Sentencia 33257 de marzo 24 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Acta 91

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La competencia de la Sala Penal de la Corte para resolver el recurso de apelación surge del mandato consagrado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005 en concordancia con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que se trata de un auto que resuelve un asunto de fondo en el trámite de un proceso adelantado en primera instancia por el magistrado de control de garantías de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá.

La impugnación ha sido promovida por el procurador judicial que actúa en el presente asunto, sujeto especial que está legitimado porque la temática que se discute en el recurso es atinente a los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes(1).

Problema jurídico planteado

En el caso de la especie y de acuerdo con los planteamientos ofrecidos por el recurrente en sustento de su inconformidad, emerge como problema jurídico a resolver el relacionado con los requisitos que debe acreditar la fiscalía ante el magistrado de control de garantías, para solicitar la imposición de medidas cautelares sobre bienes ofrecidos por los desmovilizados postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, específicamente, cuando los bienes hayan sido vendidos bajo presión, por debajo de su precio real, o estén en cabeza de terceros de manera simulada.

Ab initio ha de recordarse lo expresado en reiteradas oportunidades por la Corte en el sentido que la Ley 975 de 2005 está regida por una específica filosofía que ofrece como ingredientes teleológicos la búsqueda de verdad, justicia y reparación, valorados a su vez como verdaderos derechos que tienen como destinatarios de primer orden a las víctimas, de donde se colige que toda valoración y aplicación de la normatividad que integra el esquema de la mencionada ley debe interpretarse en dirección a la protección de aquéllas.

El legislador, al definir la naturaleza, objetivos y fines de la Ley de Justicia y Paz(2) indicó que consagra una política criminal especial de justicia restaurativa, es decir, que con ella persigue una solución pacífica al conflicto a través del perdón, la reconciliación y la reparación del daño, involucrando a la víctima, al victimario y a la sociedad.

Reparación que además de tener la connotación de pronta e integral, es prerrequisito de la pena alternativa como lo establecen los artículos 29 y 37.3 de la Ley 975 de 2005, erigiéndose como contrapartida en un deber de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz el compensar a las víctimas de las conductas punibles por las que resulten condenados, finalidad para la cual deberán entregar al Estado bienes suministrados con ese propósito(3).

Con base en las anteriores premisas, la Sala ha revestido de efectos jurídicos el ofrecimiento de bienes realizado por los postulados, base de la reparación, como se avista en lo puntualizado el 8 de septiembre de 2008, en el radicado 30360, cuando dijo:

“El ofrecimiento de bienes expresado por el postulado debe ser entendido como una extensión de la diligencia de versión libre, ella resulta creíble y constituye prueba sumaria de los actos de dominio y posesión que ejerce sobre los inmuebles relacionados en el presente asunto, sin que resulte relevante que los inmuebles aparezcan documentalmente como de propiedad de otras personas(4).

Lo anterior, en tanto el ofrecimiento de bienes debe ser un acto de plena responsabilidad, lleva a que el postulado asuma todas las consecuencias que se puedan derivar de la entrega de bienes que no puedan ingresar finalmente al Fondo para la Reparación de Víctimas, porque se encuentren sometidos a otros gravámenes o limitaciones a la propiedad (hipoteca, prenda, suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, afectación de inenajenabilidad, comiso, etc.), se trate de bienes baldíos o sean reclamados exitosamente por terceros de buena fe, por ejemplo, supuestos en los cuales el postulado asume la consecuencia de la expulsión de los beneficios que le ofrece la Ley de Justicia y Paz por haberse resistido a brindar una confesión completa y veraz(5), y porque con tal conducta está demostrando renuencia a la entrega de sus bienes con el propósito de indemnizar a las víctimas(6), amén de la posible responsabilidad por el delito de fraude procesal”.

Con el objeto de dar inicio a la materialización del principio basilar de la reparación, la Ley 975 de 2005 consagró la figura jurídica de las medidas cautelares relativas a los bienes ofrecidos por los postulados, como lo ha señalado la Sala:

“…la imposición de medidas cautelares que cobijen a los bienes ofrecidos para la reparación de las víctimas,… está en estrecha vinculación con los derechos de las víctimas a obtener una reparación integral, especialmente en lo que toca con la restitución, a fin de que las cosas regresen a su estado original previo al de la violación, y al de recibir una indemnización que compense económicamente el daño causado… porque sólo a través de la imposición de tales  medidas sobre los bienes ofrecidos se logra el cometido de garantizar que salgan de la esfera de disponibilidad del desmovilizado(7)”(resaltado fuera de texto).

Las medidas cautelares tienen su fundamento en la necesidad de garantizar desde un comienzo los efectos de una sentencia futura en virtud del peligro o amenaza inminente por la tardanza que conlleva un proceso hasta su terminación (periculum in mora), ya que se pueden distraer los bienes y sustraerse así del cumplimiento de las obligaciones para la fecha de la sentencia.

A tono con las anteriores precisiones surge evidente señalar que no le asiste razón al recurrente al considerar que no son procedentes las medidas de embargo y secuestro de la posesión y mejoras de predios carentes de titulación, ofrecidos por los desmovilizados, respecto de los cuales los anteriores poseedores fueron forzados a vender por un precio irrisorio, o sin contraprestación alguna, como en los casos relacionados para los bienes 1, 2, 3, y 21 , pues de conformidad con el artículo 5º y 8º de la Ley 975 de 2005, y artículo 14 del Decreto 4760 de 2005 esta situación se encuentra prevista y protegidas tales personas, frente al menoscabo de su patrimonio al ser consideradas como víctimas directas por pérdida financiera, quienes en tal calidad deben recurrir a través del incidente de reparación integral previsto en la Ley 975 de 2005, para que sean sujetos de reparación con acciones tendientes a la restitución a través de actividades inclinadas a regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito, indemnización o compensación de los perjuicios causados con él, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, según el caso, veamos:

Artículo 5º de la Ley 975 de 2005:

Definición de víctima:  Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva) sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley  (negrilla fuera de texto).

(…)”.

El artículo 14 del Decreto 4760 de 2005 tiene establecido:

“Cuando la víctima considere que fue despojada ilícitamente  de su dominio, posesión, usufructo o de cualquier otro derecho real o precario sobre un bien como consecuencia de una conducta  punible cometida por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se hayan acogido al procedimiento establecido por la Ley 975 de 2005 y pretenda la restitución del mismo, podrá presentar su pretensión en el incidente de reparación integral , cuyo trámite decisión y efectividad se regirán por lo dispuesto en la citada ley…”(negrilla fuera de texto).

Además, la Fiscalía acreditó de manera precisa con planos, fotografías, ubicación por coordenadas y declaraciones los requisitos mínimos exigidos por la norma para poder acudir ante el magistrado de control de garantías y solicitar la medida cautelar objeto de estudio, cuales son la existencia, ubicación y estado de los predios según lo previsto en el inciso 4º del artículo 14 del Decreto 4760 de 2005 que refiere:

“En todo caso la Fiscalía General de la Nación deberá adelantar las investigaciones y cruces de información que sean conducentes para determinar la existencia, ubicación y estado de todos los bines cuya titularidad real o aparente corresponda a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, y podrá solicitar al magistrado de control de garantías, la adopción de medidas cautelares sobre los mismos “(negrilla fuera de texto).

No se puede hacer una interpretación extensiva de la norma y pretender que para solicitar la medida cautelar cuyo solo nombre ya denota urgencia, que tiene como propósito sacar los bienes del comercio evitando que se distraigan, la Fiscalía deba hacer un detallado estudio respecto de la simulación de cada predio, de su carácter de lícito o ilícito, o de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se realizó la tradición del bien o su negociación, pues entonces se haría nugatoria la medida, pues algunas de las personas involucradas ya han muerto, como es el caso de Víctor Manuel Mejía Múnera, o acudieron a la práctica generalizada, por obvias razones, de registrar los bienes a nombre de terceras personas, por cuanto, ellos eran “ilegales” como lo refiere Miguel Ángel Melchor Mejía Munera en diligencia de versión libre.

Sin embargo ha de precisarse que no debe confundirse la sumariedad con la superficialidad, si bien es cierto que el magistrado de control de garantías ha de efectuar el juicio de verificación sobre los documentos llevados a su conocimiento, no está exonerado de hacer dicho análisis con prudencia y ponderación, verificando que dicho material reúna  los requisitos mínimos ya mencionados y que son exigidos por la ley.

Resulta pertinente señalar que el recurrente expresó su inconformidad en la audiencia preliminar respecto de las medidas impuestas a los bienes 1 ,2 3, 6, 7, 20 y 21, y en tal sentido fue concedido el recurso por el magistrado de control de garantías, sin embargo, en el acto de sustentación, el señor procurador delegado hizo extensiva su impugnación a bienes que no fueron objeto de la alzada, a pesar de la recomendación de la Sala al inicio de la audiencia de no extender sus argumentaciones a temas no contemplados en el inicial recurso, por tanto tales argumentaciones resultan improcedentes y no pueden ser de recibo.

No desconoce esta Sala que los bienes ofrecidos por los postulados deben sanearse, deshacerse las simulaciones, o reconocer la venta a terceros de buena fe, aspectos que tienen un momento procesal diferente, al que también deben concurrir los presuntos afectados y en las etapas procesales consagradas por la normatividad de justicia y paz.

Valgan los anteriores argumentos para desestimar también las pretensiones del Ministerio Público en relación con los bienes contemplados en los numerales 6º, 7º, y 20.

Aceptar lo expuesto por el Representante del Ministerio Público, conduciría a trastocar la esencia de las medidas cautelares, la cual de suyo se vio afectada con el recurso objeto de decisión, al no poderse implementar la cautela sobre los bienes impuesta por el magistrado de control de garantías, resultado paradójico, que en tanto sus funciones son las de defender el orden jurídico, el patrimonio público, o los derechos y garantías fundamentales(8), aparece impugnando una decisión que es apremiante en el tiempo, cuando debe propugnar la defensa de los derechos de las víctimas, parte débil que siempre debe recibir el apoyo y patrocinio de la Procuraduría en los asuntos de la Ley 975 de 2005, de donde resulta evidente que no se cumple en la presentación y formulación del recurso con el requisito de necesariedad de su intervención.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo y desestimará  las pretensiones del recurrente.

En todo caso, y atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares, cuyo procedimiento debe surtirse con la mayor celeridad y a la pedagogía que la Sala ha venido realizando en torno a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, debe advertirse que la solicitud de imposición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía Delegada se realizó en la audiencia preliminar de fecha 5 de noviembre de 2009 y sin embargo la decisión objeto del recurso solo se adoptó, 14 días después,  hasta el día 20 de noviembre de 2009,  desconociendo lo previsto en forma clara por el inciso 1º del artículo 15 del Decreto 4760 de 2005 que establece:

“Artículo 15. Medidas cautelares. Una vez indicados los bienes ilícitos, la fiscalía delegada, en audiencia preliminar, solicitará la adopción de medias cautelares sobre los mismos, las cuales se adoptaran de manera inmediata por el magistrado que ejerza el control de garantías  y comprenderán entre otras, la suspensión del poder dispositivo, el embargo y secuestro de los bienes…” (resalta la Sala).

Lo anterior quiere decir que la adopción de las medidas cautelares debe proceder por parte del funcionario encargado sin tardanza o dilación en el tiempo, para que logren su cometido y cumplan con la finalidad para la cual fueron establecidas por el legislador, con sujeción estricta a las previsiones de la norma citada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto de primera instancia en cuanto fue objeto de impugnación.

2.  Prevenir al magistrado de control de garantías para que en lo sucesivo dé cumplimiento estricto al numeral 1º del artículo 15 del Decreto 4760 de 2005.

Esta decisión se notifica en estrados y contra ella no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) Ley 975 de 2005, artículo 28, concordado con el artículo 109 de la Ley 906 de 2004.

(2) Decreto 3391 de 2006, artículo 1º  y 2º.

(3) Artículo 44 de la Ley 975 de 2005.

(4) Caso en el cual la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de determinar la responsabilidad penal que (por delitos tales como testaferrato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad documental, etc.) pueda recaer en tales personas.

(5) El artículo 17 de la Ley 975 de 2005 fue declarado exequible mediante Sentencia C-370/06 de la Corte Constitucional, en el entendido que la versión libre debe ser completa y veraz.

(6) Tal comportamiento desvirtúa el objeto de la Ley 975 de 2005 y constituye un grave incumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 10-10.2 y 11-11.5.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 23 de agosto de 2007, radicación 28040.

(8) Ley 975 de 2005, artículo 28, concordado con el artículo 109 de la Ley 906 de 2004.