Sentencia 33306 de julio 28 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33306

Aprobado Acta 236

Magistrados Ponentes:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Dr. Augusto Ibáñez Guzmán

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Aspectos generales

Tratándose de establecer si procede la extradición de una persona solicitada por otro país con el cual no hay convenio aplicable, la competencia de la corporación se circunscribe a verificar las exigencias contenidas en los artículos 493, 495 y 502 del estatuto procesal penal(18).

También le corresponde atender lo normado en el artículo 35 de la Carta Política, conforme al cual la entrega de colombianos solo es posible por delitos distintos de los conocidos como políticos o de opinión.

Debe constatar, adicionalmente, si los actos se cometieron en el exterior, están previstos como conducta punible en nuestra legislación y cuentan con una sanción no inferior a cuatro años.

Debe verificar, de igual forma, si su comisión fue posterior al 17 de diciembre de 1997, fecha de expedición del Acto Legislativo 01 de la misma anualidad, por cuyo medio se reactivó la posibilidad de extraditar a nacionales.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, debe revisar, además, la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, la demostración plena de la identidad de la persona solicitada, la presencia del principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, confrontada, por lo menos, con nuestra acusación.

En consecuencia, la Corte procede a estudiar si en este caso se cumplen esos presupuestos.

1. Validez formal de la documentación.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos por los cuales procede el requerimiento, el lugar y fecha de su ejecución, los datos que conduzcan a identificar plenamente al reclamado, así como la reproducción auténtica de las disposiciones penales aplicables al asunto.

Tales documentos deben ser expedidos según las formalidades establecidas en la legislación del país reclamante y estar traducidos al castellano, de ser necesario.

En este sentido, según lo prevé el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil(19), los documentos públicos otorgados en país extranjero por uno de sus funcionarios o con su intervención, deben presentarse autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia y, en su defecto, por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que fueron expedidos con sujeción a la ley del respectivo Estado.

Así mismo, la norma comentada exige acreditar la firma de nuestro cónsul o agente diplomático por el Ministerio de Relaciones Exteriores y, si se trata de agente consular de un país amigo, debe autenticarse previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano; regulación aplicable al presente caso, en virtud del principio de remisión previsto en el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, en armonía con el inciso final de su artículo 495.

Esos requisitos de carácter legal están encaminados a demandar del Estado requirente el ofrecimiento de los soportes de la solicitud de extradición, en todos los casos y frente a cada una de las específicas obligaciones que amerite el asunto, con el cumplimiento íntegro de las exigencias formales expresadas.

En el caso particular, la corporación observa que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano colombiano Eder Pedraza Peña y, al efecto, anexó copia de las acusaciones Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJdictada (sic) el 22 de abril de 2009 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida y de la acusación sustitutiva Nº S2 09 CR. 242 (RJH), proferida por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York el 12 de noviembre del año anterior.

Igualmente, aportó el duplicado de las órdenes de arresto expedidas en contra del reclamado por estas mismas autoridades.

También allegó las declaraciones juradas de Christopher P. Tuite, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Judicial Medio de Florida, división de Tampa y de Terri Lynn Botterbusch,agente especial de la Dirección de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración y Aduanas del mismo país, ICE, encargada de adelantar las averiguaciones en respaldo de la acusación efectuada por las autoridades judiciales de Florida.

El primero de estos funcionarios hace una exposición de los aspectos relativos al procedimiento penal propio de los Estados Unidos, de las imputaciones atribuidas al solicitado, de sus fundamentos probatorios y ofrece un recuento de las disposiciones legales aplicables al caso.

La agente especial Botterbusch, por su parte, resume los hechos y las evidencias acopiadas sobre ellos y aporta, igualmente, los datos relativos a la identidad del ciudadano requerido en extradición.

Se aportó, de igual forma, la declaración jurada de Jocelyn Strauber, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre el procedimiento penal de ese país, las imputaciones efectuadas al requerido, sus fundamentos probatorios y normas aplicables. También el testimonio de Raymond Quattlander,agente especial de la Oficina para el Control de Estupefacientes de los Estados Unidos, DEA, encargado de adelantar las investigaciones que sustentan la acusación emitida por la Corte de Nueva York.

A su vez, se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos se especifican los actos imputados y los lugares y épocas de su ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004.

Además, dichos documentos obran traducidos al castellano, están certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia de la nación requirente y se encuentran refrendados por Thomas C. Black, director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien es reconocido en tal condición por el Procurador de los Estados Unidos, Eric H. Holder, Jr.

Igualmente, se aportaron certificaciones sobre la referida documentación suscritas por Hillary Rodham Clinton, secretaria del Departamento de Estado del país solicitante y por Patrick O. Hatchett, funcionaria auxiliar de autenticaciones del mismo departamento, cuya firmas, a su turno, fueron refrendadas por el vicecónsul de Colombia en Washington, D.C., René Correa R., y las de este por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entonces, teniendo en cuenta la existencia y contenido de las piezas procesales aportadas por el Gobierno requirente, así como el cumplimiento de los requisitos de autenticación y certificación, es claro que se encuentra acreditado el presupuesto de la validez formal de la documentación.

2. Demostración plena de la identidad del solicitado.

Esta exigencia busca establecer si la persona procesada en el país extranjero es la misma sometida al trámite de extradición; por tal motivo, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y el vinculado a este trámite.

Confrontada la Nota Diplomática Nº 3066 del 10 de diciembre de 2009 a través de la cual se formaliza la petición de extradición, se establece que el reclamado responde al nombre de Eder Pedraza Peña, quien nació el 12 de abril de 1965 en Colombia y es el titular de la cédula de ciudadanía Nº 91.238.134.

La persona privada de la libertad por cuenta de este trámite, se ha presentado con aquel nombre y documento, el cual ha utilizado para identificarse y notificarse de las diversas decisiones adoptadas en él.

Así las cosas, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano colombiano pedido en extradición, pues su información personal relacionada en la solicitud del Gobierno extranjero corresponde, como se ha visto, a la que en forma habitual asume; además no ha formulado cuestionamiento alguno sobre el particular.

3. Principio de la doble incriminación.

En relación con esta exigencia corresponde a la corporación examinar si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en el extranjero tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y están sancionados con una pena mínima no inferior a cuatro años de privación de la libertad.

Es preciso, además, tener en cuenta si corresponden o no a los denominados delitos políticos o de opinión y si fueron ejecutados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación del Acto Legislativo 01 del mismo año, modificatorio del artículo 35 de la Constitución Política, en virtud del cual se reactivó la extradición de nacionales.

La confrontación aludida debe adelantarse con fundamento en las disposiciones de orden interno vigentes al momento de rendir el concepto y, por esta causa, resulta improcedente la aplicación del principio de favorabilidad con ocasión de tránsitos legislativos, pues los preceptos del país requerido no son objeto de aplicación por parte del Estado extranjero(20).

El señor Eder Pedraza Peña es solicitado para responder por las imputaciones formuladas en las acusaciones Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ(21) proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 22 de abril de 2009 y Nº S2-09 CR. 242 (RJH), dictada por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York el 12 de noviembre siguiente(22).

Según el cargo uno y dos de la primera acusación, los hechos narrados en ella acaecieron “Desde una fecha desconocida hasta aproximadamente la fecha de la presente acusación formal” y consisten, de acuerdo con la primera imputación, en que Eder Pedraza Peña, con personas a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, cuyo ingreso a ese país se produjo en un lugar situado en el Distrito Medio de Florida, se combinó, concertó, conspiró, confabuló y concordó para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla contentiva de una cantidad detectable de cocaína. En el segundo cargo se le reprocha la ejecución de idénticas conductas, con el objeto de fabricar y distribuir el mismo tipo y cantidad de sustancia, sabiendo que ella se importaría ilícitamente a los Estados Unidos.

Conforme el cargo uno de la acusación Nº S2-09 CR. 242 (RJH), proferida en la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York, desde aproximadamente 1999 y hasta marzo de 2009, Eder Pedraza Peña, alias “Ramón Mojana” con otras personas se juntaron, concertaron, confabularon y concordaron para violar la ley antinarcóticos de los Estados Unidos. Para ello, desde un lugar fuera de ese país, pretendieron importar e importaron, pretendieron distribuir y distribuyeron, cinco (5) kilogramos o más de una sustancia contentiva de una cantidad detectable de cocaína.

De acuerdo con el cargo dos de esta acusación, Eder Pedraza Peña y otras personas entre enero y marzo de 2009, aproximadamente, realizaron iguales conductas y poseyeron con intención de distribuir, la misma sustancia en idénticas cantidades, mientras se encontraban a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, violando sus leyes marítimas antinarcóticos.

Del señor Pedraza Peña se predica, entonces, que durante ese tiempo se asoció con otras personas para cometer delitos de tráfico de estupefacientes en violación del Código Penal de los Estados Unidos, específicamente del título 21, secciones 812, 952 (a), 959, 960 (a) (3), 960 (b) (1) (B) (ii), 963; título 18, sección 3238 y título 46, secciones 70503 (a), 70506 (a) (b).

El contenido de tales normas, de acuerdo con los documentos aportados, es el siguiente:

“Título 21, Código de Estados Unidos, sección 812

Lista de sustancias controladas

(a) A menos que se encuentre específicamente exceptuada o a menos que se encuentre enumerada en otra lista, cualquiera de las siguientes sustancias ya sea que se hayan producido directa o indirectamente mediante la extracción de sustancias de origen vegetal, o independientemente por medio de síntesis química, o mediante una combinación de extracción o síntesis química:

(4) ... las hojas de coca, excepto aquellas hojas de coca y extractos de hojas de coca de las que se ha extraído la cocaína, la ecgonina y los derivados de la ecgonina o de sus sales; la cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales de isómeros; la ecgonina, sus derivados, sus sales, isómeros y las sales de estos; o cualquier otro compuesto, mezcla o preparado que contenga cualquier cantidad de alguna de las sustancias a las que se hace referencia en este párrafo”.

“Título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 952

(a) Sustancias controladas de la tabla I o II y narcóticos de la lista III, IV o V...

Será ilícito importar al territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier otro lugar afuera del mismo, o importar a los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera del mismo, una sustancia controlada de la lista I o II del subcapítulo I de presente capítulo...”.

“Título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 959

(a) Fabricación o distribución con el fin de importación ilícita

Será ilícito fabricar o distribuir una sustancia controlada de la lista I o II —

(1) con la intención de lograr la importación ilícita de tal sustancio o químico a los Estados Unidos o a las aguas que quedan dentro de 12 millas de las costas de los Estados Unidos; o

(2) a sabiendas de que dicha sustancia o químico será importado ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas que quedan dentro de 12 millas de las costas de los Estados Unidos”.

“Título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 960

Actos prohibidos

(a) Actos ilícitos

Toda persona que —

(1) a sabiendas o intencionalmente importe o exporte una sustancia controlada, en violación de las secciones 952, 953, o 957 de este título,

(2) a sabiendas o intencionalmente introduzca o posea una sustancia controlada a bordo de una nave, aeronave, o vehículo, en violación de la sección 955 de este título, o(23)

(3) fabrique, posea con la intención de distribuir, o distribuya una sustancia controlada, en violación de la sección 959 de este título,

Será penada según se establece en el inciso (b) de esta sección.

(b) Penas

(1) En el caso de una violación del inciso (a) de esta sección, que involucre —

(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de —

(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales o isómeros;

... quien cometa dicha violación de la ley será condenado a un periodo de encarcelamiento que no podrá ser menor de 10 años ni mayor de cadena perpetua, el pago de una multa que no excederá ellímite máximo autorizado conforma las disposiciones del título 18, o US$ 4.000.000 y un periodo de libertad supervisada de al menos 5 años además de dicho periodo de encarcelamiento”.

“Título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 963

Toda persona que intente concertar o concierte para cometer cualquier delito tipificado en este subcapítulo estará sujeta a las mismas penas previstas para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa de concertación o del concierto para delinquir”.

“Título 18, Código de Estados Unidos, sección 3238

El enjuiciamiento de todo delito iniciado o perpetrado en alta mar, o en algún otro lugar fuera de la jurisdicción de cualquier Estado o distrito definido, tendrá lugar en el distrito en el que el delincuente, o cualquiera de un grupo de dos o más delincuentes que actuaron en concierto, sea capturado o presentado ante la justicia en un primer momento; sin embargo, si dicho delincuente o delincuentes no fueran capturados o presentados en algún distrito, se podrá radicar una acusación formal o documento acusatorio en el distrito judicial del último domicilio conocido del delincuente, o de cualquiera de un grupo de dos o más delincuentes que actuaron en concierto, o en caso de desconocerse dicho domicilio, la acusación formal o el documento acusatorio se podrá radicar en el Distrito de Columbia”.

“Título 46 del Código de los Estados Unidos, sección 70503 (a)

(a) Prohibiciones. Ninguna persona podrá, a sabiendas o intencionalmente, fabricar o distribuir una sustancia controlada ni poseer una sustancia controlada con la intención de fabricar o distribuirla a bordo de —

(1) una nave de los Estados Unidos o una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados unidos; o

(2) cualquier nave si dicha persona es ciudadano de los Estados Unidos o extranjero residente de los Estados Unidos”.

“Título 46 del Código de los Estados Unidos, sección 70506(24)

Penas

(a) Violaciones. Quien viole la sección 70503 de este título será penado según se establece en el título 21 del Código Federal de los Estados Unidos, sección 960.

(b) Tentativas de concertación y concierto para delinquir. Quien haga la tentativa de concertación o concierte para violar la sección 70503 de este título estará sujeto a las mismas penas establecidas para la violación de la sección 70503”.

Las conductas delictivas imputadas al señor Eder Pedraza Peña en las acusaciones Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ y Nº S2-09 CR. 242 (RJH) también se encuentran tipificadas en el Código Penal colombiano (L. 599/2000), así:

Artículo 340, modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006, cuyo texto es el siguiente:

“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de... tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas... la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales”.

Artículo 376, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, donde se estipula:

“Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1333.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales”.

Entonces, confrontadas las normas invocadas por el Estado requirente con las disposiciones internas de Colombia, se advierte que tanto el concertarse para delinquir, como el tráfico de narcóticos, son conductas penalizadas en ambos países.

Además, que constituye agravante de la primera de ellas, la naturaleza de los hechos objeto del concierto, en este caso, el tráfico de sustancias estupefacientes.

Igualmente, se observa que los delitos anotados tienen prevista una pena mínima de privación de la libertad superior a cuatro (4) años, por consiguiente, respecto de estos se encuentra satisfecho el principio de la doble incriminación.

Ahora, como las acusaciones Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ y Nº S2-09 CR. 242 (RJH), también incluyen alegaciones orientadas a obtener el decomiso(25) en favor de los Estados Unidos “... cualquier bien que constituya o se derive de cualquier ganancia que dicho acusado haya obtenido directa e indirectamente como resultado de dichas violaciones de la ley, así como cualquier y todo bien que haya sido utilizado o que se pretendiera utilizar de cualquier manera o parte para cometer y facilitar la comisión de las violaciones de las leyes que se alegan en los cargos uno y dos de la presente acusación formal...”(26), es preciso señalar que tales manifestaciones no pueden ser entendidas en estricto sentido como un cargo.

En efecto, como lo ha venido expresando esta corporación respecto de situaciones semejantes(27), el señalamiento del decomiso no comporta imputación alguna, pues se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, de cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos por analizar en el concepto a emitir por la Sala.

4. Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del sistema procesal colombiano.

Esta exigencia se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno.

Sin embargo, no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones(28), pues lo relevante es determinar si la pieza ofrecida da paso al juicio. Además, se debe constatar si brinda un relato sucinto de los comportamientos imputados y especifica las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables.

En esa medida, se tiene que las acusaciones Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ(29) y Nº S2-09 CR. 242 (RJH)(30), emitidas en contra del señor Eder Pedraza Peña, al igual que ocurre con la formulación de acusación, marcan el comienzo del juicio, etapa en la cual el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se le atribuyen.

Ahora, vistas las acusaciones en cita, se advierte cómo en cada uno de los cargos expuestos en la primera acusación citada, se precisa que los hechos habrían sucedido, “en el Distrito Judicial Medio de Florida”, “a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” que habría ingresado por este mismo lugar.

A su vez, en los cargos imputados en la segunda de ellas se precisa cómo las conductas allí descritas se cumplieron “en el Distrito Judicial Sur de Nueva York y en otros lugares”, “... en Colombia y en aguas internacionales cercanas a la costa de Jamaica y en otros lugares”, así como “a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”, cuyo ingreso se produjo en el Distrito Sur de Nueva York.

Sobre la época de estas conductas, en la acusación efectuada por las autoridades judiciales del Distrito Medio de Florida se indica que acaecieron “Desde una fecha desconocida hasta la fecha de la presente acusación”, esto es el 22 de abril de 2009, mientras en los cargos presentados por sus similares del Distrito Sur de Nueva York se informa que ellas ocurrieron “Desde aproximadamente 1999 hasta inclusive el mes de marzo de 2009, o alrededor de esa fecha...” y “Desde aproximadamente el mes de enero de 2009 hasta aproximadamente el mes de marzo de 2009, fechas inclusive”.

Para sustentar la imputación de concierto asociada con el tráfico de estupefacientes, en los cargos uno y dos de la acusación Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ, se informa que el solicitado y otras personas, incluyendo algunas a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, se confabularon para fabricar, poseer con la intención de distribuir y distribuir en ese país cinco (5) kilos o más de una sustancia controlada, específicamente cocaína.

De igual manera, en los cargos uno y dos de la acusación Nº S2-09 CR. 242 (RJH) se señala que Eder Pedraza Peña junto con otras personas, incluidas algunas ubicadas en una nave sujeta a la jurisdicción norteamericana, se unieron para importar a los Estados Unidos desde un sitio fuera de él cocaína, sustancia controlada que también distribuyeron allí. Igualmente, entre los meses de enero y marzo de 2009, el requerido y otras personas se asociaron para introducir narcóticos ilegalmente, por vía marítima a los Estados Unidos.

Con este fundamento y teniendo en cuenta la documentación aportada por vía diplomática, se evidencia que las acusaciones Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ y Nº S2-09 CR. 242 (RJH) expresamente señalan los lugares y la época de ocurrencia de los hechos, así como las circunstancias bajo las cuales el señor Eder Pedraza Peña actuó junto a otras personas. Además, en tales piezas procesales se incluyen las disposiciones foráneas violadas con los actos allí definidos.

En estas condiciones, es indiscutible la equivalencia existente entre las acusaciones dictadas en el país extranjero y la pieza procesal mencionada en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004. Naturalmente, conviene precisar, se trata de una identidad material y no de formas.

La corporación, en consecuencia, concluye que este último requisito también se cumple.

5. Concepto.

Según se ha expuesto, en este trámite aparecen acreditados los requerimientos relacionados con la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación y la equivalencia de la decisión proferida en el extranjero.

De igual modo, se demostró que los hechos sustento de la solicitud de extradición generaron efectos jurídicos en el exterior por cuanto el concierto tenía como propósito enviar sustancias ilícitas a los Estados Unidos, a donde efectivamente llegaron en la forma, oportunidades y cantidades precisadas por los agentes especiales Terri Lynn Botterbusch y Raymond Quattlander en sus declaraciones(31).

Esas conductas se ejecutaron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y no son de naturaleza política o de opinión.

Ahora, frente a la especial circunstancia consistente en la reciente postulación de Eder Pedraza Peña al proceso previsto por la Ley 975 de 2005 por parte del Gobierno Nacional, destacada tanto por la defensa como por la representante del Ministerio Público, corresponde hacer las siguientes precisiones.

Ciertamente, sobre la eventual entrega de nacionales colombiano acusados en el exterior de conductas punibles comunes y sometidos al mismo tiempo al proceso transicional establecido por la Ley 975 citada, la decisión mayoritaria de la Sala de Casación Penal de la Corte, con salvamento de voto de quien hoy funge como ponente(32), ha sido privilegiar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del accionar de los grupos armados ilegales, más aún si la gravedad de los delitos imputados en el extranjero,

“palidece frente a los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, desaparición y desplazamiento forzados, tortura y otros, cometidos durante las últimas décadas por los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados”(33).

Esta postura de la mayoría, reiterada en decisiones recientes(34), se funda en los siguientes razonamientos:

5.1. Para emitir el concepto a su cargo dentro del trámite de extradición, corresponde a la Corte examinar los aspectos básicos señalados en el artículo 35 constitucional, así como la validez formal de la documentación presentada, la demostración de la plena identidad del requerido, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos(35).

Le compete, así mismo, estudiar el alcance de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico patrio y verificar que la decisión no contravenga otras normas superiores —incluido el bloque de constitucionalidad— o legales, las cuales revisten de legalidad y legitimidad las decisiones judiciales(36).

Por ello, la Sala mayoritaria ha afirmado que el concepto de extradición debe tener en cuenta los tratados internacionales, no solo los atinentes a la colaboración internacional dirigidos a conjurar la impunidad, sino también los relativos a los derechos y garantías tanto del requerido como de los demás asociados.

5.2. Constituye compromiso del Estado colombiano perseguir el delito tanto en el ámbito interno como en el internacional, obligación que apareja la efectiva protección de los derechos de las víctimas y por ello existe consenso sobre la necesidad de concretar los atinentes a la verdad, justicia y reparación.

Este deber alcanza mayor relevancia cuando se trata de delitos de lesa humanidad, como aquellos atribuidos a los desmovilizados, postulados para los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, quienes tienen la obligación de rendir versiones libres donde deben confesar de manera verídica y completa los delitos cometidos.

Como estos se refieren a desapariciones y desplazamientos forzados, torturas y homicidios por razones políticas, entre otros ilícitos catalogados como de lesa humanidad, esta valoración y sus consecuencias punitivas deben extenderse a las conductas preparatorias de esos delitos como el concierto para cometerlos, en tanto este se perfeccionó con tal propósito, según demanda el estatuto de Roma, a partir del cual se origina la Corte Penal Internacional.

En conclusión, las víctimas

“... tienen derechos fundamentales en orden a garantizar (i) la efectiva reparación por el agravio sufrido, a que existe una (ii) obligación estatal de buscar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, y a un (iii) acceso expedito a la justicia, pues así se prevé por la propia Constitución Política, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Tal perspectiva de la víctima solamente se puede entender cuando se acepta, como tiene que ser, que ella ha quedado cubierta por un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva, de amplio reconocimiento internacional y con evidente acogida constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta...”(37).

5.3. La responsabilidad de la Corte en el cumplimiento de sus funciones no se agota en la emisión del concepto, en tanto tiene la obligación de velar por el pleno respeto de las garantías fundamentales, cometido predicable no solo frente al requerido sino también frente a terceros cuyos derechos de esa índole, en casos concretos, pueden verse afectados.

Tales garantías, al ser sopesadas con el interés particular del país solicitante se tornan intangibles, caso en el cual se puede emitir concepto condicionando la extradición y, en casos extremos, negándola(38).

5.4. Al ponderar los fines asignados a la Ley de Justicia y Paz frente al interés particular propio de la extradición, la Corte ha concluido en algunos casos la prevalencia del derecho internacional humanitario frente al citado mecanismo de cooperación internacional, atendida la entidad de los delitos cometidos por los grupos armados ilegales, los cuales involucran masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, además del concierto para cometerlos.

Solo haciendo tal valoración, consecuente con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal(39) y con la Declaración sobrelos principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder(40), puede alcanzarse el ideal de paz que justificó la expedición de la Ley 975 de 2005.

Ello porque la extradición, además de impedir, a través de relato del postulado, el conocimiento cabal de los crímenes cometidos y sus particulares circunstancias, despoja de protección a las víctimas y a sus familiares al tornar contingente la efectiva aplicación de la justicia y la reparación de los daños infligidos.

En suma, para emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición de algunos postulados al proceso transicional de Justicia y Paz, la mayoría de la Sala ha tenido los siguientes fundamentos:

“(i) Se vulnera el espíritu de la Ley 975 de 2005.

(ii)Se desconocen los derechos de las víctimas.

(iii) Se traumatiza el funcionamiento de la administración de justicia colombiana. Y

(iv) La gravedad de los delitos cometidos por el ciudadano pedido en extradición es menor respecto de los delitos que se le imputan en Colombia”(41).

(i) El espíritu de la Ley 975 de 2005.

Con el propósito de superar la violencia afrontada por el país y construir la paz sin desmedro de la impartición de justicia, se estructuró un proyecto de ley(42) que, respondiendo al interés de las comunidades nacional e internacional de aclarar y sancionar los delitos cometidos por bandas paramilitares, tenía como puntales la verdad, justicia y reparación, dando, además, la mayor relevancia al derecho de las víctimas(43), prerrogativa cuyo respeto constituye especial obligación del Estado(44).

Conforme esas premisas, la extradición de paramilitares sometidos al proceso de Justicia y Paz constituye un golpe de gracia al fin atribuido a la ley y evidencia su fracaso como instrumento contra la violencia y los grupos armados ilegales.

En esas circunstancias,

“... mientras las autoridades judiciales estén autorizadas para adelantar los procesos especiales previstos en la Ley 975, los postulados estén cumpliendo con su obligación de confesar los delitos cometidos, se estén realizando las audiencias de imputación y se profieren los fallos correspondientes, es deber inclaudicable de jueces y fiscales hacer prevalecer en el orden interno los principios de verdad, justicia y reparación”(45).

(ii) Se desconocen los derechos de las víctimas.

Sobre el tema, en Sentencia C-454 de 2006 la Corte Constitucional señaló como tales el derecho a la verdad, el derecho a la no impunidad, es decir que se haga justicia en el caso específico y el derecho a la reparación integral del daño ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito.

En cuanto al alcance de estas prerrogativas, en la misma decisión se indicó que la primera se refleja en tres aspectos consistentes en el derecho de cada pueblo a conocer la realidad de lo sucedido y las causas de la perpetración de los crímenes; a recordar esa verdad como parte de su patrimonio y, por último, a que las víctimas, sus familiares o allegados se enteren de las circunstancias de las violaciones y en caso de fallecimiento o desaparición, sepan lo acaecido a aquellas.

El derecho a la justicia, señala la decisión citada, implica el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos, la posibilidad de las víctimas de contar con un recurso judicial efectivo y la obligación de respetar en todos los juicios el debido proceso.

A su vez el derecho a la reparación integral comprende, en su dimensión individual, además de la relativa a todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, el deber de implementar medidas para lograr la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, propende por adoptar fórmulas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las comunidades afectadas con las violaciones ocurridas.

Entonces, constituye ineludible deber de los jueces, procurar la aplicación de la justicia material, el respeto de los derechos fundamentales del indiciado o procesado, así como los de las víctimas, en especial los ya reseñados, conforme el Ordenamiento Superior y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad(46).

Por tal razón, si la Ley 975 de 2005 en procura de concretar los derechos de verdad y reparación disminuyó los estándares de justicia, resulta inaceptable que a la relativa impunidad así propiciada, se sume la dificultad de establecer y conocer la verdad, como acontece si se impide a los postulados al proceso transicional informar sobre los crímenes cometidos, pedir perdón a sus víctimas y ofrecer, junto a las autoridades, garantías de no repetición, además de una reparación adecuada y respetuosa de la dignidad de aquellas.

(iii) Obstrucción de la justicia colombiana:

Para que las autoridades colombianas puedan cumplir con su obligación de impartir justicia, es necesario acopiar las exposiciones completas sobre los delitos cometidos, individualmente o por la organización ilegal, brindadas por sus miembros desmovilizados, entre ellos los requeridos en extradición; estos pueden develar, además, cuál fue la participación de particulares, servidores públicos y autoridades estatales de todo orden, información necesaria para que la sociedad conozca y juzgue a quienes apoyaron, financiaron y estimularon las actividades de los grupos paramilitares o se beneficiaron de ellas, conocimiento que se alcanza si los postulados se encuentran, de manera permanente, a disposición de las autoridades nacionales.

“No resulta admisible que un proceso de paz como el promovido por el Gobierno Nacional dirigido a la desmovilización de los paramilitares, pueda quedar supeditado a gobiernos extranjeros y su buena voluntad de permitir reconstruir la verdad que tanto clama la sociedad colombiana”(47).

(iv) Gravedad de los delitos:

Los ilícitos perpetrados por los grupos armados ilegales comprenden torturas, desplazamiento forzado, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, además del concierto para cometerlos, es decir, delitos catalogados como de lesa humanidad, cuya gravedad, como ha precisado la Sala en anteriores oportunidades(48), supera la de otras conductas como el narcotráfico y conexas en las cuales usualmente se fundamentan las solicitudes de extradición de connacionales, mecanismo que no puede utilizarse para favorecer la impunidad.

5.5. Con todo, ha sido postura de la mayoría de los integrantes de esta Sala destacar siempre, que existen algunas circunstancias en las cuales se viabiliza la extradición del desmovilizado, incluso si este se halla sometido al proceso de justicia transicional. Tales eventos consisten en

“que el postulado requerido en extradición (i) no contribuya con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas que de él se reclama, (ii) incurra en causal de exclusión del trámite y beneficios de la ley de justicia y paz, (iii) resulte absuelto por los delitos que se le imputan, (iv) incumpla las obligaciones y compromisos derivados de la pena alternativa, u ocurra cualquier supuesto similar a los anteriores...”,

pues en esos casos quedan sin sustento los argumentos que conducen a emitir concepto desfavorable a la extradición.

5.6. Sintetizados los fundamentos en los cuales la Sala mayoritaria ha sustentado su concepto negativo a la entrega de algunos desmovilizados sometidos al proceso de Justicia y Paz, corresponde ahora examinar, si conforme a las pruebas allegadas durante el trámite, ellos resultan aplicables en este caso.

La copia de la Resolución 17 emitida el 31 de enero de 2005 por el Presidente de la República(49), acredita que el señor Eder Pedraza Peña fue reconocido como miembro representante del bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia.

A través de comunicación OFI10-00027890/AUV 123000, fechada el 24 de marzo de 2010 y suscrita por el doctor Frank Pearl, responsable de la Consejería para la Paz de la Presidencia de la República, se conoce que

“...el señor Eder Pedraza Peña, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91238134, figura en la lista de desmovilizados colectivos del extinto bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia. Aunado a lo anterior, es preciso informar a ese honorable despacho que el señor Eder Pedraza Peña, no ha sido postulado a la Ley de Justicia y Paz(50) (negrilla no corresponde al texto).

La misma información fue suministrada por la jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, con sede en esta ciudad, en Oficio UNPJ 005085 del 19 de marzo de 2010, por la secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en Oficio 2622 de 23 de marzo último y por su similar del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, a través de comunicación Nº 2275 del 18 de marzo del año en curso, funcionaria que, además, trasladó la solicitud de la Sala a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en esa ciudad(51).

El fiscal 32 de dicha unidad informó el 23 de marzo de 2010, que el 13 de octubre de 2009, Eder Pedraza Peña presentó solicitud de postulación al proceso previsto por la Ley 975 de 2005, la cual fue remitida a la oficina del Alto Comisionado para la Paz a efectos de su trámite. Indicó también:

“Este despacho, cuenta en la actualidad con un total de ciento ochenta y cinco (185) reportantes que señalan al ciudadano: Pedraza Peña como perpetrador directo de los hechos presentados ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, de igual forma existe una cuantificación global de víctimas del Frente Mojana de 3259”(52).

A su vez, la Fiscalía 47 Especializada, destacada ante el grupo Gaula de Antioquia, informó la existencia de la investigación Nº 1040528, adelantada bajo los postulados de la Ley 600 de 2000 en contra del señor Pedraza Peña, por la desaparición forzada de cuatro (4) personas, acaecida el 28 de marzo de 2000 en Medellín cuando oficiaba como comandante del bloque Mojana de las AUC, proceso en el cual ese despacho ha reconocido víctimas indirectas, no así el imputado, quien negó los cargos en su diligencia de versión libre(53).

Igualmente, en respuesta a petición de la Sala, la Fiscalía 4ª Especializada de Cartagena informó sobre los procesos 240535 y 240536 en contra de Eder Pedraza Peña por los homicidios de Alcides Ochoa Requena y Luis Fernando Rubio Pertúz, ocurridos, en su orden, el 12 de enero de 1999 y el 29 de septiembre de 1998, investigaciones en las cuales al definir su situación jurídica no se le impuso medida de aseguramiento y se le precluyó la instrucción por el ilícito de concierto para delinquir que se le había atribuido(54).

La Consejería para la Paz de la Presidencia de la República, a través de su director Frank Pearl, en Oficio OFI10-00043641/AUV 12300 del 10 de mayo anterior, informó que Eder Pedraza Peña

“... fue postulado al procedimiento y beneficios de la Ley de Justicia y Paz, el día 06 de abril de 2010, conforme lo prevé el Decreto 4760 de 2005, artículo 3º”(55)(destaca la Sala).

Con fundamento en lo anterior se concluye que a pesar de su temprano reconocimiento como miembro representante del bloque Mojana de las AUC, acaecido el 31 de enero de 2005 y de su desmovilización, el señor Eder Pedraza Peña solo adquirió la condición de postulado al proceso de Justicia y Paz el seis (6) de abril del presente año, esto es en fecha posterior a la solicitud de extradición objeto de este concepto.

De igual forma, la Sala advierte que el mencionado, aprehendido el 11 de octubre de 2009 por orden de las Fiscalías 4ª Especializada de Cartagena y 114 Seccional de Medellín(56), presentó solicitud de postulación dos días después, el 13 de octubre, fecha en la cual fue notificado de la orden de captura con fines de extradición proferida en su contra(57).

Esta circunstancia pone en evidencia que desde 2005 y hasta la fecha indicada, Eder Pedraza Peña no estuvo vinculado al trámite previsto por la Ley 975 del mismo año, pese a tener la condición de desmovilizado, certificada por la autoridad competente, esto es, la Alta Consejería para la Paz.

Entonces, si bien es cierto que Eder Pedraza Peña en este momento y desde el seis (6) de abril último se encuentra postulado al trámite de justicia y paz, también lo es que este hecho no implica ni garantiza, por sí solo, su efectiva participación en él.

En efecto, la Sala no puede soslayar que la tardía solicitud de inclusión en el proceso de justicia transicional presentada por Pedraza Peña, origen de su reciente postulación, determina que este no haya adelantado diligencia alguna tendiente a concretar los propósitos de verdad, justicia y reparación que inspiran dicho mecanismo, como sería rendir la correspondiente versión para informar los hechos punibles en los que participó como comandante del bloque Mojana. Menos aún ha sido sujeto de imputación o medida de aseguramiento adoptadas dentro del marco del aludido trámite.

Difícil resulta aceptar, en ese orden, que Pedraza Peña se encuentre participando, de manera efectiva, en el proceso de justicia transicional o que esté ayudando al Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de lucha contra la impunidad frente a delitos de lesa humanidad; tampoco que esté contribuyendo a concretar los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana a conocer la verdad y obtener reparación a los crímenes cometidos por él y su grupo armado ilegal.

Por ello, es claro que de procederse a su extradición, esta ni vulnera el espíritu de la Ley 975 de 2005 ni contribuye a desconocer los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana, aspectos que, como se indicó, han justificado en otros casos que la Corte emita concepto negativo sobre la entrega de connacionales sometidos al trámite de justicia y paz.

Tampoco implica trauma alguno al funcionamiento de la administración de justicia nacional, dado el evidente desinterés de Pedraza Peña en contribuir a alcanzar los propósitos de verdad, justicia y reparación que inspiran el mecanismo dispuesto por el Gobierno Nacional para alcanzar la paz, actitud deducible de su separación, desde sus inicios, de ese proceso, al cual solo acudió el 13 de octubre de 2009, coincidencialmente cuando fue informado de la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos.

Siendo así, su integración tardía al trámite de justicia y paz, no constituye garantía de contribución a los propósitos asignados a este y más bien se advierte como la maniobra implementada para eludir las eventuales consecuencias de las actividades de narcotráfico atribuidas por las autoridades judiciales del Estado requirente.

Sobre todo sí, como informa la Fiscalía 47 Especializada de Medellín, al intervenir en el expediente seguido en su contra por esa autoridad, no aceptó como sus víctimas a las cuatro personas en cuya desaparición forzada le endilgó participación el también desmovilizado Heber Veloza García, alias HH(58), durante versión libre cumplida ante la Fiscalía 17 de Justicia y Paz de la misma ciudad.

Por ello, aún cuando como comandante del bloque Mojana de las AUC, Éder Pedraza Peña pudo incurrir en ilícitos de mayor gravedad que los asociados al tráfico de narcóticos atribuidos por los Estados Unidos, para la Corte es evidente la total ausencia de las restantes razones sustento de la causal de improcedencia de la extradición de vinculados al proceso de Justicia y Paz, y la ocurrencia de una de las circunstancias que impiden su aplicación, según su reiterada jurisprudencia.

Ella consiste en “que el postulado requerido en extradición (i) no contribuya con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas que de él se reclama...” pues, como quedó visto, Éder Pedraza Peña ni ha prestado ni está prestando una real, eficiente y sincera contribución para conocer la verdad, para que se imparta justicia y se concreten los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana, fines últimos asignados a la expedición a la Ley 975 de 2005.

Por lo demás, la coincidencia de su solicitud de ingreso al programa de justicia y paz con la notificación del requerimiento efectuado por el Gobierno foráneo, resulta por demás indicativa de los verdaderos propósitos de aquella, los cuales no puede prohijar la Sala, en tanto aparejan una burla a los fines del sistema de justicia transicional y al mecanismo de cooperación judicial internacional.

Acierta la representante del Ministerio Público al destacar cómo los documentos soporte de la solicitud de entrega, en especial las declaraciones juradas de los agentes federales Botterbusch y Quattlander, revelan el trasegar ilegal del señor Pedraza Peña posterior al 31 de enero de 2005 e incluso hasta enero de 2009, al detallar su incursión en las actividades de narcotráfico por las cuales ahora es requerido en los tribunales norteamericanos, utilizando, con ese propósito, la infraestructura ilícita implementada por el bloque Mojana y el apoyo de algunos de quienes lo integraban.

Ahora, entre las condiciones impuestas al desmovilizado colectivo o individual, aspirante a obtener los beneficios del proceso de justicia y paz, está la de cesar toda actividad ilícita, impuesta por la Ley 975 de 2005(59). Si bien a Eder Pedraza Peña le fue reconocida su calidad de representante del bloque Mojana el 31 de enero de 2005, esto es seis (6) meses antes de la expedición de las disposiciones citadas, lo cierto es que estas además de responder a los iniciales acuerdos alcanzados con los grupos interesados en deponer las armas, han tenido plena vigencia desde entonces y a ellas debieron sujetarse quienes pretenden sus beneficios.

Además, la Ley 418 de 1997 y las normas posteriores que la modificaron y complementaron(60), vigentes para el 31 de enero de 2010, prevén un marco jurídico al proceso de abandono de las filas que, racionalmente, excluye la realización de cualquier actividad delictiva por los interesados en él.

En ese orden, la Sala no puede inadvertir que los documentos soporte de la solicitud de entrega refieren el incumplimiento, por parte del requerido, de la condición impuesta por las normas indicadas, en tanto aparece acusado por las autoridades norteamericanas de prohijar, precisamente, el recurrente envío de cocaína a su territorio.

Razón adicional, para asumir que el repentino interés de Pedraza Peña por ser postulado al esquema de justicia y paz, carece del serio propósito de contribuir a alcanzar la verdad, justicia y reparación anejas a él y para considerar inaplicable, en su caso, la causal de improcedencia de la extradición fundada en aquella condición.

Por otra parte, debe agregarse, que los cargos concretos señalados en las acusaciones proferidas por las autoridades judiciales del Estado requirente, no han sido objeto de juzgamiento por sus similares colombianas, según surge de las pruebas dispuestas por la Sala en orden a establecer la situación del solicitado frente al trámite de Justicia y Paz.

Así, las conductas tema de los procesos adelantados por la Fiscalía en contra de Pedraza Peña se refieren a homicidios y desapariciones forzadas, no al tráfico de estupefacientes atribuido al connacional por las cortes estadounidenses y por sus investigadores, en los documentos de apoyo a la solicitud de entrega.

Por lo demás, los trámites adelantados en Colombia se encuentran en etapa de instrucción y, por tanto, no se ha proferido en ellos sentencia alguna, con lo cual no se satisfacen los presupuestos previstos por la corporación para dar prevalencia a la cosa juzgada como causal de improcedencia de la extradición.

De acuerdo con lo expuesto, la Corte emitirá concepto favorable a la extradición que demanda el Gobierno de los Estados Unidos de América, no sin antes indicar que corresponde, de una parte, a las autoridades judiciales colombianas continuar el trámite de los procesos seguidos en contra de Eder Pedraza Peña por los delitos que se le atribuyen como miembro de las AUC.

Y, de otra, al Gobierno Nacional, decidir si difiere o no su entrega conforme el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 y el Decreto 2288 del 25 de junio del año en curso, teniendo en cuenta la reciente inclusión del requerido en el proceso establecido en la Ley 975 de 2005, en las circunstancias ya anotadas.

Respuesta a los alegatos

Como se comparten los planteamientos del Ministerio Público, sobra cualquier comentario sobre el particular.

En relación con lo manifestado por el defensor del solicitado, oportunamente la Sala efectuó el análisis que demanda sobre la eventual existencia de una causal de improcedencia de la extradición, fundada en la vinculación de aquel en el proceso de justicia transicional y concluyó la imposibilidad de aplicarla.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Eder Pedraza Peña formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Bogotá, para que responda por las imputaciones contenidas en los cargos uno y dos de la acusación Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ, proferida el 22 de abril de 2009 por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida y en los cargos uno y dos de la acusación sustitutiva Nº S2-09 CR. 242 (RJH), emitida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 12 de noviembre del mismo año.

No obstante, compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con las facultades que le otorgan el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 y el Decreto 2288 del 25 de junio del año en curso, decidir si difiere la entrega teniendo en cuenta que el requerido acaba de ser postulado al proceso establecido en la Ley 975 de 2005.

De otra parte, es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten —como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones(61)— todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona, pueda apelar el fallo ante un tribunal superior y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11 de la Declaración universal de derechos humanos, 5º, 7º y 8º de la Convención americana de derechos humanos y 9º, 10, 14 y 15 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.

De otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades reales y razonables para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual incluso encuentra apoyo en la protección que a ese núcleo prodigan la Convención americana de derechos humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por el señor Pedraza Peña con ocasión de este trámite.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición y, a su vez, determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.

Comuníquese por secretaría de la Sala esta determinación al requerido, señor Eder Pedraza Peña a su defensor, a la procuradora tercera delegada para la casación penal y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.

Devuélvase la actuación al Ministerio del Interior y de Justicia, para los trámites subsiguientes de ley».

(18) En este caso la Ley 906 de 2004.

(19) Modificado por el numeral 118 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.

(20) Cfr. conceptos del 19 de agosto de 2004, Radicado 22396, del 17 de enero de 2006, Radicado 24070, del 21 de marzo de 2007, Radicado 26364, entre otros.

(21) Folios 233 a 238, carpeta anexa.

(22) Folios 130 a 136, carpeta anexa.

(23) “El título 46 del Código Federal de los Estados Unidos, secciones 70503 y siguientes, contienen las tipificaciones actuales de esta disposición”.

(24) “Esta ley fue codificada anteriormente como sección 955 del título 21 del Código Federal de los Estados Unidos”.

(25) Con fundamento en el Código Federal de los Estados Unidos, título 21, secciones 853, 881 y 970 y título 28 sección 2461.

(26) Folio 135, carpeta anexa, acusación Nº S2-09 CR. 242 (RJH). Cfr. Folios 235 a 237 ibídem, acusación Nº 8:09-CR-00186-T-33 EAJ, capítulo extinción de dominio, donde se utilizan similares términos.

(27) Cfr. conceptos del 8 de junio de 2005 y del 3 de mayo de 2007, radicados 23293 y 26756, respectivamente.

(28) Cfr. concepto del 11 de febrero de 2004, Radicado 20292.

(29) Dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 22 de abril de 2009.

(30) Proferida por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Nueva York el 12 de noviembre de 2009.

(31) Folios 241 a 249 y 147 a 160, en su orden, carpeta anexa.

(32) La separación del concepto mayoritario de ninguna manera se orienta a desconocer los derechos de las víctimas, sino a destacar la necesidad de preservar el debido proceso, en tanto la competencia de la Corte en el trámite de extradición se restringe a emitir concepto sobre los concretos temas señalados en los artículos 520 y 502 de la Ley 600 de 2000 y 906 de 2004, en su orden, ajenos a los aspectos verificados por la Sala mayoritaria para fundar su concepto negativo. Además, que el Presidente de la República como director de las relaciones internacionales, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa y funcionalmente encargado de conceder la extradición, tiene a su cargo velar por la preservación de los derechos fundamentales de las víctimas en el marco de la Ley 975 de 2005. Derechos cuyo desconocimiento le genera responsabilidad política, pues no puede sustraerse al respeto del Ordenamiento Superior y el bloque de constitucionalidad que le imponen su atención prevalente. Cfr. entre otros, salvamentos de voto a: concepto de 19 de agosto de 2009, Radicado 30451; concepto de 17 de febrero de 2010, Radicado 32568; concepto de 17 de marzo de 2010, Radicado 32786; Concepto de 4 de mayo de 2010 Radicado 32794.

(33) Concepto de 17 de febrero de 2010, Radicado 32568.

(34) Cfr. conceptos de extradición: marzo 17 de 2010, Radicado 32786 y mayo 4 de 2010, Radicado 32794.

(35) Artículos 93 y 94, Constitución Política y 3, 502, Ley 906 de 2004.

(36) En este sentido véanse: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos de segunda instancia, 10-04-08 2008, Radicado 29472 y 22-04-08 Radicado 29559; concepto 02-04-2008, Radicado 28643.

(37) Cfr. concepto de agosto 19 de2009, Radicado 30451.

(38) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 22 de abril de 2008, Radicación 29559.

(39) Comisión de Expertos de Palma de Mallorca.

(40) Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

(41) Cfr. conceptos: agosto 19 de 2009, Radicación 30451; marzo 17 de 2010, Radicación 32786 y mayo 4 de 2010, Radicación 32794.

(42) Proyecto de ley 211, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, Gaceta del Congreso 43, de 11 de febrero de 2005.

(43) Proyecto de Ley 211, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, Gaceta del Congreso 43, de 11 de febrero de 2005. También insistieron en la necesaria protección de las víctimas quienes oficiaron como ponentes del citado proyecto de ley con motivo de los debates surtidos en el Congreso de la República (Véase Gaceta del Congreso 74, de mar. 4/2005 y Gaceta del Congreso 331, de jun. 7/2005).

(44) Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002. Exequibilidad Ley 975de 2005.

(45) Concepto de agosto 19 de 2009, Radicación 30451.

(46) Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 2005.

(47) Concepto de agosto 19 de 2009, Radicación 30451.

(48) Cfr. concepto de agosto 19 de 2009, Radicación 30451; salvamento de voto a concepto de extradición de septiembre 29 de 2008, Radiación 29298, entre otros.

(49) Folios 64-65, cuaderno principal.

(50) Folio 42, cuaderno principal.

(51) Cfr. folios 42, 36 y 39, en su orden, cuaderno principal.

(52) Cfr. Oficio 1054, folio 81 cuadernos 41-42, cuaderno principal.

(53) Cfr. folios 37-38 y 60, cuaderno principal.

(54) Folios 32-33 y 53, cuaderno principal.

(55) Folios 61-62, cuaderno principal.

(56) Cfr. folio, 61 carpeta anexa, por los delitos de homicidio y desaparición forzada, en su orden.

(57) Cfr. Oficio 1398 UICSA-Regional 18, Folio 17 carpeta anexa.

(58) Cfr. Oficio 309 del 10-05-10, folio, 60, cuaderno principal.

(59) Artículos 10, numeral 4º y 11 numeral 3º.

(60) Cfr. artículo 8º, parágrafos 2º, 3º y 4º Ley 418 de 1997; Ley 782 de 2002, decretos 128 de 2003 y 3360 de 2003.

(61) Por cuanto a falta de convenio entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia, la procedencia, requisitos, trámite y condiciones de la extradición pasiva de colombianos por nacimiento se rige por los artículos 35 de la Carta Política, 18 del Código Penal y 490 a 514 de la Ley 906 de 2004, siendo imperativo para el Gobierno Nacional hacer las exigencias necesarias al país reclamante en orden a reconocer al solicitado todos los derechos y garantías inherentes a la calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Norma Fundamental y en el bloque de constitucionalidad, ya que la entrega del compatriota a un país extranjero no implica la pérdida de su nacionalidad ni de los derechos inherentes a tal condición. Cfr. concepto del 5 de septiembre de 2006, Radicado 25625.