Sentencia 33085 de abril 11 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33085

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta Nº 121

Bogotá, D.C., once de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Como el demandante resiste el compromiso indemnizatorio solidario que con base en la responsabilidad civil extracontractual irrogó el juez de segunda instancia a la empresa transportadora a la cual estaba afiliado el rodante conducido por el procesado causante del daño, la Sala analizará en primer lugar el cargo que basa en la nulidad, luego de lo cual hará algunas precisiones relacionadas con la justificación del recurso por la vía discrecional, las cuales servirán de baremo para analizar la legalidad de la decisión.

Primer cargo: nulidad por infracción al debido proceso

El censor estima lesivo del diligenciamiento no haber celebrado la audiencia preparatoria, solicitando en consecuencia la respectiva nulidad, pero como lo señala la representante del Ministerio Público en su concepto, efectivamente tal irregularidad ocurrió pero la misma se muestra sin alguna trascendencia en cuanto ninguno de los sujetos procesales realizó alguna petición de nulidad o de práctica probatoria en el término de traslado previsto para tal fin.

Aunque los artículos 400 y 401 de la Ley 600 de 2000 le otorgan a la audiencia preparatoria un valor importante en cuanto se constituye en el momento propicio, en la fase del juicio, para solicitar nulidades o la práctica de pruebas, la Sala en pretéritas oportunidades ha señalado que la no celebración de esa audiencia no constituye un quebranto al debido proceso, cuando como en este caso, no se manifestó algún interés dentro del término legal, ni el juez encontró la necesidad de pronunciarse al respecto.

“En torno al tema, y con miras a precisar si el juez demandado incurrió en violación de garantía fundamental (debido proceso) un inicial cuestionamiento surge de cara a la convocatoria de aquella diligencia: ¿será ineludiblemente obligatoria? La respuesta a este interrogante podría —ab initio— plantearse de manera afirmativa, como que analizada dentro del amplio espectro de la actuación, ella se muestra —al lado y subsiguiente del traslado de los 15 días— como un paso más del esquema procesal, lo que la convierte en parte integrante de las llamadas formas propias del juicio, de obligatorio seguimiento por constituir una de las garantías que conforman el debido proceso.

“Sin embargo, la satisfacción del cuestionamiento ha de prolongarse hacia el análisis de la razón de ser de esa audiencia, esto es, del estudio de la filosofía que la inspira, así como de los propósitos que a través de su celebración se persiguen, que no son otros diferentes a la discusión sobre las peticiones de nulidades y de pruebas elevadas dentro del término de traslado, teniendo cabida dentro de esta última hipótesis la repetición de los medios que aducidos legalmente deban serlo por no haber podido ser controvertidos jurídicamente, sin que tenga cabida en esa diligencia desde el punto de vista estrictamente legal —aunque no compagine con la práctica— la declaratoria de competencia, pues su constatación es presupuesto para la citación a la audiencia preparatoria. Así lo señala el inciso 1º del artículo 401.

“De frente a los objetivos propuestos acabados de reseñar, no llama a dudas la obligatoria convocatoria a la audiencia cuando haya mediado alguna solicitud de uno o varios sujetos procesales, como que es precisamente ese —y no otro— el escenario procesal propio para la discusión sobre su procedencia, caracterizándose, entonces, ese debate por la oralidad y la publicidad que individualizan al sistema acusatorio, cuya implementación se muestra como una tendencia con fuerza internacional y como una realidad en el ámbito doméstico.

“Sin embargo, a juicio de la Sala —y solo por vía de excepción— podrán surgir ocasiones en las cuales la citación y realización de la preparatoria se muestren inútiles, pues pierden sentido su razón de ser y su celebración ante la carencia de objeto por discutir, o lo que es lo mismo, cuando por sustracción de materia es innecesaria y superflua la convocatoria, como en este caso en el que ningún sujeto procesal solicitó durante el término de traslado la declaratoria de nulidades, la aducción o la repetición de medios de prueba, y, además, el juez estimó que no había lugar a invalidación oficiosa ni necesidad de ordenar la práctica de pruebas de oficio, aparte de que ya la consideración sobre su competencia había sido adoptada, pues ha de recordarse cómo esta valoración debe preceder a la citación a la audiencia, conforme se señalaba párrafos atrás. Frente a esas especiales circunstancias, ¿a quién y para qué citaba el juez a audiencia? ¿Con quién —y sobre qué— iba a discutir, si nadie había demandado ni su intervención ni su pronunciamiento?

“Sin duda que frente a una excepcional situación como la descrita carecía de sentido y de necesidad el convocar a la referida audiencia, ni siquiera alegándose que dentro de ella debía señalarse fecha y hora para la celebración de la audiencia de juzgamiento, pues este auto de trámite si bien está previsto ser proferido allí, conforme el alcance del inciso final del mencionado artículo 401, nada impide que pueda emitirse independientemente de la celebración o no de la audiencia, pues al fin y al cabo se mantienen su naturaleza de sustanciación y su necesidad de notificación, aunque ya no en estrados sino por estado.

“Tampoco sería válido afirmar que por imponer la ley al fiscal la obligación de comparecer a la preparatoria (CPP; art. 142-11), el juez estaba obligado a su citación y celebración, pues en tal caso de obligatoriedad, el deber se manifiesta y se torna exigente únicamente cuando el juzgador ha procedido a la convocatoria, pues de no, el acusador carece de potestad coercitiva para imponer al juez la celebración del acto.

“Lo que sí ha de dejarse en claro es que de no llevarse a cabo la audiencia preparatoria, el juzgador, aún en el mismo auto en que señale fecha y hora para el debate público, está obligado a consignar la razón por la cual omitió voluntariamente ese paso del esquema procesal, no solo porque los intervinientes tienen el derecho a conocer ese motivo, sino también para precaver una futura invocación de invalidez de la actuación”(1).

Con esa óptica, deviene claro que entendido el proceso como actos escalonados irrogados del principio antecedente-consecuente, no se afecta su estructura cuando no hay interés de los sujetos procesales o del juez en ordenar pruebas o en declarar nulidades, en cuanto no se constituye en acto fundamental para surtir la fase subsiguiente de la audiencia pública.

Aquí el juez de primer grado mediante auto de 3 de julio de 2007 al evidenciar que en el término de traslado ninguno de los sujetos procesales había realizado alguna solicitud dispuso celebrar la audiencia pública “por celeridad y economía procesal”, pero el casacionista no señala de qué manera esa determinación afectó a alguno de los sujetos procesales, cuando no habían hecho manifiesto su interés por la diligencia de la cual se prescindió. Solo anota que si la empresa de transporte que representa hubiera tenido conocimiento del despacho que estaba conociendo de la fase del juicio habría pedido pruebas, sin identificarlas ni expresar qué hechos pretendía demostrar, si por ejemplo buscaba acreditar una causa extraña que desvirtuara la responsabilidad civil que le fue predicada.

La Corte de tiempo atrás ha insistido en que para la denuncia en casación de yerros de estructura o de garantía se deben acatar por parte del demandante los principios que orientan la declaración y convalidación de las nulidades. Por ello, además de advertir la entidad del vicio procesal, las normas que estima conculcadas, especificar el momento de la actuación en que se produjo y demarcar su radio invalidante, debe también acreditar la trascendencia desfavorable de la anomalía en el fallo para demostrar que al no existir otra manera diversa de restaurar el derecho afectado, se impone la anulación procesal, aspectos desdeñados en este caso por el apoderado de la empresa llamada a responder civilmente, al punto que no dedica espacio a denotar la forma como el no llevar a cabo la audiencia preparatoria incidió de manera desfavorable para los intereses que representa.

Además, paladinamente se advierte el desinterés del representante de esa compañía, toda vez que desde el 29 de marzo de 2006 habría aportado el poder a él conferido, lo que permite deducir que no solo sabía del trámite judicial, sino de su estado.

En este orden, el cargo no tiene alguna vocación de prosperidad.

En atención a que los cargos segundo, tercero y cuarto guardan relación entre sí al valerse el defensor de argumentos similares para rebatir la forma como se estableció el compromiso civil de la “Empresa de Transporte Renaciente S.A.”, en el daño ocasionado a las víctimas por el vehículo de servicio público afiliado allí y conducido por Idair José Pérez Ordóñez, la Corte estima aconsejable estudiar las tres censuras paralelamente.

Cargos segundo, tercero y cuarto

1. Precisiones generales.

No queda duda que la víctima o sus legitimados pueden ser reconocidos dentro del proceso penal como personas cuyos derechos han sido vulnerados, sea que busquen la reparación del derecho o su equivalente pecuniario en caso de no poder volver las cosas a su estado anterior, de ahí que evidentemente gocen de todas las prerrogativas procesales inherentes al trámite propias de la postulación, contradicción, aporte probatorio, impugnación y demás.

Así, según las previsiones de los artículos 96 del Código Penal y 46 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), que rigió el asunto, dos son los grupos de personas que pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los perjuicios causados con el delito: i) los penalmente responsables; y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados a reparar el daño, eventos en los cuales tal compromiso es solidario.

Si el perjudicado opta por hacer valer su derecho dentro del proceso penal, tal y como lo contempla el artículo 50 la Ley 600 de 2000, una vez admitida la demanda como actor civil queda facultado para solicitar pruebas encaminadas a acreditar tanto la ocurrencia del hecho, la responsabilidad del sujeto pasivo de la acción judicial penal, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios.

De igual forma, puede pedir la vinculación del llamado a responder civilmente por las consecuencias del hecho punible de otro, con lo cual ese “tercero”, por ser un extraño frente a la relación directa del autor de la conducta y estar comprometida su responsabilidad civil adquiere también plena autonomía en el trámite penal al ostentar la categoría de sujeto procesal con todas las garantías y facultades que ello implica,(2) en ejercicio de las cuales puede presentar pruebas, controvertir las exhibidas en su contra para enervar las pretensiones del demandante civil.

En efecto, del artículo 140 de la Ley 600 de 2000 se establece que los terceros civilmente responsables dentro del proceso penal, son aquellas personas naturales o jurídicas que no han participado en la ejecución del delito, pero que de acuerdo con la ley deben responder patrimonialmente por los daños causados con el delito por tener algún tipo de vinculación con los penalmente responsables.

Como la ley presume la responsabilidad por los hechos ajenos basada en la culpa predicable de quien tiene a otro bajo su dependencia al presumir que el daño ocurre por la negligencia del guardián obligado a vigilar al autor del daño, se ha de acreditar además del compromiso penal del dependiente, la relación de este con el responsable indirecto, como por ejemplo en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, que abordan la responsabilidad de los patronos y empleadores por los daños causados por sus dependientes con ocasión del servicio prestado por estos a aquellos por incurrir en la llamada culpa “in eligendo” o “in vigilando”, esto es, por falencias en la selección de sus subordinados; o en la adopción de medios destinados a evitar accidentes.

Obviamente, no solo por el vínculo o dependencia laboral es predicable la responsabilidad del llamado a asumir civilmente por las consecuencias del hecho punible de otro, ella puede derivarse de la obligación legal de resultado por actividades que tienen virtualidad para engendrar daños y por lo tanto son riesgosas, como la del tráfico automotor.

Pero también, es dable citar a las personas jurídicas a las cuales están vinculados los comprometidos penales, siempre y cuando ese comportamiento punible se haya producido en el cumplimiento o con ocasión de sus funciones dadas por su nexo con aquellas, evento en el cual propiamente no se trata de un tercero civil, sino que su responsabilidad se enmarca en las previsiones del artículo 2341(3) del Código Civil, sin que sea una especie de responsabilidad indirecta o refleja por el hecho ajeno, sino directa, ante el daño causado por la persona jurídica a través de uno de sus agentes o representantes, en cumplimiento de su objeto social.

“... es claro que, de acuerdo con la teoría del órgano, quien tiene la obligación de indemnizar el daño causado y contra quien se debe dirigir la acción, no sería un tercero civilmente responsable, sino un verdadero autor de la conducta lesiva de bienes jurídicos, pues así como el Estado cumple sus cometidos políticos a través de sus servidores, las personas jurídicas de derecho privado desarrollan su objeto social por intermedio de personas naturales en ejercicio o con ocasión de sus funciones”(4).

Las anteriores precisiones le permiten a la Corte advertir que, como bien lo señala la representante de la sociedad en su concepto, el libelista acude a un “juego de palabras” por demás intrascendente cuando repara en la labor judicial al decir que indebidamente se concluyó que la conducta punible era fuente de obligaciones, ya que solo debe serlo el daño derivado de ella, porque de las mismas previsiones legales (C.C., art. 1494,(5) y C.P., art. 94(6)), se establece que el hecho punible genera la obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan, deber que ha de ser de forma solidaria al cubrir a los penalmente responsables y a quienes de conformidad con la ley estén obligados a responder.

De ahí que el juzgador concluyera que determinada la conducta punible y definida la responsabilidad penal del conductor del vehículo de servicio público, lo que seguía era establecer la consecuencia relativa al tema de perjuicios.

Ciertamente es el daño, la lesión o la afectación de un derecho el presupuesto de la responsabilidad civil, el cual puede devenir del “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos”, para lo cual es menester ubicar ese nexo o vínculo, para seguidamente establecer el fundamento del deber de responder, en otras palabras, respecto de quien se puede imputar jurídicamente la obligación de repararlo o resarcirlo.

Así lo ha precisado esta corporación:

“... para que una persona, sea natural o jurídica, pueda ser condenada como tercero civil al pago de perjuicios se debe demostrar (i) el daño, (ii) la atribución al procesado, (iii) la relación entre el condenado, su conducta y el objeto con el que se causó con el tercero de acuerdo con las reglas de la responsabilidad civil derivada de la comisión de una conducta punible reguladas por el Código Civil”(7).

Consecuentemente, de tramitarse en el proceso penal la acción civil, será menester demostrar el delito, sin que ello implique que aquella se desnaturalice, pues solo se ubica en un nivel de subordinación supeditada al diligenciamiento punitivo: para que tenga viabilidad la pretensión indemnizatoria se deben identificar a los autores o partícipes del hecho punible a fin de declarar su responsabilidad penal y vincular a quienes están llamados civilmente a responder, como lo establece el artículo 43 de la Ley 600 de 2000.

De manera que con la definición de la responsabilidad de autores o partícipes del delito, el juzgador deberá pronunciarse sobre la responsabilidad de orden civil, no solamente de aquellos, sino de los que sin haber participado en el delito, hubieren sido vinculados legalmente como llamados a responder por los daños generados.

En tal sentido la Sala Penal ha puntualizado que:

“... adelantado el proceso penal, coetáneamente con la definición de la responsabilidad penal mediante sentencia, el juez está obligado a determinar en la misma la responsabilidad de orden civil por los daños ocasionados con la conducta punible no solamente del procesado sino de aquellos que hubieren sido vinculados legalmente, como llamados a responder por los daños generados por la conducta punible, y se les haya comprobado su responsabilidad, como así lo prevé el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (tanto el anterior como el vigente).

“Por consiguiente, la definición de estos dos aspectos en la sentencia se convierten en una cuestión inescindible, de tal suerte que definido el carácter del fallo respecto del procesado deberá corresponder una definición puntual sobre la forma como deben ser reparados los perjuicios, si hay lugar a ello, del mismo modo, que si se advierten motivos que impiden el proferimiento de la sentencia no se podrá resolver mediante sentencia sobre la responsabilidad civil, comoquiera que una decisión de tal naturaleza demanda como exigencia previa la existencia de un fallo sobre la responsabilidad penal, si como ha quedado planteado su coexistencia dentro del proceso penal se encuentra supeditada al ejercicio de oficio o mediante querella de la acción penal.

“Afirmación esta que se encuentra, por demás, reafirmada en el hecho de que siendo el delito fuente de obligaciones, el afectado o la víctima pueden pretender el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por dos vías, mediante el ejercicio autónomo de la acción civil a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual, o bien, al interior del proceso penal, quedando, entonces, supeditado su ejercicio a las condiciones establecidas en las normas del proceso penal, y en lo que este no regule, se integrarán las normas del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una acción de carácter accesorio, por lo que corre la suerte en su desarrollo y resultados de la definición de la acción penal.

“Es así como, de conformidad con el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no tuvo lugar, que el sindicado no la cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”(8).

Lo anterior explicaría el por qué sentencias absolutorias inhiben al juez penal de emitir pronunciamientos en el ámbito civil, debiéndose en estos casos tramitar la pretensión resarcitoria ante la jurisdicción civil.

“La declaración de certeza de la responsabilidad penal sirve de base también a la determinación de la responsabilidad civil; pero si tal declaración de certeza no se puede hacer o resulta negativa, el juez penal no puede establecer con sus medios procesales o con su competencia específica si aquel hecho, que no es punible penalmente, constituye, sin embargo, un entuerto civil. Cuando se declara la certeza de un hecho que da lugar a la responsabilidad penal y lesiona a otro un derecho subjetivo privado, se afirma necesaria y simultáneamente también el entuerto civil correlativo, puesto que en lo más se incluye lo menos. Y por tanto, se comprende que en tal caso pueda el juez penal declarar competentemente la responsabilidad civil, pero si no llega él a declarar la certeza o tiene que excluir la responsabilidad penal, si procediera a la decisión sobre la responsabilidad civil se sustituiría en la competencia civil sin la inmanencia del vínculo de conexión que determinó originalmente la unión de las dos acciones”(9).

La corporación, en la providencia ya citada, al analizar si le es posible al juez penal definir mediante sentencia exclusivamente la responsabilidad civil concluyó,

“De manera lógica y obvia, que no. Si como se tiene establecido la competencia del juez penal radica en el conocimiento y definición de la responsabilidad de las personas por la presunta comisión de conductas contrarias a la ley penal, no podrá, entonces, desnaturalizar su función, para resolver mediante sentencia asuntos que por su naturaleza se derivan, tienen nacimiento en los comportamientos humanos que transgreden los bienes jurídicos tutelados por la norma, cuyas consecuencias dañinas están obligados a reparar, junto con aquellos que por ley, igualmente, deben responder civilmente, pues en esa medida estaría desbordando su competencia, para asumir la del juez civil, y otorgándole a la acción civil un carácter autónomo del que carece para el caso en cuestión”.

“Considerada la estructura del proceso que viene de mencionarse, según la cual la definición de la responsabilidad civil depende de la determinación de la responsabilidad penal, un pronunciamiento como el objeto de análisis por la Sala, en el que anulada la sentencia de carácter penal se absuelve mediante sentencia al llamado a responder civilmente por las consecuencias nocivas del hecho punible, conlleva un trastocamiento de la naturaleza que adquiere el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, pues como ha quedado señalado, su definición debe ser simultánea, coetánea, subsiguiente y dependiente del fallo de responsabilidad penal”.

Esa relación necesaria (no contingente) que se transa entre la acción civil con la penal cuando se ejerce dentro del proceso de índole punitiva, conlleva a que su prescripción se contabilice en el mismo tiempo de la sancionatoria en relación con los penalmente responsables.

Por ello, la acción civil adquiere un carácter accesorio respecto de la acción penal en cuanto sigue la suerte de esta, así, declarada la extinción de esta por prescripción también cobija aquella anheladora de la condena al pago de perjuicios solo en lo relacionado con el declarado autor o partícipe, o también cuando se trata de los eventos en los cuales el comportamiento fue realizado por un representante, agente o dependiente de una persona jurídica en cumplimiento de su objeto social, en cuyo evento al tratarse de una responsabilidad patrimonial directa, propia del autor civil del daño, —no indirecta que es la que se predica de los terceros civilmente responsables por el hecho ajeno—, dicho término será igual al máximo de la pena que la ley señale para el delito investigado.

Para los demás casos, como los terceros civilmente responsables, “se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”, por ejemplo, tratándose del artículo 2358 del Código Civil(10) se contabiliza una prescripción de tres años, lapso que se interrumpe con la presentación de la demanda civil.

2. Del caso en estudio.

Como con acierto lo destacaron los juzgadores, en este caso no se discutió en ningún momento la responsabilidad penal predicable de Idair José Pérez Ordóñez, conductor del vehículo en el hecho causante de las lesiones de las víctimas, constituyéndose así en la génesis o fuente de la reparación.

La discrepancia fundamental es la clase de responsabilidad que se predicó de la empresa transportadora cuyo compromiso indemnizatorio se dio por el vínculo con el automotor.

La tesis medular del ad quem fue que tanto el conductor, la propietaria y la persona jurídica afiliadora del rodante debían responder solidariamente del daño causado acogiendo la teoría del riesgo, luego de ponderarla con la teoría de la guarda, por ser “más coherente y tener más aplicación práctica”:

“Esta teoría busca ‘establecer un criterio adecuado para los fines del derecho y de las necesidades sociales de nuestra época por medio del cual determinar quién o quiénes son los responsables de un daño ocasionado a una persona natural o jurídica que no tenía por qué soportar’.

“En efecto, la noción clásica de culpa era insuficiente ya que en muchas ocasiones es casi imposible determinar quién fue el que ocasionó el hecho dañino, en especial, teniendo en cuenta que en nuestra época, debido a la tecnificación, al crecimiento de las ciudades y la complejidad de nuestra sociedad, determinar quien tiene la culpa resultaba una tarea inmanejable.

“Y en materia de accidente de tránsito, la aplicación de esta tesis se hace más razonable ya que con la teoría del riesgo están incluidos: el conductor, el propietario del vehículo, y la empresa afiliadora, porque todos crearon un riesgo.

“La explicación es la siguiente: tanto el conductor como el propietario y la empresa afiliadora se lucran de la actividad peligrosa. Ahora bien, son responsables no solo por el hecho de lucrarse sino porque crean un riesgo”.

“El apoderado de la empresa Renaciente S.A. procura que se exonere a la empresa del pago de los perjuicios ya que ella es ajena a la guarda del vehículo. Sin embrago, el hecho es inherente al ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículo de transporte público. Luego existe conciencia suficiente que la actividad que ejerce la empresa conlleva un riesgo al que no puede desvincularse”.

2.1. Relativo al carácter riesgoso del tránsito vehicular la Corte Constitucional al confrontar algunas disposiciones de la Ley 769 de 2002, por medio de la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, con el texto superior, señaló:

“El tránsito automotor es una actividad que es trascendental en las sociedades contemporáneas pues juega un papel muy importante en el desarrollo social y económico, y en la realización de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad de movimiento y circulación (C.P., art. 24) se encuentra ligada al transporte automotor, y el desarrollo económico depende también, en gran medida, de la existencia de medios adecuados de transporte terrestre. Sin embargo, la actividad transportadora terrestre implica también riesgos importantes, por cuanto los adelantos técnicos permiten que los desplazamientos se realicen a velocidades importantes, con vehículos que son potentes y pueden afectar gravemente la integridad de las personas. Por todo lo anterior, ‘resulta indispensable no solo potenciar la eficacia de los modos de transporte sino garantizar su seguridad’,(11) lo cual supone una regulación rigurosa del tráfico automotor. Ha dicho al respecto esta corporación:

‘El tránsito automotriz está rodeado de riesgos. No en vano se ha establecido que la conducción de vehículos constituye una actividad de peligro. Asimismo, los accidentes de tránsito representan una causa importante de mortalidad y de daños en las sociedades modernas. Por consiguiente, el Estado tiene la obligación de regular la circulación por las carreteras, de manera tal que se pueda garantizar, en la medida de lo posible, un tránsito libre de peligros, que no genere riesgos para la vida e integridad de las personas. Con este propósito, se han expedido normas e instituido autoridades encargadas de su ejecución”(5) (Sent. T-258/1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 7). En el mismo sentido” (Sent. T-258/1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 7). En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias T-287 de 1996, C-309 de 1997 y C-066 de 1999.

“La importancia y el carácter riesgoso del tránsito vehicular justifican entonces que esta actividad pueda ser regulada de manera intensa por el legislador, quien puede señalar reglas y requisitos destinados a salvaguardar la vida e integridad de las personas, así como a proteger los bienes y propiedades. Por ello esta Corte ha resaltado que el tránsito es una actividad ‘frente a la cual se ha considerado legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar el orden y proteger los derechos de las personas’(12). El control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil, a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración y de las facultades del legislador para regular el tránsito, debido a su carácter riesgoso”(13).

2.2. Por su parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su labor de fijar con criterio de autoridad los criterios hermenéuticos de la materia, precisó los alcances de la responsabilidad civil por actividades peligrosas tratándose de la circulación y conducción de vehículos ante los riesgos potenciales de dañar más allá de los parámetros normales.

Ha señalado que la acotación del responsable del daño y obligado a su reparación pesa sobre quien ejerce la actividad peligrosa y en quien al momento del daño, ostenta su gobierno, dirección, administración o control, y que solo para exonerarse de tal carga puede demostrar que no tenía esas facultades, sea por la transferencia de su dominio, posesión o tenencia o que por ejemplo el daño no está en la órbita del ejercicio de la actividad peligrosa, acreditando una causa extraña que desvirtúa su responsabilidad, como caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero.

De esta manera, sustrajo esa responsabilidad civil de la tradicional concepción subjetiva de presunción de culpa, al ubicarla en el ámbito objetivo, porque se basa solo en el carácter riesgoso de la ejecución de la actividad lo cual apareja la obligación de indemnizar en los términos del artículo 2356 del Código Civil y las normas que rigen la actividad del tránsito vehicular.

La Sala Civil, también en su deber de unificación respecto de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, precisó su doctrina así:

“a) Es una responsabilidad cuyos elementos estructurales se reducen al ejercicio de una actividad peligrosa, el daño y la relación causal entre este y aquella.

“b) Es una responsabilidad objetiva en la que no opera presunción alguna de responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas actividades comporta para los demás. La noción de culpa está totalmente excluida de su estructura nocional, no es menester para su constitución, tampoco su ausencia probada la impide ni basta para exonerarse.

“Se trata del reconocimiento de la existencia de actos ejecutados, sin torcida, oculta o dañina intención, aun sin culpa, pero que por la actividad peligrosa o riesgosa y, en virtud de esta, hacen responsable al agente y conducen a la obligación de resarcir al ofendido; en ella “[n]o se requiere la prueba de la culpa para que surja la obligación de resarcir, no porque la culpa se presuma sino porque no es esencial para fundar la responsabilidad, y por ello basta la demostración del daño y el vínculo de causalidad” (sent. de ago. 31/54, LXXVIII, 425 y siguientes).

“c) La responsabilidad recae en quien desarrolla una actividad que pueda estimarse como generadora de riesgos o peligros para la comunidad, en cuanto con la misma se incrementan aquellos a los que normalmente las personas se encuentran expuestas y, por ende, será responsable quien la ejerza, de hecho o de derecho, o esté bajo su dirección, manejo o control.

“d) En este sistema, por lo general, exonera solo el elemento extraño, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero, cuando actúa como causa única y exclusiva o, mejor la causa extraña impide la imputación causal del daño a la conducta del supuesto autor”.

“e) En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico aplicable es el consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas jurídicas que existan sobre la actividad concreta.

“La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o deviene en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa del autor o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva de la conducta y en la secuencia causal que se haya producido para la generación del daño, para determinar, en su discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, cuando es causa única o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su incidencia, para definir si hay lugar a responsabilidad o no;.

(...)

“Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la estructuración de la responsabilidad por actividad peligrosa y en su exoneración, existen directrices diferenciales concretas, pues, de otra manera, no existiría fundamento plausible para entender por qué de acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni tampoco por qué subsiste aún en circunstancias de una “culpa” concurrente de la víctima”(14).

Posteriormente, esa Sala en el mismo sentido puntualizó:

“1. En lo atañedero a la responsabilidad civil en general, y, en particular, a la derivada de actividades peligrosas, de antiguo plantéase la interrogación concerniente a la exacta determinación del criterio de imputación, cuestión en torno a la cual existen diversas opiniones en los ordenamientos, la doctrina y la jurisprudencia, al punto de prohijar algunos la clásica tesis de la responsabilidad subjetiva, ya por culpa probada, ora presunta, otros la responsabilidad objetiva por el riesgo o peligro que su ejercicio entraña para la comunidad, más allá del cotidiano, usual corriente u ordinario e, incluso, la imputación objetiva (Objektive Zurechnungslehre), sin reducirse a indagar la imputación causal o física de un resultado lesivo a la conducta del sujeto, sino en autorizadas voces, comprensiva del factor normativo de atribución por crear un riesgo jurídicamente desaprobado concretado en el resultado por la inobservancia de deberes generales negativos o especiales positivos (seguridad, protección, salvamento, creación, asunción, elevación y exposición al riesgo, injerencia, confianza, prohibición de regreso, autoresponsabilidad, autoprotección, dominio, etc.), apreciados diacrónicamente según el desarrollo alcanzado, estatus, rol y posición de garante de la persona, en concepción social dinámica del comportamiento exigible a cada individuo en su ámbito de competencia y posición, imputándole el resultado lesivo al defraudar la sociedad con la conducta contraria a las expectativas sociales esperadas (G. Jakobs, Theoretische Grundlagen der objektiven Zurechnung, ZStW, 105,1993, pp. 128, s.s.), materia esta en la cual, avizoró la Corte desde 1937 citando a Louis Joserrand, “la verdad de ayer no es la de hoy, y esta, a su turno, deberá ceder su puesto a la de mañana” (XLV, p. 420) (Cas. Civ. sentencia de sep. 30/2002, SC-192-2002[7069]).

“En torno a la precedente problemática, ‘(...) la Corte de vieja data, por su potencialidad natural, intrínseca y en grado sumo dañina, sitúa la responsabilidad derivada de la conducción de automotores en la actividad peligrosa, regida no por el artículo 2341 del Código Civil sino por ‘[e]l artículo 2356 ibídem, que mal puede reputarse como repetición de aquel ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese’ (XLVI, pág. 215), y el cual, en sentido estricto ‘[e]xige, pues, tan solo que el daño pueda imputarse (...) única exigencia como base o causa o fuente de la obligación que enseguida pasa a imponer’ (cas. civ. sentencia de 14 de marzo de 1938, XLVI, 211-217), por cuya ‘letra y (...) espíritu (...) tan solo se exige que el daño causado (...) pueda imputarse, para que ese hecho dañoso y su probable imputabilidad al agente contraventor constituya la base o fuente de la obligación respectiva’” (Cas. Civ. sents. de mayo 18 y 31/38, XLVI, pp. 516 y 561).

“Empero, la responsabilidad por actividades peligrosas, comprende hipótesis diferenciales por su clase o tipo y puede estar además regulada por normas singulares, en atención a su naturaleza, contenido y proyección...”

“En análogo sentido, a propósito del régimen legal aplicable a las actividades peligrosas concurrentes, la Corte tuvo oportunidad de precisar lo siguiente:

‘El tratamiento legal, doctrinario y jurisprudencial puesto de presente en líneas anteriores, evidencia la complejidad y delicadeza de la cuestión, no hace al derecho civil una ciencia estática, ni reputa el régimen de la responsabilidad civil extracontractual ajeno o separado de los avances de la industria, la ciencia, tecnología, las transformaciones sociales, culturales, políticas y, por el contrario, según avizoró esta corporación con gran antelación, el progreso de la humanidad impone una hermenéutica de la preceptiva legal concordante con las necesidades y expectativas de la sociedad, función prístina de la jurisprudencia en su labor unificadora e interpretativa de las normas jurídicas, desde luego que el rol de los jueces en la solución de los conflictos, no es el de autómata aplicador de la ley a espaldas de la realidad y de sus profundos cambios.

‘Con estos lineamientos, las directrices normativas de la responsabilidad sentadas en normas jurídicas elaboradas para un contexto social, cultural, económico y político diferente, deben adecuarse a las necesidades, vivencias y experiencias de la época moderna caracterizada por un mayúsculo respeto del sujeto de derechos, el dinamismo de las relaciones, la celeridad de las comunicaciones, la negociación electrónica, la producción masiva, estandarizada y circular, el consumo y la protección de los consumidores, el tráfico jurídico a gran escala expedito, la experimentación científica y tecnológica, la informática, la cibernética, la existencia de redes y plataformas globales de información, transmisión y utilización en todas las áreas del conocimiento, los riesgos del desarrollo, la aparición de máquinas y energías altamente sofisticadas.

‘Por esta inteligencia, la responsabilidad en general y la responsabilidad por actividades peligrosas, en particular, que obedece a razones de política legislativa en torno de su etiología, fundamentos, elementos, prueba, extensión y causas de exclusión o exoneración, partiendo del principio liminar ineludible inherente al respeto de los derechos, intereses y valores del sujeto, su tutela por el ordenamiento jurídico y la reparación de su detrimento inmotivado debe apreciarse según el estado evolutivo de la sociedad, los avances sociales, culturales, técnicos y científicos, la conducta y la actividad, lo cual, excluye posiciones rígidas e inflexibles en cuanto a sus supuestos, alcances y apreciación, y de otra parte, impone una interpretación dinámica racional de las normas jurídicas para la solución de los problemas.

(...)

‘La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o deviene en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa del autor o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva de la conducta y en la secuencia causal que se haya producido para la generación del daño, para determinar, en su discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, cuando es causa única o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su incidencia, para definir si hay lugar a responsabilidad o no.

‘Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad (...) se remite al riesgo o peligro.

‘A este propósito, cuando la causa del daño es la conducta o actividad que se halle en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, este será responsable único y a contrario sensu, concurriendo ambas, se determina su contribución o participación para mitigar o atenuar el deber de repararlo.

‘De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal.

‘Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la estructuración de la responsabilidad por actividad peligrosa y en su exoneración, existen directrices diferenciales concretas, pues, de otra manera, no existiría fundamento plausible para entender por qué de acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni tampoco por qué subsiste aún en circunstancias de una “culpa” concurrente de la víctima.

‘Ello es así, en tanto, constituye una modalidad específica de responsabilidad cuyos parámetros son singulares y concretos”. (Cas. Civ. sent. de ago. 24/2009, Exp. 11001-3103-038-2001-01054-01)(15).

De igual forma, en posterior decisión la misma Sala respecto de la responsabilidad civil por actividades peligrosas y la proveniente por la guarda o custodia de cosas, clarificó:

Para ser más precisos, al margen de la problemática inherente a la responsabilidad civil por el ‘hecho de las cosas’, en el ordenamiento jurídico patrio la generada por las actividades peligrosas brota no de la guarda de una cosa sino del ejercicio de la actividad peligrosa, o sea, no se trata de ‘cosas’ sino de actividades, en las cuales, como ha entendido acertadamente la Corte, y suele ocurrir, pueden utilizarse cosas” (negrillas ajenas al texto).

“Más exactamente, la responsabilidad por la guarda o custodia de una cosa y la derivada del ejercicio de una actividad peligrosa, así en esta se utilice cosa animada o inanimada, son diferentes, pues su fundamento ‘no es el hecho de la cosa sino la actividad peligrosa’ (Álvaro Pérez Vives, Teoría general de las obligaciones, Vol. II, parte primera, 2ª ed., Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1957), y por consiguiente, la de responsable de esa actividad (Cas. Civ. sent. de abr. 5/62, XCVIII, 343), es decir, la causa del detrimento se conecta no a la cosa sino al ejercicio de la actividad peligrosa, o sea, es ‘la acción del hombre lo que hace de la cosa un objeto mediato de su actividad’ (Massimo FRANZONI, Dei Fatti illeciti, Commentario del codice civile Scialoja-Branca a cura di Francesco Galgano”. Libro quarto: Obbligazioni artículo 2043-2059. Bologna-Roma: Zanichelli Editore S.p.A., Società Editrice del Foro Italiano, 1993, 525). “En afán de precisión, el artículo 2356 del Código Civil patrio, no reproduce el artículo 1384 [inciso 1º] del Código Civil Francés, a cuyo tenor ‘se es responsable no solo del daño causado por hecho propio, sino también por el daño causado por el hecho de las personas de las que se debe responder o de las cosas que se tienen bajo custodia’, sin referencia a la culpa (faute) por el hecho de las cosas (du fait des choses), bastando la relación de causalidad entre el daño y la cosa bajo guarda o custodia.

(...)

“La responsabilidad por el hecho de las cosas, explican autorizados expositores se justifica por la situación o relación en que se encuentra un sujeto respecto de una cosa y, en particular, por su guarda o custodia, como prevé el expresado artículo 1384, párrafo 1 del Code Civil reproducido por el artículo 2051 del Codice Civile it., según el cual, ‘[c]ada uno es responsable del daño ocasionado por las cosas que tiene en custodia, salvo que pruebe el caso fortuito’.

“A este respecto, responsable del daño causado con la cosa bajo custodia, es su guardián, o sea, el titular del derecho de dominio, poseedor o tenedor de la cosa y quien ejerce un poder análogo, con tal que tenga su gobierno, administración, dirección o control (Massimo Franzoni, La responsabilitá oggetiva, t. I, p. 1 s.s.; Fatti illeciti, en Scialoja-Branca, “Commentario del Codice Civile” al cuidado de Galgano, Libro IV, “Delle obbligazioni”, arts. 2043 a 2059, especialmente art. 2055, pp. 544 y s.s.).

Per differentiam, la responsabilidad civil por actividad peligrosa nace de esta, siendo esta y no la guarda o custodia de las cosas utilizadas en su desarrollo, la que la establece stricto sensu, no es la guarda o custodia de la cosa el factor fundante de esta responsabilidad, sino la actividad peligrosa.

“Distinta es la cuestión atañedera a la precisión de la responsabilidad de quien ejerce la actividad peligrosa cuando usa cosas de esa naturaleza, o sea, la definición de cuándo el titular de la actividad peligrosa es o no responsable según el daño acontezca en la ejecución de su actividad o por fuera de esta, esto es, si las cosas empleadas o utilizadas están o no bajo su gobierno, dirección, administración, control o poder y, por ende, dentro o fuera del ejercicio de la actividad peligrosa, ad exemplum, por la pérdida o sustracción de dichas cosas o la transferencia de su dominio, posesión o tenencia. Y, en el mismo sentido, la responsabilidad del dueño o titular de un derecho real o personal de uso o disfrute de una de las cosas con las cuales se ejerce la actividad peligrosa, naturalmente, a más de derivar de la ley, se reconoce como una hipótesis de responsabilidad legal vinculada al ejercicio de la actividad peligrosa, siendo admisible la demostración de un elemento extraño, como lo sería, según el marco de circunstancias, p.ej., el hurto o sustracción.

“Con estos lineamientos, en cada caso concreto el juzgador determinará según su discreta apreciación de los elementos de convicción y el marco de circunstancias fáctico, cuándo el daño se produce dentro del ejercicio de la actividad peligrosa del tránsito automotriz y conducción de vehículos, y cuándo no, es decir, si está en el ámbito o esfera de ejercicio de su titular o de quien la organiza y ejecuta bajo su gobierno, dirección, control o poder, sea por sí, ora valiéndose de otros” (Cas. Civ. sentencia de 17 de mayo de 2011, Exp. 25290-3103-001-2005-00345-01, reiterada en sentencias de mayo 19/2011, Exp. 05001-3103-010-2006-00273-01 y de 3 de noviembre de 2011, Exp. 73449-3103-001-2000-00001-01)”(16).

2.3. La anterior postura, que avala en su integridad esta Sala Penal de la corporación “en jurisprudencia que resulta no solo vinculante para la Sala por provenir del órgano constitucionalmente establecido para fijar el sentido y alcance de la legislación civil, sino aplicable al caso en cuanto se ocupa de todos y cada uno de los puntos de disenso propuestos por el demandante contra el fallo del tribunal”,(17) lleva a concluir la falta de razón del demandante en cuanto la sentencia abordó los extremos de la relación jurídico procesal entre el actor civil con la empresa trasportadora, ya que en la demanda de constitución de parte civil y solicitud de vinculación formal de esa compañía se indicó que:

“El tercero civilmente responsable corresponde a la empresa de transporte Renaciente S.A., persona jurídica, con domicilio principal en esta ciudad..., para que responda por ser la empresa de transporte que tiene afiliado el vehículo taxi de placas TTA499 causante del hecho a quien (sic) es investigado”.

Como lo hizo ver el apoderado de la empresa trasportadora —cuando solicitó sin éxito la declaratoria de nulidad de la actuación por haber librado unas comunicaciones—, desde el 29 de marzo de 2006 radicó un poder a él otorgado por aquella, sin embargo, se advierte que no contestó la demanda civil ni enervó mediante excepciones las pretensiones de la acción resarcitoria, de ahí que en la sentencia ese litigio privado se resolvió con la convocatoria a responder de la compañía afiliadora del rodante al fundamentarla el juez del circuito en el ámbito del ejercicio de actividades peligrosas.

Ciertamente, judicialmente se estimó que el daño se había generado en el devenir de una actividad así catalogada, por lo cual se debía proceder a la indemnización en favor de las víctimas por cuenta del procesado, la propietaria del automotor y la empresa afiliadora, aclarando que ello no solo era por el lucro generado con tal actividad, sino por la creación del riesgo en su ejercicio.

No otra solución podía darse ante los hechos y lesiones causadas a los hermanos Rojas Rojas por parte de Idair José Pérez Ordóñez cuando conducía el vehículo adscrito a la “Empresa de Transportes Renaciente S.A”, legalmente inscrita en la cámara de comercio, cuyo objeto social era “La explotación en todo el territorio nacional de las siguientes actividades principales relacionadas con el transporte terrestre: 1) Transporte de carga..., 2) Trasporte de personas... a) Nacional..., b) Intermunicipal... c) Urbano con buses, busetas, microbuses, camperos, taxis y servicio especial...” (se resalta)(18).

Bajo esta óptica, para la Corte la decisión judicial por medio de la cual se resolvió el objeto del proceso no deviene de algún yerro de carácter intelectivo o hermenéutico al haber dado acogida a las pretensiones de los actores civiles bajo la responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas de la compañía transportadora, lo que deja sin vocación de éxito los cargos segundo, tercero y cuarto del libelo demandatorio.

Quinto cargo: violación a la prohibición de reformatio in pejus en materia civil

En esta oportunidad el demandante se opone al incremento que en trescientos sesenta (360) salarios mínimos legales mensuales hizo en materia de perjuicios morales hizo el juez de segundo grado respecto de los tasados por el a quo.

La interdicción de reforma peyorativa por parte del superior respecto de un apelante único tratándose del tema de perjuicios no había tenido eco en la judicatura al cuestionarse su carácter de pena o sanción.

No obstante con la Ley 906 de 2004 que sin limitación alguna en su artículo 20 estableció que “el superior no podrá agravar la situación del apelante único”, se amplió tal cobertura:

“La nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de aplicación de la garantía procesal de la interdicción de la reformatio in pejus, a cualquier situación, es decir, a toda decisión adoptada por un juez de control de garantías o de conocimiento que fuese susceptible de apelación por alguno de los intervinientes en el proceso. En tal sentido, el diseño constitucional de la garantía procesal de la no reformatio in pejus conlleva a que esta constituya (i) un límite a la actividad del ad quem en el sentido de que le está vedado agravar la pena o sanción impuesta al condenado o afectado en un proceso o procedimiento administrativo; (ii) evite que este último sea sorprendido con una sanción que no tuvo oportunidad de controvertir; y (iii) permita el ejercicio del derecho de defensa, ya que aleja el temor al incremento de aquella. Nada obsta, sin embargo, para que el legislador amplíe el ámbito de protección de dicha garantía constitucional, a condición de que no vulnere alguna disposición constitucional; tanto menos y en cuanto, el nuevo modelo procesal penal, al igual que el respeto por los derechos de las víctimas, justifican tal ampliación. En suma, el principio de la limitación al superior se potencia mucho más en la filosofía y dinámica del nuevo sistema procesal penal, pues tratándose de un sistema de partes adquiere mayor sentido un límite para el superior. Por lo tanto, la extensión que el legislador operó de la garantía de la no reformatio in pejus es conforme con uno de los principios básicos del sistema acusatorio, cual es, limitar las facultades del superior jerárquico en sede de apelación”(19).

Esa ampliación del radio de protección de la garantía ha sido promovida por la Corte Suprema de Justicia así:

“Entiende ahora la Sala que el término utilizado en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 906 de 2000 ‘no podrá agravarse la situación” no solo tiene efectos frente al tipo de providencias suceptibles de reforma peyorativa, sino que adquiere una connotación o cobertura mucho mayor, en donde también cabe lo decidido frente a la condena en perjuicios, en tanto, como se desatacó en la última providencia en cita, impide al ad quem dictar cualquier decisión que oficiosamente perjudique al recurrente en apelación, y dicho sea de paso también al de casación, cuando uno y otro se han promovido con fines defensivo exclusivamente.

“De ese modo y en lo que atañe concretamente a la condena en perjuicios, con la reformulación de la garantía se torna irrelevante determinar si tienen o no el carácter de pena o sanción, pues lo verdaderamente esencial es que ante el supuesto de haber sido la providencia apelada u objeto de recurso extraordinario de casación con fines defensivos de manera exclusiva, el superior no puede irrogar desmejora alguna oficiosamente, en la medida, eso sí, que la providencia haya sido dictada con posterioridad al primero de enero de 2005, fecha en la cual entró a regir, de forma paulatina, la Ley 906 de 2004 en el territorio patrio”(20).

Por su parte, en el ámbito civil, la Sala de esa materia de esta corporación ha señalado que la prohibición de reforma en peor, elevada a causal autónoma de casación,

“...‘encuentra venero en la garantía constitucional del debido proceso y en los principios generales del derecho procesal, en particular, en el sistema dispositivo, la finalidad de la apelación interpuesta en lo desfavorable al recurrente definitoria del interés para recurrir y del thema decidendum del ad quem, por lo cual, no puede ex officio imponer una condena más gravosa. La prohibición de la reforma peyorativa, limita ex naturalitir al tenor de la apelación interpuesta la competencia y facultades del superior tantum devolutum quantum appelatum (tanto se apela, tanto se devuelve; lo que no ha sido impugnado, no puede ser fallado de nuevo) y por ello no puede fallar más allá de lo pedido por las partes (non est iudex ultra petitum partium) encontrando una restricción en el agravio causado con la sentencia impugnada al apelante o a la parte en cuya protección se surtió la consulta, salvo las excepciones legales” (Cas. Civ. sent. de ene. 25/2008, Exp. 05001-3103-012-2002-00373-01).

“La regla de la reforma de la decisión en perjuicio del apelante se traduce ‘en un principio negativo por cuanto le prohíbe el juez ad quem modificar la providencia apelada en perjuicio del recurrente, cuando la contraparte no ha interpuesto apelación, ni ha adherido a dicho recurso y, se configura mediante los requisitos siguientes: a) vencimiento de un litigante; b) que solo una parte apele; c) que el sentenciador ad quem haya empeorado con su decisión al único recurrente y d) que la reforma no se funde en puntos íntimamente ligados con ella’ (Cas. Civ. abr. 23/81, CLXVI, p. 408; CCXXV Nº 2464, segunda parte, p. 611; CLXVI Nº 2407, p. 210, CLXXX Nº 2419, p. 69, CLXVI Nº 2407, p. 143), es decir, ‘el superior que conoce de un proceso por apelación interpuesta por una de las partes contra la providencia que ha sido consentida por la otra, no puede, por regla general, modificarla o enmendarla haciendo más gravosa para el apelante la situación procesal que para este ha creado la providencia recurrida’ (CXLII, p. 144).

“La prohibición de la reforma peyorativa, consecuentemente, emerge como una garantía constitucional y procesal, desarrolla la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, la doble instancia y el principio dispositivo (ne procedat iure ex officio y nemo iudex sine actore), por cuanto el fallador de segunda instancia no puede empeorar la posición o situación del apelante (Licet enim nonunquam bene lastas sententias in peius reformet).

“Encuentra así el ad quem en el conocimiento y decisión del recurso, una limitación a su competencia funcional, apreciada en la simetría o correspondencia entre la providencia recurrida, la apelación propuesta y el interés del impugnante”(21).

En este caso, el juez de primera instancia fraccionó la condena civil al indicar que el procesado Pérez Ordóñez debía pagar a favor de América Rojas Rojas, por concepto de perjuicios materiales, la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) y ciento cincuenta (150) salarios como daños morales, y para Roger Rojas diez millones de pesos ($ 10.000.000) por daño material y diez (10) salarios mínimos como perjuicios morales.

Que por su parte, Luz Mercedes Torres, propietaria del automotor, debía cancelar diez millones de pesos ($ 10.000.000) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales a favor de América Rojas por perjuicios materiales y morales, respectivamente, y en relación con Roger Rojas fijó tales sumas en cinco millones de pesos ($ 5.000.000) y diez (10) salarios mínimos legales, respectivamente.

A su turno, que la “Empresa de Transportes Renaciente S.A,” también tenía que pagar en beneficio de América Rojas las mismas cifras anteriores, y a favor de Roger las fijó en diez millones de pesos ($ 10.000.000) como daño material y cuarenta (40) salarios mínimos a título de perjuicios morales.

Y por último estas mismas cifras las impuso a la compañía “Seguros del Estado”, llamada en garantía.

Pero al conocer del recurso de apelación el juez primero penal del circuito de Cartagena, en primer lugar se apartó de la estimación de los daños materiales en cuanto no se habían demostrado, y en segundo término acumuló las cifras relativas a los perjuicios morales tras criticar la escisión realizada por el a quo ya que el compromiso era solidario.

“Lo que si debe determinarse en el tema de los perjuicios es que se equivoca el juez de primera instancia cuando a prorrata distribuye los pagos descuidando que el artículo 96 del Código Penal consagra que los obligados a indemnizar los daños causados con el ilícito deben hacerlo ‘solidariamente’ y en la parte resolutiva se hará la claridad correspondiente”.

De esa manera al sumar estableció que todos los obligados civiles debían sufragar a favor de América Rojas el equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes y en beneficio de Roger Rojas el de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este caso deviene diáfano que lo que hizo el superior fue ajustar la condena en perjuicios al deber solidario que por mandato legal se imponía, ante la forma inusual del inferior cuando sin algún criterio racional los tasó de manera individual y porcentual.

Pero además de que no era viable dividir la obligación, porque cada responsable civil se tiene como deudor de todo el monto, pudiéndolo hacer exigible a cualquiera de ellos, lo que da al traste con la pretensión del libelista es que la empresa de trasportes no fue apelante único, porque si bien de la misma forma el apoderado de la compañía llamada en garantía apeló de la decisión en la misma arista del anterior sujeto procesal, buscando la exoneración del pago indemnizatorio, el representante de la parte civil también impugnó anhelando un mayor pago(22).

Vista así la realidad contenida en el fallo impugnado, se concluye que carece de fundamento la pretensión del censor y por consiguiente la censura no está llamada al éxito.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR el fallo por razón de los cargos formulados en la demanda presentada por el representante del tercero civilmente responsable, “Empresa de Transporte Renaciente S.A”.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia de 23 de junio de 2008. Radicación 28726.

(2) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-541 del 24 de septiembre de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz. “... el debate procesal de la acción civil contra el ‘tercero’, dada la naturaleza del proceso penal en el que se surte y que condiciona de modo prevalente sus trámites, supone que el llamado en tales condiciones debe actuar en el sentido de la determinación del grado de su responsabilidad”.

(3) ART. 2341.—Responsabilidad extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.

(4) Corte Suprema de Justicia. Proveído de 23 de abril de 2008. Radicación 28396.

(5) ART. 1494.—Fuente de las obligaciones. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”.

(6) ART. 94.—Reparacion del daño. La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella”.

(7) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casación de junio 18 de 2008. Radicación 29187.

(8) Corte Suprema de Justicia. Providencia de 10 de agosto de 2005. Radicación 20489.

(9) Manzini Vincenzo. Tratado de derecho procesal penal. Ediciones de Cultura Jurídica. Buenos Aires 1951. Tomo I, p. 418.

(10) Código Civil. Artículo 2358. Prescripción de la acción de reparación. Las acciones para la reparación del daño proveniente del delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal.

“Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto”.

(11) Ver, entre otras, la Sentencia C-066 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y Fabio Morón Díaz. Fundamento 4.

(12) Sentencia C-309 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 19.

(13) Corte Constitucional. Sentencia C-529 de 3 de julio de 2003.

(14) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de agosto de 2009. Radicación 11001-3103-038-2001-01054-01.

(15) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 3 de noviembre de 2011. Referencia 73449-3103-001-2000-00001-01.

(16) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 2 de diciembre de 2011. Referencia 11001-3103-035-2000-00899-01.

(17) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia de 23 de abril del año dos mil ocho. Proceso 28396.

(18) Folios 44 y 45, cuaderno de parte civil.

(19) Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 9 de junio de 2005.

(20) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 21 de marzo de 2012. Radicación 33101.

(21) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de julio de 2008. Radicación 11001-3110-011-2002-00017-01.

(22) Cfr. folio 295, cuaderno 1.