Sentencia 33149 de febrero 15 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso Nº 33149

Aprobado Acta Nº 040

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para desatar el recurso de apelación, conforme con lo dispuesto en el artículo 234-4 de la Ley 522 de 1999 (modificado por el art. 199-4 de la L. 1407/2010), bajo cuyo imperio de cometieron los hechos materia de investigación.

El objeto de la apelación es una sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Superior Militar, que falló un asunto contra una juez de instrucción penal militar, miembro activo de la fuerza pública, para el caso, oficial de la Armada Nacional de Colombia en grado de capitán de corbeta (art. 238-1 L. 522, art. 203 L. 1410).

Se procede igualmente por un ilícito común, previsto en el Código Penal ordinario (art. 175 ibíd.) presuntamente cometido en ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

Las pruebas documentales que dan cuenta de las calidades de la procesada obran a folios 99, 123, 139, 141, 197 y ss. c. 1.

Estas premisas confluyen a dar por demostrados algunos elementos del tipo penal por el que se procede tales como el sujeto activo de la conducta, su calidad de servidor público y la relación funcional bajo cuyo marco se desarrolló la conducta investigada.

2. Se procede por el delito previsto en el artículo 175 de la Ley 599 de 2000, denominado Prolongación ilícita de privación de libertad, cuyo tenor es el siguiente: “El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de libertad de una persona, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y pérdida del empleo o cargo público”.

Mediante este tipo penal se sanciona penalmente un atentado contra la libertad de locomoción individual de las personas, y en esencia, tiene lugar cuando a pesar de que una persona ha sido privada legalmente de su libertad, esto es, bajo los lineamientos del artículo 28 de la Carta Política(1), no se cumplen los presupuestos formales y sustanciales posteriores, tendientes a mantener ese estado de legalidad; o, cuando habiendo cesado las causas que dieron lugar a la privación lícita de la libertad, se mantiene tal situación, no permitiendo que se recupere dicha libertad. En el primer supuesto, caben aquellos casos en que no se formaliza la captura, o cuando no se recepciona dentro del término legal la indagatoria, o se resuelve la situación jurídica, o como cuando no se acude a legalizar una captura en flagrancia. En el segundo supuesto, caben aquellos casos en que el reo ha cumplido la pena y no obstante ello, el estado de privación de la libertad es extendido indebidamente por el servidor público.

3. En el caso que nos ocupa, está suficientemente establecido: La procesada Palacio Pinzón, en su condición de Juez 102 de Instrucción Penal Militar adscrita a la Segunda Brigada Fluvial de Infantería de Marina de Buenaventura, adelantaba un proceso penal contra el infante de Marina Jaime Leonel Oviedo Reyes, por el delito de deserción.

En ejercicio de su competencia y, en cumplimiento de los cánones legales y constitucionales, ordenó la captura del sindicado Oviedo Reyes(2).

Habiendo sido capturado en la ciudad de Bucaramanga el 5 de enero de 2006, Oviedo Reyes fue puesto a disposición del Juzgado 102 de Instrucción Penal Militar, el mismo día(3). En el mismo oficio se le informa que el Juez de Instrucción Penal Militar de la Policía, inicialmente comisionado, se encuentra de permiso y se le sugiere comisione un juez de instrucción penal militar del Ejército, para que recepcione la indagatoria.

No se remite a duda que, habiendo hecho dejación del cargo, por traslado a la ciudad de Bogotá, el 10 de enero, a tal fecha, la juez María Cristina Palacio Pinzón, no había escuchado en indagatoria al capturado Jaime Leonel Oviedo Reyes. Igualmente, debe imputarse a la procesada un día más, esto es, el día 11, en cuanto su reemplazo solo asume el 12 de enero.

Cabe señalar que le asiste razón a la defensa cuando aclara que a partir de esta fecha, el responsable es el reemplazante teniente de navío Carlos Alberto Madrid Cuéllar, con todo y que este afirme que solo hasta el 16 de enero, terminó de recibir y por tanto en tal fecha fue cuando advirtió que el infante Oviedo Reyes se encontraba detenido sin que hubiese sido escuchado en injurada ni resuelta su situación jurídica. Es incontrovertible que una vez asume como Juez 102, el despacho y los asuntos que allí se tramitaron quedaron bajo su responsabilidad, independientemente de las razones en que se pudiera amparar para no haber escuchado en indagatoria al capturado o para no haber adoptado otras decisiones en los distintos procesos mientras, según él, constataba los asuntos recibidos y los revisaba o estudiaba como afirma(4).

La ley procesal penal ordinaria y la especial militar, a partir de los dictados de la Constitución establecen los términos dentro de los cuales deberán adoptarse las decisiones correspondientes respecto del aprehendido. Para el caso de la justicia penal militar, el artículo 520 de la Ley 522 de 1999(5), establecía que la indagatoria debía recepcionarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el capturado es puesto a disposición del juez.

En este asunto, si el procesado fue aprehendido y puesto a disposición del juzgado que ordenó la captura el 5 de enero de 2006, los tres días para escucharlo en injurada se cuentan a partir del día 6, y se cumplieron el 7 y 8 de enero. Es un hecho incontrastable, se repite, que para el día 10 de enero cuando la Juez 102 deja el despacho y aún para el 11, al capturado Oviedo Reyes no se le había escuchado en indagatoria.

De manera que a partir de las fechas citadas, 9, 10 y 11 de enero, se empieza a generar un estado irregular de cosas que conllevó a que el capturado se encontrara en situación de prolongación indebida de su, inicialmente legítima, privación de la libertad, en la medida en que no había sido escuchado en indagatoria. Esto sin duda materializa objetivamente el delito de que trata el artículo 175 del Código Penal.

Sobre este aspecto, es decir, sobre la materialidad u objetividad de la conducta no existe disenso alguno por parte de los sujetos procesales.

4. La conducta en el presente caso es igualmente antijurídica formal y materialmente. ¿Cómo no suponer que se ha causado daño a quien ha estado privado de su libertad de locomoción indebidamente por más de diez días? Deleznable es el argumento de la defensa, según el cual la conducta que se le imputa a la procesada Palacio Pinzón, no deviene contraria al orden jurídico, materialmente, por cuanto finalmente, el infante de Marina Leonel Oviedo Reyes fue condenado por el delito de deserción y se le descontaron de esa condena los días que permaneció en privación ilícita de la libertad. Una tal posición desconoce todo el substrato doctrinario y jurisprudencial citado en su alegato en más de treinta páginas dedicadas al tema.

El reproche surge por la violación del derecho fundamental a la libertad individual, en la medida en que se retuvo al capturado por tiempo muy superior al que autorizaba la ley para oírlo en indagatoria y resolverle su situación jurídica, sin que tal irregularidad pueda subsanarse por el hecho de que al final se le hubiera condenado a pena privativa de la libertad, toda vez que el ilegítimo encarcelamiento a que fue sometido durante los días subsiguientes a su captura no obedecía al cumplimiento de una pena, pues para entonces ni siquiera estaba afectado con detención preventiva y mucho menos le había sido desvirtuada su presunción de inocencia.

La privación preventiva de la libertad, no va ligada a los resultados del proceso en que se profiere, es una medida cautelar destinada a cumplir determinados y específicos propósitos.

4. El delito de prolongación ilícita de privación de la libertad, es esencialmente doloso. Conforme ya se ha dicho por la Corte, “El dolo en esta conducta, se concreta entonces en el conocimiento que tiene el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la prolongación de la detención originariamente legítima de una persona, sin justificación legal, y la conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien jurídico de la libertad, sin que sea menester demostrar el móvil que guió la acción del funcionario”(6).

El dolo, como es bien sabido, supone el conocimiento de la ilicitud del comportamiento y la voluntad de realizarlo (C.P., art. 22). Regresando al caso concreto, en la audiencia de corte marcial quedó al descubierto que la procesada Palacio Pinzón era plenamente consciente del comportamiento objetivo en que incurría y conocedora de cada uno de los elementos del tipo penal consagrado en el artículo 175 de la ley penal, tal como lo admite su propia defensa técnica. Esto se desprende no solo de la aceptación que se hace de manera directa, sino que es igualmente deducible de su preparación académica (abogada, especializaciones, maestría, diplomados), su experiencia (más de veinte años de servicio en el ramo penal militar), su trayectoria específica como juez penal militar.

No obstante, dado que el dolo no es el mismo para todos los delitos, en orden a responder el interrogante en torno de lo que debe comprender el conocimiento, debe señalarse que en el caso de la hipótesis delictiva que nos ocupa, el mismo ha de concretarse en saber que debido al vencimiento de los términos que confiere la ley para escuchar en indagatoria al capturado, a partir de tal momento, se torna ilegal la privación de la libertad, en la medida en que habiéndose dejado vencer el término legal, es imperativo que el capturado recupere su libertad.

De esta manera, resulta claro el cumplimiento en el caso de estudio del primer requisito configurativo del dolo, esto es, su aspecto cognoscitivo.

5. Conforme ya se reseñó, la impugnación de la defensa y del Ministerio Público, se funda en que si bien existía un conocimiento claro de la situación, en su contexto fáctico y jurídico, esto es, que se tenía conocimiento pleno, cierto y clara consciencia de la ilicitud del comportamiento, no concurre en la juez procesada la voluntad de incurrir en la ilicitud, sino que su cuestionada omisión obedeció a un olvido debido a múltiples factores, que confluyeron con motivo del apresurado traslado que por esos días hubo de hacer a la ciudad de Bogotá, por su designación en un nuevo cargo público.

Se procede, entonces, a valorar las razones expuestas por los aludidos sujetos procesales, con la finalidad de establecer si son suficientes para justificar la omisión de la acusada al no haber escuchado en indagatoria al capturado dentro del término legalmente señalado.

Así las cosas lo procedente es entrar a dilucidar si la situación en que se encontraba la procesada, atendiendo los preparativos de su traslado a la ciudad de Bogotá y la perentoria orden que se le dio por el superior jerárquico de presentarse cuanto antes en dicha ciudad para recibir el nuevo despacho al cual había sido asignada, le habrían impedido actuar con la atención debida frente al caso del infante de marina que estaba privado de la libertad a su disposición.

En ese propósito, no se puede desconocer que si bien aquel traslado estaba dispuesto desde comienzos del mes de diciembre anterior al hecho, no es inusual que en nuestro medio los preparativos de un determinado evento se dejen para última hora, como lo señala la acusada.

Y en ese sentido, no puede descartarse que en los días previos al traslado fue que la procesada se ocupó de todas las gestiones que implica un cambio de domicilio en compañía de la familia y desde una región hacia la capital de la República.

Lo anterior no significa que en condiciones normales le esté permitido a un servidor público desatender sus deberes oficiales, so pretexto de apremiantes situaciones personales o familiares. Empero, el análisis de la culpabilidad de toda persona acusada de cometer algún delito, implica reconstruir la realidad concreta imperante y determinar las circunstancias en que tuvo lugar su comportamiento, en orden a dilucidar el estado de su psiquis, y las motivaciones de su conducta, para derivar o no voluntad o intención de violar la ley frente al hecho que se le imputa.

De suerte que no es posible ignorar las demostradas circunstancias que reinaban en la vida de la acusada por la época de los acontecimientos.

No se trata de anteponer el rol personal y familiar al compromiso laboral, sino de reconocer reales situaciones cotidianas que derivan justamente del desempeño de los múltiples papeles igualmente importantes para la realización integral de toda persona, sin que pueda excluirse de tan legítima expectativa a los servidores judiciales.

Dentro de dicho contexto pueden resultar entendibles las razones expuestas por la procesada, pues la experiencia común indica, como lo expone la defensa, que un traslado de sede laboral demanda una multiplicidad de gestiones y preparativos de diverso orden, tanto para la directa implicada como para todos los miembros de su núcleo familiar; aspectos como la apertura de una nueva residencia, la consecución de nuevo colegio para sus dos hijos, el trasteo de los muebles y enseres, la adecuación de los mismos en sus nuevos espacios y la natural expectativa frente al desempeño del nuevo cargo, sobre todo cuando el traslado se produce desde una región lejana a la capital del país, todo ello en época de final de año, cuando se atraviesan las vacaciones; a lo cual se suma la presión de cumplir con una perentoria orden que se le dio de trasladarse cuanto antes, constituyen realmente un conjunto de factores conformadores de una situación compleja para cualquier persona, que necesariamente distraen la atención fina del trabajo y le resta concentración al manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento.

Por manera que una realidad apremiante como esa, en la que se encontraba la doctora Palacio Pinzón, pudo ser la causa determinante para que esta se hubiera olvidado de resolver oportunamente lo que correspondía en torno a la situación del infante de Marina Oviedo Reyes, preso a órdenes de su despacho.

De lo acreditado en el proceso no se advierte una desatención absoluta del despacho por parte de la acusada como para afirmar su irresponsabilidad mayúscula en el ejercicio de su cargo. Por el contrario, en el plenario se encuentra acreditado el afán de la acusada por tratar de culminar adecuadamente sus labores y entregar en debida forma el despacho a su sucesor, solo que en medio de la compleja situación en que se encontraba por esos días pasó por alto que debía adoptar una decisión pronta respecto de uno de sus presos, concretamente del infante de marina señor Oviedo Reyes, frente al cual habían surgido dificultades para oírlo en indagatoria. Nótese cómo la doctora Palacio Pinzón poco antes de separarse del cargo solicitó a las autoridades militares competentes se proveyera sobre el traslado del capturado(7), buscando con ello normalizar su situación; y, como no logró tal cometido en el acta de entrega del juzgado, levantada el 10 de enero, optó por advertir de manera escrita a su sucesor sobre el estado de captura del señor Oviedo Reyes, en los siguientes términos: “Está pendiente el desplazamiento del Imar Oviedo Reyes Jaime, que se encuentra en el Batallón Caldas de la ciudad de Bucaramanga, para recepcionarle indagatoria…”(8).

En un escenario tal, surge este interrogante: ¿cómo es de suponer que una persona de las calidades profesionales, con el claro conocimiento de los hechos y de la conducta penal, de impolutos antecedentes, de reconocido profesionalismo incurre en tan evidente omisión? A nadie se le ocurriría suponer que la funcionaria hubiese actuado con la intención de afectar dolosamente (dolus malus) el bien jurídico de la libertad del señor Oviedo Reyes, pues como lo expone la defensa no lo conocía y no mediaba ningún interés sobre el mismo.

No es lógico ni razonable que una servidora de las calidades y profesionalismo reconocidos a la acusada, ponga en riesgo su carrera en el servicio público, su prestigio, ascensos y todo lo que ello significa, por el simple capricho de no resolver oportunamente sobre la situación jurídica de un capturado, para lo cual le habría bastado echar mano de mecanismos elementales que no le implicaban complicación alguna, como dejarlo en libertad bajo el supuesto cierto de que no había sido posible escucharlo en injurada dentro del término legal, u optar por comisionar a otro funcionario para realizar ese cometido en aplicación del artículo 517 de Código Penal Militar.

Adicionalmente, debe también ponderarse que el caso en cuestión no era de gran trascendencia, ni por el sujeto pasivo de la acción involucrado, ni por la entidad del delito que se le imputaba, y que tampoco se realizó requerimiento alguno por parte de la defensa o el Ministerio Público enderezado a que se adoptara alguna decisión frente a la irregularidad presentada, lo que muy seguramente habría conjurado la omisión de la funcionaria acusada.

Una premisa a manera de conclusión nos lleva a postular como lo concluyera la Corte en un caso similar:

Resulta inconcebible pensar que un funcionario de ese perfil, ponderado por sus propios superiores, asuma voluntariamente y sin ningún motivo un comportamiento abusivo y por completo alejado del ordenamiento(9).

6. Se impone entonces retomar el discurso, en punto del argumento de la defensa, según el cual, como no hubo voluntad, no hay dolo.

Aunque tendencias del derecho penal actual, de corte normativista, propenden por la eliminación de la voluntad como elemento del dolo, argumentando que basta con la constatación del elemento cognoscitivo(10)(11), cabe destacar que, desde la perspectiva de nuestro Código Penal, el dolo es conocimiento más voluntad, “se conoce el hecho constitutivo de infracción penal y se quiere su realización” (art. 22 Código Penal). Así lo ha venido reconociendo tradicionalmente la Corte, inclusive en punto del delito de prolongación ilícita de la privación de la libertad, sobre lo cual ha sostenido:

“El dolo en esta conducta, se concreta entonces en el conocimiento que tiene el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la prolongación de la detención originariamente legítima de una persona, sin justificación legal, y la conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien jurídico de la libertad, sin que sea menester demostrar el móvil que guió la acción del funcionario”(12).

De esta forma, se tiene que, imprescindible desde la perspectiva legal resulta la constatación de la voluntad como elemento del dolo, en la medida en que el conocimiento como tal no resulta suficiente si no encuentra una voluntad que lo materialice. Así, como en el ejemplo propuesto por Donna(13), por más que un médico sea consciente de que al intervenir a un paciente existe una altísima probabilidad de que muera, al hacerlo, en manera alguna podría suponerse que actuó con voluntad de causarle la muerte. De esta forma, queda evidenciado cómo no es posible entender el dolo sin la concurrencia de los dos elementos que lo integran, conocimiento y volición.

7. Pero, ¿cómo puede en el presente caso, constatarse, con el grado de certeza adecuado que la procesada actuó sin la concurrencia del elemento volitivo?

En punto de la prueba del dolo, conocidas son las dificultades que comporta escudriñar en la psique, lo que conlleva a imposibles jurídicos, por manera que sólo a través de juicios que se fundan en indicios y otros elementos de prueba, y que se basan en las reglas de la sana crítica es posible arribar a conclusiones sobre cuál pudo o no ser la voluntad de una persona incriminada de la comisión de un hecho, nunca a una respuesta certera. Sobre este punto ha dicho la Corte:

El dolo como manifestación del fuero interno del sujeto activo de la conducta punible, no puede conocerse de otra manera que a través de las expresiones externas de esa voluntad encaminada a la consecución de un determinado propósito concretado y desarrollado en el camino criminal(14).

En similar sentido, en más reciente oportunidad:

“3.1.3. La prueba relativa al ingrediente cognitivo del dolo puede deducirse de los mismos actos de naturaleza objetiva que constituyen la acción objeto de estudio, pero también de circunstancias ocurridas antes o después de esta (en todo caso, analizadas mediante criterios normativos y no tendientes a descubrir datos psicológicos en el agente), siempre y cuando guarden directa relación con la situación típica y, por lo tanto, no constituyan derecho penal de autor. Así lo ha señalado la Sala, en relación con la demostración del dolo:

“[…] es viable deducir tanto el elemento cognitivo como el volitivo del dolo de las concretas circunstancias que hayan rodeado la conducta y no del hecho, de difícil comprobación, de establecer qué pasó en realidad por la mente del inculpado.

“[...] Así mismo, en la medida en que es imposible conocer los elementos del dolo por medio de la observación directa, estos también pueden derivarse de los indicios que se construyan alrededor de la situación fáctica imputada, pero no a datos extraños a tal conducta y que constituyan derecho penal de autor. De acuerdo con la doctrina:

“‘[…] los hechos externos de los que parte la inferencia deben extraerse siempre de modo directo de la situación enjuiciada, sin que pueda admitirse la introducción de consideraciones relacionadas con otros datos ajenos a aquella, tales como el modo de vida o la personalidad del autor. Y ello porque el objeto de la prueba —sea el conocimiento o la voluntad— se refiere exclusivamente al hecho cometido, de donde se sigue la total ineptitud de cualquier otro dato personal para aportar alguna información relevante’”(15).

Para el caso que nos ocupa, como ya se explicó, el aspecto cognoscitivo del tipo penal y sus circunstancias, encuentra demostración en las propias explicaciones de la procesada que dan cuenta del conocimiento y dominio de todo el accionar delictivo, así como en otras pruebas ya referidas; pero, no puede predicarse la misma certeza respecto del aspecto volitivo.

De acuerdo con lo discurrido en precedencia, no aparece claro, en grado de certeza, que la procesada Palacio Pinzón, hubiese actuado con voluntad de lesionar el bien jurídico de la libertad individual del infante procesado Jaime Leonel Oviedo Reyes. Tal como se constatan los hechos expuestos y objeto de debate, en punto de esa voluntad que pudo gobernar la conducta de la aquí procesada, todo se mantiene en el terreno de la duda, en tanto, si bien persisten elementos claros del conocimiento que tenía sobre la situación, el dominio y control sobre la misma, resulta también entendible una falta de voluntad o un querer afectar el bien jurídico, todo como consecuencia de una acumulación de situaciones que bien pudieron a última hora afectar ese entendimiento y esa voluntad de manera tal que no hubiese sido su intención mantenerlo privado de la libertad.

Esa duda sobre la configuración de la voluntad (indicativa de que la intención fue materializar el hecho punible, lesionar el bien jurídico de la libertad individual), que surge insuperable en el sub júdice, no permite concluir que el accionar de la procesada fue doloso, lo cual daría necesariamente en concluir que contrariamente, fue negligente, descuidado, al no advertir a pesar de todo, que estaba lesionando el bien jurídico de la libertad del señor Oviedo Reyes, por consiguiente el comportamiento solo podría serle atribuido a título de culpa, conocimiento sin voluntad equivale a culpa, como lo sostienen defensores de la denominada teoría de la voluntad que pretende distinguir el dolo de la culpa.

Esto conllevaría a deducir responsabilidad a título de culpa, sin embargo, como se tiene por cierto, al no prever la ley la modalidad culposa para este tipo penal, se impone la absolución.

Cabe destacar cómo la conducta ontológicamente resulta en mejor forma reprochable desde la perspectiva del derecho disciplinario, trátase de una falta que evidencia un mayor compromiso ético relacionado con el desacato al deber funcional, y no con el abuso de poder y la arbitrariedad que son propios del delito que nos ocupa, sin embargo no se compulsará ninguna copia, comoquiera que por el transcurso del tiempo ya prescribió la acción disciplinaria.

En ese orden de ideas, imperativo resulta revocar el fallo impugnado para, en su lugar, absolver de los cargos formulados a la procesada María Cristina Palacio Pinzón.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR en todas sus partes el fallo impugnado, en su lugar ABSOLVER de todos los cargos formulados a la procesada María Cristina Palacio Pinzón.

2. Dense los avisos de ley. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvanse las diligencias al tribunal de origen».

(1) “Segundo: En el contexto que se acaba de explicar, la libertad se protege contra los actos de los particulares (secuestro, por ejemplo), pero también contra los de los servidores públicos, como cuando se abusa de las funciones para privar a otro de la libertad (art. 174 Código Penal) o como cuando se prolonga ilícitamente la privación de la misma (art. 175 ídem).

Esta última conducta desdice de la potestad que el constituyente les confiere a los jueces de realizar materialmente la política criminal de protección de bienes jurídicos, pues siendo en su origen la privación de la libertad lícita (art. 28 de la Carta Política), su desvalor surge cuando la privación de la libertad se prolonga más allá de los límites permitidos.

Adviértase, en ese margen, que si el legislador solo tiene competencia para limitar la libertad apegado a los presupuestos materiales que le confieren algún grado de racionalidad al ius puniendi, entonces los servidores públicos —y el juez más—, no pueden limitar los derechos de los ciudadanos más allá de las barreras infranqueables que el legislador ha diseñado, sobre todo si las restricciones constituyen una excepción a la libertad como principio general. De hacerlo, se lesiona la libertad como expresión de la relación social de la cual es síntesis la expresión normativa consignada en los artículos 16 y 28 de la Carta y que se protege, entre otros, en el capítulo cuarto del título III del libro 2 del Código Penal” (CSJ, Rad. 22458 abr. 6/2004).

(2) Ver folio 56 auto diciembre 9 de 2005 Juzgado 102 Instrucción Penal Militar.

(3) Ver folio 61 Oficio 003 Sijin Desan.

(4) Ver folio 32 “… dejé constancia dentro del despacho que a partir del 16 de enero terminaba el empalme y a partir de la fecha dejé constancia en todos los expedientes que me daba por enterado de lo que pasaba en cada uno de los expedientes y en qué etapa se encontraba”.

(5) ART. 520.—Términos para recibir indagatoria. La indagatoria deberá recibirse a la mayor brevedad posible dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del juez. Este término se duplicará si hubiere más de dos capturados en el mismo proceso y si la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha (ver también la L. 1407 de 2010, art. 628).

(6) Sentencia del 4 de febrero de 2004, Radicado 21050.

(7) Folios 62 y ss.

(8) Folio 46.

(9) Radicado 19700 19 de noviembre de 2003, ver también radicaciones, 9000, 30640, 20319 entre otras.

(10) Entre otros autores, Ramón Ragués I Vallés (La prueba del dolo), Patricia Laurenzo (Dolo y conocimiento), Enrique Bacigalupo (Derecho Penal)

(11) Autores como Roxin, sostienen que tales intentos están llamados al fracaso, en tanto no se puede anular el elemento pronóstico-irracional que se integra en la decisión por la posible lesión del bien jurídico y que distingue mediante el “tomarse en serio” el peligro o la “confianza” en un desenlace airoso, por lo que concluye que, o bien se incluye el elemento volitivo como componente del saber o bien “se desfiguran los fenómenos reales mediante la reducción de sus componentes intelectuales”. Derecho Penal, págs. 446 y 447. Edit. Civitas, 1997.

(12) Radicado 21050.

(13) Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, parte general Tomo II, pág. 548, Edit. Rubinzal Culzoni.

(14) Radicado 27845. Ver también, Carlos Arturo Gómez, La prueba jurídica de la culpabilidad en el nuevo sistema penal. Edit. Nueva Jurídica 2008, sobre el desarrollo de la misma conclusión por parte de la Corte Suprema.

(15) Sentencia de segunda instancia de 24 de febrero de 2010, Radicación 32872, citando a Laurenzo Copello, Patricia, ‘El concepto y la prueba del dolo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español’, en Cancino, Antonio José (editor), El derecho penal español de fin de siglo y el derecho penal latinoamericano. Homenaje a Enrique Bacigalupo, Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1999, pág. 140. En similar sentido, fallos de 23 de septiembre de 2003, Radicación 18576, y 3 de agosto de 2005, Radicación 22112, entre otros.