigencia el contrato 47643.

“De la condena realizada por prestaciones sociales y vacaciones, numeral b), solo (sic) debe pagar las correspondientes al año 2002, es decir, hasta la suma de $4.725.000.00

“No debe pagar lo correspondiente a la indemnización por terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del trabajador, porque ello corresponde a una decisión autónoma de la demandada principal, ocurrida en el mes de octubre de 2003, cuando ya no existía el contrato de prestación de servicios entre esta (sic) y la demandada principal, el que había expirado el 31 de enero de 2003.

“Indemnización por falta de pago. Puesto que ella comprende períodos anteriores a la fecha de expiración del contrato de prestación de servicios, debe igualmente ser asumido por la demandada en solidaridad, por el monto liquidado en primer instancia: $42.000.000.00, por los primeros 24 meses e intereses moratorios a partir del mes 25. Cabe agregar aquí, que según la jurisprudencia, demostrada la mala fe de la demandada principal, ella se infiere también de la demandada en solidaridad, dado su papel de garante de dichas obligaciones. “Si bien es cierto que en fallo del 22 de abril de 2004 (Rad. 21074), ratificado posteriormente en la decisión del 24 de febrero de 2005 (Rad. 23233), sostuvo esta corporación que el deudor solidario del contratista (artículo 34 del C.S.T.), o sea, el dueño de la obra o beneficiario del trabajo, termina equiparándose al empleador para efectos de la sanción del artículo 65 del C.S.T., por lo que era entendible su buena fe para verse exonerado de la obligación de indemnizar, reexaminando el tema por la mayoría de la Sala, es del caso ahora recoger la anterior jurisprudencia, por las razones que seguidamente se exponen.

“El artículo 34 del C. S. T., no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 17432).

“Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en la creencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple condición de garante.

“En estas condiciones, es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario.” (CSJ, Sala de Casación Laboral, Sentencia de mayo 6 de 2005, radicado 22.905, MP Francisco J. Ricaurte).

“Igual consideración cabe en cuanto a la sanción por no consignar las cesantías en su oportunidad. Debe cancelar solidariamente la suma de $13.941.587.00.

Llamamiento en garantía

“La copia de la póliza adjuntada con la contestación de la demanda, folio 46, señala que la vigencia de la misma en cuanto a salarios y prestaciones sociales va desde 23 de julio de 2001 hasta el 23 de octubre de 2005, por un valor asegurado de $76.000.000.00. Concretamente se hace referencia al contrato 47643. No existe ninguna otra póliza, por lo que la aseguradora solo (sic) será obligada a responder por esta (sic).

“Dada su vinculación con la BP, que necesariamente conlleva el que su suerte dependa de la de aquella (sic), deberá cancelar las sumas señaladas en el item (sic) anterior, con excepción de las correspondientes a vacaciones e indemnizaciones, pues la póliza solo (sic) cubría salarios y prestaciones. Es decir, que de esas sumas deben descontarse: $875.000.00, correspondientes a las vacaciones del año 2002; y las correspondientes a las indemnizaciones por falta de pago $42.000.000.00 y por no consignación oportuna de las cesantías $13.941.587.00.

“Las excepciones que propone la aseguradora, en relación con su llamante, están todas fundamentadas en la supuesta no vigencia de la póliza, por lo que con la anterior explicación quedan resueltas.

Indemnización ART. 99 Ley 50 DE 1990.

“Este es el otro motivo de inconformidad del apoderado demandante. Considera que la fecha hasta la cual debe cancelarse es hasta cuando efectivamente se paguen las cesantías.

“Para resolver esta inquietud del demandante debe tenerse en cuenta que en la sentencia impugnada se condenó a la demandada principal al pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones de que trata el artículo 65 del CST. Folio 280. Esto, porque la indemnización que reclama el apelante termina precisamente donde se inicia la otra, la moratoria. Las dos son excluyentes. Al respecto ha señalado la jurisprudencia: “Es importante advertir y reiterar que la sanción moratoria originada en la falta de consignación oportuna de la cesantía causada a 31 de diciembre, en los términos del artículo 99 de la ley 590 de 1990, cesa cuando empieza a pagarse la moratoria derivada del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues aquella rige mientras está vigente el contrato y ésta a partir de cuando fenece. Es que no puede decirse que si por no pagar la totalidad de la cesantía, por la cual se impone una indemnización (CST, art. 65), pueda seguir corriendo aquella que viene derivada de la falta de consignación de una parte de dicha cesantía (L. 50/90, art. 99).

“Este raciocinio resulta lógico en la medida en que se cometería una grave injusticia con el empleador si las dos sanciones moratorias corrieran aparejadas o al mismo tiempo, ya que la sanción que el legislador previó fue la de imponer un día de salario para ambos casos desde el momento de su incumplimiento, pero no la de los dos días de salario por cada día de retardo, porque en este caso, sin duda alguna, resulta atentándose contra la finalidad del Código Sustantivo del Trabajo, cual es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (CSJ, Sala de Casación Laboral, sentencia de marzo 27 de 2001, radicado 14.379, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa).

“Puesto que en relación con el monto de lo señalado por este concepto nada se dice, la Sala queda relevada de analizarlo.”

III. El recurso de casación

Lo interpuso la demandada en solidaridad, BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, y con él pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal respecto de los numerales segundo, tercero y cuarto para que, en sede de instancia, confirme la del Juzgado en lo que le atañe, consecuencialmente con la llamada en garantía (numerales segundo, tercero y cuarto).

En subsidio, aspira a que la Corte case parcialmente los numerales segundo, tercero y cuarto, en cuanto le extendió por la vía de la solidaridad las condenas por vacaciones, indemnización por falta de pago de salarios y prestaciones, intereses moratorios y sanción por no consignación de las cesantías para que, en sede de instancia, confirme la del Juzgado sobre ausencia de solidaridad sobre esos rubros y su absolución con la repercusión sobre la llamada en garantía.

Con esa intención propuso dos cargos que no fueron replicados.

Cargo primero:

Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 27, 34 (3 del Decreto 2351 de 1965), 64 (28 Ley 789 de 2002), 65 (29 Ley 789 de 2002), 127 (14 Ley 50 de 1990), 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1 de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Afirma que a esa violación llegó el Tribunal como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:

“1. Dar por establecido, en forma contraria a la realidad, que las labores adelantadas por CASANARE DRILLING COMPANY LTDA son afines a las desarrolladas por BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.

“2. No dar por establecido, estándolo, que las actividades que de acuerdo con su objeto social adelanta CASANARE DRILLING COMPANY LTDA son extrañas a las actividades normales de BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.”

Señala como pruebas mal apreciadas el certificado de constitución y gerencia de Casanare Drilling Company Ltda. (folios 2 y 3), la demanda, en particular los hechos (folios 21 a 25), y la contestación (folios 165 a 172).

Dice que no fue apreciado el certificado de constitución y gerencia de BP Exploration Company Colombia Ltd (folios 4 a 14, repetido a folios 37 a 42, 92 a 97, y 224 a 232), ni el testimonio de Sandra Lucía Ramírez Rincón (folio 244 y siguientes).

Para su demostración explica que el Tribunal no reparó en el verdadero objeto social de la empleadora, Casanare Drilling Company Limitada, que es el de proveedor y constructor (folio 2 y vuelto), certificado en el que “se señala que la prestación de servicios especiales a compañías petroleras, a lo cual se refiere el postulado inicial de ese objeto social, se contrae al suministro de materiales, la construcción de campamentos, locaciones, bodegas y vías de penetración, al suministro y operación de equipos, reparación y mantenimiento de pozos, prestación de servicios de alimentos y vehículos pesados y livianos.”

Arguye que el ad quem omitió estudiar el certificado de constitución y gerencia de BP Exploration Company Colombia Ltd, cuyo objeto social es opuesto, como “la explotación, desarrollo, investigación, exploración y mercadeo de aceites minerales o petróleos, hidrocarburos y sus derivados, y las mismas actividades respecto de otros minerales”, que lo llevó a considerar que las actividades de las dos demandadas eran afines, cuando son distintas, pese a que tienen una conexidad, ésta no es mayor que la que puede tener cualquier proveedor, porque sin su concurso es imposible obtener los medios materiales para ejecutar el objeto social.

Pone como ejemplo la estación de gasolina o el taller de mantenimiento, como indispensables para el adecuado funcionamiento de una compañía de transporte, cuyo objeto social es diferente, por lo que mal se puede pensar en que unos contratistas de esa empresa de transporte la comprometan solidariamente con las obligaciones laborales de los trabajadores que sirven en la estación o taller.

Asevera que explora y explota en el campo de los minerales, particularmente hidrocarburos, mientras que la empleadora es proveedor y constructor, sin que por el hecho de participar en la reparación y mantenimiento de pozos la convierta en una empresa con igual objeto, porque reparar pozos y procurar su mantenimiento, no es lo mismo que explorar o explotar yacimientos de petróleo.

Expresa que el Tribunal confundió la afinidad entre los objetos de ambas compañías, contratante y contratista, con el nexo entre las actividades del trabajador y las de la entidad contratante o beneficiaria de la obra, lo que -explica-, complementa el error denunciado.

Manifiesta que fue deficiente la apreciación de la demanda y su contestación, porque ésta muestra los motivos por los que no procede la solidaridad, por la distancia entre los dos objetos sociales, porque el juzgador no observó que el actor en sus hechos no afirmó que las actividades de las dos compañías fueran las mismas o afines, sino que se refirió a su actividades de trabajador (no de su empleadora), situación fáctica que lo pone por fuera del marco del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Fustiga al ad quem por apoyarse en el interrogatorio de parte del demandante, por no ser una prueba para demostrar sus propias afirmaciones, por lo que no hay confesión ni prueba, como igualmente erró al apreciar el testimonio de la única declarante, porque ella nunca se refirió a la identidad de los objetos sociales de las empresas contratante y contratista, y no puede servir para probar con su dicho esa circunstancia.

IV. Consideraciones de la Corte

No se discute que Vicente Barrera Roa estuvo vinculado laboralmente con Casanare Drilling Company Limitada, como Supervisor del contrato # 47643, celebrado entre esa empleadora y la beneficiaria de la obra, BP Exploration Company Colombia Limited, mediante contrato con duración de un año, desde el 1 de abril de 2000, prorrogado por ambas partes, la última prórroga con vencimiento el 31 de enero de 2003, como lo concluyó el fallador.

La sociedad recurrente aspira a demostrar, en esencia, que sus actividades son distintas de las desarrolladas por la contratista, en ejecución del contrato por ellas convenido, por estimar que no son propias de las que integran su objeto social, razón por la cual le enrostra al juzgador lo que estima como una equivocación por haber concluido la existencia de la solidaridad en las empresas demandadas. Arguye para ello que erró el Tribunal cuando concluyó que las actividades del demandante fueron afines a las que normalmente cumple la beneficiaria de la obra, “…lo cual supone que en realidad confundió la afinidad entre los objetos sociales de las dos compañías, contratante y contratista, con el nexo entre las actividades del trabajador y las de la entidad contratante o beneficiaria de la obra, lo cual evidentemente complementa el error denunciado…”.

En primer término, y antes de estudiar los medios de convicción que se citan en el cargo, resulta de interés para la Corte precisar que el anterior razonamiento de la impugnación en realidad involucra una cuestión de orden jurídico y no fáctico, esto es, si para establecer la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se deben comparar exclusivamente los objetos sociales del contratista independiente y del beneficiario o dueño de la obra o si es viable analizar también la actividad específica adelantada por el trabajador; cuestión que no puede ser planteada en un cargo dirigido por la vía de los hechos.

Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que si, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado.

En este caso, con acierto a juicio de la Corte, para establecer que las actividades que cumplió Casanare Drilling Company Limitada no eran extrañas a las cumplidas por la beneficiaria de la obra, el Tribunal examinó las que en realidad esa contratista independiente cumplió en el desarrollo del contrato entre ellas celebrada y no las que surgían de sus objetos sociales.

Y si ello es así, no se equivocó ostensiblemente ese fallador cuando concluyó que el actor trabajó en una actividad propia de BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, si, como lo tuvo por probado, el promotor del pleito en su calidad de supervisor tenía como funciones “…estar al frente de los pozos que explotaba la BP, coordinado (sic) que los equipos funcionaran bien, manejando el personal”, inferencia que obtuvo de la declaración de Sandra Lucía Ramírez Rincón.

En efecto, si de conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la demandada recurrente, como lo admite el cargo, dentro de su objeto social se halla la exploración y explotación de petróleos, no encuentra la Corte cómo respecto de un trabajador que laboraba en uno de los pozos de petróleo que esa empresa explotaba, y que tenía como función estar al frente del pozo, coordinando que los equipos funcionaran bien y manejando el personal, pueda considerarse que realizara una labor ajena a ese objeto social; como tampoco encuentra posible entender que el empleador para el que se prestaban esos servicios, no obstante el objeto social para el que fue constituido, adelantara una actividad extraña a aquellas relacionadas con la exploración y explotación del petróleo.

Por todo ello es claro que, como quedó visto en precedencia, el demandante trabajó en labores propias de BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED y las actividades cumplidas por CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA servían para facilitar las adelantadas por aquélla, por lo que no es constitutivo de un evidente desacierto de hecho concluir que si el actor trabajó como Supervisor al frente de los pozos Tauramena, Chitamena, Floreña y Cupiagua, que explotaba BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, facilitando las actividades realizadas por esta empresa en dichos pozos, en realidad ese trabajador prestó su servicios en labores propias de las que esa compañía cumplía habitualmente, esto es, el bombeo de fluidos.

Y así se afirma porque es razonable colegir que esos trabajos que realizaba el actor, de coordinación para que los equipos funcionaran bien, y de manejo el personal, tenían una relación directa con las actividades que se realizaban en los pozos, en la medida en que pueden entenderse como un soporte necesario para que esas tareas se pudieran llevar a cabo y, por tal razón, no le resultaban ajenos o extraños y, de ese modo, resultaban inherentes a las señaladas actividades, de suerte que no es desacertado tomarlos como pertenecientes a una de las principales actividades económicas de la mencionada empresa beneficiaria, puesto que la actividad de Supervisor del demandante no se muestra como evidentemente extraña a las operaciones de la recurrente.

Por otra parte, el Tribunal valoró el certificado de constitución y gerencia de CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA, cuando asentó que “A folio 2 aparece el certificado de existencia de la principal demandada”, sólo que de su valoración concluyó que “queda claro que su objeto social es o era asesorar a compañías petroleras, prestarles servicios especiales o suministrarles materiales, etc. Es decir, era una sociedad creada para trabajar al servicio de compañías como la otra demandada.” (Folio 21, cuaderno del Tribunal).

De lo que extrajo ese juzgador del citado documento no puede concluirse, como lo sostiene la impugnante, que esas labores sean “diametralmente distintas como son la explotación, desarrollo, investigación, exploración y mercadeo de aceites minerales y petróleos, hidrocarburos y sus derivados, y las mismas actividades respecto de otros minerales” (folio 11, cuaderno de la Corte), pues no es posible concluir que actividades como “suministro y operación de equipos de perforación”, que es parte del objeto social de CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA, constituya una actividad “diametralmente distinta” a la exploración de petróleos, hidrocarburos y su derivados, que adelanta la BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LIMITED.

Para la Corte, en conclusión, existe una clara correspondencia entre las actividades que la recurrente admite constituyen el objeto social principal de BP EXPLORATION, esto es, la explotación, desarrollo y exploración de petróleos y las anteriormente descritas, en las que se incluye la prestación de servicios y explotación de todas las actividades propias y derivadas de la ingeniería de petróleos.

Importa anotar que aun de encontrarse que los objetos sociales de las demandadas son sustancialmente diferentes, ello no configuraría un desacierto de hecho ostensible porque, como ha quedado visto, para determinar que el actor trabajó en actividades propias de la demandada recurrente en casación, analizó el juzgador la tarea específica cumplida por el trabajador y la actividad que supervisaba, frente a lo cual resulta indiferente que no fuera parte del objeto social de su empleadora consignado en el certificado de representación legal, aunque sí, de su designio empresarial.

La censura también señala como pruebas mal apreciadas la demanda (folios 21 a 25), en especial los hechos, y su contestación (folios 165 a 172), y aduce que en su respuesta explicó el porqué no procede la solidaridad, por la distancia que considera existe entre los objetos sociales de las dos compañías y porque el actor sustenta sus aspiraciones en las actividades que realizaba y no en la afinidad de las dos empresas, circunstancia fáctica que estima lo coloca por fuera del marco del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo (3 del Decreto 2351 de 1965).

Al respecto, en el hecho “QUINTO” de la demanda se expresa que “el señor VICENTE BARRERA ROA, ejecutaba sus funciones a favor de la multinacional BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD., en los diferentes pozos de Cusiana, Cupiagua y Floreña, por cuenta de la sociedad CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA, desarrollando, entre otras cosas, labores de operación de bombeo de hidrocarburos, actividades que son afines con las desarrolladas por la multinacional mencionada, situación que hace responsable solidariamente por el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho conforme lo prescribe el artículo 34 del C.S.T.” (Folio 21).

En la respuesta de ese hecho de la demanda, la impugnante manifestó: “Al igual que lo anterior BPXC efectúa las siguientes precisiones en aras a la presente defensa. En primer lugar de nuevo, se refiere la apoderada del demandante a una cuestión que le es ajena a BPXC pues atañe a la vinculación laboral que supuestamente tuvo el demandante con la principal demandada más no con mi representada y por tanto no le puede constar. En segundo lugar, la apoderada mencionada efectúa un razonamiento de carácter jurídico para concluir según su concepto, en la vinculación procesal de BPXC; sin embargo debo advertir que no es un hecho sino una apreciación personal que no debe ubicarse en esta sección de la demanda y que es un punto que sólo le corresponderá dilucidar al Juzgado en su oportunidad.” (Folio 167).

Si bien es cierto la demandada expresó sus razones para negar el hecho alegado por el actor, que el Tribunal no las hubiera atendido no significa que incurriera en una equivocada apreciación de esa pieza procesal, en la medida en que los argumentos expuestos por una de las partes no pueden servir de prueba de los hechos en que funde sus pretensiones o su defensa, según sea el caso.

También fue influyente en la decisión el testimonio rendido por Sandra Lucía Ramírez Rincón, Secretaria de la compañía CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA, visible a folio 244, del que, como se dijo, el Tribunal extrajo que el demandante, “como Supervisor, sus funciones eran estar al frente de los pozos que explotaba la BP, coordinado (sic) que los equipos funcionaran bien, manejando el personal. Todo el trabajo de CASANARE DRILLING se cumplía en los pozos de la BP, que eran: Tauramena, Chitamena, Floreña y Cupiagua, en todos los cuales trabajó el demandante. El contrato de prestación de servicios entre la BP y la CASANARE DRILLING se terminó el 31 de enero de 2003. Coincide con el anterior al señalar que en los frentes de trabajo donde laboró el demandante existían supervisores de la BP.” (Folios 22, cuaderno del Tribunal).

Mas, como es sabido, la prueba testimonial no es hábil para generar error de hecho en la casación del trabajo, por manera que, al no desvirtuarse las conclusiones de ese juzgador obtenidas de otras de las pruebas del proceso, permanecen incólumes y junto con ellas los demás razonamientos que sirvieron de soporte a la sentencia la que, por ende, continúa amparada en la presunción de acierto y legalidad que la acompaña.

Por cuanto la recurrente no demuestra los desaciertos de hecho que le atribuye al fallo impugnado, el cargo no prospera.

Cargo segundo:

Dice que “La violación que se denuncia se produce por vía indirecta (sic) y por aplicación indebida de los artículos 34 (art. 3º D. 2351/65), 65 (Art. 29 L. 789/2002), 186 del C.S.T.; 99 de la ley 50 de 1990.”

Afirma que este cargo es subsidiario y que como corresponde a toda acusación de carácter jurídico (sic), acepta los hechos determinados por el Tribunal.

Critica lo que infirió el ad quem sobre lo previsto en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, y 99 de la Ley 50 de 1990, y transcribe lo que al respecto expresó la Corte en la sentencia con radicación 14379, para aducir que sólo se podrá pregonar la solidaridad de las condenas que tengan naturaleza salarial, prestacional o indemnizatoria, por lo que no se puede hacer una aplicación extensiva o analógica de la medida sancionatoria, dada su condición de gravamen.

Arguye que el Tribunal erró jurídicamente, porque sin autorizarlo el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, aplicó la figura de la solidaridad a esas medidas, las que pese a llamarse intereses, deben ubicarse dentro del conjunto de las sanciones, porque su propósito es reemplazar la sanción representada por los “salarios caídos”, a partir del mes 25 de mora, y que igual sucede con las vacaciones que no son salario ni prestación, sino un descanso remunerado.

V. Consideraciones de la Corte

Comienza la Corte por advertir que la recurrente incurre en el error de indicar en la proposición jurídica que “La violación que se denuncia se produce por vía indirecta (sic)” (folio 13, cuaderno de la Corte), pero se observa que en la demostración del cargo éste se dirige por la vía directa o de puro derecho, lo cual puede excusarse como un lapsus calami.

La censura plantea que el tribunal tuvo un equivocado entendimiento de las normas que se citan en la proposición jurídica por haberse impuesto condena en su contra, como demandada en solidaridad.

Cumple anotar que el juzgador extendió la solidaridad a BP Exploration Company Colombia Limited, respecto de la indemnización moratoria fulminada, para lo cual tomó en cuenta que “El artículo 34 del C. S. del T., no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 17432).”

Expresó el tribunal: “para que se pueda predicar solidaridad entre las dos empresas aquí demandadas, debe darse una relación de causalidad entre las labores contratadas por la BP con la CASANARE DRILLING, es decir, que las por esta (sic) realizadas pertenezcan a las actividades normales o corrientes de aquella (sic). Si son ajenas, ya debe descartarse la existencia de solidaridad, pero además, debe igualmente aparecer demostrado, en carga atribuida al demandante, que las labores por él cumplidas también estaban entre ellas. Y para el caso concreto, dado que la sociedad CASANARE DRILLING no solamente asesoraba a la BP, también depende de la existencia y vigencia del contrato entre ellas existente”.

Arguyó ese juzgador que “A folio 2 aparece el certificado de existencia de la principal demandada, del cual queda claro que su objeto social es o era asesorar a compañías petroleras, prestarles servicios especiales o suministrarles materiales, etc. Es decir, era una sociedad creada para trabajar al servicio de compañías como la otra demandada”; que “A folio 53 y siguientes aparece el contrato celebrado entre las demandadas, # 47643, de fecha abril 1 de 2000. El objeto del contrato era el “Bombeo de fluidos para WEO”, a prestarse en los campos operados por BP en el Departamento de Casanare”; y que “a folios 73 y siguientes aparecen las prórrogas suscritas por ambas partes al contrato 47643, que dejan como última fecha de vencimiento el 31 de enero de 2003. Quiero (sic) ello decir que por este aspecto no asiste la razón al señor Juez de primera instancia, para negar la solidaridad reclamada.” Folio 21, cuaderno del Tribunal).

La impugnante arguye que el Tribunal arribó a un error en la aplicación de las normas que cita en el cargo, porque al tener claro que la solidaridad sólo opera sobre salarios, prestaciones e indemnizaciones, según el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, no podía extender su efecto hasta las sanciones previstas en los artículos 65, ibídem, y 99 de la Ley 50 de 1990.

Al respecto importa anotar que al estudiar la figura jurídica consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, esta Sala de la Corte ha considerado que, dado que su cuantía no guarda relación con el perjuicio sufrido por el trabajador y que para su imposición ha de observarse la conducta asumida por el deudor, esto es, si estuvo o no asistida por razones serias y atendibles configurativas de buena fe, su naturaleza jurídica se acerca más a una sanción que a una indemnización.

Pero ello no significa que esa caracterización doctrinal implique que no pueda considerarse que cuando el propio Código Sustantivo del Trabajo u otra norma legal aluda a indemnizaciones, dentro de ese concepto no pueda incluirse la establecida con tal carácter en el citado artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque si el propio Código Sustantivo del Trabajo aludió a la figura consagrada en el artículo 65 como “indemnización por falta de pago” y si en el original inciso primero de esa disposición se refirió con claridad a ella como una indemnización, fuerza entender que, cuando en su artículo 34 señaló que el beneficiario o dueño de la obra “…será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones…”, se estaba haciendo alusión a todas las indemnizaciones a las que eventualmente pudiera resultar obligado un empleador, establecidas con esa índole en las normas legales y, principalmente en las que en ese mismo estatuto se establecieran como tales, incluyendo, desde luego, la que consagró en su artículo 65. Esa conclusión se impone al interpretar armónica y sistemáticamente esas disposiciones; interpretación que no puede ceder ante la circunstancia de que, con posterioridad, la jurisprudencia le asignara a esa institución punitiva una naturaleza más sancionatoria que indemnizatoria, pues esta calificación no puede afectar lo que fue el interés primigenio del legislador.

Por otra parte, la caracterización que ha efectuado la jurisprudencia de la Corte de la consecuencia establecida en el citado artículo 65 ha tenido por objeto precisar las razones por las cuales es dable atar su imposición a la conducta demostrada por el empleador y a destacar su objetivo de apremio para que se cumplan las obligaciones laborales y su carácter punitivo y no estrictamente resarcitorio; pero no para descartar de plano que pueda seguir siendo considerada como una indemnización, respecto de aquellos casos en los que la ley aluda a ese tipo de resarcimientos.

En efecto, importa traer a colación el criterio expuesto en la sentencia del 9 de agosto de 2006, radicación 26948, que ha sido reiterada, en la que si bien se destaca la índole punitiva de la consecuencia prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no se desecha que se le considere una indemnización, pues con ese calificativo se le denomina en tal sentencia:

“Ciertamente, si bien el Tribunal no incurre en una hermenéutica errada de los artículos 1º y 18 del Código Sustantivo del Trabajo, en cambio sí fueron indebidamente aplicados, por no venir al caso, toda vez que el principio de “coordinación económica y equilibrio social”, inspirador de las reglas contenidas en el estatuto laboral, no se opone a la indemnización moratoria impuesta por el legislador al empleador que, terminado el contrato de trabajo, no paga en la forma, tiempo y lugar debidos, los salarios y prestaciones sociales de quien fue su subordinado. Así mismo, existe un erróneo entendimiento del artículo 1° del Decreto 797 de 1949, por cuanto su alcance no está supeditado a la proporción entre la cuantía de la deuda y la consecuencia allí contemplada para su no satisfacción oportuna. Mas, tales yerros jurídicos no resultan suficientes para quebrar el fallo impugnado como pasa a verse”.

“De antiguo ha reiterado la Corte que cuando el empleador queda debiendo salarios o prestaciones sociales al trabajador al terminar el contrato de trabajo, la cuantía de la deuda per se no tiene incidencia en la imposición de la indemnización moratoria consagrada en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto a los trabajadores del sector privado, y en el 1º del Decreto 797 de 1949, respecto de los trabajadores oficiales. En efecto, ha precisado la jurisprudencia que la teleología de los preceptos legales sobre la indemnización por la anotada mora fue la de crear un apremio al empleador para que, al terminar el vínculo laboral, el asalariado pueda recibir oportuna e íntegramente los emolumentos y prestaciones derivados del contrato o impuestos por la ley. Se trata fundamentalmente de proteger los derechos laborales del trabajador los que, dada su naturaleza, adquieren singular importancia al momento de extinguirse la relación jurídica”.

“La indemnización aludida adquiere una connotación punitiva y no propiamente resarcitoria. Por ello no existe una correspondencia entre el monto del daño causado y la suma que lo repara. Tal desproporción, conscientemente establecida por el poder legislativo, ha comenzado a morigerarse a partir de la expedición de la Ley 789 de 2002, que impuso un límite temporal de dos años a la aplicación del monto de la sanción originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero, pudiendo hacerlo, no la eliminó totalmente, porque la temporalidad consagrada en la nueva regla precitada para el pago de un día de salario por cada día de retraso en la cancelación de la deuda patronal, no opera si el damnificado es un trabajador que devenga el salario mínimo. Puede decirse, entonces, que con esa parcial reforma no se hizo más que ratificar la connotación represiva, y no compensatoria, de la conocida como sanción moratoria. Es a través de la enmienda, y no de la justa reparación del daño, como cree el vocero de la voluntad popular generar una conducta sumamente prudente por parte de los empleadores”.

“Por ello, desde la perspectiva analizada, la moratoria no afecta propiamente el equilibrio social. Se trata de un correctivo legal ante la ilícita conducta del empleador y, evidentemente, habrá casos en que no será un mecanismo que introduzca propiamente la justicia en una relación laboral concreta. Pero mirado desde el punto de vista del interés generalizado de los trabajadores más pobres, los del salario mínimo, sería injusto dejar prácticamente impune el incumplimiento de deudas de poca cuantía, al no sancionarse con la drasticidad que amerita la conculcación de los derechos en los que está en juego el interés social, y fomentar por esa vía la trasgresión de los mismos”.

Cumple anotar, de otro lado, que no tendría ningún sentido que por razón de una adaptable interpretación de los efectos jurídicos del criterio doctrinal de la Corte, resultaran afectándose instituciones de tanta trascendencia jurídica como la solidaridad laboral del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que bien se sabe, tiene por objeto la protección de derechos laborales de reconocida importancia social como los salarios, las prestaciones y las indemnizaciones, pues ello equivaldría a dejar por fuera de los efectos de esa solidaridad el reconocimiento de derechos que, como la indemnización por mora, son de capital importancia para el trabajador asalariado.

No sería lógico, por tanto, que el contratista en su calidad de empleador tuviera a su cargo el pago de la indemnización moratoria, pero de ella estuviera excluido quien por la ley es el garante solidario de ese pago; como tampoco que este garante tuviera que responder por el reconocimiento de prestaciones sociales, pero no por las consecuencias jurídicas del hecho de que ellas no se paguen o que su pago no sea oportuno. Una interpretación de esa naturaleza no se correspondería con el objetivo de la solidaridad laboral consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo explicó la Sala en la sentencia del 25 de mayo de 1968, citada entre otras en la del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, en los siguientes términos:

“Mas el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores.”

Por lo tanto, reitera la Sala el criterio jurídico expuesto en la sentencia de 6 de mayo de 2005, radicación 22905, en la que, en relación con una situación fáctica similar a la aquí debatida, se asentó lo que a continuación se transcribe:

“Si bien es cierto que en fallo del 22 de abril de 2004 (Rad. 21074), ratificado posteriormente en la decisión del 24 de febrero de 2005 (Rad. 23233), sostuvo esta corporación que el deudor solidario del contratista (articulo 34 del C.S.T.), o sea, el dueño de la obra o beneficiario del trabajo, termina equiparándose al empleador para efectos de la sanción del articulo 65 del C.S.T., por lo que era atendible su buena fe para verse exonerado de la obligación de indemnizar, reexaminando el tema por la mayoría de la Sala, es del caso ahora recoger la anterior jurisprudencia, por las razones que seguidamente se exponen.

“El artículo 34 del C. S. del T. no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 17432).

“Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple condición de garante”.

Lo anterior significa que, a la luz, del criterio jurisprudencial actualmente vigente, no se equivocó el Tribunal al condenar a BP Exploration Company Colombia Limited, por concepto de indemnización moratoria.

Y en cuanto a la condena por vacaciones, el replicante asevera que, en estricto sentido, no son salario, prestación social ni indemnización y en ello le asiste razón, como lo ha explicado esta Sala de la Corte, al considerar que no retribuyen el servicio y no están comprendidas dentro de las prestaciones especiales comprendidas en los capítulos VIII y IX del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, importa precisar que aunque de manera antitécnica los falladores de instancia impusieron condena por vacaciones, en realidad condenaron por concepto de su compensación en dinero, pues el contrato de trabajo del actor ya había terminado, de modo que no podía estrictamente disfrutar de un descano. Y ese derecho compensatorio tiene una naturaleza jurídica diferente a las vacaciones y de manera pacífica ha sido catalogado como una indemnización, tal como esta Sala de la Corte lo precisó, entre muchas otras, en la sentencia del 27 de febrero de 2002, Rad. 16974, en los siguientes términos:

“(…) sin dejar de ser cierto que las normas que definen el salario y relacionan factores que lo componen, tanto en el sector público como en el privado, en cuanto a éstas últimas, son simplemente enunciativas, y dejan la posibilidad de que la dinámica de las relaciones contractuales, individuales o colectivas incorporen nuevos elementos constitutivos de la remuneración del trabajo subordinado y dependiente, también es verdad que tratándose de la compensación de vacaciones, tal rubro no puede tenerse como factor de salario (…) pues es indiscutible que la misma, tal y como lo ha precisado la Corte, es una especie de indemnización que el empleador paga al trabajador cuando por las circunstancias excepcionales, que la propia ley consagra, no puede disfrutar del descanso remunerado y reparador, que las vacaciones implican”.

De lo que viene de decirse se concluye que no incurrió el Tribunal en el quebranto normativo que se le atribuye.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única, de fecha 27 de junio de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por VICENTE BARRERA ROA contra CASANARE DRILLING COMPANY LIMITADA y BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED, en solidaridad, en el que se llamó en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Sin costas en el recurso extraordinario porque no hubo oposición.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Elsy Del Pilar Cuello CalderónEduardo López VillegasLuis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

Sala de Casación Laboral

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Radicación 33082

Vicente Barrera Roa Vs. Casanare Drilling Company Limitada; BP Exploration Company Colombia Limited; y el llamado en garantía seguros del Estado S.A.

Con el debido respecto, dejo a salvo mi voto en este asunto, en cuanto a los razonamientos de la Sala, sobre los temas concernientes a la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y a la buena fe del obligado solidario, en este último punto específicamente en lo que atañe al criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia del 6 de mayo de 2005 radicado 22905, relativo a que al responsable o deudor solidario no le era dable alegar la buena fe en aras de que sea exonerado de la denominada indemnización moratoria, frente a lo cual tuve la oportunidad de apartarme de ese criterio, al estimar que los fundamentos allí esbozados eran equivocados, en los que ahora vuelve y se apoya la mayoría para no darle prosperidad a la citada acusación.

En lo que tiene que ver con el primer aspecto, la Sala concluyó que en los términos del artículo 34 del C. S. del T., “lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste”, dando a entender que aunque sean sustancialmente diferentes los objetos sociales de las demandadas, como en este caso ocurre, al desarrollar el trabajador del contratista independiente alguna actividad propia del dueño de la obra, que en este evento también se configuraría la solidaridad regulada por la citada disposición legal.

Discrepo de la anterior reflexión, habida cuenta que la solidaridad del artículo 34 del C. S. del T., se predica cuando existe afinidad entre la obra o el servicio prestado por el contratista y la actividad empresarial o mercantil del contratante, beneficiario del trabajo o dueño de la obra; y en el sub lite la circunstancia de que ocasionalmente el demandante hubiera supervisado el contrato celebrado entre ambas empresas y coordinado el buen funcionamiento de los equipos, aunque para ello debiera desplazarse a algunos de los pozos que explotaba la empresa contratante, no necesariamente convierte en inherentes o conexas esas actividades, máxime cuando los objetos sociales de las compañías involucras no son del todo semejantes.

Más sin embargo, al haber involucrado la censura en el primer cargo orientado por la vía indirecta o de los hechos, cuestionamientos de índole jurídico sobre la solidaridad objeto de condena, a la postre la acusación como lo determinó la Sala no puede prosperar.

De otro lado, en lo atinente al siguiente punto, que gira en torno a la súplica de la indemnización moratoria, cuya aplicación se extendió al obligado solidario, y que se estudió en el segundo cargo, me permito reproducir las consideraciones que a título de salvamento de voto, hice al pronunciamiento jurisprudencial en que se está apoyando la mayoría, esto es, el radicado 22905, las cuales son del siguiente tenor:

“(:..) En primer lugar considero que la llamada indemnización moratoria, antes que la reparación obligada de un daño, es una sanción en el sentido estricto de esta expresión, es decir, un castigo para quien incurre en una acción mala. Tan ello es así, que toda la jurisprudencia tanto del extinguido Tribunal Supremo del Trabajo como de la Corte Suprema de Justicia, se ha construido precisamente, sobre la buena o la mala fe del empleador renuente al pago de salarios y prestaciones adeudadas a la terminación del contrato de trabajo, como elemento determinante que en últimas causa su imposición o su exoneración.

En el anterior entendimiento, la responsabilidad solidaria que regula el artículo 34 del C. S. del T., comprende los derechos laborales relativos a salarios, prestaciones o indemnizaciones, pero no a las sanciones. Y como ya quedó dicho que en realidad la indemnización moratoria del artículo 65 del C. S. del T., es una sanción, su extensión no cabe dentro de los derechos del trabajador a los cuales alude específicamente el primero de los preceptos mencionados.

De otro lado, también discrepo del criterio ahora mayoritario, según el cual no es posible analizar la conducta de buena o de mala fe en que pudo haber incurrido el beneficiario de la obra, cuando el empleador no paga los derechos laborales que dan lugar a la imposición de la referida sanción, sino que únicamente hay que analizar la conducta de éste, de quien aquél sólo es un garante.

En efecto, un garante es simplemente una persona que responde por la obligación de otra que la contrae y que no la satisface en su oportunidad, estando a su cargo hacerlo, mientras que el deudor solidario, por su voluntad, testamento o ley, siempre será deudor, pues en esa clase de obligaciones el total de la deuda puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores, de ahí que el artículo 1577 le confiera al deudor demandado la facultad de proponer todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, incluidas todas las personales suyas.

Para apoyar la precedente argumentación, es suficiente traer a colación lo expuesto por la Corte en la sentencia del 22 de abril de 2004, radicación 21074, en la cual, en armonía con la jurisprudencia entonces vigente y que hoy queda revaluada en la providencia de la que me aparto en este escrito, dijo:

<El Tribunal entendió que en el presente caso para aplicar el artículo 65 del C. S. del T. no correspondía examinar la conducta del dueño de la obra o beneficiario del trabajo, esto es de las Empresas Públicas de Neiva, por cuanto las obligaciones laborales pendientes de pago están referidas a acreencias adeudadas en virtud del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandadas. Dejó entrever pues que en los eventos de solidaridad a que alude el artículo 34 ejúsdem la imposición de la sanción moratoria al dueño de la obra es automática, una consecuencia forzosa en los eventos en que se le haya impuesto al contratista independiente. Según la exégesis implícita del ad quem, que el opositor recoge y expone abiertamente, si el contratista independiente resulta gravado con la sanción moratoria, el dueño de la obra debe ser afectado también inexorablemente con esa misma condena, en términos similares.

El entendimiento subyacente en el razonamiento del juzgador de segundo grado es a todas luces equivocado, porque cuando el artículo 65 del C. S. del T. alude “al patrono” no está refiriéndose exclusivamente al empleador propiamente dicho sino en general al obligado al pago de los salarios y prestaciones el cual si bien es el empleador la mayoría de las veces, no siempre ocurre así puesto que hay ocasiones en que en algunos eventos, como el que ahora se examina, existe un tercero que resulta vinculado también al pago de los reseñados derechos, hipótesis en la que éste tercero termina equiparándose al empleador para efectos de la norma en cuestión.

Como la aplicación de la sanción consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es en ningún caso automática conforme ha tenido oportunidad de precisarlo esta Sala, resultaría absurdo que solamente pueda intentar exonerarse de ella el propio empleador alegando que su conducta estuvo revestida de buena fe, pero no pueda hacer lo mismo el deudor solidario que en su calidad de dueño de la obra o beneficiario del trabajo debe salir a responder por el monto de las obligaciones laborales contraidas por aquel. Constituye un tratamiento asimétrico con el deudor solidario que se le obligue en virtud de un mandato legal al cubrimiento de las cargas laborales dejadas por el contratista independiente, pero al mismo tiempo se limite su derecho de defensa y se le cercene la posibilidad de poder alegar que su conducta es de buena fe cuando demuestre que estuvo presto a pagar o canceló lo que honestamente creyó deber. Sería tanto como poner en el mismo plano la conducta de quien nada adujo ni mostró ningún interés en satisfacer las obligaciones a su cargo directamente, y la del que pretendió cumplir en lo que estimó le correspondía pagar solidariamente, lo cual no cabe en el espíritu y la teleología ínsitos en el artículo 65 del C. S. del T.

No puede perderse de vista, adicionalmente, que en los términos del artículo 1577 del Código Civil “El deudor demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas”, norma que proscribe cualquier limitación a la defensa que puede desplegar el deudor solidario y que resulta ilustrativa para reafirmar el criterio que arriba se dejó expuesto.

Fluye entonces de lo dicho que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra Gpuede ser liberado total o parcialmente del pago de la sanción moratoria que se le reclame siempre que acredite con razones de peso que su conducta estuvo revestida de buena fe.

Así las cosas, incurrió el ad quem en el yerro jurídico denunciado al considerar que en el evento de obligaciones solidarias entre el contratista independiente y el dueño de la obra o beneficiario del trabajo como consecuencia del no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores del primero, corren a cargo del segundo, automáticamente, los salarios moratorios, toda vez que se trata de acreencias “adeudadas en vigencia del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandadas”, sin que le sea dado aducir que estuvo incurso en conducta de buena fe>.

Por lo demás, no puedo dejar pasar por alto que la nueva orientación jurisprudencial, al limitarle la defensa al deudor solidario, vulnera, a mi juicio, el principio del debido proceso que como guía y luz para el Derecho Adjetivo consagra el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y cuya finalidad no es otra que hacer efectivos los derechos sustanciales.

En consecuencia, estimo que el recurso debió prosperar respecto a los temas aquí ventilados”.

De esta manera dejo salvado mi voto,

Fecha ut supra 

Luis Javier Osorio Lopez.