Sentencia 33124 de febrero 11 de 2010

 

Sentencia 33124 de febrero 11 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33124

Aprobado Acta 041

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., febrero once de dos mil diez.

Vistos

La Corte desata el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y el Ministerio Público contra la decisión adoptada el 19 de noviembre de 2009 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, a través de la cual negó la exclusión del postulado Libardo Duarte solicitada por el ente acusador, para por el contrario, disponer que continúe vinculado al trámite gobernado por la referida legislación, amén de que también ordenó excluir de este procedimiento el homicidio de Carlos Alberto Panesso Jaramillo, ocurrido el 15 de marzo de 2006, disponiendo remitir tales diligencias a la justicia ordinaria a fin de que se haga efectiva la pena impuesta.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

Según la preceptiva del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, esta colegiatura es competente para desatar la impugnación propuesta, pues se dirige contra un auto proferido por la Sala(1) de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en el cual declaró improcedente la exclusión del postulado, solicitada por la Fiscalía.

Ab initio es pertinente efectuar un recorrido en el tiempo acerca de las actuaciones y comportamientos de Libardo Duarte, necesario para establecer el ámbito normativo que ha regido cada una de sus actividades como sigue.

(i) El 24 de julio de 2003 Libardo Duarte se desmovilizó y suscribió el acta de dejación de armas, para someterse a las reglas de la Ley 418 de 1997, modificada para tal época por legislaciones posteriores.

(ii) El 15 de marzo de 2006 causó la muerte a Carlos Alberto Panesso Jaramillo, cumpliendo órdenes de Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, comandante de un grupo paramilitar de Puerto Berrío.

(iii) El 14 de junio de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín profirió fallo anticipado, condenándolo a dieciocho (18) años de prisión por el referido delito, en concurso con el de porte ilegal de armas.

(iv) El 11 de julio de 2007 solicitó al Gobierno Nacional su inclusión en el listado de postulados en aplicación de la Ley 975 de 2005.

(v) El 12 de junio de 2008 fue incluido en la lista de postulados.

(vi) Durante la versión que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2008, el postulado expresó su interés en acogerse a los términos de la Ley 975 de 2005.

(vii) En las versiones rendidas en diciembre de 2008, febrero y mayo de 2009, confesó la comisión del delito de homicidio por el cual ya había sido condenado.

Del anterior recuento puede advertirse que el homicidio por el cual fue condenado Libardo Duarte ocurrió con anterioridad al 11 de julio de 2007, fecha en la cual solicitó su inclusión en la lista de postulados, también con antelación al 12 de junio de 2008 para cuando fue incluido en el listado, y desde luego, antes de que expresara en la versión rendida el 16 de diciembre de 2008, su interés en acogerse a lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz.

Por tanto, en el caso de la especie se constata que no se trata del supuesto de reticencia del desmovilizado a comparecer luego de iniciada la fase judicial del proceso de justicia y paz adelantado en su contra(2), sino de una situación en la cual, luego de comprometerse Libardo Duarte en los términos de la Ley 418 de 1997 y demás preceptos que la modificaron, pero antes de ser postulado por el Gobierno Nacional y hacer explícito su interés en someterse a la normativa de la Ley 975 de 2005, cometió un homicidio cumpliendo órdenes dentro de la estructura paramilitar de Puerto Berrío, de la cual hacía parte.

Considera la Sala que situaciones como la analizada fueron previstas por el legislador en el artículo 20 de la citada legislación de 2005, al establecer:

“Acumulación de procesos y penas. (...) Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas [pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley]”(3) (resaltados fuera de texto).

Coincide la corporación con lo expuesto por el tribunal, en el sentido de que antes de su sometimiento a las condiciones de la Ley 975 de 2005, no podía exigírsele al postulado Libardo Duarte que cumpliera con los requisitos dispuestos en ella, pese a que se hubiera desmovilizado con fundamento en lo establecido en la Ley 418 de 1997, pues una y otra normatividad responden a finalidades sustancialmente diversas.

En efecto, el objeto de aquella es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, mientras que el de la Ley 418 de 1997 apunta a “dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los tratados internacionales aprobados por Colombia”.

Además se tiene que el temor de la Fiscalía, referido a que la pena de dieciocho (18) años de prisión impuesta en razón del concurso de delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, pueda ser “lavada” con la pena alternativa, carece de asidero, si se tiene en cuenta que precisamente la Corte Constitucional puntualizó al respecto en la citada Sentencia C-370 de 2006:

“Este segmento (‘pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley’, se aclara) elimina completamente las condenas impuestas por hechos delictivos cometidos con anterioridad a la desmovilización, puesto que condiciona la acumulación jurídica de penas a partir de la cual ha de determinarse en la sentencia la pena ordinaria cuya ejecución habrá de ser suspendida. Tal supresión total de la condena previa equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado” (subrayas fuera de texto), motivo por el cual declaró la inexequibilidad del referido aparte.

A su vez, en desarrollo de la citada posición jurisprudencial, el Decreto 3391 de 2006, en su artículo 10, detalla la forma en que opera la acumulación jurídica de penas para tales casos.

Adicionalmente se tiene que ya en auto del 12 de febrero de 2009. Radicado 30998, la Sala indicó:

“Respecto de los beneficios consagrados en la Ley de Justicia y Paz, o mejor, de los hechos que pueden ser objeto del tratamiento especial consagrado en Ley 975 de 2005, se ofrecen también tres escenarios diferentes, a saber: 1. Hechos que no han sido investigados y son confesados por el desmovilizado en la audiencia de versión libre, o verificados por la Fiscalía con posterioridad; 2. Hechos que están siendo investigados por otra jurisdicción; y 3. Hechos que ya han sido objeto de pronunciamiento judicial por vía ordinaria, con condena”.

“Todos estos escenarios exigen, como factor aglutinante necesario, que la conducta, tal cual lo consagran los artículos 2º y 10 de la Ley 975 de 2005, haya sido cometida ‘... durante y con ocasión de la pertenencia ...’ a los grupos desmovilizados al margen de la ley”.

(...).

“3. Por último, ese mismo artículo 20 de la Ley 975 de 2005, permite la acumulación de penas, en los casos en los cuales ya la justicia ordinaria condenó al postulado por conductas ejecutadas en curso y por ocasión de la pertenencia de este al grupo armado al margen de la ley”.

“La norma, debe relevarse, fue estudiada en su constitucionalidad por la Corte Constitucional(4), declarando inexequible el apartado en el cual se eliminaba completamente la pena impuesta en el proceso ordinario, y advirtiendo que esa sanción debía acumularse a la que corresponda por los delitos investigados en trámite de justicia y paz” (resaltados fuera de texto).

De conformidad con las razones precedentes, considera la corporación que la providencia impugnada debe ser confirmada, pues de una parte, no existe razón para desvincular a Libardo Duarte del proceso de justicia y paz adelantado en su contra, y de otra, resultaba necesario excluir de este procedimiento lo relacionado con las conductas punibles realizadas por ser miembro de grupos armados ilegales, por las cuales ya fue condenado, a fin de que se ejecuten las penas impuestas, amén de que en su momento se procederá a la respectiva acumulación jurídica de las sanciones derivadas de tales delitos y de aquellos por los cuales aquí se proceda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de primera instancia en cuanto fue objeto de impugnación, por las razones expuestas en la anterior motivación.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Por tratarse de una solicitud de exclusión a instancia de la Fiscalía, el asunto debe ser resuelto por la Sala y no por un magistrado. Cfr. Auto del 11 de marzo de 2009. Radicado 31162.

(2) Auto del 11 de marzo de 2009. Radicado 31162. Criterio reiterado en auto del 15 de abril de 2009. Radicado 31181.

(3) El aparte entre corchetes fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006.

(4) Sentencia C-370 de 2006.