Sentencia 33375 de octubre 20 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Rad.: 33.375

Acta: 37

Bogotá D.C., veinte de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

1. La Corte advierte que tanto el Instituto de Seguros Sociales al negar la pensión deprecada, el tribunal al decidir la controversia jurídica sometida al escrutinio judicial, como la parte recurrente, al construir la trama argumentativa del recurso de casación, en el propósito de derruir la presunción de acierto y legalidad que juega a favor de la sentencia acusada, acudieron a una norma legal que no estaba vigente cuando ocurrieron la novedad de desafiliación y la muerte del causante —15 y 27 de junio de 2000, en su orden—, como que el Decreto 326 de 1996 fue derogado expresamente por el artículo 61 del Decreto 1406 de 1999, cuyo vigor jurídico arrancó el 1º de octubre de 1999.

Sin embargo, a fuerza de examinar el Decreto 1406 de 1999, se concluye que contiene un texto (art. 39) que, en esencia, contempla los mismos supuestos normativos y consecuencias jurídicas que venían registrados en el artículo 21 del Decreto 326 de 1996.

La disposición derogada era del siguiente tenor literal:

“Las consecuencias derivadas de no presentar la autoliquidación de aportes, la declaración de novedades, o de errores u omisiones en el reporte de ellas, o de no efectuar el pago de las cotizaciones, que afecten el cubrimiento del Sistema de Seguridad Social Integral o la prestación de los servicios a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante”.

A su turno, la nueva preceptiva dispone:

“ART. 39.—Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en ésta, que afecten el cubrimiento y operatividad del sistema de seguridad integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante.

“En todo caso el empleador que tenga el carácter de aportante, deberá tener a disposición del trabajador que así lo solicite copia de la declaración de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral en que conste el respectivo pago, o el comprobante de pago respectivo en caso que este último se haya efectuado en forma separada a la declaración respectiva.

“Igualmente, y de conformidad con las normas establecidas en el Código de Comercio sobre conservación de documentos, el aportante deberá conservar copia del archivo magnético contentito ce las autoliquidaciones de aportes presentadas”.

Por esa razón, resulta procedente el examen del cargo, para establecer si la hermenéutica que ofreció el tribunal de la consagración normativa es o no correcta.

2. Para la Sala, la norma acusada cuando establece que sea de “responsabilidad exclusiva del aportante”, no implica que en todos los casos esa responsabilidad del empleador por errores u omisiones en el reporte de novedades de sus trabajadores, se traduzca en que tenga a su cargo el pago de la prestación como parece entenderlo el tribunal. Ni tampoco una correcta hermenéutica de la disposición conduce a que cuando el empleador comete errores en los reportes de novedades y “se afecte el derecho sustancial del afiliado, no será el ente gestor de la seguridad social el encargado de la cobertura del riesgo sino el responsable de la omisión o declaración errónea, como lo plantea el recurrente.

En efecto, no todo error u omisión en que incurra el empleador en la declaración de autoliquidación de aportes o registro de novedades genera el pago de las prestaciones de la seguridad social a cargo del empleador, y así lo ha reconocido la Corte, recientemente en sentencia de 5 de octubre de 2010, radicado 38128.

El contenido de la responsabilidad a que se refiere la norma no conduce a esa consecuencia única. En cada caso deberán analizarse las secuelas jurídicas de las omisiones u errores del empleador, teniendo en cuenta otros factores que incidirán en su determinación, como serían el comportamiento de la administradora de cara a sus deberes legales frente al aportante incumplido, la entidad de la falta y sus efectos, de tal manera que la sanción resulte proporcional a la conducta irregular del patrono.

De ese modo, la consecuencia jurídica para el empleador que incurre en un error u omisión, será en unos casos que la prestación de la seguridad social esté a su cargo, en otros el pago de las cotizaciones con los intereses de mora, o que se corrijan las inexactitudes en estricta concordancia con la situación laboral real del afiliado presentando las pruebas pertinentes.

Tampoco puede ser criterio exclusivo como lo plantea el recurrente que cuando se afecte el derecho sustancial del afiliado, la responsabilidad se desplaza del ente de seguridad social al empleador.

La no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes, que generalmente conlleva la falta de pago de las cotizaciones, ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, que no implica el desplazamiento automático de la prestación a cargo del empleador, pues en los eventos en que medie incumplimiento de la administradora a su deber legal de cobro de las cotizaciones, estará radicada en cabeza de ésta, según la variación de criterio sobre los efectos de la mora patronal en pago de cotizaciones ocurrida en sentencia de 22 de julio de 2008, radicado 34270. Obviamente se trata de las cotizaciones causadas, quedando por fuera de ellas como es natural, las que se reclaman por periodos posteriores a la desvinculación formal de una administradora de pensiones.

Por lo demás, la misma normatividad de la seguridad social prevé los mecanismos para corregir o enmendar los errores que se presentan en las autoliquidaciones lo cual es apenas lógico, porque lo contrario sería pensar que en esta materia las equivocaciones de buena fe serían insuperables. El artículo 23 del Decreto 1818 de 1996 —que modificó el artículo 31 del Decreto 326 de 1996 y que se dejó a salvo expresamente en la reglamentación llevada a cabo en el Decreto 1406 de 1999—, junto con el artículo 30 ibídem, los cuales deben ser leídos en armonía con la disposición acusada, contemplan la posibilidad de corrección de datos incluidos en la autoliquidación de aportes con excepción hecha de las afiliaciones retroactivas, y la procedencia de glosas por parte de la administradora entre otras, cuando se reporten novedades que no ocurrieron (art. 30, lit. c citado), con el respectivo pago de la sanción por mora cuando a ello hubiere lugar.

En el sub lite, el yerro jurídico del tribunal estuvo entonces en entender que de conformidad con la norma acusada por el error en que incurrió el empleador en la novedad de desafiliación del causante, de manera automática este quedó por fuera del amparo de la seguridad social, y el pago de la pensión a favor de sus beneficiarios pasó a ser obligación patronal.

Si el tribunal estableció, pues así lo expuso en la sentencia que “el causante se encontraba laborando al servicio de Termotecnica Coindustrial S.A. para el 27 de junio de 2000 fecha en que se produjo su fallecimiento, según lo aceptó el representante legal al absolver interrogatorio de parte (fl. 235), y se desprende de la liquidación final de acreencias laborales (fl. 34) y que en un hecho desafortunado, por error endilgable al Departamento de Recursos Humanos, lo desafilió del Sistema de Seguridad Social en Pensiones el día 15 de junio de 2000” , hechos que se entienden admitidos dada la orientación jurídica de la acusación, equivoca el juicio jurídico cuando concluye con base en la norma acusada que una vez registrada la novedad de desafiliación, la responsabilidad del reconocimiento de la pensión ipso facto se desplazó y quedó radicada en cabeza del empleador.

Si aceptó que se trató de un error involuntario en la presentación de la autoliquidación, pues la mala fe o la intención patronal de defraudar al sistema de seguridad social no se alegó ni probó en el proceso- y además tuvo la certeza de que la relación laboral continuó hasta la muerte del trabajador, resultan desproporcionadas a la luz del entendimiento del artículo acusado y de los fines de la seguridad social, tanto la sanción que le impuso al patrono de tener a su cargo la pensión, como la consecuente desprotección que injustificadamente decretó en perjuicio de los beneficiarios del afiliado, al dejarlos por fuera del alero de la seguridad social, pues para ellos es innegable que resulta más beneficioso que su pensión esté a cargo de la administradora y no del patrono.

Adicionalmente, no tuvo en cuenta el juzgador el hecho también asentado en el fallo, de que el patrono corrigió la equivocación en el mes de agosto de 2006, cancelando lo adeudado por cotizaciones junto con los intereses moratorios.

En el anterior orden de ideas, incurrió el tribunal en el yerro jurídico que se le endilga; en consecuencia el cargo prospera y la sentencia de segundo grado será casada en su integridad.

En instancia, se ha de precisar en armonía con lo expuesto en el recurso de casación, que el causante para la fecha de su fallecimiento, 27 de junio de 2000 era cotizante activo. Ello significa que, a los efectos de establecer si a sus beneficiarios les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, ha de acudirse al literal a) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, que reclama que el afiliado “hubiere cotizado veintiséis (26) semanas al momento de la muerte”, esto es, cualquier tiempo, y no a la hipótesis del literal b), que reclama veintiséis (26) semanas, no en cualquier tiempo, sino dentro del año inmediatamente anterior al deceso del afiliado.

Como la actuación muestra que el causante al momento del fallecimiento tenía cotizadas al Instituto 302 semanas, conforme se aprecia en la Resolución 1002 de 2003, obrante a folios 39 y 40 del expediente, sus beneficiarios consolidaron el derecho a la pensión de sobrevivientes a cargo del instituto demandado.

Así las cosas, se revocará la sentencia de primer grado, y, se condenará al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de sobrevivientes a favor de María Lely Osorio Bernal (en un 50%) y de Leidy Patricia Vanegas Osorio (en un 50%), a partir del 28 de junio de 2000, más las mesadas adicionales y los reajustes de ley. Sin embargo, se dejará a salvo la absolución respecto de las pretensiones de Edith Berenice y Jorge Rodulfo Vanegas Osorio, por cuanto los fundamentos del juzgado para esa decisión, no fueron motivo de apelación.

El monto de la pensión de sobrevivientes se fija en la suma de $236.764,62, equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, con arreglo a la historia de cotizaciones del afiliado. Pero como ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal, la cuantía de la que aquí se reconoce será de $260.100 (valor del salario mínimo legal mensual vigente al 28 de junio de 2000).

La Corte ha sostenido que el correcto entendimiento del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consiste en que los intereses moratorios sólo corren desde que hay mora, y no antes.

En este caso, la fecha en que se hacen exigibles los citados intereses de mora es la del retardo o retraso en el pago de ese beneficio pensional, que no puede ser antes de la corrección que hizo el empleador de la data de desafiliación al sistema y el pago del aporte correspondiente con los intereses de mora, lo que sucedió el 25 de agosto de 2006; por lo tanto los intereses moratorios correrán a partir del día siguiente, y ascienden a la cantidad de $12.295.361.34.

Las cuantías de las mesadas pensionales y de los intereses moratorios causados hasta el 30 de septiembre de 2010 aparecen reflejadas en el siguiente cuadro:

FechasTotal mesadasIntereses de mora
DesdeHasta
28/06/2000 31/12/2000 $ 1.872720.00 $ -
01/01/2001 31/12/2001 $ 4.004.000.00 $ -
01/01/2002 31/12/2002 $ 4.326.000.00 $ -
01/01/2003 31/12/2003 $4.648.000.00 $ -
01/01/2004 31/12/2004 $ 5.012.000.00 $ -
01/01/2005 31/12/2005 $ 5.341.000.00 $ -
01/01/2006 31/12/2006 $ 5.712.000.00 $ 3.057.563,34
01/01/2007 31/12/2007 $ 6.071.800.00 $ 4.038.747.39
01/01/2008 31/12/2008 $ 6.461.000.00 $ 2.980.108,06
01/01/2009 31/12/2009 $ 6.956.600.00 $ 1.790.117.62
01/01/2010 31/12/2010 $ 5.150.000.00 $ 428.824.92
Total $ 55.555.120.00 $ 12.295.361.34

 

Las costas de ambas instancias, se impondrán al Instituto de Seguros Sociales, por haber resultado vencido en el proceso que le fue promovido.

En razón de la prosperidad del cargo, no se gravará con costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dictada el 28 de febrero de 2007 en el proceso ordinario laboral que María Lely Osorio Bernal, Leidy Patricia Vanegas Osorio, representada por aquélla, Edith Berenice y Jorge Rodulfo Vanegas Osorio le promovieron al Instituto de Seguros Sociales y a la sociedad Termotécnica Coindustrial S.A.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia del 19 de septiembre de 2006, dictada por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, salvo en cuanto absolvió a las demandadas de las pretensiones de Edith Berenice y Jorge Rodulfo Vanegas Osorio. En su lugar, se dispone:

CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales a pagar a María Lely Osorio Bernal y a Leidy Patricia Vanegas Osorio pensión de sobrevivientes, en un cincuenta por ciento (50%) para cada una de ellas, en cuantía inicial de $236.764,62, a partir del veintiocho (28) de junio de dos mil (2000), en un monto inicial de doscientos sesenta mil cien pesos ($260.100), junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y los reajustes de ley.

CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales a pagar a María Lely Osorio Bernal y a Leidy Patricia Vanegas Osorio cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento veinte pesos ($55.555.120), por concepto de las mesadas pensionales causadas hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010).

CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales a pagar a María Lely Osorio Bernal y a Leidy Patricia Vanegas Osorio los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de agosto de 2006.

CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales a pagar a María Lely Osorio Bernal y a Leidy Patricia Vanegas Osorio doce millones doscientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y un pesos con treinta y cuatro centavos ($12.295.361.34), por concepto de los intereses moratorios causados hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010).

ABSUÉLVASE a la sociedad Termotécnica Coindustrial S.A. de todas las pretensiones de la demanda.

CONFÍRMASE la absolución a las demandadas de las pretensiones de Edith Berenice y Jorge Rodulfo Vanegas Osorio.

Costas, en ambas instancias, a cargo del Instituto de Seguros Sociales, a favor de la parte demandante, que resultó vencedora en el proceso que promovió.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».