Sentencia 33120 de diciembre 3 de 2009

 

Sentencia 33120 de diciembre 3 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 374

Magistrados Ponentes:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En primer término, debe hacerse hincapié en cómo la Corte, de manera pacífica y reiterada ha advertido la necesidad de que la demanda de casación comporte un mínimo rigor lógico jurídico y argumental, pues, no se trata de hacer valer una especie de tercera instancia que sirva de escenario adecuado a la controversia ya superada por los falladores de primero y segundo grados, en la cual se pretende anteponer el particular criterio o valoración probatoria, a aquel que sirvió de soporte a la decisión de los jueces a quo y ad quem, entre otras razones, porque a esta sede arriba la decisión judicial con una doble connotación de acierto y legalidad.

Se faculta, por ello, que la dicha presunción sea quebrada a través de criterios claros, lógicos, coherentes y fundados, derivados del compromiso de demostrar la violación en la cual incurrió el fallador, suficiente para echar abajo el contenido de verdad de la sentencia, en el entendido que, de no haberse materializado el yerro, otra hubiese sido la decisión y precisamente así se ofrece trascendente recurrir al mecanismo extraordinario de impugnación.

Teniendo como base estos criterios fundamentales, abordará la sala el examen de los cargos propuestos por los demandantes.

Sobre el cargo primero de las demandas

Como ya se advirtió, en atención a que el cargo primero de las demandas presentadas a nombre de las procesadas Doris Suárez Guzman y Omaira Arenas Ospina, coincide en sus presupuestos de hecho y de derecho, la Sala los analizará conjuntamente, advirtiendo desde ya que la alegación no concita un estudio de fondo que justifique su admisión, por las siguientes razones:

Aunque la Corte ha admitido que en casación la vulneración del principio de non bis in ídem puede alegarse, indistintamente, por las causales primera(1) o tercera(2), no puede perderse de vista que si dicho principio implica la prohibición de la doble valoración de un mismo aspecto con consecuencias en la configuración de la conducta punible o en la punibilidad, se precisa, de cara al fallo demandado, identificar dónde inicialmente se concretó dicha ponderación, en dónde se reiteró, y posteriormente entrar a enseñar que ésta no podía reiterarse debido a la identidad jurídica que comporta frente a la inicial.

En el presente evento, la alegación de la violación se queda en el mero enunciado, porque ninguno de los censores asume la base fáctica contenida en el fallo, ni ofrece una argumentación jurídica suficiente en orden a acreditar el yerro que denuncia.

Pero además, desconocen los demandantes que el punto debatido ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corte, que admite el concurso entre el terrorismo y otros delitos ejecutados con esos fines específicos.

Así, por ejemplo, en relación con el concurso entre terrorismo y homicidio agravado por los fines terroristas, en decisión del 22 de octubre de 2002(3), se expresó:

“Para que se configure el terrorismo, conforme al artículo 343 del Código Penal, ha menester tres elementos, a saber:

1) Que se provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o un sector de ella.

2) Que ese estado se logre mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o los bienes a que se refiere la disposición.

3) Que el agente se sirva de medios capaces de causar estragos.

“Como lo ha sostenido la Sala(4), “El delito de terrorismo se configura por la conjunción de conductas, medios y resultados, de manera que no basta con la sola obtención de un resultado consistente en provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a una parte de ella, sino que es necesario que ello se logre a través de actos que amenacen ‘la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices’, y valiéndose de medios aptos para ocasionar estragos”.

“En cambio, para que se tipifique el homicidio con fines terroristas basta que se cometa con la intención adicional de producir terror, esto es, provocar o mantener en estado de intranquilidad o pavor a la población o a un sector de ella, pero sin que sea necesario que ese propósito especial se cumpla, ni tampoco que la conducta homicida esté rodeada de los medios y modalidades que especifican el punible de terrorismo.

“Es decir, que si se mata con el ánimo especial de provocar o mantener en estado de intenso miedo y desasosiego a la población o a una parte de ella, se tipifica el homicidio agravado, así no se logre atemorizar a los habitantes y así no se utilicen instrumentos que puedan causar daños considerables, ni se cree un peligro común para las personas o los bienes.

“Es obvio que si el homicidio se comete con la finalidad de provocar o mantener un estado de terror en la población y, además, en la conducta contra la vida se utilizan artefactos capaces de producir daños de gran magnitud (explosivos, inflamables, asfixiantes, etc), en forma tal que considerando las circunstancias temporo-espaciales y modales se crea un peligro común para las personas o los bienes, atentándose no sólo contra la vida sino contra la tranquilidad y seguridad públicas, se estará en presencia de un concurso de homicidio con fines terroristas y de terrorismo (C.P., arts. 104.8 y 343).

“Si para la tipificación del primero se exigiera, como lo pretende uno de los colisionantes, que su comisión estuviera acompañada de los medios ofensivos y actos amenazantes que individualizan el reato de terrorismo, se tendría que concluir que el punible contra la vida, que es materia de análisis, no tiene autonomía, sino que siempre tiene que concurrir con el segundo, lo que, como es obvio y como emana de la redacción de la norma y de la naturaleza de los bienes jurídicos tutuledos, no fue el propósito del legislador”(se ha resaltado).

Por lo tanto, si el homicidio o las lesiones personales con fines terroristas conllevan, además del atentado contra la vida, la puesta en peligro efectivo de otros bienes jurídicos como la seguridad y la tranquilidad públicas, que el sujeto agente amenaza utilizando artefactos con capacidad para producir daños de considerable magnitud, siempre que las circunstancias temporo-espaciales y modales de realización de la conducta criminal representen peligro común o general para las personas o sus bienes, habrá un concurso de delitos con terrorismo, sin que ello implique vulneración al non bis in idem, porque no se trata de una doble valoración, sino de la concurrencia de los presupuestos señalados en el artículo 31 del Código Penal para que opere el concurso de conductas punibles.

En consecuencia, como de entrada se vislumbra la falta de razón de los demandantes en la formulación del cargo, de acuerdo a lo anunciado se inadmitirá para ambas demandas.

2. Demanda a nombre de Doris Suárez Guzmán.

Segundo cargo

Dos son las falencias que conducen, desde ya debe anotarse, a la inadmisión del segundo cargo planteado por el defensor de la procesada Doris Suárez. La primera dice relación con la completa legalidad que reviste la diligencia de reconocimiento fotográfico; y la segunda, con la absoluta falta de demostración de trascendencia del yerro.

Respecto del primero de los tópicos relacionados, es necesario precisar que, a pesar de lo anotado por el recurrente, la diligencia realizada el 9 de mayo de 2003, comporta absoluta legalidad, pues, se siguieron cabalmente las exigencias que para su realización contempla el artículo 304 de la Ley 600 de 2000.

Sobre el particular, es necesario precisar que por ocasión de la decisión de Rigoberto García Quintero, de colaborar en el descubrimiento de los demás partícipes en el acto terrorista, se le llamó, no en calidad de procesado, sino como testigo, a rendir declaración jurada y posteriormente a adelantar la diligencia de reconocimiento fotográfico en la que señalase a los miembros de la facción insurgente.

Acorde con ello, al acto en cuestión acudió no sólo el procurador, sino una defensora de oficio, quien, así se anota al inicio del acto, actuaba “únicamente para ésta diligencia”.

Y esa defensora no actuaba específicamente en representación de alguien, precisamente porque hasta ese momento ninguna de las mujeres allí reconocidas, y particularmente Doris Suárez Guzmán, había sido vinculada formalmente al proceso, dado que se desconocía su identidad.

Fue por ocasión del reconocimiento efectuado por el testigo, que se dispuso la diligencia de identificación posterior, la cual (cdno. 3, fls. 183) arrojó resultados positivos el 9 de mayo de 2003, generando ello la orden de captura expedida en contra de la procesada.

En las condiciones descritas, la Sala entiende que la designación de defensora operaba, no a favor del testigo, sino abierta para atender los intereses de los eventuales reconocidos en la diligencia, a la que, debe relevarse, también asistió el procurador en aras de verificar su legalidad y respeto por los derechos de los vinculados.

Y si ello es así, mal puede el impugnante referir una supuesta colusión o conflicto de intereses de la defensora, cuando, se repite, ella actuaba sólo para verificar la legalidad de esa diligencia en concreto y nada se expone para soportar que de verdad entre los reconocidos existiesen, para ese momento, intereses encontrados o incompatibles.

Por lo demás, dejando de lado la sola enunciación que en abstracto hace el casacionista acerca de esa supuesta colusión, nada desarrolla él para demostrar que algún derecho o garantía en concreto le fue violado a su representada legal por la forma en que se desarrolló la diligencia examinada.

Ya abordado el tema de trascendencia, es claro que la crítica postulada por el demandante se queda en el mero enunciado, pues, si se aceptase, en gracia de discusión, que la prueba en comento adolece de yerros que la tornan ilegal en su producción, ello no es suficiente para admitir el cargo, en tanto, era menester que se estableciese fehacientemente el efecto producido por la invalidez solicitada, en torno de la totalidad de pruebas recabadas, explicando cómo esa invalidación deja sin piso la acusación o, cuando menos, reporta circunstancia favorable a la condición sub iudice de la procesada.

Sobre el particular, el recurrente, sin siquiera abordar las decisiones de instancia y el fundamento probatorio tomado en cuenta allí para definir la responsabilidad penal de la acusada, de su propia cosecha asume que el reconocimiento en cuestión fue el pilar fundamental de la condena y también bajo su particular óptica demerita los demás elementos de incriminación que acepta se recabaron en contra de su representada legal.

Se priva, así, a la Corte de conocer específicamente cuáles fueron las pruebas y razonamientos que fundaron la sentencia de condena, tópico fundamental para efectos de verificar si en efecto la eliminación de la prueba de reconocimiento fotográfico tiene tal trascendencia que obliga mutar lo decidido, ante la inexistencia de otros elementos de juicio que soporten la afirmación de responsabilidad penal.

En consecuencia, como se anotó al inicio, sea porque no se demostró que la prueba fuese ilegal, o en razón a que tampoco se determinó adecuadamente la trascendencia del supuesto yerro, se hace necesario inadmitir este segundo cargo, ante las carencias de fundamentación que lo signan.

Demanda a nombre de Omaira Arenas Ospina

Cargo segundo

De entrada debe relevar la Corte la impropiedad del cargo postulado por la demandante, como quiera que confunde la vía impugnaticia, al desconocer la naturaleza y efectos del error de hecho por falso juicio de existencia.

Sobre el particular, cabe recordar, como reiterada y pacíficamente lo ha señalado la Corte, que el falso juicio de existencia opera objetivo cuando el fallador deja de lado totalmente un medio probatorio allegado al proceso de manera legal, regular y oportuna —falso juicio de existencia por omisión—, o relaciona como fundamento de la decisión un elemento de prueba que no tiene existencia real —falso juicio de existencia por adición—.

Si ocurre entonces, como lo predica la impugnante, que el tribunal efectivamente tomó en cuenta el medio en cuestión, tanto que se cita un apartado del fallo donde expresamente el Ad quem se refiere al mismo y lo significa bastión importante del fallo, mal puede aducir, a manera de soporte de la crítica, que no se analizó lo dicho por el testigo o testigos, evidente como surge que la omisión objetiva —desconocer en lo absoluto la existencia del medio— nunca tuvo lugar.

Podría, así, asumirse que lo buscado entronizar no refiere al falso juicio de existencia, arriba desechado, sino a un falso juicio de identidad, producto de que el fallador cercena, adiciona o tergiversa en algo el contenido objetiva de una prueba.

Si ello fuese así, la demostración del yerro obliga del recurrente transcribir en su totalidad el contenido de la prueba —testimonial para el caso— y contrastarla con lo que específicamente leyó de la misma el tribunal, pues, en virtud de su naturaleza eminentemente objetiva, la auscultación del vicio opera si requiere elemental, bastándole al observador con verificar la contrastación para advertir inconcuso en dónde radiada la supresión, adición o tergiversación de lo dicho por el testigo.

No es ello, empero, lo que aquí sucede, pues, en desarrollo de su crítica la demandante cita fragmentariamente algunos apartados de lo dicho por dos de los testigos y de ello concluye que el tribunal pasó por alto sus dichos, no citando lo que sobre el particular analizó el fallo, sino apenas el apartado final en el que significa valiosa su atestación.

Desconoce la Sala, por ello, cómo fueron abordados por el tribunal esos testimonios y, desde luego, cuál es el apartado concreto que pudo haber sido suprimido, adicionado o tergiversado.

Por último, si lo que pretende la demandante es advertir que en la valoración de las pruebas el ad quem vulnero las reglas de la sana crítica, incurriendo en un error de raciocinio, era necesario, como también se tiene decantado desde antaño, que especificase cuál fue el principio lógico, postulado científico o norma de la experiencia indebidamente aplicado, cuál es el correcto y cómo influye ello, subsanado el error, en la integridad de la aprueba, al punto de obligar modificar la decisión a favor de su representada legal.

En suma, el ejercicio de fundamentación de la impugnante se limitó a citar un apartado de lo declarado por dos testigos, para soportar así que el tribunal no contaba con elementos de juicio suficientes en pro de la condena, sin especificar siquiera cuáles fueron los medios tomados en consideración por el fallador, o de qué forma argumentó respecto de ellos para soportar la decisión que se critica.

Inevitable se ofrece, acorde con lo anotado, la inadmisión del segundo cargo.

Tercer cargo

En primer lugar, debe destacar la Sala que lo aducido por la recurrente respecto de la prueba pericial parte de un equívoco evidente en torno de lo examinado por la experta y sus conclusiones.

En efecto, se halla claro que a través del oficio 649 del 20 de octubre de 2003, la Fiscalía pidió a la fonoaudióloga adscrita al DAS, Mercedes Forero, analizar “veinticuatro (24) cassettes de audio”.

La experta respondió el 13 de noviembre de 2003, mediante oficio 59017CRI.323 V.574, advirtiendo la imposibilidad de realizar cotejo de voces, dado que las cintas presentaban deficiencias audio acústicas.

Posteriormente, a través de oficio datado el 16 de febrero de 2004, la Fiscalía solicita al DAS, se analice el contenido de un solo cassette, junto con su transcripción, conteniendo “conversación telefónica sostenida entre Irma y Omaira el día 17 de enero de 2003 abonado telefónico 3328330”, a efectos de que se analizase la calidad de tal grabación y establecer si es susceptible de cotejo.

Y, en efecto, a través de oficio 22042 CRI.046-V.592, del 8 de marzo de 2004, la experta concluyó no sólo la aptitud de la grabación para contrastar su contenido, sino el avenimiento del mismo con las voces indubitadas —previa diligencia de toma de muestra de voces llevada a cabo por la misma fiscal especializada el 26 de febrero de 2004— de Omaira Arenas y Estella Irma Restrepo Arboleda.

Como se aprecia del recuento efectuado en precedencia, el objeto de las dos experticias es completamente diferente, razón por la cual carece de sustento fáctico el cargo formulado por la representante legal de la acusada Omaira Arenas.

Por lo demás, la manifestación de que no se allegaron transcripciones del contenido de los cassettes asoma insular en sus efectos, dado que no se indica por qué esa omisión redunda en irregularidad o traduce la ilegalidad de la prueba. Y si se mira bien, es claro que el cassette examinado por la experta y que diera lugar al informe del 4 de marzo de 2004, si cuenta con transcripción literal de su contenido más importante.

De igual manera, observa la Sala que la crítica intentada por la impugnante desborda el marco de la causal alegada, como quiera que el tema no remite a que la solicitud, aducción o práctica de pruebas operase en contra de lo que la ley dispone, sino a la valoración que puede darse a las conclusiones del peritaje, en contrastación con la supuesta imposibilidad de obtener registros adecuados de voz.

En otras palabras, si el fondo de lo discutido es que la fonoaudióloga no contaba con elementos de juicio aptos o suficientes para llegar a su conclusión, el mecanismo de controversia no puede ser el de la ilegalidad del dictamen, sino la directa evaluación de los medios utilizados, el tipo de examen realizado y la justeza de lo concluido, que remite a errores in iudicando completamente ajenos a los de derecho y necesariamente implican abordar el fondo de la prueba, controvirtiendo su apego a la sana crítica, en particular, a los dictados de la ciencia.

Por último, la casacionista omite definir adecuadamente la trascendencia del yerro, necesario para que el debate supere el simple espectro académico.

En este sentido, no puede bastar, para evaluar el impacto que la eliminación del medio de prueba supuestamente ilegal tiene sobre la decisión atacada, con significar que el tribunal estimó trascendente el medio criticado, pues, a pesar de que se entienda importante la prueba, es posible que con otras igualmente relevantes, sea factible sostener la decisión de condena.

Por consecuencia de lo anotado, era necesario que la recurrente abordara en conjunto todos los elementos suasorios tomados en cuenta por el ad quem para sostener su fallo y emprendiera el ejercicio analítico de examinarlo desde la perspectiva de la prueba desechada, para argumentar que sin ella, lo restante es insuficiente. Sólo así adquiriría valor material y no sólo formal su afirmación de que “sin la inclusión y valoración de este medio de convicción no se hubiera proferido sentencia condenatoria”.

Acorde con lo anotado, deberá inadmitirse en su totalidad la demanda de casación presentada a nombre de Omaira Arenas Ospina.

De la prescripción de la acción penal en relación con algunos de los delitos imputados a los procesados.

De conformidad con las reglas de prescripción previstas en los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000, la acción penal por algunos de los ilícitos por los cuales se condenó a Omaira Arenas Ospina, Estella Irma Restrepo Arboleda, Doris Suárez Guzmán y Hernando Pérez, esto es, las dos primeras como coautoras de rebelión y cómplices de lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno agravado, la siguiente como autora de lesiones personales, rebelión y daño en bien ajeno agravado, y el último como autor de utilización ilegal de uniformes e insignias, prescribieron el 2 de junio de 2009, pues la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 2 de junio de 2004, según se hizo constar en los antecedentes reseñados, por lo que, entonces, al día siguiente comenzó a correr el lapso prescriptivo por un término igual a la mitad del máximo de la sanción establecida para cada uno de los punibles en cuestión, pero no inferior a cinco (5) años, tiempo éste que se cumplió cuando se encontraba el proceso en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín surtiéndose el traslado para la presentación de las demandas de casación respectivas.

En efecto, en lo que atañe a las señoras Arenas Ospina y Restrepo Arboleda, el ilícito de Rebelión está sancionado con pena máxima de 9 años (L. 599/2000, art. 467) y las lesiones personales agravadas con prisión de 30 meses, en el caso del artículo 112, inciso primero, y 10 años en el evento del artículo 114, inciso segundo, del Código Penal de 2000, ambos en armonía con los artículos 119 y 30, inciso segundo, ibídem, y Daño en bien ajeno agravado con sanción de 75 meses (arts. 265, 267 y 30, inc. segundo, ídem); en cuanto a Doris Suárez Guzmán, las Lesiones personales agravadas con prisión de 36 meses (L. 599/00, art. 112, inc. primero), la rebelión con pena de 9 años y el daño en bien ajeno agravado con sanción de 90 meses, y en relación con Hernando Pérez, la utilización ilegal de uniformes e insignias con pena máxima de 6 años de prisión (art. 346).

En estas condiciones, abatido por el tiempo el ius puniendi de que es titular el Estado, no queda a la Sala alternativa diferente a la de declarar la prescripción, fenómeno que impide el ejercicio de la acción penal en cualquiera de las fases o sedes del proceso penal y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal de 2000, se decretará la cesación del procedimiento adelantado en contra de Hernando Pérez.

Como consecuencia de la decisión se cancelarán las eventuales medidas restrictivas personales o sobre bienes que se hayan impuesto a los procesados en cita.

Ahora bien, como consecuencia de la prescripción, por razón de este proceso, al señor Hernando Pérez no se le requiere y de ello se informará a la dirección del establecimiento carcelario donde se encuentra privado de la libertad y al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigila la pena que cumple en la actualidad.

De la redosificación de la pena

Como quiera que en líneas anteriores se dispuso decretar la extinción de la acción penal respecto de algunos delitos, dada la ocurrencia del fenómeno jurídico de la prescripción, se hace necesario proceder a readecuar la pena impuesta, respetando, desde luego, los criterios tomados en cuanta por el a quo para el efecto.

Así, respecto de Doris Suárez Guzmán, el fallador decidió imponer por uno de los delitos de homicidio agravado, un monto de pena de 26 años, a lo cual agregó, por razón del concurso de conductas punibles, 2 años más por los otros 4 homicidios; 1 año por cada uno de los tres delitos de lesiones personales; 6 meses por el delito de daño en bien ajeno; 18 meses por el punible de terrorismo; y 1 año por la conducta ilícita de rebelión.

Como se decretará la prescripción por los delitos de daño en bien ajeno, rebelión, y una de las lesiones personales (L. 599/2000, art. 112, inc. 1°), se descuenta de la pena final de 40 años impuesta a Doris Suárez Guzmán, el total de 2 años (respecto de la rebelión y el delito de lesiones personales, que se incrementaron en un año cada uno) y 6 meses (atinentes al daño en bien ajeno), hasta desembocar en pena final de 37 años y 6 meses de prisión, que será la pena final a descontar por la acusada.

En lo que atiende a la sanción pecuniaria, advierte la Corte que el delito de terrorismo por sí solo consagra pena entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos legales mensuales.

Sin embargo, el funcionario judicial, desconociéndose el motivo para ello, apenas ordenó el pago de 45 salarios mínimos legales mensuales, englobando en ello la multa que también se instituye en los punibles de rebelión y daño en bien ajeno.

Hallándose claro que esa sanción pecuniaria es inferior al mínimo que debería imponerse por el delito de terrorismo, sin consideración a los concurrentes, ninguna modificación se hará en respeto al principio de no reformatio in pejus.

Ahora bien, en lo que toca con las procesadas Omaira Arenas Ospina y Estella Irma Restrepo Arboleda, el juzgador a quo partió de la pena base de 15 años de prisión, por uno de los delitos de homicidio agravado, cometido en el grado de complicidad. A ello sumó 1 año por cada uno de los cuatro ilícitos de homicidio concurrentes; 6 meses de prisión por cada uno de los tres ilícitos de lesiones personales; 3 meses por el delito de daño en bien ajeno; 9 meses por el terrorismo; y 6 meses por la conducta punible de rebelión.

Dado que se declarará la prescripción de los delitos de rebelión, en calidad de autoras, y la complicidad en los punibles de lesiones personales y daño en bien ajeno, debe descontarse de la pena impuesta de 22 años de prisión, un total de 7 años de prisión, que corresponde a la suma de lo agregado por las conductas en cita, hasta desembocar en sanción final a descontar por las acusadas, de 15 años de prisión.

Respecto de la multa se presenta el mismo fenómeno atrás relacionado cuando se delimitó la pena a descontar por Doris Suárez Guzmán, así que permanecerá incólume el total de 21 salarios mínimos legales mensuales consignado en el fallo.

Se rebajará, eso sí, la sanción accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por igual monto al de la pena de prisión, 15 años, en lo que atiende a Estella Irma Restrepo Arboleda y Omaira Arenas Ospina.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR las demandas de casación presentadas por los defensores en nombre de Doris Suárez Guzmán y Omaira Arenas Ospina, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.

2. Declarar prescrita la acción penal en la presente actuación, adelantada en contra de Omaira Arenas Ospina y Estella Irma Restrepo Arboleda por los delitos de lesiones personales agravadas (L. 599/2000, arts. 112, inc. primero, 114, inc. segundo, y 119), daño en bien ajeno agravado (arts. 265, 267, nums. 1º y 2, y 119, ibídem) y rebelión (art. 467 ib.); Doris Suárez Guzmán por los punibles de Lesiones personales agravadas (artículos 112, inciso primero, ídem), daño en bien ajeno agravado (arts. 265, 267, numerales 1º y 2º, y 119, del código en cita) y rebelión (art. 467 ibídem), y Hernando Pérez por el ilícito de utilización ilegal de uniformes e insignias (C.P., /2000, art. 346).

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar la cesación del procedimiento seguido contra los mencionados acusados y por los delitos indicados.

4. Ordenar la cancelación de las eventuales medidas restrictivas personales y sobre los bienes que se hayan impuesto a Arenas Ospina, Restrepo Arboleda, Suárez Guzmán y Pérez, por razón de los ilícitos en cuestión.

Consecuentemente, por razón de este proceso al señor Hernando Pérez no se le requiere y de ello se informará a la dirección del establecimiento carcelario donde se encuentra privado de la libertad y al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigila la pena.

5. Como consecuencia de las prescripciones decretadas, se readecuan las penas principal y accesoria impuestas en las instancias, así:

Doris Suárez Guzmán: se fija la pena privativa de la libertad en treinta y siete (37) años y seis (6) meses de prisión y la multa en cuantía de 45 salarios mínimos legales mensuales, por los delitos de homicidio agravado (L. 599/2000, arts. 103, 104-8), lesiones personales agravadas (arts. 111, 114 y 119 ibídem) y terrorismo (art. 343 ib.).

Omaira Arenas Ospina y Estella Irma Restrepo Arboleda: se fija la prisión en quince (15) años y la multa en 21 salarios mínimos legales mensuales, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en quince (15) años, por los delitos de Homicidio agravado (C.P./2000, arts 103, 104-8) y terrorismo (art. 343 ídem).

En lo demás se mantiene incólume el fallo.

6. Contra la declaratoria de prescripción procede el recurso de reposición y contra la inadmisión de las demandas no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Cfr. Auto del 21 de marzo de 2007. Auto Radicado 26591.

(2) Cfr. Auto del 12 de mayo de 2004. Radicado 19543.

(3) Radicado 20015.

(4) Ver, entre otras, auto colisión de competencia, 19/12/00, rad.17700, y auto 29/03/01, Rad 1.7264.