Sentencia 33133 de junio 30 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 206

Magistrada Ponente:

Dr. María Del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., treinta de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Como quedó reseñado en el acápite precedente, el Juez Penal del Circuito de Garagoa concluyó el juicio oral el 25 de marzo de 2009, anunciando que el sentido del fallo sería de carácter condenatorio, tras lo cual convocó a las partes para el día 8 de mayo siguiente con el fin de llevar a cabo la audiencia de lectura de la sentencia, fecha en que, efectivamente, se produjo ese acto procesal, en cuyo desarrollo se abstuvo de condenar al acusado al pago de perjuicios, con el argumento según el cual la víctima no formuló el respectivo incidente de reparación.

Pues bien, el precepto contemplado en el artículo 106 de la Ley 906 de 2004 establece que la solicitud de inicio del incidente de reparación integral caduca treinta (30) días después de haberse anunciado el fallo de responsabilidad penal. En este sentido, se observa la existencia de contradicción normativa con respecto a lo dispuesto en el artículo 447 ibídem, pues esta última preceptiva habla de quince días calendario para proferir el fallo, el cual debe incorporar la decisión que pone fin al incidente de reparación integral.

Sin embargo, frente a tal contradicción ya se ha ocupado la Sala, al señalar que el lapso aplicable es el establecido en el citado artículo 106, interpretación que armoniza con los derechos de las víctimas, especialmente el de reparación y con el criterio de ponderación contemplado en la norma rectora 27, “sin que esa fórmula protectora de los intereses de aquella redunde en perjuicio de los derechos del acusado, tal como lo prohíbe el artículo 133, inciso 2º, como que este no sería afectado con ese procedimiento, pues de no estar privado de libertad en ese estado proseguiría luego del anuncio del sentido del fallo o de aprobado el preacuerdo, según el caso (conforme lo autoriza el art. 450), y si lo está, puede ser liberado en esas mismas oportunidades de surgir procedente la concesión de un subrogado, tal como lo regula el artículo 451”(1).

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Sala, cuando el anuncio del sentido de fallo es de carácter condenatorio y los delitos por los cuales se procede permiten indemnización de perjuicios, previo a dictar el fallo correspondiente se debe correr el término de 30 días para que las víctimas, sus representantes, el Ministerio Público o la Fiscalía, conforme al artículo 102, promuevan el incidente de reparación integral.

En consecuencia, si el anuncio del sentido de fallo es exclusivamente absolutorio, como es obvio, no opera esta regla, pues no surge interés indemnizatorio y, por consiguiente, la decisión debe ser proferida con sujeción al artículo 447, esto es, antes de quince días, como así lo recalca el parágrafo de esa misma preceptiva.

Y, en el primer supuesto, si el incidente se solicita por alguno de los intervinientes facultados y finaliza con antelación al vencimiento de los treinta días referidos en el artículo 106 —como puede ocurrir en los supuestos del inciso tercero del artículo 103 e inciso primero del 104 cuando las partes llegan a un acuerdo conciliatorio— no es necesario agotar este lapso en su totalidad para proferir el fallo, siempre y cuando este, desde luego, incorpore lo decidido en relación con el incidente.

Dentro de la pluralidad de opciones también puede suceder que el fallo tarde más de los 30 días previstos en el artículo 106 para instaurar el incidente de reparación integral, cuando una vez promovido este, su decisión se posterga más allá de ese hito, pues —se insiste—, conforme a las preceptivas legales referidas, la sentencia debe incorporar dicho pronunciamiento(2).

Desde luego, el referido término se contabiliza considerando solamente los días hábiles, conforme lo tiene establecido esta corporación(3), criterio que se ratifica con lo expuesto en la sentencia del 4 de febrero de 2009(4), donde se señaló que mente(sic) en días hábiles, salvo si se trata de presentación de cuando las actuaciones se surten ante los jueces de conocimiento el conteo se hace únical(sic) escrito de acusación por parte de la Fiscalía y de la situación regulada en el artículo 294 de la Ley 906 de 2004, eventualidades en las cuales los términos se cuentan de manera continua o ininterrumpida.

Al respecto, se tiene que el incidente de reparación se promueve ante los jueces de conocimiento, luego se trata de días hábiles.

Tal entendimiento se encuentra, por lo demás, en armonía con lo dispuesto en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, norma al amparo de la cual: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario...”. En el caso del artículo 106 de la Ley 906 de 2004 solamente se habla de días, es decir, no existe precisión en el sentido de incluir los días inhábiles, razón por la cual frente al término allí previsto resulta perfectamente aplicable la regla establecida en el precitado artículo 62.

En esas condiciones, surge incuestionable que cuando se profiere el fallo condenatorio sin haberse otorgado al ofendido, o a los sujetos legitimados a su nombre, el lapso de 30 días hábiles previsto para instaurar el incidente de reparación integral desde la terminación del juicio oral, tal situación comporta afectación del debido proceso y de los derechos de las víctimas. Sobre esto último, sostuvo la Sala al resolver un asunto sustancialmente similar al presente, lo siguiente:

“Los derechos de las víctimas tienen rango constitucional (art. 250, nums. 6º y 7º) y su derecho de postulación es una clara expresión del de acceso a la administración de justicia. Por consiguiente, dentro del proceso deben contar con oportunidades efectivas para hacer valer sus derechos(5), y los plazos que para ese propósito estableció el legislador deben ser respetados a plenitud por el funcionario judicial. Recuérdese que su intervención ha sido ampliamente reconocida por la jurisprudencia constitucional, que les ha garantizado su participación en aspectos medulares del proceso y les ha reconocido facultades en materia probatoria, en relación con el principio de oportunidad, frente a la decisión de preclusión y a la impugnación(6).

Ahora, la actuación oficiosa del juez rompe con el esquema adversarial del nuevo sistema. Para efectos de la reparación, el legislador de 2004 previó el incidente de reparación integral (arts. 102 y ss.), que tiene lugar una vez emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y el cual se iniciará por solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, a instancia de aquella.

De manera pues que para que se inicie el incidente es necesaria la existencia de una solicitud expresa. No es de iniciativa del juez ni puede ser adelantado de oficio, su promoción pertenece a la víctima.

La ley entregó a la víctima la facultad de promover la reparación(7), por lo que de no ejercerla se perderá la oportunidad de hacerlo dentro del proceso penal, sin que ello signifique que no pueda acudir a otra instancia jurisdiccional con el propósito de obtener su reconocimiento.

(...) De manera que es la víctima la que tiene el derecho y el deber de manifestar cuál fue el daño causado con la conducta punible, fundamentarlo y probarlo.

El pronunciamiento apresurado de la sentencia de primera instancia y la intervención oficiosa del juez de conocimiento afecta el derecho de las víctimas y, por contera, el debido proceso”(8).

En el caso sometido a decisión de la Sala, deviene evidente la vulneración del debido proceso y de los derechos de quienes resultaron víctimas con el accionar del procesado Wilson Marín Quiroga, específicamente el de obtener una reparación integral por el daño irrogado, en los términos del artículo 11 de la misma normatividad(9), por haber proferido el fallo condenatorio sin que transcurriera en su totalidad el lapso previsto en el artículo 106 ibídem del que disponían para solicitar el inicio del incidente de reparación integral.

En efecto, el anuncio del sentido del fallo ocurrió el 25 de marzo de 2009. Por su parte, la lectura de mismo se produjo el día 8 de mayo siguiente. Es decir, transcurrió entre una y otra fecha veintiséis (26) días hábiles, faltando entonces para cumplirse la totalidad del término previsto en la ley cuatro (4) días hábiles.

El proceder del a quo desconoce el avance que han adquirido los derechos de las víctimas que, en buena medida, justificó la implementación del sistema penal acusatorio, según se consignó en la exposición de motivos del proyecto que a la postre culminó con la expedición de la Ley 906 de 2004:

“Esta concepción limitada de los derechos de las víctimas (la establecida en la L. 600/2000, se aclara), común en los sistemas penales tradicionales en cuanto las relega a una posición marginal de cara al proceso penal, ha venido sufriendo una transformación sustancial al punto que en la actualidad el derecho de las víctimas de los delitos surge como uno de los desafíos de la comunidad jurídica, el cual exige cambios estructurales tales como la implementación de instrumentos que les otorgue espacios dentro y fuera del proceso a través de métodos alternativos para la solución de conflictos como la mediación”.

Esta tendencia sin duda tiene acogida en el sistema acusatorio de procesamiento criminal, implantado con el Acto Legislativo 3 de 2002 y desarrollado en el proyecto de Código de Procedimiento Penal que hoy se presenta a consideración de la Cámara de Representantes, a través del tratamiento que aquí se da a las víctimas (...) pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad para la determinación de sus derechos de carácter civil (restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los perjuicios), a través de la solicitud de las medidas patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de reparación integral; tienen derecho igualmente, a conocer la realidad de los hechos o a ser debidamente informadas sobre el desarrollo de averiguación, el juicio, la sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su interés a efecto de promover el incidente de reparación integral”.

“De manera que las víctimas y los perjudicados, adquieren con el nuevo sistema penal el status de protagonistas activos, acorde con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad” (resaltado fuera de texto).

Como consecuencia de lo considerado, la Sala casará oficiosamente el fallo impugnado, en el sentido de declarar la nulidad de todo lo actuado a partir, inclusive, del fallo de primer grado, con el objeto de que se restablezca el término faltante para instaurar el incidente de reparación integral consagrado en el artículo 106 de la Ley 906 de de 2004.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR OFICIOSAMENTE la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior de Tunja el 20 de agosto de 2009.

2. DECLARAR la nulidad de la actuación a partir, inclusive, de la sentencia de primer grado con el objeto de que se restablezca el término faltante para instaurar el incidente de reparación integral, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de tutela del 7 de diciembre de 2005, radicación 22920. En el mismo sentido, sentencias del 5 de diciembre de 2007, radicación 28125 y del 16 de diciembre de 2008, radicación 29484.

(2) Así también se entendió en la sentencia del 21 de marzo de 2007, radicación 25407.

(3) Cfr. Sentencia del 16 de diciembre de 2008, radicación 29484.

(4) Radicación 30363.

(5) Sentencia C-454 del 7 de junio de 2006 de la Corte Constitucional.

(6) Sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007 de la Corte Constitucional.

(7) La Corte Constitucional reconoció de tiempo atrás la legitimidad no sólo de las víctimas sino de los afectados por el delito para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral (Sent. C-370/2006). Así mismo, en la Sentencia C-516 de 2007, cuando declaró inexequible el último inciso del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, sostuvo que es la demostración del daño cierto padecido como consecuencia del delito, y no la condición de damnificado o el parentesco, lo que determina la calidad de víctima o perjudicado y por ende la titularidad de sus derechos.

(8) Ibídem.

(9) Según su literal c), El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, para lo cual tendrán derecho a “una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este Código”.