Sentencia 33116 de septiembre 15 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 33116

Acta: 36

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El error del recurrente radica en el concepto que expone sobre el momento de causación de la pensión restringida de jubilación, al que ubica al producirse el cumplimiento por parte del actor del requisito de la edad (como sucede en tratándose de la pensión plena), cuando, conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Sala, la prestación proporcional en comento se causa al momento de cumplir el trabajador el tiempo de servicios necesario para ella y retirarse voluntariamente, por lo que la edad no es sino un requisito de exigibilidad. Así, v. gr., en sentencia de 17 de febrero de 2009, Radicación 32051, se dijo por la Corte:

"Importa resaltar, de igual modo, que la conocida con el nombre de pensión restringida de jubilación por retiro voluntario consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 surge al mundo del derecho cuando ocurre la terminación voluntaria del contrato de trabajo por parte del trabajador después de haber servido durante 15 años o más.

Es decir, la terminación voluntaria del contrato de trabajo y la prestación de servicios durante 15 años o más constituyen los dos únicos elementos estructurales del derecho a la pensión restringida de jubilación.

Por consiguiente, una vez reunidos estos dos requisitos (terminación voluntaria del nudo contractual de estirpe laboral y labores durante 15 años o más), la pensión restringida de jubilación abandona su calidad jurídica de mera expectativa y pasa a convertirse en un derecho adquirido del trabajador, esto es, en una situación jurídica concreta, que, como tal, no puede ser modificada por una norma posterior.

La edad no es elemento esencial para el surgimiento del derecho, sino tan solo una condición para la exigibilidad del pago. Precisamente por ello, esta Sala de la Corte ha admitido, con reiteración, las condenas de futuro a pensión restringida de jubilación, para cuando el trabajador alcance los 60 años de edad, siempre que hubiese acreditado las dos exigencias de tiempo de servicios y retiro voluntario, desde luego.

Esta Sala de la Corte, en sentencia del 24 de octubre de 1990 (Rad. 3.930), citada en la del 18 de octubre de 2001 (Rad. 16.646), adoctrinó:

"3. Y aún más, sí se tratara de una supuesta interpretación errónea del articulo 8º de la Ley 171 de 1961, en cuanto el tribunal dedujo que el cumplimiento de la edad para la pensión por retiro voluntario después de 15 años de servicio no constituía un requisito de causación sino apenas una condición de exigibilidad, observa la Sala que el fallador no hizo cosa distinta a la de acoger y aplicar la jurisprudencia que sobre el mismo punto ha mantenido esta corporación.

"En efecto, en sentencia de 7 de julio de 1980 dijo:

"Tampoco asiste la razón al recurrente en la segunda parte de su alegación, pues la jurisprudencia de la Corte tiene decidido que el trabajador puede demandar la pensión proporcional de jubilación, aunque no tenga la edad requerida. En efecto, en sentencia de 5 de octubre de 1978 de la Sección Segunda de esta Sala,... se dijo:

"'La Sala de Casación Laboral ha sostenido en forma reiterada, con excepción del fallo de quince de octubre de mil novecientos setenta y seis, Roberto Patiño vs. Patiño y Ponce de León Publicidad S.A., de la Sección Primera, que en tratándose de la pensión proporcional de jubilación consagrada en el articulo 8º de la Ley 171 de 1961 que el trabajador puede demandarla cuando el contrato de trabajo termina, aun cuando no tengan en ese momento cualquiera de las edades que para cada caso la norma contempla para disfrutarla. Esta jurisprudencia no ha sido rectificada por las dos Secciones de la Sala de Casación Laboral, y ha sido ratificada por la Sección Segunda en sentencia de dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis, Moisés Lizarazo Dávila contra "Sears - Roebuck de Bogotá S.A." y de cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, Pastor Sánchez Barahona contra sociedad "Desarrollo Industrial y AgrIcola S.A. DIASA, no publicadas aún en la Gaceta Judicial. En el primero de esos fallos dijo la Corte:

"'El Código Sustantivo del Trabajo tiene establecido que las empresas con capital igual o superior a ochocientos mil pesos jubilen a los trabajadores por haber durado a su servicio un lapso que para cada hipótesis pensional la misma ley determina. Además prevé que en caso de despido injusto y después de cierto tiempo de servicios o de retiro voluntario luego de 15 años de labores hay lugar a la pensión según lo añade la Ley 171 de 1961... Resulta entonces claro, en el caso de las pensiones especiales, que es la duración larga del contrato de trabajo, o sea la perseverancia en el servicio de la empresa y el despido injusto o el retiro voluntario lo que genera el derecho a la pensión restringida por jubilación. Quien cumple pues el tiempo mínimo de labores indispensable en cada evento pensional y es despedido ilegalmente o se retira de modo voluntario, adquiere el derecho a recibir esta prestación, en la cuantía que para el respectivo caso establezca la ley. Cosa distinta es el comienzo de la exigibilidad de la pensión mensual que pide, conforme a la ley, que el jubilado llegue a cierta edad, que las normas laborales indican para esta clase de pensión" (G.J., T.CLXI, págs. 382 y 383).

"Conforme a los lineamientos anteriormente expuestos, el Tribunal Superior no incurrió en infracción legal alguna al deducir que cuando José Medardo Roldán Vásquez se retiró voluntariamente del servicio de Fabricato después de 15 años de servicios, el 10 de septiembre de 1967, tenia causado el derecho a la pensión de jubilación consagrada para este evento en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, aunque debía esperar al cumplimiento de los 60 años de edad para empezar a cobrarla".

Y en calendas más recientes (sentencia del 29 de noviembre de 2005, Rad. 25.324), la Sala proclamó:

"No le asiste razón a la oposición cuando afirma que en el cargo el recurrente involucra dos modalidades de violación de la ley que son incompatibles entre sí, como son la aplicación indebida y la infracción directa, toda vez que el censor no se refiere a una misma norma pues dirige su ataque por el primero de esos conceptos respecto del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo y por el segundo sobre los artículos 8º y 14 de la Ley 171 de 1961.

"Pero que el cargo no incurriera en el desatino de orden técnico que se le atribuye no significa en modo alguno que tenga vocación de prosperidad. En efecto, de la mano de una sentencia de esta Sala afirma el recurrente que el cumplimiento de la edad es requisito para que la pensión restringida que demanda surja a la vida jurídica, por lo que esa prestación solo podrá exigirse cuando tal requisito se cumpla, de modo que la norma aplicable es la que gobierna el derecho en ese lapso. Sin embargo, cumple advertir que de la providencia en la que se apoya el impugnante no es dable obtener la conclusión que para él de allí se desprende, porque con toda claridad en ella precisó la Corte que la pensión restringida de jubilación se configura por reunirse el tiempo de servicios y el despido injusto o el retiro voluntario, de suerte que a partir de ese momento surge un derecho indiscutible.

"Con ello, se acogió el criterio inveterado de esta corporación según el cual la causación de la pensión restringida se presenta con el cumplimiento de dos requisitos: el tiempo de servicios y el despido sin justa causa, mientras el cumplimiento de la edad es tan solo una condición para la exigibilidad de ese derecho, situación que, en el caso que analizó la Corte en esa oportunidad, convertía en incierto el derecho del trabajador mientras pendiera el cumplimiento de la edad y, por tal razón, era susceptible de ser conciliado. Esa cuestión desde luego nada tiene que ver con la normatividad que debe ser utilizada para establecer si el derecho ha nacido.

"No encuentra entonces la Corte que lo discurrido en la aludida providencia, atendiendo el específico tema que allí se estudió, permita inferir que el cumplimiento de la edad prevista en la ley sea requisito para que el derecho a la pensión restringida nazca a la vida jurídica, como pretende hacerlo ver ahora el recurrente, pues, se reitera, lo que con toda claridad se dijo fue que tal suceso, el cumplimiento de la edad, es acontecimiento futuro o condición para que pueda exigirse, mas no para su causación.

"Como se dijo, el criterio allí plasmado se corresponde con el que de antiguo ha sido reiterado por esta Sala de la Corte en tratándose de la pensión restringida de jubilación establecida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que resulta desde luego aplicable respecto de la aludida pensión en el lapso que estuvo gobernada por el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo".

De manera que, cumplidos los presupuestos de tiempo de servicios (15 o más años) y retiro voluntario, el derecho a la pensión restringida de jubilación deviene indiscutible…".

Por ende, no erró el ad quem al considerar que la Ley 100 de 1993 no era la aplicable al demandante sino la 171 de 1961-8, dado el momento de causación de la prestación restringida.

Los cargos, en consecuencia, no prosperan.

Tercer cargo

Dijo la censura:

"Acuso la Sentencia del Tribunal, por violación directa de la ley sustantiva laboral, por interpretación errónea, parcial, de los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y el 260 del Código Sustantivo del Trabajo.

Si en gracia de discusión se aceptara que las normas aplicables al demandante, para determinar su mesada pensional, debieron ser los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el 8º de la Ley 171 de 1961 como él lo reclama, tendríamos que, la mesada debió entonces ser el resultante de liquidarla de acuerdo con las mencionadas normas, así:

ART. 260.Derecho a pensión. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.

Hasta aquí, si se analizan los datos del demandante, (15 años, 8 meses, 26 días de servicio) y tener al momento de su renuncia (15 de junio de 1990) solo 48 años de edad, no tendría derecho a la pensión, pues no llegó a los veinte (20) años de servicio laborando en la misma empresa, ni contaba a su renuncia con la edad requerida (55 años), requisitos ambos exigidos por esta norma.

Si hay que indicar y destacar es que de acuerdo con el texto trascrito, se colige que el monto máximo de la pensión, es decir la plena, es el 75% del promedio del salario mensual devengado en el último año de servicio, cuando se tienen 20 años de servicio completos.

Veinte años de servicio + edad = 75% del promedio salarial. Para el demandante, según información obrante en autos, tendríamos:

1. Promedio salario mensual del último año: US $ 2.519,24

2. 75% del anterior promedio = US $ 1.889.43 (Esta sería su pensión plena)

Posteriormente la Ley 171 de 1961, en su artículo 8º dispuso:

"ART. 8ºEl trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad.

La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

En todos los demás aspectos de la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación.

PAR.Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación oficial.

Se observa entonces que, las circunstancias fácticas del demandante se adecuan a lo preceptuado en el segundo inciso de este artículo por haber renunciado voluntariamente, —en lo que a continuación se resalta y subraya—, por lo tanto tuvo derecho a la pensión cuando cumplió 60 años de edad el 15 de abril de 2002, pero restringida.

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad.

Y continúa el texto del artículo 8º Inciso tercero, así:

La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarlos devengados en el último año de servicios, (negrillas y subraya agregadas)

Del texto de este inciso se desprende para el demandante lo siguiente: La PENSIÓN PLENA, sería el 75% del promedio = US$1.889,43.

Entonces, si a 20 años de servicios corresponde el 75% del promedio, cuánto le corresponde al demandante, por 15 años, 8 meses, 26 días con un promedio mensual de salario del último año de servicios de US$2.519,24?

75% por 20 años (7.200 días) =U$1.889,43

X% por 15 años, 8 meses, 26 días (5.666 días) = ?

Despejando esta regla de tres, resulta un 59,02% pero que debe ser aplicado sobre los US$1.889,43 que constituirían la pensión plena, en caso de haber trabajado los veinte (20) años, es decir que el 59.02% resultante en forma proporcional del tiempo de servicio del demandante, equivale a US$1.118.54, que al cambio de $2.264,98 del día en que cumplió los 60 años (15 de abril de 2002) determinan que la primera mesada debió ser de $2.525.769,79 y no de $3.367.708,16 como lo estableció la sentencia del tribunal acusada en esta demanda.

Se aprecia que el tribunal hizo una interpretación errónea, parcial, es decir, en el aspecto en comento, de los preceptos del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, porque omitió precisar primero el 75% del promedio mensual del último año de servicios, para ahí sí establecer sobre él, el porcentaje de pensión proporcional al tiempo de servicio del actor, que aplicado a aquél diera el resultante en dólares y que multiplicado por la tasa de cambio del día 15 de abril de 2002 arrojara el valor en pesos de la primera mesada.

Por tanto, el ad quem aplicó al presente asunto el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, sin ajustarse de manera exacta a su contenido, y por consiguiente incurrió en la interpretación errónea que se le atribuye.

Ahora bien, está probado en el expediente (fls. 17 y 18) que mi procurada según Resolución 18 del 28 de junio de 2002 reconoció al demandante una pensión proporcional, según se lee en el artículo primero del resuelve, por valor de $2.901.552,63, sin indicar en el texto de dicha resolución cuál norma aplicó para determinar su valor.

El cuarto y último inciso del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 al establecer que "En todos los demás aspectos de la pensión aquí prevista se regirá por las normas lesales de la pensión vitalicia de jubilación." remite al texto del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir que el 75% del promedio mensual del último año de servicios se mantiene; sigue siendo este el monto máximo de una pensión plena vitalicia de jubilación, para aquellas personas que cobijó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

Queda de esta forma establecido claramente que, de aplicarse la norma que reclama el demandante para liquidar el valor de su mesada pensional, lejos de incrementarse al valor que señaló la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá aquí acusada, debería haber sido desde la primera mesada muy inferior.

Lo anterior, hace indispensable hacer énfasis en que en las circunstancias explicadas, mi representada, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, ha venido cancelando al demandante, desde el 15 de abril de 2002 valores superiores a los que realmente le correspondían y por lo tanto no habría lugar a condenarla por diferencia dejadas de cancelar en las mesadas pensiónales y mucho menos intereses sobre las sumas anteriores.

Cosa muy distinta es si esa primera mesada pensional, que como quedó explicado debió haber sido por $2.525.769,79, debe ser actualizada o indexada con base en el índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE, tal como lo dispuso la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, cuando declaró la exequibilidad condicionada de expresiones contenidas en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, pero como sobre este particular no versa la litis planteada en la demanda del actor, no interesa para esta demanda de casación.

(Esa actualización sería entre el 15 de junio de 1990 fecha en que renunció y el 15 de abril de 2002 fecha a partir de la cual se le empezó a pagar la pensión).

La anterior demostración del cargo, conlleva necesariamente a quebrar la sentencia del tribunal en su totalidad y proceder a confirmar la sentencia del a quo".

La réplica

Alega que la recurrente incurre en el dislate de aplicar el porcentaje de la pensión restringida al porcentaje de la pensión plena, cuando, jurídicamente, ese porcentaje proporcional debe aplicarse sobre el último salario promedio mensual devengado.

Consideraciones de la Corte

En primer lugar es de señalar que el colegiado no realizó exégesis alguna referente a cuál era el alcance del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en lo referente a la modalidad de retiro voluntario, sino que se limitó a citarlo y a aplicar su contenido, por lo que el presunto error no sería propiamente el de interpretación errónea sino el de aplicación indebida, lo cual conlleva argumentación específica y propia. De otro lado, resulta ser, además, un hecho nuevo en casación porque, a pesar de haber planteado el actor en el libelo la liquidación de su pensión que consideraba era la correcta, de la cual el ad quem hizo eco íntegramente, la demandada jamás planteó el alcance que ahora pregona.

Con todo, es de señalar que el alcance que el tribunal dio al precepto en cuestión en lo relativo a la cuantía proporcional de la pensión, no conlleva yerro alguno, ya que la misma proporcionalidad que ella refiere es sobre el tiempo de servicios y no sobre la pensión plena; por manera que la pensión proporcional no resulta ser un porcentaje de la plena, como lo pretende la censura, sino que surge de una regla de tres simple: si por 7200 días (20 años) de servicios se tiene derecho a un 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, a qué porcentaje se tendrá derecho por 5666 días laborados?, que fue la visión y operación consecuente realizada por el ad quem.

El cargo no prospera.

Cuarto cargo

Presentado con los siguientes argumentos:

"Se acusa la sentencia del ad quem por violación directa de la norma sustantiva laboral por interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Deviene la interpretación errada del precepto legal, violando de manera directa la Ley 100, artículo 36 inciso 3º, como se indicó en cargo anterior, ya que por haberse causado el derecho a pensión restringida, bajo la vigencia de la Ley 100, el 15 de abril de 2002, fecha en que cumplió los 60 años de edad el demandante, se hallaba bajo el régimen de transición, y por ende esta era la normatividad aplicable al pedimento de la demanda. No obstante el ad-quem, asimiló la situación del accionante al marco del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, concordándola con el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo para proferir la sentencia objeto de la acusación; a pesar de ello interpreta erróneamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dándole un alcance que se contrapone al criterio del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria expuesto en sentencia del 6 de junio de 2003 Radicado 20271, donde se señaló que "los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral". De acuerdo con el texto de la norma citada, únicamente procede el pago de intereses de mora cuando no se cancela a tiempo una mesada correspondiente a alguna de las pensiones previstas en la Ley 100 de 1993".

Bajo esa violación directa, procedió a condenar a la demandada al pago de intereses moratorios sobre los reajustes o excedentes, resultantes al reliquidar con fundamento en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 la base de la pensión, tomando el promedio del salario devengado en el último año de servicio, y no el promedio regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Habida cuenta que, incurre en el yerro de desconocer el régimen de transición al demandante, que es la pensión que se concede con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, no procede aplicar el artículo 141 en dicha sentencia acusada.

En el presente caso no hubo demora en el pago, toda vez que la empresa viene cancelando al actor oportunamente la pensión desde el mismo momento de su reconocimiento, y en la sentencia impugnada no se estableció la existencia de esa mora, lo cual es suficiente para demostrar la violación del artículo denunciado.

Fuerza concluir que, ante la aplicación indebida por parte por parte del a quem, de otro régimen, mal puede aplicar el artículo 141 de la Ley 100, para efectos de condenar a la demandada al pago de intereses moratorios, como lo hizo, no siendo factible jurídicamente, subsumir la situación pensional que ha determinado para el accionante, no cobijarlo por la ley 100, en la sentencia acusada, en los preceptos de esta.

Fundamenta lo anterior, el criterio jurisprudencial sostenido por esa Sala, en sentencia del 28 de noviembre de 2002 Radicado 18273, según el cual los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral".

Al respecto ha fijado esa Corte, criterio mayoritario, a partir de la sentencia calendada 28 de noviembre de 2002, señalando:

"(...) Empero, el aludido desacierto únicamente es suficiente para tener como fundado el cargo y no para quebrar el fallo recurrido, ya que para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral".

La réplica

Manifiesta que tanto la jurisprudencia de esta Corte como la de la constitucional han establecido que los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben aplicarse a toda clase de pensiones.

Consideraciones de la Corte

Respecto del tema de los intereses moratorios contemplados por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 la Sala tiene definido, de un lado, que estos solo son aplicables en tratándose de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, en virtud a normatividad muy anterior a la misma, según se desprende de la motivación precedente. Así, en sentencia 23113 de 5 de octubre de 2004, (precisada en la 23159 de 20 de octubre de 2004) se señaló:

"...emerge la improsperidad de los aludidos intereses moratorios, pues el criterio mayoritario de la Sala a partir de la sentencia citada por la censura (28 de noviembre de 2002, Radicación 18273), es que dichos intereses se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción íntegra de la Ley 100 de 1993, pues no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-601 del 24 de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, en virtud a la Ley 33 de 1985".

"Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la pensión concedida al demandante no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: "(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)". (Resalta la Sala).

De otro lado, ha precisado, además, que en tratándose de diferencias pensionales derivadas de reajustes, o -se agrega- de reliquidaciones, no hay lugar a intereses moratorios.

Así, en sentencia de 3 de septiembre de 2003, Radicado 21027 se dijo:

"Además, ha sostenido esta corporación que los intereses moratorios "...solo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial" (Rad. 13717 - 30 de junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en "los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior,".

Y, en sentencia de 25 de octubre de 2005, Radicación 24456:

Como se dijo, esta pensión no se deriva del régimen de seguridad social integral implementado por la Ley 100 de 1993, ni tampoco se está en presencia de mora en el pago de mesadas sino de diferencias derivadas de reliquidación de la prestación, luego la preceptiva del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde ambas ópticas no le resulta aplicable.

El cargo, por ende, prospera y ha de casarse, en este aspecto, la sentencia gravada para, en instancia, absolver de tal condena.

Quinto cargo

Dice así:

"Se acusa la sentencia del tribunal, por violación indirecta a la norma sustantiva laboral, por concepto de aplicación indebida del artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, incurriendo en error de hecho, en la medida que no valoró la Resolución 18 de fecha junio 28 de 2002, mediante la cual se le otorgó el derecho a pensión al accionante y el libelo de demanda, la cual fue presentada el 9 de agosto de 2005, para los efectos de esta acusación, de haberlo hecho no hubiese incurrido en el yerro de condenar a la demandada al pago de intereses moratorios y a la diferencia injusta e ilegal de la base pensional, pues desde la fecha de la resolución que le otorga el derecho al demandante, hasta aquella, había operado el fenómeno de la prescripción a que aluden las normas citadas para tales reclamaciones, y de ahí es violatoria la condena que por tales conceptos se hace a la demandad. Prescripción que fue alegada en la contestación de la demanda como excepción, y que el a quo consideró inocuo referirse a ellas por las razones que expuso para absolver a la demandada de todas las pretensiones de dicha demanda.

Pues, ya habían transcurrido más de tres años contados desde la resolución citada hasta la fecha de presentación de la demanda, es decir había operado la prescripción para reclamar las reliquidaciones demandadas, lo que debe conllevar a declararla por esa Sala, como fundado el cargo, proceder a quebrar la sentencia del tribunal y confirmar la sentencia de primera instancia".

La réplica

Expone deficiencias técnicas del cargo y alega que todas las demostraciones de los cargos no son más que un alegato.

Consideraciones de la Corte

Si el ad quem se refirió expresamente, en sus razonamientos, tanto a la demanda como a la resolución que concedió la pensión al actor, mal puede atribuírsele error de hecho alguno derivado de no valorar tales piezas procesales. Se debió plantear, entonces, la errada estimación de estas, con la argumentación propia de tal submotivo, que no puede la Corte, dado el carácter rogado del recurso, entrar a presumir o suponer, como tampoco en qué consistió dicho error de hecho, ya que la acusación lo pregona mas no singulariza o determina.

De otro lado, si el ad quem, a pesar de dispensar las pretensiones solicitadas, no estudió ni decidió las excepciones propuestas, el correctivo de tal circunstancia debió ejercitarse en instancia con los instrumentos procesales que el ordenamiento otorga al interesado, luego no es el ámbito del recurso de casación el procedente para confrontar una decisión que no se produjo, pues no es asimilable, entonces, el denegar una excepción con la ausencia de su trámite o resolución. Tampoco sobra acotar que el determinar si el término de prescripción corre, en el caso, desde la fecha en que el actor llegó a los 15 años de servicios, o desde cuando se celebró la conciliación, o desde cuando se profirió la resolución que reconoció la prestación, es cuestión jurídica, dirimible por vía directa y no fáctica.

El cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del actor, ante la presencia de réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 24 de mayo de 2007, en el juicio promovido por Luis Francisco Martínez Ramírez en contra de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., en liquidación, en cuanto a la condena impuesta por concepto de intereses moratorios. En sede de instancia SE ABSUELVE a la demandadag respecto de dicha pretensión. NO SE CASA en lo demás.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada, en un cincuenta por ciento.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».