Sentencia 33377 de enero 20 de 2010

 

Sentencia 33377 de enero 20 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Sustanciador:

Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., veinte de enero de dos mil diez.

Vistos

En términos del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 resuelve el despacho la impugnación interpuesta contra la providencia del pasado 10 de diciembre de 2009 por medio de la cual un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá denegó el amparo de habeas corpus demandado en favor de Myriam Elizabeth Rosso Rojas.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Si bien es cierto que en términos del artículo 30 de la Constitución Política la acción de habeas corpus puede invocarse ante cualquier autoridad judicial; que en los del 2-1 de la Ley 1095 de 2006 son competentes para resolver la respectiva solicitud todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder público y que en los del 3-1 de esta misma ley quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial competente el habeas corpus, no menos lo es que el entendimiento dado a este precepto por la Corte Constitucional en su Sentencia C-187 de 2006 involucra el factor territorial como elemento para determinar la autoridad judicial que ha de conocer y decidir la citada acción pública.

En efecto —dijo el Tribunal Constitucional en la citada providencia— “el texto de este numeral se aviene a lo establecido en el artículo 30 superior, en cuanto reitera que la petición se deberá presentar ante cualquier autoridad judicial, e igualmente no contraría la Constitución el se haya previsto que ante la autoridad judicial competente, previsión que armoniza con lo dispuesto en el artículo segundo del proyecto que se revisa, en donde se indica cuáles son las autoridades judiciales competentes para conocer del recurso, en un marco constitucional, como acabó de explicarse.

“Son competentes para conocer del habeas corpus las autoridades mencionadas en esta providencia, a lo cual se ha de agregar el factor territorial, en virtud del cual conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos. En aplicación de los principios de inmediación, celeridad, eficacia y eficiencia, propios de la actividad judicial, la Corte encuentra que el legislador, al establecer la forma como se distribuye la jurisdicción para estos casos, actuó dentro del ámbito de sus potestades constitucionales, en particular de las establecidas en el artículo 150-1 superior.

“La Corte considera propio de esta acción que el juez cuente con la posibilidad inmediata de visitar a la persona en su lugar de reclusión, de entrevistar a las autoridades que hayan conocido del caso, de inspeccionar la documentación pertinente y de practicar in situ las demás diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Por estas razones, será competente la autoridad con jurisdicción en el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad”.

Bajo dichas premisas es incuestionable que en este asunto la autoridad judicial territorialmente competente para conocer de la acción impetrada solo podía ser aquella que tuviera jurisdicción en el lugar donde se halla privada de libertad la procesada en cuyo favor se ejerció, esto es en Sogamoso.

Mas como se desconoció ese factor territorial, la consecuencia necesaria ha de ser la invalidez de lo actuado para que en su lugar las diligencias sean remitidas al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, entendiendo por demás que las pruebas practicadas se excluyen de dicha afectación.

En virtud de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Salvedad hecha de las pruebas practicadas, declarar la nulidad de lo actuado por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá dentro de la acción de habeas corpus ejercida a favor de Myriam Elizabeth Rosso Rojas.

2. En consecuencia y dado el factor territorial de competencia, remitir las diligencias al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo a fin de que se rehaga la actuación.

Infórmese de lo anterior al despacho de origen.

3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».